Ayuda de preadhesión de la UE a Turquía: solo resultados limitados hasta la fecha

Resumen

I

La ayuda financiera de la UE prevista para Turquía desde 2007 hasta 2020 a través del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) asciende a más de 9 000 millones de euros. El objetivo del Tribunal era evaluar la concepción y la eficacia del IAP para Turquía, cuya finalidad es adaptar al país candidato al acervo y reforzar su capacidad administrativa. El Tribunal estudió los períodos de programación del IAP I (2007-2013) y del IAP II (2014-2020) y se centró en los sectores prioritarios del Estado de Derecho, la gobernanza y los recursos humanos (educación, empleo y políticas sociales), a los que se había asignado un presupuesto de 3 800 millones de euros. Debido a los retrasos en la ejecución del IAP II, el Tribunal solo pudo examinar la ejecución del IAP I, en particular, a través de quince proyectos, que ascendían a 112 millones de los 1 500 millones de euros contratados en virtud del IAP I en estos sectores.

II

El Tribunal llegó a la conclusión de que los objetivos del IAP fueron bien diseñados por la Comisión, en particular al identificar adecuadamente los requisitos necesarios para avanzar hacia la adhesión a la UE y realizar evaluaciones concluyentes del enfoque sectorial. En la práctica, no obstante, los fondos del IAP gastados no abordaron de modo suficiente algunas necesidades fundamentales en los sectores del Estado de Derecho y la gobernanza, donde están pendientes algunas reformas cruciales. En ámbitos donde se ha mostrado más voluntad política, como las aduanas, el empleo y la fiscalidad, los proyectos del IAP I han contribuido a adaptar a Turquía al acervo y a reforzar su capacidad administrativa. Sin embargo, la sostenibilidad de estos resultados corre peligro, debido a las dificultades para gastar los fondos disponibles del IAP y al retroceso en las reformas. Por consiguiente, el Tribunal considera que la eficacia del IAP solo ha sido limitada.

III

En lo que respecta al diseño del IAP, el Tribunal constató que la Comisión fijó adecuadamente los objetivos del IAP, porque eran específicos y coherentes con el marco jurídico. Más concretamente, los objetivos del IAP en cuanto a Estado de Derecho, gobernanza y recursos humanos eran pertinentes y estaban basados en las necesidades que había establecido Turquía para adaptarse al acervo y reforzar su capacidad administrativa.

IV

Sin embargo, en realidad, los fondos empleados en el marco de los objetivos del IAP I apenas dan respuesta a algunas de las necesidades fundamentales: la independencia y la imparcialidad de la justicia, la lucha contra la corrupción de alto nivel y la delincuencia organizada, la libertad de prensa, la prevención de conflictos de intereses y el refuerzo de la auditoría externa y de la sociedad civil. Según el propio análisis realizado por la Comisión, no se han producido avances satisfactorios en estos ámbitos durante varios años, ya que falta voluntad política por parte de las autoridades turcas.

V

La Comisión decidió ejecutar el IAP II mediante el enfoque sectorial, en virtud del cual el IAP apoyaría reformas sectoriales en lugar de proyectos independientes. Antes de aplicar este nuevo enfoque, la Comisión evaluó la preparación de los sectores para absorber la financiación del IAP II. Estas evaluaciones sectoriales proporcionaron un análisis pertinente y concluyente para identificar dónde se podría ejecutar el IAP II mediante el enfoque sectorial. Sin embargo, no siempre han sido exhaustivas, en particular, en el caso de tres de los cinco criterios de evaluación utilizados: la coordinación entre los donantes de Turquía, el análisis presupuestario por sectores y el marco de evaluación de sus resultados.

VI

Además de la financiación de la UE, la condicionalidad del IAP puede contribuir a promover el proceso de reformas. Pese a los avances reiteradamente insatisfactorios puestos de manifiesto en sus informes sobre Turquía, el Tribunal constató que la Comisión había utilizado poco la condicionalidad del IAP para apoyar reformas en aquellos sectores prioritarios donde los avances no eran adecuados. En particular, la Comisión rara vez impuso condiciones como la opción de volver a centralizar la gestión de los proyectos del IAP o de aplicar medidas correctoras si no se cumplían las condiciones de los proyectos. Asimismo, la posibilidad de suspender la financiación del IAP I si no se cumplían los principios de democracia y Estado de Derecho no se reflejó expresamente en la normativa del IAP II.

VII

En lo que respecta a la ejecución del IAP, los proyectos fiscalizados proporcionaron, por lo general, las realizaciones previstas, que contribuyeron a que Turquía se adaptara al acervo y reforzara su capacidad administrativa, a pesar de los frecuentes retrasos. El Tribunal constató que la sostenibilidad de estos resultados positivos corre peligro, sobre todo por la falta de voluntad política, empeorada por los despidos a gran escala, las suspensiones de funcionarios y las restricciones impuestas a la sociedad civil.

VIII

Se produjeron deficiencias en el seguimiento de los resultados de los proyectos, como proyectos que no estaban seleccionados por el marco de seguimiento orientado a los resultados de la Comisión, e indicadores que a veces eran irrelevantes o poco fiables, o no iban acompañados de la correspondiente base de referencia.

IX

Otra fuente de preocupación es que los retrasos generalizados en su programación y ejecución, el IAP sufrió retrasos significativos, que provocaron reducciones en la financiación y en el tiempo de que disponían las autoridades turcas para ejecutar el presupuesto y los proyectos posteriores del IAP II, y contribuirán aún más a retrasar la licitación y la contratación de los proyectos. Los motivos de estos retrasos son conocidos: la débil capacidad administrativa de algunos ministerios para la preparación de las propuestas de proyectos, la transición al enfoque sectorial y la excesiva rotación de personal en la UCFC, que gestiona la mayoría de los fondos del IAP gastados en Turquía.

X

El informe formula cinco recomendaciones mensurables para mejorar la concepción y la ejecución de la ayuda de preadhesión destinada a Turquía. Asimismo, los resultados de la fiscalización se incluirán en la revisión intermedia del IAP II que lleve a cabo la Comisión, así como en el diseño de futuros programas de ayuda de preadhesión en favor de los países de la ampliación de la UE.

Introducción

01

Situada en la encrucijada entre Europa y Oriente Medio (véase la ilustración 1), la República de Turquía ha desempeñado un papel destacado en las relaciones internacionales a lo largo de la historia. Es un socio estratégico de la UE en materia de defensa, política exterior y comercio. En el contexto de la crisis de los refugiados, Turquía ha aumentado aún más si cabe su importancia para la UE, y viceversa (como el diálogo en materia de liberalización de visados o el Mecanismo para los refugiados en Turquía, de 3 000 millones de euros).

02

Con más de 80 millones de habitantes, Turquía tiene una de las mayores poblaciones musulmanas del mundo, grandes comunidades kurdas y gitanas, y varias minorías religiosas (cristianos y judíos).

03

Desde la década de 1950, Turquía ha avanzado de manera lenta pero coherente hacia la UE; reconoce la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, desde 1999, ha sido un país candidato a la adhesión a la UE¹. Desde las elecciones generales de 2002, el partido gobernante ha sido el conservador «Partido de la Justicia y el Desarrollo» o «AKP»², que ha gobernado al país bajo la dirección del primer ministro y, desde 2014, presidente de la República, Recep Tayyip Erdoğan.

04

Entretanto, el proceso de negociaciones de adhesión a la UE ha sido particularmente lento y, en 2017, solo se habían abierto 16 de los 35 capítulos para las negociaciones de adhesión (únicamente se había cerrado un capítulo). El anexo II muestra la situación del proceso de adhesión de Turquía por capítulos.

05

La ayuda de preadhesión de la UE acompaña este proceso de adhesión y consiste en el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), cuya finalidad es apoyar a los países candidatos en su adaptación progresiva a las normas y políticas de la UE con vistas a su ingreso en la Unión, conocido comúnmente como el «acervo» (véase el recuadro 1).

06

En asociación con las autoridades turcas, la ayuda de preadhesión consiste en la financiación por la Comisión Europea de proyectos en una amplia gama de ámbitos políticos, como el Estado de Derecho, la gobernanza, la agricultura, las infraestructuras (por ejemplo, de medio ambiente o transportes) y el desarrollo de los recursos humanos a través de la educación, el empleo y las políticas sociales. Con la planificación de asignaciones en virtud del IAP I (2007-2013) por un valor de 4 580 millones de euros y del IAP II (2014-2020) por 4 490 millones de euros (véase el anexo III), Turquía es el mayor país beneficiario de ayuda de la UE fuera de la Unión. La Comisión gestiona el IAP asistida por los Estados miembros de la UE, en calidad de miembros del comité IAP II³.

07

Si bien la Comisión carga con la responsabilidad global de la gestión del IAP, ha confiado a las autoridades turcas la responsabilidad de gestionar la mayor parte de este con arreglo al modelo de «gestión indirecta» del presupuesto de la UE. Con arreglo a este modelo de gestión presupuestaria, bajo su propia responsabilidad y de conformidad con el principio de la buena gestión financiera, la Comisión ha delegado la gestión del presupuesto a las autoridades turcas⁴. Este enfoque descentralizado respecto de la gestión del IAP es similar a la gestión compartida que llevan a cabo la Comisión y los Estados miembros de la UE con la mayoría de los fondos de la UE, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional o el Fondo Social Europeo.

08

En Turquía, este enfoque requiere que las autoridades turcas acometan la planificación, la ejecución, el seguimiento y la fiscalización de los fondos del IAP con arreglo a un conjunto combinado de normas nacionales y de la UE. Mientras que el coordinador nacional del IAP es responsable de la coordinación entre las distintas partes interesadas turcas, compete a la UCFC (Unidad Central de Financiación y Contratos), dependiente del Tesoro, gestionar el 87,2 % de los fondos del IAP I y el 84,2 % de los fondos del IAP II⁵, bajo la supervisión de un ordenador nacional de pagos.

09

La Comisión ejecutó el IAP I mediante el enfoque de proyecto tradicional, tomando decisiones de financiación en función de cada uno de los proyectos. El enfoque sectorial es la opción estratégica de la Comisión para la ejecución del IAP II. De conformidad con este enfoque, las decisiones de financiación se basan en objetivos políticos sectoriales nacionales. El objetivo es complementar los esfuerzos del Gobierno en un sector, incrementando de este modo las sinergias y la apropiación nacional con respecto a las políticas públicas y a las decisiones relativas a la asignación de recursos en un sector. Por lo tanto, la financiación del IAP se centraría en alcanzar los objetivos y resultados políticos sectoriales nacionales que sean pertinentes para la adhesión⁶. El enfoque sectorial se aplica sector a sector, tras una evaluación realizada por la Comisión.

10

Desde 2013, las reformas en Turquía han ido retrocediendo. En particular, desde el intento de golpe militar de julio de 2016, el recurso de Turquía al Estado de emergencia y a las suspensiones, despidos y arrestos generalizados han socavado la posición de Turquía frente a la UE. Estas medidas represivas posteriores al golpe, que el Gobierno turco defendió como medidas antiterroristas, han afectado a la totalidad del espectro de la sociedad turca: el poder judicial, la Policía, la Gendarmería, el ejército, la función pública, el sector académico, los docentes, los abogados, los medios de comunicación y la comunidad empresarial⁷.

11

La enorme magnitud de estas medidas ha afectado a la capacidad administrativa de Turquía y ha complicado y retrasado su adaptación al acervo. En el recuadro 2 se recogen tres ejemplos de dichas medidas en tres sectores incluidos en la presente fiscalización. En noviembre de 2016, en un contexto de enturbiamiento de las relaciones políticas entre la UE y Turquía, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que iniciaran el procedimiento para la suspensión temporal de las negociaciones de adhesión en curso con Turquía⁸.

Alcance y enfoque de la fiscalización

12

El objetivo del Tribunal ha sido evaluar la concepción y la eficacia de la ejecución del IAP en Turquía, cuya finalidad era adaptar al país candidato al acervo y reforzar su capacidad administrativa. Con la fiscalización se quería dar respuesta a la siguiente pregunta principal: «¿Ha estado bien diseñada y ha sido eficaz la ayuda de preadhesión de la UE destinada a Turquía?» Esta pregunta se dividió a su vez en dos preguntas principales:

1. ¿Diseñó bien la Comisión el IAP en Turquía?
2. ¿Apoyó eficazmente el IAP sus sectores prioritarios en Turquía?

13

El último informe de fiscalización del TCE sobre la ayuda de preadhesión destinada a Turquía se publicó en 2009¹². Desde entonces, el IAP se ha desplegado en dos períodos de programación consecutivos y las relaciones entre la UE y Turquía han cambiado significativamente. El presente informe debe incluirse en la revisión intermedia del IAP II que lleve a cabo la Comisión, y en la estrategia de la UE sobre las asignaciones para la ayuda de preadhesión destinada a Turquía en virtud del IAP II (2014-2020) y el próximo período de programación.

14

El Tribunal se centró en tres sectores prioritarios definidos por el Consejo y válidos para los períodos de programación del IAP I (2007-2013) y del IAP II (2014-2020) combinados, y que representan una asignación total de 3 800 millones de euros¹³:

1. el Estado de Derecho, incluidos los derechos fundamentales, la justicia y los asuntos de interior, por un total de 1 200 millones de euros;
2. la gobernanza, incluidos el apoyo a la sociedad civil, la reforma de la administración pública y la gestión de las finanzas públicas, por un total de 1 600 millones de euros;
3. los recursos humanos, incluidos la educación, el empleo y la inclusión social, por un total de 1 000 millones de euros.

15

En virtud del IAP I, los fondos de la UE contratados para estos sectores ascendieron a 1 500 millones de euros. De estos, el Tribunal examinó quince proyectos por un valor total de 112 millones de euros (7,5 %)¹⁴, que conformaron la muestra. El Tribunal seleccionó estos proyectos a fin de obtener una cobertura equilibrada de los distintos ámbitos políticos y regiones geográficas que recibieron ayuda de preadhesión en los sectores del Estado de Derecho, la gobernanza y los recursos humanos. Se examinó la ejecución de los proyectos y los distintos tipos de socios ejecutivos (organismos turcos o de las Naciones Unidas).

16

Una parte importante de la labor del Tribunal fue evaluar lo que habían logrado los programas y proyectos de la UE en términos de resultados¹⁵. El Tribunal recopiló pruebas a través de controles documentales y entrevistas con varios departamentos de la Comisión, la Delegación de la UE en Ankara, las autoridades turcas, las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil (OSC)¹⁶. Para llevar a cabo la fiscalización se realizó una visita de dos semanas a Turquía en marzo de 2017. La ayuda facilitada a través del «Mecanismo para los refugiados en Turquía»¹⁷ no fue incluida.

17

Toda referencia al IAP en el presente informe comprende tanto el IAP I como el IAP II, a menos que se indique lo contrario. Debido a los retrasos generalizados en la programación y ejecución, el Tribunal no pudo evaluar los proyectos del IAP II en los sectores seleccionados para la presente fiscalización, que representan 2 000 millones de euros en asignaciones del IAP II.

Observaciones

La Comisión diseñó bien los objetivos del IAP, pero tuvo dificultades para apoyar las reformas sectoriales y utilizó poco la condicionalidad

18

En la presente sección, el Tribunal evaluó si la Comisión había diseñado bien el IAP en Turquía para respaldar las reformas necesarias para avanzar hacia la adhesión a la UE. En particular, el Tribunal evaluó si la Comisión:

1. alineó sus objetivos estratégicos para Turquía con los objetivos reglamentarios del IAP y abordó las necesidades de Turquía en los sectores fiscalizados;
2. aplicó adecuadamente el enfoque sectorial para canalizar la financiación del IAP II, sobre la base de evaluaciones sectoriales del IAP que fueran pertinentes, concluyentes y exhaustivas;
3. estableció y aplicó las correspondientes condiciones para promover las reformas necesarias en Turquía.

La Comisión estableció adecuadamente los objetivos del IAP, pero, en la práctica, no se abordaron de manera suficiente algunas necesidades fundamentales en los sectores del Estado de Derecho y la gobernanza

19

La Comisión fijó objetivos programáticos específicos del IAP en sus documentos estratégicos, que consistían en fortalecer la capacidad de Turquía para cumplir las obligaciones inherentes a la pertenencia a la UE y apoyar las reformas políticas, así como el desarrollo económico, social y territorial¹⁸. Estos objetivos estratégicos se describían con más detalle en los acuerdos de financiación celebrados entre la Comisión y las autoridades turcas. Todos ellos eran conformes con el fundamento jurídico del IAP, que establece los objetivos jurídicos del mismo con respecto a la adaptación del país candidato al acervo, incluidos los criterios de Copenhague, y el refuerzo de su capacidad administrativa¹⁹.

20

Los objetivos del IAP para los tres sectores prioritarios de Estado de Derecho, gobernanza y recursos humanos eran pertinentes, ya que se basaban en las necesidades que había establecido claramente Turquía en sus planes nacionales para la adaptación al acervo, en los planes de desarrollo plurianuales y en más de cuarenta estrategias nacionales desarrolladas desde 2007 para reforzar su capacidad administrativa.

21

El Tribunal examinó los fondos del IAP I gastados en los tres sectores prioritarios seleccionados y constató que, en la práctica, no se habían abordado de manera suficiente algunas reformas fundamentales en los sectores del Estado de Derecho y de la gobernanza, necesarias para la adhesión de Turquía²⁰, debido fundamentalmente a la falta de voluntad política de las autoridades turcas.

En el sector del Estado de Derecho no se abordaron de manera suficiente las necesidades fundamentales

22

Las ayudas del IAP I al sector del Estado de Derecho se diseñaron para acercar el acervo a una amplia gama de organismos estatales sensibles, como ministerios, agencias, fuerzas policiales y el poder judicial, principalmente a través de asesoramiento y formación en ámbitos identificados en los planes nacionales de Turquía para la adaptación al acervo, en los planes de desarrollo plurianuales y en las estrategias nacionales.

23

No obstante, únicamente el 4,4 % del total de los importes del IAP I contratados en el sector del Estado de Derecho abordaban los siguientes ámbitos de intervención, cuyo avance se ha puesto reiteradamente de relieve como poco satisfactorio en los informes anuales de la Comisión sobre Turquía desde 2014²¹:

1. la independencia y la imparcialidad de la justicia²² (7,6 millones de euros contratados);
2. la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada²³ (9,5 millones de euros);
3. la libertad de prensa²⁴ (2,7 millones de euros; véase el recuadro 3).

24

Una señal adicional de que la Comisión y las autoridades turcas no prestaron atención suficiente a estos ámbitos políticos es la ausencia de indicadores para medir los avances en la prevención de los conflictos de intereses²⁵ y en la lucha contra la corrupción de alto nivel²⁶.

En el sector de la gobernanza no se abordaron de manera suficiente las necesidades fundamentales

25

En el sector de la gobernanza, la Comisión respaldó necesidades muy específicas en términos de reforma de la administración pública y en varios componentes del ciclo presupuestario, como la recaudación de impuestos, las auditorías internas y las estadísticas, sobre todo a través de asesoramiento y formación.

26

No obstante, pese a la importancia de la auditoría externa y de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de adhesión, y a su papel en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, el IAP no abordó el refuerzo de la auditoría externa y trató muy poco la capacidad de Turquía para colaborar con la sociedad civil²⁷. Pese a la magnitud de las necesidades de las OSC turcas, de las que la Comisión era consciente, el importe asignado siguió siendo escaso debido a la limitada capacidad de absorción de las autoridades turcas (véase el recuadro 4).

Pese a algunas insuficiencias, las evaluaciones del enfoque sectorial de la Comisión proporcionaron información pertinente para identificar dónde se podría aplicar dicho enfoque

27

Si bien la base jurídica del IAP II no define expresamente el enfoque sectorial (véase el apartado 9) y este no es jurídicamente vinculante para el beneficiario³⁰, la Comisión lo incluyó en su estrategia de ampliación³¹. La preparación del país para adoptar un enfoque sectorial viene determinada por las evaluaciones sectoriales llevadas a cabo por la Comisión en asociación con las autoridades turcas. Según la Comisión, el enfoque sectorial es un proceso continuo que debe llevarse a cabo a lo largo de todo el ciclo de programación³². Dicha evaluación se basaba en cinco criterios clave:

1. estrategias sectoriales nacionales bien definidas;
2. configuración institucional, liderazgo y capacidad para la aplicación de la estrategia sectorial;
3. coordinación de los donantes, también a escala sectorial³³;
4. la ejecución de las políticas sobre la base de análisis presupuestarios sectoriales y asignaciones sectoriales realistas;
5. marcos de evaluación de los resultados para realizar un seguimiento del rendimiento.

28

En el caso de los sectores fiscalizados, las evaluaciones sectoriales permitieron a la Comisión llegar a la conclusión, en 2016, de que solamente el sector de los recursos humanos y, dentro del sector del Estado de Derecho, los subsectores de justicia y asuntos de interior, estaban preparados para absorber la financiación del IAP II con arreglo al enfoque sectorial³⁴. Aunque las evaluaciones sectoriales ofrecieron un análisis sectorial pertinente y coherente basado en los cinco criterios clave, a través del examen, el Tribunal constató las siguientes insuficiencias:

1. respecto del sector del Estado de Derecho, la evaluación realizada por la Comisión sobre los asuntos de interior no fue concluyente en cuanto a si Turquía estaba realmente preparada para el enfoque sectorial;
2. las evaluaciones sectoriales realizadas por la Comisión no cubrieron adecuadamente los efectos de algunas insuficiencias significativas en la administración pública turca (véase el recuadro 5) en tres de los cinco criterios de evaluación clave (véase el apartado 27).

29

Igualmente, el Tribunal constató que las evaluaciones sectoriales de la Comisión aún no podían tomar en consideración el modo en que habían afectado a la capacidad administrativa de Turquía los despidos y suspensiones a gran escala que se produjeron tras la intentona golpista de julio de 2016 (véase el recuadro 2).

La Comisión utilizó poco la condicionalidad del IAP para apoyar el proceso de reformas en sectores prioritarios

30

Además de la financiación, la política y el diálogo político, la Comisión dispone de la condicionalidad como medio adicional para apoyar las reformas en sectores prioritarios en Turquía. La condicionalidad consiste en la determinación y la aplicación de condiciones previas a la contratación o al pago de ayudas. En el caso del IAP, las sucesivas estrategias de ampliación de la Comisión hacían referencia reiteradamente a la aplicación de «condiciones estrictas», pero sin definir el término de forma específica³⁹. En el marco del IAP, la condicionalidad se puede utilizar a nivel político, en particular, mediante criterios de referencia de apertura y de cierre en relación con las negociaciones de adhesión, así como en los proyectos.

31

El Tribunal examinó el marco jurídico del IAP para establecer los distintos tipos de condicionalidad disponibles. El Tribunal estudió el grado en que la Comisión los utilizó realmente en Turquía, para apoyar el proceso de reformas en los sectores prioritarios del Estado de Derecho, la gobernanza y los recursos humanos.

32

A nivel político, el legislador de la UE, en calidad de autoridad presupuestaria, tiene competencias para reducir las ayudas futuras. Además de ello, con arreglo al IAP I, sin necesidad de suspender las negociaciones de adhesión, el Consejo tenía la posibilidad de suspender las ayudas en virtud del IAP si no se cumplían los principios de democracia y Estado de Derecho⁴⁰. Recientemente, el Parlamento Europeo ha pedido que se ponga fin a todos los fondos de preadhesión si se suspenden las negociaciones de adhesión⁴¹. No obstante, el Tribunal constató que, con arreglo al IAP II, el legislador de la UE no había previsto expresamente dicha posibilidad⁴².

33

Según la normativa del IAP, la Comisión puede utilizar dos tipos principales de condicionalidad para promover las reformas:

1. a finales de 2017 y de 2020 (en el caso del IAP II), podía decidir no conceder la recompensa de resultados al país beneficiario del IAP por los avances logrados en la adaptación a la UE, la ejecución eficiente del IAP y la consecución de buenos resultados⁴³;
2. podía «recentralizar» la gestión de los proyectos del IAP, mediante la cual la Comisión puede tomar el relevo efectivo de su gestión por parte de las autoridades nacionales.

En el momento de la fiscalización, pese a los continuados avances insatisfactorios puestos de relieve en sus informes sobre Turquía (véase el apartado 23), la Comisión aún no había adoptado medidas con respecto a la recompensa de resultados. No obstante, posteriormente ha decidido asumir la gestión de 18 millones de euros para proyectos de organizaciones de la sociedad civil, que inicialmente había previsto que gestionaran las autoridades turcas⁴⁴.

34

A nivel de proyectos, la Comisión puede establecer condiciones previas a la contratación o al pago y, si estas no se cumplen, adoptar medidas correctoras, como la cancelación del proyecto o la reducción de su alcance y financiación. La Comisión ha establecido condiciones en cuatro de los quince proyectos fiscalizados; los cuatro se incluían en el sector del Estado de Derecho. La Comisión no fijó condiciones⁴⁵ para un proyecto de este sector⁴⁶ ni tampoco para ninguno de los cinco proyectos de gobernanza ni de los cinco de recursos humanos. El Tribunal encontró tres proyectos en los que la decisión de la Comisión no fijó condiciones previas a la contratación, y esto perjudicó los resultados de los proyectos (véase el recuadro 6).

A pesar de los retrasos en la ejecución, los proyectos del IAP proporcionaron las realizaciones previstas, pero su sostenibilidad corre peligro debido a la falta de voluntad política

35

A partir de 2007, el IAP ha sido el único instrumento de financiación de la UE creado para asistir a Turquía en su adaptación al acervo y reforzar su capacidad administrativa. El Tribunal evaluó la eficacia de la ejecución de este instrumento en los sectores prioritarios de Estado de Derecho, gobernanza y recursos humanos, y tomó en consideración si la Comisión y las autoridades turcas:

1. lograron las realizaciones previstas de los proyectos y realizaron un seguimiento de los resultados;
2. lograron estas realizaciones sin retrasos o con retrasos mitigados;
3. proporcionaron resultados sostenibles.

36

El Tribunal evaluó quince proyectos del IAP I, todos ellos gestionados con arreglo a la gestión indirecta y que tenían como beneficiarios finales a organizaciones públicas turcas⁴⁹. De la muestra del Tribunal, catorce proyectos se habían ejecutado hasta un punto en que era posible evaluar los resultados obtenidos⁵⁰.

Por lo general, el IAP proporcionó las realizaciones previstas, pero estas sufrieron frecuentes retrasos

37

El trabajo del Tribunal se basó en el análisis de los indicadores de seguimiento, en los informes de los contratistas, en los informes de las visitas de seguimiento de la Delegación de la UE en Ankara y de las autoridades turcas, en las actas de los comités directores u otros órganos de gestión de proyectos equivalentes, en los informes del seguimiento orientado a los resultados⁵¹, en las visitas sobre el terreno⁵², y en las entrevistas a la Comisión y a los beneficiarios de los proyectos⁵³.

38

En general, el Tribunal constató que en trece de estos catorce proyectos del IAP I, la Comisión y las autoridades turcas habían logrado las realizaciones de proyecto previstas en los contratos. Por tanto, estos proyectos reforzaron la capacidad administrativa del país en los correspondientes sectores. Sin embargo, ocho de los catorce proyectos en curso sufrieron retrasos (véase el anexo IV).

39

Aunque la Comisión y las autoridades turcas habían llevado a cabo un seguimiento de las realizaciones de los proyectos, en el examen que efectuó el Tribunal de la documentación de seguimiento disponible se observaron las siguientes deficiencias en el seguimiento de los resultados:

1. El marco de seguimiento orientado a los resultados aplicado a Turquía no incluía contratos de suministro ni contratos en el sector de recursos humanos⁵⁴;
2. en seis de los quince proyectos del IAP I fiscalizados, los indicadores de resultados eran a veces imprecisos y poco fiables. Además, con frecuencia faltaban los valores de referencia conexos de estos indicadores, por lo que no era posible medir los resultados con respecto a la situación inicial⁵⁵. El recuadro 7 recoge un ejemplo de un proyecto de este tipo.

Proyectos del IAP para recursos humanos

40

Con el fin de que Turquía se ajuste al capítulo 19 (Política social y empleo), el IAP apoyó proyectos de educación, empleo e inclusión social, que tenían como finalidad la creación de capacidades, como en el caso de la institución de la Seguridad Social en su lucha contra el trabajo no registrado (véase el proyecto n.^o 13, recuadro 6), para satisfacer las necesidades de grupos destinatarios específicos dentro de la población turca (véanse los proyectos n.^os 11, 12, 14 y 15). En el caso de estos últimos proyectos, se ofreció a los grupos destinatarios la posibilidad de utilizar equipos de aprendizaje (como planes de estudios o equipos informáticos), así como de recibir asesoramiento y formación:

1. mujeres que dependen del trabajo no registrado en la región de cultivo de la avellana de Trebisonda (proyecto n.^o 11);
2. jóvenes emprendedores y pequeñas empresas en la región de Ankara (proyectos n.^os 12 y 14);
3. niños de etnia gitana en todo el país (proyecto n.º 15, véase el recuadro 7).

41

Los cinco proyectos fiscalizados se realizaron en su totalidad, aunque tres sufrieron retrasos superiores a dos meses (proyectos n.^os 11, 13 y 15⁵⁶). Si bien estos retrasos no afectaron a los resultados del proyecto, son sintomáticos de la débil capacidad administrativa del Ministerio turco de Trabajo y Seguridad Social para ejecutar a tiempo proyectos del IAP (véase el apartado 46).

Proyectos del IAP para la buena gobernanza

42

En este sector, el IAP financió un número limitado de proyectos a medida, en los que las autoridades turcas estaban dispuestas a utilizar fondos del IAP con el fin de adaptar Turquía al acervo⁵⁷ y fortalecer su capacidad administrativa. Los proyectos fiscalizados tenían como finalidad reforzar la cooperación entre el sector público y la sociedad civil (véase el proyecto n.^o 8, recuadro 6), o reforzar la capacidad de las instituciones públicas, como:

1. el ordenador nacional de pagos, para la supervisión de la gestión del IAP en Turquía (proyecto n.^o 6);
2. la Administración Tributaria, para combatir la evasión fiscal a través de los salarios no declarados (proyecto n.^o 7, que aún no se había ejecutado en el momento de la fiscalización);
3. el Ministerio del Interior, para el refuerzo de la planificación local (proyecto n.^o 9);
4. la Administración Aduanera turca (proyecto n.^o 10, véase el recuadro 8).

43

Los proyectos n.^os 6, 9 y 10 ejecutados en el sector de la gobernanza se completaron a tiempo. Estos proyectos contribuyeron a la buena gobernanza de las finanzas públicas turcas y a las reformas en su administración. Sin embargo, en el caso del proyecto n.^o 8 (véase el recuadro 6), los efectos del retraso solo se mitigaron con la autorización por la Comisión de una modificación del diseño del proyecto y una prórroga de dieciocho meses, lo que es sintomático de la débil capacidad administrativa del MEUA para ejecutar a tiempo los proyectos del IAP (véase el apartado 46).

Proyectos del IAP para el Estado de Derecho

44

Con vistas a la adaptación de Turquía al acervo⁵⁸ y al refuerzo de su capacidad administrativa en ámbitos seleccionados en el marco del Estado de Derecho, los cinco proyectos fiscalizados tenían como finalidad la creación de capacidades en:

1. Justicia: creación de una red de portavoces judiciales (proyecto n.^o 2, véase el recuadro 9) y suministro de conocimientos especializados y de formación para profesionales en el ámbito de la justicia penal (proyecto n.^o 4);
2. Asuntos de interior: retirada de minas y aumento de la capacidad de vigilancia en las fronteras orientales de Turquía (proyecto n.^o 1), establecimiento de una red de comités de vigilancia civil (proyecto n.^o 3) y suministro de equipos informáticos, conocimientos especializados y formación para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (proyecto n.^o 5).

45

Si bien cuatro de los cinco proyectos fiscalizados se llevaron a cabo, el proyecto n.^o 1 no se concluyó del modo previsto ni logró sus resultados esperados (véase el recuadro 10). Asimismo, cuatro proyectos del Estado de Derecho sufrieron retrasos superiores a los dos meses (proyectos n.^os 1, 2, 3 y 5)⁵⁹. En un caso, este retraso afectó gravemente a los resultados del proyecto (proyecto n.^o 1) y mostró que las autoridades turcas no estaban lo suficientemente preparadas para ejecutarlo. En otro caso (proyecto n.^o 5), los efectos del retraso pudieron mitigarse al autorizar la Comisión una prórroga de cinco meses. En general, estos retrasos demostraron la débil capacidad administrativa del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia para ejecutar a tiempo los proyectos del IAP (véase el apartado 46).

La programación del IAP sufrió retrasos significativos

46

Aparte de los retrasos en la ejecución de los proyectos del IAP, los retrasos en la programación del IAP I fueron importantes y perjudiciales, porque han provocado reducciones en la financiación restante y en el tiempo de que disponen los ministerios turcos para ejecutar el presupuesto y los proyectos del posterior IAP II.

47

Por ejemplo, en 2017, según el Acuerdo de financiación del IAP de 2014, a las autoridades turcas aún les quedaba por contratar más del 93 % (véase el cuadro 1), lo que muestra un importante desfase en la ejecución, que ya era visible dado el volumen de las liberaciones de compromisos con respecto a los dos acuerdos de financiación anteriores, que ascendieron a más de 110 millones de euros⁶⁰.

Cuadro 1

Porcentajes de liberaciones y fondos para contratar de los fondos anuales del IAP, por año de programación

Convenio de financiación	Financiación de la UE (euros)	Importe liberado (euros)	Porcentaje de liberaciones de compromisos	Porcentaje pendiente de contratar
2012	225,749,161	56,437,290	25 %	Vencido
2013	236,750,014	53,979,003	23 %	Vencido
2014	366,040,000	Todavía no determinado	S.o.	93 %
2015	255,100,000	Todavía no determinado	S.o.	92 %
2016	477,890,000	Todavía no determinado	S.o.	100 %

Fuente: Comisión, septiembre de 2017.

48

Los motivos de este desfase son persistentes y, por tanto, bien conocidos por la Comisión y las autoridades turcas⁶¹. En 2017, los tres principales motivos fueron:

1. según la UCFC y la Delegación de la UE, la débil capacidad administrativa en algunos ministerios para preparar las propuestas de proyectos, en particular licitaciones abiertas, lo que provocó retrasos importantes;
2. las dificultades de Turquía para garantizar una transición sin incidencias desde el IAP I al IAP II, en particular al pasar a un enfoque sectorial y gestionar responsabilidades más exigentes para las estructuras operativas de las instituciones directivas que figuran en el anexo VI, de modo que Turquía tuvo que gestionar proyectos cada vez más complejos y numerosos;
3. excesiva rotación de personal en la UCFC. Tal y como se muestra en la ilustración 2, la rotación de personal anual en la UCFC desde 2002 rara vez he estado por encima del 20 %.

49

Los persistentes problemas de personal en la UCFC constituyen un punto crítico en la futura ejecución del IAP: la rotación de personal es elevada y la frecuente contratación supone una inversión significativa de tiempo de trabajo para orientar y formar a los recién llegados.

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Mientras que el coordinador nacional del IAP coordina y supervisa todos los programas del IAP a fin de facilitar la ejecución, el ordenador nacional de pagos autoriza, supervisa y controla a la UCFC, así como a las estructuras operativas del IAP en Turquía⁶². Aunque se encontraban en una clara posición para actuar, ni el coordinador nacional del IAP ni el ordenador nacional de pagos asumieron a tiempo la gestión de los retrasos de programación generalizados del IAP, por lo que persistieron los problemas de personal. Estas dificultades para abordar la excesiva rotación de personal en la UCFC seguirán contribuyendo efectivamente a los retrasos en la licitación y contratación de proyectos.

51

Hasta la segunda mitad de 2016 el Tesoro no comenzó a realizar análisis pormenorizados de la carga de trabajo, así como estrategias de contratación y retención del personal para cada una de las estructuras operativas del IAP, con vistas a reducir los desfases acumulados⁶³. Por tanto, resultaría todavía prematuro evaluar los resultados de estas medidas.

La sostenibilidad de los proyectos corre peligro con frecuencia por falta de voluntad política

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Para que el IAP cumpla sus objetivos de fortalecer la capacidad administrativa de Turquía y adaptar al país al acervo, es necesario que las aportaciones positivas de los proyectos del IAP, tal y como se describen en los apartados 40 a 44 (por ejemplo, la creación de capacidades o la divulgación de las buenas prácticas de la UE), se mantengan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, este es el caso cuando se ponen en marcha y se mantienen reformas legislativas o administrativas, se utilizan códigos de conducta, guías y manuales y el personal capacitado permanece en activo en el ámbito para el que recibió la formación.

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El Tribunal evaluó la sostenibilidad de su muestra de quince proyectos mediante un examen en profundidad de la documentación correspondiente, visitas sobre el terreno y entrevistas a las partes interesadas. Entre los catorce proyectos de la muestra que se habían ejecutado, el Tribunal constató que la Comisión y las autoridades turcas habían logrado, en seis casos, convertir las realizaciones del proyecto en resultados con probabilidad de ser sostenibles: un proyecto sobre Estado de Derecho, tres sobre gobernanza y dos sobre recursos humanos⁶⁴.

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El recuadro 11 recoge un ejemplo de un proyecto sobre gobernanza y explica por qué tiene probabilidad de ser sostenible.

55

Sin embargo, en ocho de los otros trece proyectos ejecutados, el Tribunal constató que las realizaciones de los proyectos corrían el riesgo de no ser sostenibles o no tenían probabilidad de serlo⁶⁵. Los motivos se resumen en el cuadro 2.

Cuadro 2

Proyectos del IAP I ejecutados en Turquía: motivos por los que la sostenibilidad corre peligro

N.o de proyecto	Falta de voluntad política	Elevada rotación de personal	Débil capacidad administrativa	Condicionalidad inexistente o insuficiente
1	✗	✗	✗	-
2	✗	✗	-	-
3	✗	✗	✗	-
4	✗	✗	-	✗
8	✗	-	✗	✗
11	-	-	✗	-
13	✗	-	-	✗
15	✗	✗	-	-

Fuente: TCE, septiembre de 2017.

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El Tribunal constató que el principal motivo por el que estos ocho proyectos del IAP I corrían riesgo de no ser sostenibles era la falta de voluntad política, que empeoró en el contexto del retroceso de Turquía (por ejemplo, con los despidos y suspensiones ingentes de funcionarios, o las restricciones impuestas a la sociedad civil). Un ejemplo de proyecto de este tipo se recoge en el recuadro 12 y en la fotografía 3.

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Además, las reducciones en la financiación y en el tiempo que aún quedan para que los ministerios turcos ejecuten los proyectos del IAP (véanse los apartados 46 y 47) reducirán su capacidad para secuenciar los posteriores contratos relacionados con el mismo proyecto o para cubrir necesidades que aún no hayan sido abordadas por el IAP o por Turquía. Por consiguiente, los retrasos de programación en Turquía también afectan directamente a la sostenibilidad global de los proyectos del IAP.

Conclusiones y recomendaciones

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El Tribunal llegó a la conclusión de que los objetivos del IAP fueron bien diseñados por la Comisión, en particular al identificar adecuadamente los requisitos necesarios para avanzar hacia la adhesión a la UE y realizar evaluaciones concluyentes del enfoque sectorial. En la práctica, no obstante, los fondos del IAP gastados no respondieron suficientemente a algunas necesidades fundamentales en los sectores del Estado de Derecho y la gobernanza, donde están pendientes algunas reformas cruciales. En ámbitos donde se ha mostrado más voluntad política, como aduanas, empleo y fiscalidad, los proyectos del IAP I han contribuido a adaptar a Turquía al acervo y a reforzar su capacidad administrativa. Sin embargo, la sostenibilidad de estos resultados corre peligro, debido a las dificultades para gastar los fondos disponibles del IAP y al retroceso en las reformas. Por consiguiente, el Tribunal considera que la eficacia del IAP solo ha sido limitada.

59

En lo que respecta al diseño del IAP, el Tribunal constató que la Comisión fijó adecuadamente los objetivos del IAP, porque eran específicos y coherentes con el marco jurídico. Más concretamente, los objetivos del IAP en los ámbitos del Estado de Derecho, la gobernanza y los recursos humanos eran pertinentes y estaban basados en las necesidades que había establecido Turquía para adaptarse al acervo y reforzar su capacidad administrativa (apartados 19 a 20).

60

Sin embargo, en realidad, los fondos empleados con arreglo a los objetivos del IAP I apenas dan respuesta a algunas de las necesidades fundamentales: la independencia y la imparcialidad de la justicia, la lucha contra la corrupción de alto nivel y la delincuencia organizada, la libertad de prensa, la prevención de los conflictos de intereses y el refuerzo de la auditoría externa y de la sociedad civil. Según el propio análisis realizado por la Comisión, no se han producido avances satisfactorios en estos ámbitos durante varios años, ya que falta voluntad política por parte de las autoridades turcas (véanse los apartados 21 a 26).

Recomendación 1 – Mejor orientación de los fondos del IAP con arreglo a los objetivos establecidos

A partir del programa del IAP de 2018, la Comisión debería orientar mejor los fondos del IAP en ámbitos en los que las reformas han sufrido retrasos y son necesarias para lograr un avance creíble hacia la adhesión a la UE, en particular por lo que se refiere a la independencia e imparcialidad de la justicia, la lucha contra la corrupción de alto nivel y la delincuencia organizada, el refuerzo de la libertad de prensa, la prevención de los conflictos de intereses y el refuerzo de la auditoría externa y la sociedad civil.

Fecha objetivo de aplicación: a partir del programa del IAP para 2018 en adelante.

61

La Comisión decidió ejecutar el IAP II mediante el enfoque sectorial, en virtud del cual el IAP apoyaría reformas sectoriales en lugar de proyectos independientes. Antes de aplicar este nuevo enfoque, la Comisión evaluó la preparación de los sectores para absorber la financiación del IAP II. Las evaluaciones sectoriales proporcionaron un análisis pertinente y concluyente para identificar dónde se podría ejecutar el IAP II aplicando un enfoque sectorial. Sin embargo, no siempre han sido exhaustivas, en particular, en el caso de tres de los cinco criterios de evaluación utilizados: la coordinación entre los donantes de Turquía, el análisis presupuestario por sectores y el marco de evaluación de sus resultados (apartados 27 a 29).

Recomendación 2 – Mejora de las evaluaciones del enfoque sectorial

En la próxima actualización de sus evaluaciones del enfoque sectorial, la Comisión debería abarcar de modo exhaustivo todas las características clave de la coordinación entre los donantes de Turquía, del análisis presupuestario por sectores y, en particular, de su marco de evaluación de los resultados.

Fecha objetivo de aplicación: 31 de marzo de 2019.

62

Además de la financiación de la UE, la condicionalidad del IAP puede contribuir a promover el proceso de reformas. Pese a los avances reiteradamente insatisfactorios puestos de manifiesto en sus informes sobre Turquía, el Tribunal constató que la Comisión había utilizado poco la condicionalidad del IAP para apoyar reformas en aquellos sectores prioritarios donde los avances no eran adecuados. En particular, la Comisión rara vez impuso condiciones como la opción de volver a centralizar la gestión de los proyectos del IAP o de aplicar medidas correctoras si no se cumplían las condiciones de los proyectos. Asimismo, la posibilidad de suspender la financiación del IAP I si no se cumplían los principios de democracia y Estado de Derecho no se reflejó expresamente en la normativa del IAP II (apartados 30 a 34).

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En lo que respecta a la ejecución del IAP, los proyectos fiscalizados lograron, por lo general, las realizaciones previstas, que contribuyeron a la adaptación de Turquía al acervo y al refuerzo de su capacidad administrativa, pese a sufrir frecuentes retrasos. El Tribunal constató que la sostenibilidad de estos resultados positivos corre peligro, sobre todo debido a la falta de voluntad política, empeorada por los despidos a gran escala, las suspensiones de funcionarios y las restricciones impuestas a la sociedad civil (apartados 35 a 38, 40 a 45 y 52 a 57).

Recomendación 3 – Incrementar la aplicación de la condicionalidad

Habida cuenta del impacto que el retroceso ya está teniendo en la sostenibilidad de los proyectos en Turquía, la Comisión debería recurrir en mayor medida a la condicionalidad política y de los proyectos, mediante:

1. propuestas al comité IAP II de ajustar el total de las dotaciones del IAP II para el año «N», reconduciendo o reduciendo fondos de este instrumento a fin de responder a casos de retroceso en los sectores del Estado de Derecho y la gobernanza, identificados en su Informe Anual sobre Turquía en el año «N-1»;
2. la decisión, antes del final de 2017 y de 2020, de conceder o no a Turquía la recompensa de resultados. Esta decisión debería reflejar de manera precisa los avances logrados hacia la ampliación, la ejecución eficiente del IAP y la consecución de buenos resultados;
3. un uso cada vez mayor del modelo de gestión directa para abordar necesidades fundamentales cuando exista una falta de voluntad política, en particular, en la lucha contra la corrupción de alto nivel y la delincuencia organizada, el refuerzo de la libertad de prensa, la prevención de los conflictos de intereses y el refuerzo de la sociedad civil;
4. en el caso de los nuevos proyectos y donde proceda, la determinación de condiciones en forma de requisitos mínimos para apoyar la ejecución oportuna de las realizaciones previstas y la sostenibilidad. Si estas condiciones no se cumplen, ello debería suponer la aplicación de medidas correctoras (por ejemplo, la suspensión de los pagos o la cancelación del proyecto).

Fecha objetivo de aplicación: a) del 31 de diciembre de 2018 en adelante; b): [31 de diciembre de 2018 y] 31 de diciembre de 2020; c) y d): 31 de diciembre de 2018.

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Se constataron deficiencias en el seguimiento de los resultados de los proyectos, como proyectos no seleccionados por el marco de seguimiento orientado a los resultados de la Comisión, e indicadores que a veces eran irrelevantes o poco fiables, o que no iban acompañados de la correspondiente base de referencia (apartado 39).

Recomendación 4 – Mejora del seguimiento de los resultados del proyecto

La Comisión debería ampliar la cobertura de sus informes de seguimiento orientado a los resultados relativos a las operaciones cofinanciadas por la UE en Turquía y mejorar la pertinencia y fiabilidad de sus indicadores de proyectos incluyendo la disponibilidad de datos de referencia, en su caso.

Fecha objetivo de aplicación: a partir de 2018.

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Otra fuente de preocupación es que los retrasos generalizados en su programación y ejecución, el IAP sufrió un retraso significativo, que provocaron reducciones en la financiación y en el tiempo de que disponían las autoridades turcas para ejecutar el presupuesto y los proyectos posteriores del IAP II, y contribuirán aún más a retrasar la licitación y la contratación de los proyectos. Los motivos de estos retrasos son conocidos: la débil capacidad administrativa de algunos ministerios para la preparación de las propuestas de proyectos, la transición al enfoque sectorial y la excesiva rotación de personal en la UCFC, que gestiona la mayoría de los fondos del IAP gastados en Turquía (apartados 46 a 51).

Recomendación 5 – Reducción de desfases mediante la aplicación selectiva de la gestión indirecta

En el marco del IAP II, la Comisión debería aplicar de manera selectiva la gestión indirecta, teniendo en cuenta el volumen de los fondos implicados, la complejidad de los proyectos que deben preparar y licitar las autoridades turcas, y la capacidad de la UCFC.

Fecha objetivo de aplicación: De manera progresiva, comienzo inmediato;

El presente informe ha sido aprobado por la Sala III, presidida por Karel Pinxten, Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo en su reunión del martes, 6 de febrero de 2018.

Acrónimos y abreviaturas

GFP: Gestión de las finanzas públicas

IAP: Instrumento de Ayuda Preadhesión

MEUA: Ministerio para Asuntos de la UE

NAO: Ordenador nacional de pagos

NIPAC: Coordinador nacional del IAP

OSC: Organización de la sociedad civil

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ROM: Seguimiento orientado a los resultados

UCFC: Unidad Central de Financiación y Contratos

Equipo auditor

En los informes especiales del TCE se exponen los resultados de sus auditorías de las políticas y programas de la UE o de cuestiones de gestión relativas a ámbitos presupuestarios específicos. El TCE selecciona y concibe estas tareas de auditoría con el fin de que tengan el máximo impacto teniendo en cuenta los riesgos relativos al rendimiento o a la conformidad, el nivel de ingresos y de gastos correspondiente, las futuras modificaciones, y el interés político y público.

Esta auditoría de gestión fue realizada por la Sala III, especializada en acciones exteriores, seguridad y justicia, presidida por Karel Pinxten, Miembro del TCE. La auditoría fue dirigida por Bettina Jakobsen, Miembro del TCE, con la asistencia de Katja Mattfolk (jefe de Gabinete), y Kim Storup (agregada de Gabinete), Alejandro Ballester Gallardo (gerente principal), Dennis Wernerus (jefe de tarea), y Nicola Berloco, Cyril Messein y Alexandre Tan (auditores). Fiona Urquhart prestó apoyo lingüístico.

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