Espacio de oficinas de las instituciones de la UE – Algunas buenas prácticas de gestión, pero también insuficiencias

Resumen

I

Las instituciones gastan en edificios alrededor del 11 % de su presupuesto para gastos administrativos. La composición del parque de edificios es heterogénea y depende del mandato y de la estructura organizativa de cada institución, aunque una parte importante del espacio se destina a oficinas. La Comisión cuenta con el parque de edificios de mayor tamaño, del que más del 80 % se utiliza para oficinas.

II

Al objeto de dar respuesta a la pregunta general «¿Gestiona la UE de modo eficiente su gasto en espacio de oficinas?», el Tribunal examinó si las instituciones de la UE que cuentan con más espacio de oficinas (el Parlamento, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el BCE):

1. establecen estrategias inmobiliarias y cooperan para lograr reducir los costes;
2. obtienen su espacio de oficinas de modo eficiente;
3. efectúan un seguimiento y elaboran informes de sus parques de oficinas de forma adecuada.

III

En general, el Tribunal constató que las instituciones gestionan su gasto en espacio de oficinas de manera eficiente, pero que las estrategias inmobiliarias no siempre se formalizan y la planificación asociada no es la mejor; los mecanismos de financiación de grandes proyectos de construcción analizados por el Tribunal a menudo eran complejos y ello en algunos casos afectaba a la transparencia presupuestaria. La mayor parte de estos proyectos sufrió retrasos y en algunos casos, costes adicionales sustanciales. La supervisión de los parques inmobiliarios de la mayoría de las instituciones y la información sobre estos no son adecuadas.

IV

Las instituciones cooperan y aplican principios parecidos en la toma de decisiones. No obstante, definen sus principales principios y objetivos para la gestión inmobiliaria en varios documentos. Algunos están desfasados y otros se están aplicando sin aprobación formal, y no toman en consideración distintos escenarios al planificar sus requisitos inmobiliarios. En el momento de la auditoría, las instituciones todavía no habían evaluado los proyectos de nuevas formas de trabajar (NWoW) ejecutados.

V

Los países anfitriones ofrecen a las instituciones condiciones preferentes de compra o de alquiler de espacio de oficinas y les apoyan en sus principales proyectos de construcción. El Tribunal constató que las decisiones relativas al espacio de oficinas estaban bien fundamentadas. Sin embargo, los mecanismos de financiación de los grandes proyectos de construcción analizados por el Tribunal a menudo eran complejos y ello afectaba a la transparencia presupuestaria. La mayoría de estos proyectos sufrieron retrasos que en algunos casos dieron pie a costes adicionales.

VI

La mayoría de las instituciones no realizan un seguimiento periódico de los indicadores relacionados con el uso eficiente y el coste de los edificios con fines de gestión interna. Aunque las instituciones cuyos edificios se encuentran en Bruselas y en Luxemburgo acordaron la armonización de la medición de las superficies, los datos no están plenamente normalizados y resulta difícil compararlos. Los informes sobre los edificios para las autoridades presupuestarias no permiten realizar comparaciones ni analizar la eficiencia.

VII

El análisis del Tribunal demuestra que el uso del espacio de oficinas es comparable entre las instituciones. Además, el Tribunal constató que los alquileres que negociaron las instituciones, por lo general, eran inferiores al precio de mercado. Un análisis adicional de los edificios alquilados muestra que los alquileres anuales por persona varían significativamente en función del edificio. Los costes de construcción y adquisición reflejan la naturaleza del edificio.

VIII

Sobre la base de las observaciones incluidas en el presente informe, el Tribunal recomienda que las instituciones:

1. actualicen y formalicen sus estrategias inmobiliarias y actualicen periódicamente los documentos de planificación;
2. evalúen los proyectos NWOW;
3. Aumenten la transparencia presupuestaria de la utilización de mecanismos de financiación de proyectos de construcción;
4. establezcan procedimientos de gestión adecuados para grandes proyectos de construcción y reformas;
5. mejoren la coherencia de los datos y el seguimiento del parque inmobiliario.

Introducción

01

El gasto en edificios representa alrededor de un 11 % (1 000 millones de euros) del total de los gastos administrativos de las instituciones de la Unión Europea (UE)¹, como se muestra en la ilustración 1. Este porcentaje se ha mantenido estable a lo largo de los últimos cinco años, aunque ha descendido con respecto a la cifra de hace diez años. Alrededor de dos tercios del gasto inmobiliario se dedica al coste de adquisición y alquiler de edificios, mientras que el resto se gasta principalmente en mantenimiento, seguridad y energía. La ilustración 2 muestra que existen diferencias entre las instituciones, y reflejan sobre todo las diferencias en sus parques inmobiliarios.

02

Al final de 2016, las instituciones mencionadas ocupaban una superficie inmobiliaria total de 2,5 millones de metros cuadrados (m²)³, un 26 % más que en 2004, incremento que se explica por el aumento en un 22 % en el mismo período del personal que trabaja en los locales de las instituciones⁴.

03

Las necesidades de espacio de las instituciones son diferentes. Por ejemplo, la Comisión destina la mayoría de su espacio a oficinas. Otras instituciones, como el Parlamento, el Consejo y el Tribunal de Justicia, utilizan más otro tipo de superficies, como las salas de reuniones, las salas de sesiones, las salas de vistas y las zonas de recepción públicas. El espacio de oficinas⁵ representa alrededor del 70 % del total⁶ y se encuentra en su mayor parte en Bruselas, seguido de Luxemburgo, Estrasburgo y Fráncfort. La ilustración 3 muestra la superficie útil total que ocupan las instituciones y la proporción de oficinas.

04

Las sedes de las instituciones dependen de decisiones políticas. El acuerdo político más reciente sobre la ubicación de las sedes de las instituciones se celebró en 1992 en la reunión del Consejo Europeo en Edimburgo.

Alcance y enfoque de la fiscalización

Alcance de la auditoría

05

Al objeto de dar respuesta a la pregunta general «¿Gestiona la UE de modo eficiente su gasto en espacio de oficinas?», el Tribunal examinó si las instituciones de la UE:

• establecen estrategias inmobiliarias y cooperan para lograr reducir los costes;
• obtienen su espacio de oficinas de modo eficiente;
• efectúan un seguimiento adecuado de sus parques de oficinas y elaboran informes correctos de los mismos.

06

La fiscalización se centró en las cinco instituciones con mayor espacio de oficinas (Parlamento, Consejo, Comisión, Tribunal de Justicia y BCE), abarcando sus locales en Bruselas, Luxemburgo y Fráncfort⁷. Siempre que fue posible, en la fiscalización se compararon datos y procedimientos de gestión de estas instituciones con los del Comité Económico y Social Europeo, el Comité Europeo de las Regiones, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el Tribunal de Cuentas Europeo (Tribunal) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

07

El Tribunal no analizó aquellos edificios que se usan para fines distintos de las oficinas (como centros de conferencias, instalaciones técnicas, etc.) ni edificios con menos del 20 % de su superficie dedicada a oficinas. La fiscalización se centró principalmente en el coste de la obtención del espacio de oficinas. No abarcó el mantenimiento, la limpieza, la seguridad u otros costes operativos relacionados con los edificios.

Enfoque de la fiscalización

08

El Tribunal llevó a cabo la fiscalización desde septiembre de 2017 hasta junio de 2018 y para sus observaciones obtuvo pruebas de las siguientes fuentes:

• estrategias inmobiliarias de las instituciones e informes para las autoridades presupuestarias;
• cuestionarios y visitas a las instituciones;
• cuestionarios y visitas a otras organizaciones internacionales;
• el trabajo de auditoría interna, en su caso;
• informes técnicos o de medición sobre los edificios;
• información contable, financiera y contractual sobre los edificios;
• visitas a organismos interinstitucionales y a autoridades de los países anfitriones.

Observaciones

Las instituciones aplican principios comunes y establecen una amplia cooperación

09

El Tribunal examinó si las instituciones de la UE definen una estrategia que incluya principios y objetivos para la gestión de sus inmuebles. El Tribunal examinó si estas estrategias se complementan con una planificación de corto a medio plazo basada en una evaluación periódica de las necesidades. También revisó si los documentos estratégicos o de planificación incluyen la planificación de posibles escenarios. Además, analizó cómo cooperan las instituciones situadas en la misma ubicación para hallar oportunidades de ahorro (por ejemplo, poniendo en común conocimientos especializados o en la compra de energía). Asimismo, el Tribunal examinó cómo aplicaban las instituciones el enfoque de nuevas formas de trabajar (NWoW).

Las instituciones definen sus estrategias inmobiliarias, pero algunas están desfasadas y no incluyen la planificación de posibles escenarios

10

Las instituciones definen sus principios y objetivos en materia de gestión inmobiliaria en distintos documentos. Algunos están desfasados y otros se están aplicando sin aprobación formal (véase la ilustración 4).

11

La Comisión estableció los principales principios de su estrategia inmobiliaria en una comunicación de 2007. Aunque estaba previsto aclarar algunos aspectos de la estrategia inmobiliaria mediante estudios (impacto de la metodología de contratación pública inmobiliaria, equilibrio correcto entre la adquisición y el alquiler, impacto de los nuevos métodos de trabajo en la calidad de vida en el trabajo y posibles ahorros), los estudios no se llevaron a cabo. Además, con el tiempo cambiaron algunos aspectos importantes incluidos en la Comunicación de 2007. Por ejemplo, el pago aplazado y los contratos enfitéuticos ya no son los métodos preferidos de financiar la adquisición de edificios y la Comisión ha incluido recientemente a las agencias ejecutivas en su planificación plurianual. Aunque la Comisión considera que los principios y orientaciones clave de la Comunicación siguen siendo válidos, no ha actualizado la estrategia inmobiliaria ni la ha consolidado en un único documento revisado con las últimas modificaciones.

12

La Oficina de infraestructuras y logística de Bruselas (OIB) y la Oficina de infraestructuras y logística de Luxemburgo (OIL) de la Comisión basan su herramienta de planificación a medio plazo, el Marco Político Plurianual (MAPF), en la estrategia inmobiliaria de la Comisión. El MAPF fija las principales prioridades y proyectos de cada oficina para los próximos diez años y ofrece una síntesis que incluye actualizaciones anuales de las necesidades de la Comisión en cuanto a oficinas. Se basa en las fluctuaciones que sufren los niveles de personal y en el parque de espacio de oficinas disponible, teniendo en cuenta el vencimiento y la prórroga de los alquileres y las obras de renovación o remodelación. El Tribunal considera que el MAPF es una herramienta útil y adecuada para aquellas instituciones con las mayores carteras inmobiliarias.

13

El Tribunal no halló pruebas de que las instituciones estudiaran distintos escenarios al planificar sus requisitos inmobiliarios, por ejemplo, en relación con restricciones presupuestarias, cambios en el personal o consecuencias de decisiones políticas, como ampliaciones o cambios en la función y mandato de la institución.

Las instituciones aplican principios comunes en la toma de decisiones

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Las instituciones que desarrollan su actividad en el mismo lugar no cuentan con una estrategia inmobiliaria única común, aunque aplican principios similares de toma de decisiones¹².

Adecuación al mandato y a la organización

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Las instituciones adecuan sus estrategias inmobiliarias a su mandato y a su organización. Las estrategias reflejan sus necesidades de espacios específicos, como grandes salas de conferencias, salas de vistas o salas de sesiones. En algunos casos, las instituciones revisan su estrategia inmobiliaria en respuesta a un cambio en su mandato. Por ejemplo, el BCE planificó en un principio alojar a todo su personal en un edificio, pero tuvo que revisar este planteamiento debido a circunstancias imprevistas (véase a continuación el recuadro 1).

Concentración

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Las instituciones tienden a concentrarse en pocos edificios de gran tamaño, situados en una o varias zonas, preferiblemente cerca de otras instituciones. Esta preferencia se justifica por las economías de escala, la seguridad, mejores condiciones de trabajo, una mayor productividad (por ejemplo, con la reducción del tiempo empleado en los trayectos entre edificios) y por imagen pública. La aplicación de este principio reduce de manera predeterminada el número de edificios adecuados para comprar o alquilar. En las ilustraciones 5 y 6 se muestra la distribución geográfica de los edificios de las instituciones en las principales sedes, Bruselas y Luxemburgo.

17

La racionalización del parque inmobiliario mediante la concentración en un número más pequeño de edificios de mayor tamaño, por ejemplo, es uno de los principios clave de la estrategia inmobiliaria de la Comisión. En 2007, dos tercios de los edificios de la Comisión en Bruselas tenían menos de 15 000 m² y solo ocho de 61 (el 13 %) tenían más de 20 000 m². Diez años después, 22 de 52 edificios incluidos en el análisis del Tribunal (el 42 %) tenían más de 20 000 m². Aunque las cifras no son plenamente comparables, dado que el análisis del Tribunal solo incluía edificios utilizados principalmente como edificios de oficinas, sí muestran que la Comisión aplicó el principio de menos edificios, pero de mayor tamaño.

Propiedad por encima de alquiler

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Todas las instituciones examinadas prefieren la propiedad frente al alquiler. La ilustración 7 compara la superficie total en propiedad (oficinas y espacio no dedicado a oficinas) con la superficie total en alquiler¹⁴. Aunque el alquiler permite una gestión flexible de los edificios, la propiedad ofrece a las instituciones una serie de ventajas:

• menos costes a largo plazo (valor añadido si se realizan reformas, recuperación del valor del edificio si se vende);
• condiciones preferentes ofrecidas por el país anfitrión, como la posibilidad de comprar o utilizar superficie sin coste alguno;
• estabilidad de los costes (protección frente a incrementos del alquiler) y una mejor planificación presupuestaria a medio plazo;
• libertad para utilizar y mejorar la propiedad sin las restricciones del arrendador.

19

En total, las instituciones que comprende el análisis del Tribunal son propietarias¹⁵ de alrededor del 70 % de la superficie que ocupan, en comparación con alrededor del 60 % de 2004¹⁶. Este coeficiente aumentará próximamente cuando finalicen importantes proyectos inmobiliarios, como la ampliación del edificio KAD del Parlamento, de la tercera torre de oficinas del Tribunal de Justicia y del complejo JMO II de la Comisión.

Una amplia cooperación interinstitucional

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Las instituciones debaten las cuestiones inmobiliarias estratégicas en varios grupos de trabajo interinstitucionales¹⁷. En estas reuniones, las instituciones se informan mutuamente sobre sus próximos proyectos inmobiliarios para evitar competir en el mismo mercado. También intercambian información sobre el espacio disponible en sus edificios. Esto ha permitido a las instituciones compartir o subarrendar propiedades¹⁸ u ocupar el espacio que ya no necesitaban otras instituciones¹⁹. También debaten otras cuestiones inmobiliarias, como cuestiones medioambientales y relacionadas con la energía.

21

Uno de los principales logros de estos grupos de trabajo es su estrecha cooperación en la contratación pública. Las instituciones establecen procedimietos de licitación interinstitucionales para adquirir, por ejemplo, servicios de mudanzas, suministros de muebles, material y suministros de oficina, seguros y asesoramiento en temas inmobiliarios. Estas compras aumentan la influencia de las instituciones frente a los proveedores de servicios y suministradores y permiten realizar economías de escala. Al mismo tiempo, no obstante, aumentan los criterios de admisibilidad para los licitadores, lo que puede disuadir a las pymes de participar en las licitaciones.

22

Las instituciones gestionan su parque inmobiliario de manera autónoma y muestran poco interés en crear una agencia inmobiliaria interinstitucional. Consideran que los equipos especializados de gestión inmobiliaria, situados cerca de los responsables de las decisiones en cada una de las instituciones, están mejor preparados para cubrir sus necesidades específicas.

En cierta medida, las instituciones optan por nuevas formas de trabajar (NWoW), pero todavía no han evaluado los costes y beneficios de los proyectos NWoW ejecutados.

23

El enfoque NWoW tiene como finalidad transformar el entorno de oficina con la introducción de espacios de trabajo colaborativo y una cultura de trabajo más flexible²⁰. El enfoque NWoW no supone necesariamente la reducción del espacio de oficina, sino más bien la transformación del entorno y de la cultura del trabajo en cooperación con la dirección y el personal, y con el compromiso de estos.

24

Las instituciones de la UE han introducido el enfoque NWoW por medio de distintas iniciativas y cambios. Por ejemplo, las instituciones han implantado el teletrabajo ocasional o estructural²¹. En el Consejo y en los Comités, la introducción del teletrabajo estructural ha dado lugar a un uso más denso del espacio de oficina, mediante la introducción de oficinas compartidas para teletrabajadores estructurales.

25

La Comisión introdujo espacios segmentados y colaborativos en tres edificios²² de Bruselas para optimizar el uso de la superficie disponible. Según la Comisión, esto supuso un aumento medio del 46 % en la ocupación de estos edificios. Los resultados de la encuesta de satisfacción del personal que trabaja en entornos colaborativos en estos tres edificios aún no estaban disponibles en el momento de la fiscalización. En Luxemburgo, la Comisión utiliza espacios de trabajo colaborativo para alrededor de doscientas personas en dos edificios²³.

26

El Parlamento encargó estudios de viabilidad con miras a crear espacios colaborativos en dos nuevos proyectos inmobiliarios²⁴. Aunque el proyecto en su forma original fue abandonado posteriormente, el Parlamento está aplicando algunos de sus elementos en estos dos edificios, sobre la base de un diálogo con los servicios afectados.

27

El enfoque NWoW entraña costes adicionales de inversión y se aplica por lo general como parte de proyectos de reforma o de nueva construcción. Las instituciones todavía no han evaluado completamente los beneficios económicos y de otro tipo de los espacios de trabajo colaborativo ejecutados, como el aumento de la productividad.

Las decisiones sobre el espacio de oficinas están bien fundadas, pero los mecanismos de financiación de proyectos de construcción con frecuencia son complejos y afectan la transparencia presupuestaria

28

El Tribunal examinó el modo en que las instituciones se dirigen a los países anfitriones para obtener las mejores condiciones al seleccionar sus edificios.

29

El Tribunal analizó si las decisiones sobre nuevos proyectos inmobiliarios se basaban en criterios de buena gestión financiera.

30

También estudió si los mecanismos de financiación seleccionados por las instituciones tenían en cuenta las opciones disponibles con arreglo al Reglamento Financiero, eran transparentes y promovían la rendición de cuentas.

En general, los países anfitriones ofrecen apoyo y condiciones preferentes a las instituciones

31

La mayoría de los edificios del parque de las instituciones están situados en Bruselas y en Luxemburgo, mientras que el BCE se encuentra en Fráncfort. De conformidad con los Tratados de la UE²⁵, la mayoría de los países anfitriones eximen a las instituciones de impuestos directos sobre los ingresos, los inmuebles y otros activos, y de impuestos indirectos²⁶. Algunos países anfitriones también ofrecen a las instituciones otras ventajas, en función de las posibilidades y del resultado de las negociaciones.

32

Los dos casos siguientes constituyen ejemplos recientes de condiciones preferentes que ofrecen las autoridades belgas. En el edificio Europa, las autoridades belgas ofrecieron al Consejo el terreno y el edificio existente por el importe simbólico de un euro y gestionaron el proyecto inmobiliario de manera gratuita. En una parcela en la Rue de la Loi, la Comisión ha recibido el derecho a casi duplicar la capacidad de construcción. La Comisión calcula que la construcción a la máxima capacidad en este caso ahorraría hasta 130 millones de euros en inversión en terrenos en otra ubicación de la zona.

33

En Luxemburgo, las instituciones también disfrutan de condiciones preferentes y de ayudas estatales en sus proyectos inmobiliarios. Por ejemplo, las autoridades luxemburguesas ofrecieron al Parlamento y al Tribunal de Justicia el terreno de sus complejos de edificios por el importe simbólico de un euro²⁷ y ambas instituciones alquilan algunos de sus edificios al Estado por un importe preferente. El nivel de implicación de las autoridades nacionales competentes en los proyectos inmobiliarios de las instituciones puede variar: ofrecen apoyo técnico al Parlamento para la construcción de su nuevo complejo KAD II, pero asumen plena responsabilidad en la gestión de los proyectos inmobiliarios del Tribunal de Justicia.

34

La Comisión acordó con el Estado luxemburgués sustituir su principal edificio en Luxemburgo (el edificio Jean-Monnet, JMO). En diciembre de 2015, tras la decisión de la Comisión de dejar el edificio JMO²⁸, alcanzaron un acuerdo político para compartir el coste del espacio de sustitución temporal. El edificio que lo sustituirá (JMO II) albergará a la mayoría del personal local de la Comisión y eliminará la necesidad de la mayor parte de sus edificios alquilados.

35

En 1998, el BCE firmó un acuerdo con el Gobierno de la República Federal de Alemania en el que definía las respectivas funciones y responsabilidades. Las autoridades nacionales no ofrecieron al BCE ninguna condición preferente para sus proyectos inmobiliarios. El BCE compró los terrenos²⁹ para construir su sede principal a la ciudad de Fráncfort con arreglo a condiciones estándar del mercado. Sin embargo, como parte de la compra la ciudad de Fráncfort se comprometió a contribuir a los costes derivados, entre otras cosas, de la contaminación del suelo debida a la anterior utilización del terreno.

En general, se tomaron buenas decisiones en la obtención de espacio de oficinas

36

El Tribunal analizó doce edificios de oficinas recientemente adquiridos y alquilados y proyectos de construcción en marcha del Parlamento³⁰ y de la Comisión³¹, las instituciones con el parque inmobiliario de mayor tamaño, con el fin de evaluar si las decisiones se basaron en:

• una evaluación plurianual de las necesidades de espacio;
• el respeto de las restricciones presupuestarias;
• el cumplimiento de las especificaciones técnicas;
• la exploración del mercado;
• un análisis coste-beneficio;
• la consideración de los costes relacionados con el ciclo de vida completo de los edificios, por lo que se refiere a renovación inicial, mantenimiento, gastos de funcionamiento y reformas;
• una comparación de las opciones de financiación.

37

El Tribunal constató algunas excepciones³²:

1. Con arreglo a las normas de desarrollo del Reglamento Financiero³³, los contratos inmobiliarios³⁴ se podrán celebrar mediante el procedimiento negociado tras la exploración del mercado local. En principio, la Comisión aplica la llamada «metodología Kallas», que implica la publicación previa de un anuncio de prospección de edificios. Sin embargo, la metodología no se aplicó en dos casos que formaban parte de la muestra del Tribunal: en el edificio ORBAN en Bruselas, y en el Ala D del Drosbach en Luxemburgo. En ambos casos la excepción se justificó por el hecho de que la Comisión ya ocupaba edificios adyacentes³⁵. La Comisión tiene previsto revisar esta metodología.
2. La Comisión incluye en sus notas para la autoridad presupuestaria³⁶ un análisis coste-beneficio de los nuevos proyectos. El Tribunal no halló pruebas de dicho análisis en la documentación del proyecto JMO II. El proyecto será financiado por el Estado luxemburgués y la Comisión tendrá la opción de adquirir el edificio una vez finalizado. No hay indicios de que la Comisión analizara otras opciones de financiación.

Los mecanismos de financiación de grandes proyectos de construcción menudo son complejos y por ello afectan a la transparencia presupuestaria

38

Desde 2013, de conformidad con el Reglamento Financiero, se puede financiar la adquisición o construcción de inmuebles mediante un préstamo comercial³⁷. La mayoría de los proyectos de construcción en marcha o finalizados recientemente comenzaron antes de esta fecha. Para financiar dichos proyectos (véanse los proyectos examinados en los apartados 43 a 50), las instituciones a menudo utilizaban complejos métodos de financiación que suponían la participación de intermediarios estatales o financieros (véase un ejemplo en el recuadro 2), y en consecuencia, no tienen directamente el control de los aspectos financieros de los proyectos.

39

El Parlamento obtuvo préstamos bancarios para la ampliación del edificio Konrad Adenauer (KAD II), a través de una compleja estructura de financiación que incluía a una empresa intermediaria (propiedad de un banco comercial), que asumió la financiación del proyecto. La empresa firmó dos contratos de financiación, uno con el BEI y otro con un banco comercial, donde cada uno facilitaba el 50 % de la financiación del proyecto.

40

El Parlamento y el Tribunal de Justicia prefinanciaron los proyectos inmobiliarios con dotaciones sin utilizar de otras líneas presupuestarias:

• entre 2012 y 2016, el Parlamento traspasó 260 millones de euros de varias líneas presupuestarias para financiar el proyecto del KAD II. De los 474 millones de euros de la línea de crédito obtenida, el Parlamento utilizó 16 millones. El Parlamento calculó que esto supuso un ahorro en intereses de hasta 85 millones de euros.
• Siguiendo el mismo mecanismo, el Tribunal de Justicia había efectuado pagos previos por sus proyectos inmobiliarios por un importe de 89 millones de euros desde 2007. Según el Tribunal de Justicia, esto redujo significativamente el impacto presupuestario de los pagos de arrendamiento financiero hasta 2026 gracias al ahorro estimado en los costes de financiación de más de 24 millones de euros en todo el período.

41

Las autoridades belgas recibieron del Consejo anticipos para el proyecto del edificio Europa por valor de 294 millones de euros gracias a dotaciones traspasadas de otras líneas presupuestarias. Los anticipos abonados por el Consejo generaron intereses por 10,3 millones de euros (valor neto). Los anticipos pagados en los tres primeros años no correspondían a los progresos de las obras, de modo que en la práctica el Consejo estaba prefinanciando el proyecto (véase el recuadro 3).

42

Aunque algunas instituciones (Parlamento, Consejo) efectuaban periódicamente pagos de anticipos sobre sus proyectos de construcción, no planificaron los importes de los anticipos en las líneas presupuestarias correspondientes del presupuesto de la UE. Esta práctica normalmente da lugar a un elevado nivel de transferencias presupuestarias al final del ejercicio, lo que afecta a la transparencia del procedimiento presupuestario. Este enfoque práctico permite que el presupuesto de los gastos administrativos generales evoluciones de manera estable. Sin embargo, el Tribunal no considera que esta práctica ahorre dinero al contribuyente europeo, como sugieren las instituciones de la UE.

Los grandes proyectos de construcción sufren retrasos y, en algunos casos, importantes sobrecostes

43

El Tribunal analizó la ejecución de cuatro grandes proyectos de construcción realizados por el Parlamento, el Consejo, la Comisión y el Tribunal de Justicia.

El proyecto del Tribunal de Justicia: dentro del presupuesto y del plazo

44

En los últimos años, el Tribunal de Justicia ha llevado a cabo tres grandes proyectos de construcción⁴⁰ en estrecha colaboración con las autoridades luxemburguesas. Las autoridades nacionales han gestionado las obras de manera gratuita. Han gestionado las licitaciones, han garantizado que los estudios y las obras se llevaran a cabo correctamente y se han encargado del control de calidad y de la obtención de los certificados que exigía la legislación. Han aportado su conocimiento del mercado, sus conocimientos especializados en el ámbito técnico y en la gestión y supervisión de proyectos de construcción. Además, dado que el Tribunal de Justicia no actuó como promotor, solo se necesitó un reducido número de efectivos de su personal para el seguimiento del proyecto. Los proyectos se completaron a tiempo y sin costes adicionales. En el momento de la fiscalización del Tribunal, el proyecto en curso de construcción de una tercera torre (proyecto CJ9) se encontraba dentro del presupuesto estimado y en plazo.

El proyecto Europa del Consejo: dentro del presupuesto, pero con retrasos

45

En 2005⁴¹, el Consejo delegó la gestión de la renovación del bloque A del «Residence Palace» a las autoridades belgas. El edificio debía albergar las reuniones del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea.

46

El precio final negociado⁴² no superaba significativamente el presupuesto original: 246 millones de euros frente a 240 millones del presupuesto original, ambos precios basados en valores de 2004. Sin embargo, el final de la construcción se retrasó tres años. Los retrasos se debieron a cambios en el proyecto por circunstancias imprevistas⁴³. Una serie de insuficiencias en la gestión del proyecto contribuyó a dichos retrasos:

• Las autoridades nacionales no gestionaron adecuadamente las solicitudes de modificaciones ni pagaron a tiempo a los contratistas;
• las empresas de consultoría contratadas por las autoridades nacionales tenían poca capacidad para trasladar al pliego de condiciones los complejos requisitos funcionales y de calidad del Consejo. Esto lastró el proyecto de principio a fin y provocó la mayoría de las solicitudes de modificación;
• fue complicado llegar a un acuerdo sobre el precio final porque, incluso seis meses después de la entrega, las autoridades nacionales no pudieron facilitar la lista completa de facturas.

47

El Consejo mitigó en parte el impacto ampliando su equipo del proyecto y redoblando los procedimientos de gestión del proyecto y los controles internos.

El proyecto KAD II del Parlamento: importantes retrasos que han dado lugar a costes adicionales

48

En un principio, el edificio KAD II debía entregarse en 2013. El cálculo actual es el siguiente: finales de 2019 para la zona de obras este y 2022 para la zona de obras oeste. Las principales explicaciones de este retraso son la limitada experiencia del Parlamento como promotor y la primera licitación de obras de construcción fallida. El establecimiento de la estructura financiera y del modelo de financiación se retrasó tres meses debido a la primera licitación fallida.

49

El presupuesto inicial estimado de 315,5 millones de euros se revisó en 2009 a 363 millones de euros⁴⁴. Para garantizar el éxito de la licitación y respetar el presupuesto asignado, el Parlamento redujo el volumen del proyecto, modificó las especificaciones técnicas y permitió una mayor competencia en el procedimiento de contratación pública al aumentar el número de lotes. Dado que el proyecto aún no ha concluido, el precio final se desconoce. El Parlamento prevé mantener los costes dentro del actual presupuesto de 432 millones de euros⁴⁵. Teniendo en cuenta el incremento del 8 % en el índice de precios para las obras de construcción entre 2012 y 2017, los costes de construcción podrían seguir aumentando.

50

Debido al retraso, el Parlamento tiene que alquilar otros edificios en Luxemburgo por un período más largo que el previsto inicialmente. El coste de alquiler adicional asciende a 14,4 millones de euros al año u 86 millones de euros en el período de seis años. En términos contables, este coste de alquiler adicional queda compensado por un comienzo más tardío de la depreciación de la inversión en el nuevo edificio (17,3 millones anuales). El contribuyente europeo, no obstante, paga el coste de alquiler adicional más la construcción del nuevo edificio.

El proyecto JMO II de la Comisión: retrasos y costes adicionales

51

Las prolongadas negociaciones con el Estado luxemburgués retrasaron el inicio del principal proyecto de construcción de la Comisión en Luxemburgo, el JMO II. Se tardó quince años en llegar a un acuerdo inicial en 2009.

52

La Comisión y las autoridades luxemburguesas previeron que el edificio se entregaría en dos fases, la primera a mediados de 2016 y la segunda al final de 2019. La cronología para la entrega del edificio se revisó varias veces antes de que comenzaran las obras de construcción. La última cronología conocida para el proyecto JMO II fija la fecha de entrega para la primera fase en febrero de 2023 y para la segunda fase en febrero de 2024.

53

El retraso en el inicio del proyecto de construcción fue causado sobre todo por la incertidumbre respecto del concurso de proyectos arquitectónicos, los problemas administrativos del procedimiento de licitación para las obras de explanación y las medidas de seguridad adicionales que tuvieron que incorporarse al proyecto. Todavía no está claro el modo en que se repartirán los costes resultantes de estos retrasos entre las autoridades luxemburguesas. Además, en 2015 la Comisión tuvo que evacuar su edificio principal en Luxemburgo, el JMO, como medida de precaución para evitar exponer al personal a cualquier posible peligro derivado de la presencia de amianto. Así pues, alquiló espacio de oficinas adicional en varios edificios para realojar al personal.

54

Teniendo en cuanta el acuerdo inicial y el último calendario conocido, el Tribunal estima que la Comisión incurrirá en gastos de alquiler por un valor de 248 millones⁴⁶ debido al retraso en el comienzo del proyecto de construcción y a la necesidad de alquilar espacio de oficinas adicional tras la evacuación del edificio JMO. No obstante, este retraso supone un inicio tardío de los pagos de arrendamiento del edificio JMO II. La Comisión estima los pagos de arrendamiento financiero no pagados durante el período de retraso en 176,2 millones de euros⁴⁷.

El seguimiento y los informes no son suficientes

55

El Tribunal examinó el seguimiento que realizan las instituciones de la UE de distintos aspectos de su actual parque inmobiliario (gestión del espacio e instalaciones, condiciones contractuales, cumplimiento de las especificaciones técnicas), incluidos indicadores relativos al uso eficiente y al coste de los edificios. Esto les proporcionaría una síntesis de su parque, que les permitiría identificar posibles ámbitos de mejora. El Tribunal examinó si las instituciones habían mejorado la normalización de la medición y categorización de las superficies y si era posible comparar la eficiencia con los datos disponibles a nivel interno y los datos comunicados a las autoridades presupuestarias.

Las instituciones efectúan el seguimiento de distintos aspectos, pero no hay indicadores relativos al uso eficiente y al coste de los edificios

56

Las instituciones utilizan distintos sistemas y herramientas informáticas para gestionar su parque inmobiliario y efectuar un seguimiento de la misma. Cada aspecto del parque inmobiliario, como la gestión de las instalaciones, la asignación de espacio, el consumo de energía, los aspectos financieros, jurídicos y contables, es objeto de seguimiento informático o manual, por medio de hojas de cálculo.

57

En Luxemburgo, la Comisión utiliza informes de asignación de espacio para gestionar de modo coherente los derechos de asignación de espacio definidos en el «Manual de condiciones de alojamiento». En Bruselas, la Comisión ha estado desarrollando su software de gestión inmobiliaria integrada desde 2015 que, en última instancia, debería ofrecer un punto de acceso a toda la información relacionada con el parque inmobiliario de la Comisión. Sin embargo, el sistema que se usa actualmente no elabora informes de seguimiento para controlar que el espacio asignado a los departamentos temáticos (direcciones generales) sea conforme a las condiciones definidas en el Manual de condiciones de alojamiento.

58

El sistema del Parlamento para gestionar el espacio de oficinas y planificar las necesidades de alojamiento puede generar varios informes⁴⁸. No obstante, el Tribunal no halló pruebas de que el Parlamento utilice estos informes para realizar un seguimiento periódico de su espacio de oficinas. El Parlamento tiene previsto desarrollar de aquí a 2026 un sistema que permita almacenar en formato electrónico toda la información relacionada con los edificios.

59

La mayoría de las instituciones no efectúan un seguimiento periódico de los indicadores para evaluar la eficiencia de su parque inmobiliario con fines de gestión.

60

En Bruselas, la Comisión usa un único indicador relacionado con eficiencia del espacio de oficinas en su parque inmobiliario: la superficie útil de oficina asignada por cada estación de trabajo. Establece una media de 14 m², con el objetivo de que se conviertan en 12 m² para 2020, sobre todo con la introducción de espacios colaborativos. El Tribunal no halló indicadores relacionados con la eficiencia del espacio de oficinas en los informes anuales de actividad pertinentes del Parlamento, del Consejo o del Tribunal de Justicia, ni estas instituciones elaboraron otros informes de gestión para evaluar la eficiencia de la gestión del espacio de oficinas.

61

No obstante, la Comisión tiene definiciones⁴⁹ para indicadores de eficiencia como superficie útil/superficie construida; superficie utilizable sobre el nivel del suelo/superficie útil sobre el nivel del suelo; superficie de oficinas/superficie útil sobre el nivel del suelo El Tribunal halló pruebas de que la eficiencia de las superficies del edificio es uno de los criterios que se tienen en cuenta al evaluar las ofertas de nuevos proyectos inmobiliarios. Sin embargo, la Comisión no realiza un seguimiento de estos indicadores en la totalidad de su parque inmobiliario.

62

El BCE aplica un enfoque bien desarrollado para realizar seguimiento e informes sobre su parque inmobiliario (véase el recuadro 4).

Los datos disponibles no están normalizados, por lo que no es fácil establecer comparaciones entre instituciones

63

En 2009, las instituciones de la UE⁵⁰ aprobaron el código de medición interinstitucional, que define los métodos de medición y los tipos básicos de superficies de edificios sobre la base de normas alemanas. Cada institución ha desarrollado más este código por categorías de superficie más detalladas, dificultando la comparación de datos de las distintas instituciones⁵¹. La Comisión incluso utiliza distintas categorías de superficie en Bruselas y en Luxemburgo, lo que dificulta su elaboración de informes sobre la base de los mismos parámetros.

64

Aunque tres de las cinco instituciones examinadas⁵² utilizan la misma plataforma informática para su gestión del espacio, cada una estaba adaptada individualmente. Esto afecta negativamente a la disponibilidad de datos comparables.

65

Todos los años, a más tardar el 1 de junio, las instituciones presentan a las autoridades presupuestarias un informe detallado de su política inmobiliaria⁵³. Este requisito se introdujo en virtud del Reglamento Financiero en 2013. Dicho informe debe incluir el gasto y la superficie de cada edificio, así como la evolución prevista de la programación de superficies y ubicaciones para los próximos años. Este requisito dio más transparencia a la situación y a las acciones de las instituciones en materia de propiedades ante las autoridades presupuestarias y, en algunas instituciones, también ante el público general⁵⁴.

66

La ilustración 8 muestra que, en sus informes inmobiliarios anuales, cada institución utiliza distintas categorías de superficies, por lo que dichas categorías no se pueden utilizar para establecer comparaciones. El Reglamento Financiero no exige que se incluya información sobre el número de estaciones de trabajo o el personal alojado, ni ningún indicador sobre la eficiencia.

67

Además, el informe de la Comisión no ofrece una imagen clara de los distintos tipos de superficie de su parque inmobiliario, ya que no define claramente los criterios que distinguen el espacio de oficinas del espacio no dedicado a oficinas. Asimismo, las superficies utilizadas por la Comisión en el informe inmobiliario anual no se pueden comparar con las registradas en las herramientas de gestión del espacio.

68

El intento más reciente de elaborar información consolidada sobre los edificios de las instituciones de la UE se remonta a 2010. Las instituciones de la UE elaboraron un informe en el contexto del proyecto de presupuesto de 2011 en respuesta a una solicitud del Parlamento y del Consejo para que proporcionaran «información global sobre asuntos inmobiliarios con el anteproyecto de presupuesto/previsiones»⁵⁵. Dicho informe⁵⁶ presentaba datos sobre los siguientes cocientes para el parque inmobiliario de las instituciones:

• proporción de espacio de oficinas y de espacio no dedicado a oficinas en la superficie total;
• espacio de oficinas/empleado;
• gasto medio/m².

69

Los valores de los indicadores diferían significativamente de una institución a otra. El Tribunal no obtuvo prueba alguna de que los datos facilitados hubieran sido analizados, ni de que se exigiera a las instituciones que mejoraran la comparabilidad de los indicadores o que elaboraran los informes con más frecuencia.

Los indicadores de superficie son comparables entre las instituciones, pero los costes varían considerablemente

70

Partiendo de la información disponible y aplicando correcciones si era necesario, el Tribunal comparó la eficiencia de las políticas inmobiliarias de las instituciones. Para ello, calculó y analizó los indicadores de superficie y los alquileres recientemente negociados con respecto a los niveles del mercado.

71

También calculó los alquileres por persona pagados anualmente y el coste por metro cuadrado de los edificios recientemente construidos o adquiridos.

Las superficies medias de oficina son comparables

72

Para poder comparar el uso del espacio de oficinas, el Tribunal calculó los indicadores de superficie a partir de los datos obtenidos de las instituciones de la UE (véase la metodología utilizada en el anexo I).

73

La ilustración 9 muestra que la superficie media de oficina por persona en la mayoría de las instituciones se acerca a la media ponderada para todas las instituciones, de 16 m² por persona⁵⁷, mientras que la ilustración 10 muestra que la superficie de oficina por persona en la mayoría de los edificios es inferior o cercana a la media, e identifica los valores atípicos.

74

Tras la finalización del edificio Europa, alrededor del 9 % de la superficie de oficina neta del Consejo estaba disponible. En el momento de la fiscalización, este espacio se utilizaba para alojamiento temporal (por ejemplo, evacuación del edificio Europa, celebración de una cumbre de la Reunión Asia-Europa, reformas). Esto afecta a la superficie de oficina neta por persona para el Consejo y para el propio edificio Europa.

75

Los tres círculos del Tribunal de Justicia en la ilustración 10 representan dos complejos de edificios⁵⁸ y el edificio T. El Tribunal de Justicia cuenta en la actualidad con 2 962 m² de oficinas sin ocupar en el edificio T, lo que representa alrededor del 19 % de la superficie de oficina neta del edificio y del 6 % de la superficie de oficina neta total. El excedente de superficie se subarrendó a otras instituciones y en la actualidad se encuentra vacío. Aunque el edificio excede sus necesidades actuales, el Tribunal de Justicia decidió continuar alquilándolo por varios motivos. En primer lugar, el Tribunal de Justicia alquila el edificio al Estado a un precio preferente (inferior al precio de mercado). En segundo lugar, debía alquilarse la totalidad del edificio, y, en tercer lugar, el Tribunal de Justicia tiene importantes requisitos en materia de seguridad y confidencialidad, que restringen las opciones para subarrendar el excedente de superficie. Por último, el Tribunal de Justicia finalizará el arrendamiento cuando se complete la tercera torre, prevista para el verano de 2019. Si se resta este espacio de la superficie de oficina, la superficie media de oficina por persona es de 19 m² para el Tribunal de Justicia y de 18 m² para el edificio T.

76

La superficie de oficina inferior a la media del BCE se explica por una importante proporción de oficinas compartidas y para equipos y por las zonas para equipos ajenas al espacio total de oficinas. En la Comisión se puede explicar por una cantidad muy pequeña de espacio tampón en comparación con otras instituciones.

77

El BCE y el BEI también realizan un seguimiento de la densidad en función de las estaciones de trabajo instaladas. Este coeficiente no tiene en cuenta la ocupación real y es de 12 m² por estación de trabajo para ambas instituciones⁵⁹.

78

El objetivo de la Comisión para el parque en Bruselas es de 12 m² por estación de trabajo para 2020⁶⁰ y, según sus propios cálculos, en la actualidad llega a 14,5 m² por persona. En el momento de la fiscalización del Tribunal, solo cinco edificios en Bruselas tenían una densidad inferior o cercana a los 12 m² por persona⁶¹. Estos edificios representan el 9 % de la superficie total de oficinas de los edificios que comprende el análisis del Tribunal (véase la ilustración 11).

79

El objetivo de la Comisión para el margen de espacio disponible en Bruselas es de 15 000 m², lo que supone aproximadamente el 2 % de su parque inmobiliario. En diciembre de 2017 la Comisión disponía de margen de espacio disponible equivalente a 895 estaciones de trabajo libres, repartido en nueve edificios. Esto explica por qué la media de superficie de oficina por persona es relativamente elevada en determinados edificios, como el edificio G-1. En el momento del análisis del Tribunal, el edificio J-59 estaba en un período de transición (vacío entre mudanzas) y actualmente está ocupado por la agencia ejecutiva EACEA.

En general, los alquileres negociados son inferiores al nivel del mercado, pero los alquileres por persona varían significativamente de un edificio a otro

Alquiler comparado con el tipo de mercado

80

La ilustración 12 muestra el alquiler de mercado preferencial en veintitrés capitales de la Unión y en Fráncfort. El alquiler preferencial de Bruselas se sitúa en el medio. Luxemburgo es la quinta ciudad más cara, seguida de Fráncfort. Dentro de las ciudades, los alquileres preferenciales varían en función de la ubicación. Por ejemplo, el alquiler preferencial para Luxemburgo de 564 euros/m² al año se aplica a la zona más cara, el centro de la ciudad. Sin embargo, las instituciones sitúan la mayoría de sus edificios en Kirchberg y en Cloche d’Or, donde el alquiler preferencial era de 408 euros/m² al año y de 354 euros/m² al año respectivamente⁶².

81

En una muestra de nueve contratos de alquiler recientes, el Tribunal comparó el alquiler negociado con las condiciones del mercado (véanse más detalles sobre la metodología del Tribunal y el origen de los datos en el anexo I). Cinco de los seis edificios de Bruselas estaban alquilados por la Comisión⁶³ y el otro edificio, por el Parlamento⁶⁴. La mayoría de los contratos se firmaron para quince años. El Tribunal observó que el alquiler negociado por las instituciones era normalmente inferior al alquiler preferencial de Bruselas e inferior o cercano a la media del mercado en el Quartier Léopold, donde se sitúan los edificios (véase la ilustración 13). Los importes del alquiler negociados por la Comisión para los tres edificios en Luxemburgo⁶⁵ se situaban por debajo del alquiler preferencial de mercado y del alquiler medio.

82

Algunos propietarios de edificios ofrecieron incentivos a las instituciones europeas. En seis de los nueve contratos examinados los propietarios ofrecieron a las instituciones períodos sin pago de alquiler, y en cuatro casos los propietarios de los inmuebles asumieron en parte los gastos de renovación.

Alquiler por persona

83

En la ilustración 14 se compara la media ponderada del alquiler anual por persona en las dos principales ubicaciones, Bruselas y Luxemburgo (véanse los detalles de la metodología del Tribunal en el anexo I)⁶⁶.

84

El Parlamento alquila dos edificios de oficinas en Bruselas y cuatro en Luxemburgo. La Comisión alquila veintiséis edificios de oficinas⁶⁷ en Bruselas y ocho en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia alquila un edificio en Luxemburgo. La mayoría de los edificios de Bruselas se alquilan con arreglo a contratos de usufructo, que ofrecen más ventajas fiscales que los arrendamientos normales (véase el anexo I, apartados 12 y 13). En Luxemburgo, la mayoría de los contratos de las instituciones son arrendamientos normales.

85

El alquiler anual medio por persona en general es más elevado en Luxemburgo que en Bruselas, Lo que se debe a diferencias en los alquileres de mercado en las dos ciudades, como muestra la ilustración 12. La media de alquiler más baja por persona del Parlamento en Luxemburgo se explica por el hecho de que el Parlamento alquila tres de sus cuatro edificios a las autoridades nacionales y disfruta de condiciones preferentes hasta que se construya el nuevo edificio KAD II. El alquiler medio anual por persona en el Tribunal de Justicia es relativamente elevado (12 500 euros por persona) y no se incluye en la ilustración 14 porque se basa solo en un edificio (edificio T), del cual una parte significativa está actualmente vacía. El Tribunal de Justicia dejará de alquilar el edificio en 2019 (véase el apartado 75).

86

El Tribunal constató que el alquiler anual por persona varía significativamente de un edificio a otro. Por ejemplo, para la Comisión en Bruselas oscila entre 4 800 y 19 500 euros, mientras que en Luxemburgo oscila entre 9 400 y 14 500 euros. Como muestra la ilustración 15, el alquiler anual por persona en los edificios de la Comisión en Bruselas se corresponde en cierta medida con la superficie de oficina por persona.

El coste de construcción y adquisición depende del tipo de edificio

87

El Tribunal calculó el precio por metro cuadrado de la superficie total de dos grandes proyectos de construcción finalizados recientemente, el edificio Europa del Consejo en Bruselas y el edificio principal del BCE en Fráncfort. Ambos proyectos de construcción incluían la reforma de edificios históricos protegidos y debían cumplir estrictas normas de protección y seguridad técnica. Los dos son edificios emblemáticos que crean nuevas referencias en la ciudad y ambos tienen un uso mixto. Si bien las principales funciones del edificio Europa son albergar las cumbres de la UE y ofrecer un espacio para las delegaciones nacionales y para el presidente del Consejo Europeo, el edificio principal del BCE tiene un uso mixto, con una mayor proporción de espacio para oficinas. El edificio del Consejo fue construido por el Estado, mientras que el BCE gestionó a nivel interno el proyecto con el apoyo de un director de proyectos externo.

88

El coste por metro cuadrado del edificio principal del BCE es de 4 600 euros y de 4 000 euros para el edificio Europa El coeficiente no tiene en cuenta el coste del terreno. El Consejo adquirió el terreno para el edificio Europa por el precio simbólico de un euro, mientras que el BCE pagó el precio de mercado por el terreno.

89

En 2016 el Parlamento adquirió un edificio de oficinas estándar (el edificio Martens en Bruselas) por un coste de 2 700 euros⁶⁸ por metro cuadrado. El Parlamento ocupa el edificio desde 2018 tras una renovación.

Conclusiones y recomendaciones

90

En general, el Tribunal constató que las instituciones gestionan su gasto para espacio de oficinas de manera eficiente. Sin embargo, las estrategias inmobiliarias no siempre se formalizan y la planificación no es óptima. Además, los mecanismos de financiación de grandes proyectos de construcción analizados por el Tribunal a menudo eran complejos y ello afectaba en algunos casos a la transparencia presupuestaria. La mayor parte de estos proyectos sufrió retrasos y en algunos casos, costes adicionales sustanciales. La supervisión de los parques inmobiliarios de la mayoría de las instituciones y la información sobre estos no son adecuadas.

91

Las instituciones definieron sus estrategias inmobiliarias en distintos documentos, algunos de los cuales estaban desfasados o aún no se habían aprobado formalmente. El Tribunal constató buenas prácticas en la Comisión, que complementa su estrategia inmobiliaria con una actualización periódica de la evolución de las necesidades frente al espacio de oficina disponible. Las instituciones no estudian distintos escenarios al planificar sus requisitos inmobiliarios (véanse los apartados 10 a 13).

92

Aunque las instituciones situadas en la misma ubicación no comparten formalmente una estrategia inmobiliaria, aplican principios parecidos en la toma de decisiones. Las instituciones basan sus estrategias inmobiliarias en su mandato y en sus necesidades organizativas. Por motivos prácticos y económicos, tienden a concentrar sus edificios en una o varias zonas, prefieren gestionar un número más pequeño de grandes edificios y adquirir edificios en vez de alquilarlos (véanse los apartados 14 a 19).

93

Las instituciones situadas en la misma ubicación crearon grupos de trabajo interinstitucionales donde debaten cuestiones inmobiliarias estratégicas. Esta cooperación les permitió compartir inmuebles, tomar el control de los mismos o subarrendarlos, lo que supuso la puesta en marcha de varios procedimientos de contratación pública interinstitucionales para el suministro de bienes y servicios relacionados con el funcionamiento de los parques inmobiliarios (véanse los apartados 20 a 22).

Recomendación 1 - Las instituciones⁶⁹ deberían actualizar y formalizar sus estrategias inmobiliarias y actualizar periódicamente los documentos de planificación

Las instituciones tendrían que definir sus principios clave de toma de decisiones en estrategias inmobiliarias, que deberían ser aprobadas por la dirección y reflejar los cambios más recientes en el mandato, las políticas y los objetivos de las instituciones.

Las instituciones deberían complementar sus estrategias inmobiliarias con una planificación a medio plazo, que:

• se actualice periódicamente en función de la evolución de las necesidades y del espacio de oficinas disponible;
• incluya el análisis de distintas opciones de desarrollo («planificación de escenarios»).

Plazo de aplicación: Final de 2020.

94

Las instituciones comenzaron a introducir nuevas formas de trabajar (NWoW). Ya se han implantado algunos aspectos, como el teletrabajo y, en algunos casos, el espacio de trabajo colaborativo. Sin embargo, los resultados de las encuestas y evaluaciones de los proyectos ejecutados no estaban disponibles en el momento de la fiscalización (véanse los apartados 23 a 27).

Recomendación 2 – Las instituciones deberían evaluar los proyectos de Nuevas Formas de Trabajar

Las instituciones deberían: i) evaluar los resultados de la implantación de proyectos NWoW y ii) integrar sus resultados en reflexiones estratégicas sobre el desarrollo de sus estrategias inmobiliarias y políticas de recursos humanos.

Plazo de aplicación: i) final de 2019 y ii) final de 2020.

95

Los países anfitriones ofrecieron a las instituciones condiciones preferentes para la adquisición o alquiler de espacio de oficinas. También apoyan a las instituciones en sus principales proyectos de construcción (véanse los apartados 31 a 35).

96

En general, las decisiones sobre la obtención del espacio de oficinas estaban bien fundamentadas (véanse los apartados 36 y 37).

97

Para la financiación de sus grandes proyectos de construcción, las instituciones utilizaron complejos mecanismos y, en consecuencia, no tienen directamente el control de los aspectos financieros de los proyectos. El uso de créditos no utilizados de otras líneas presupuestarias para pagar anticipos es una práctica común en la financiación de proyectos de construcción, aunque afecta a la transparencia presupuestaria (véanse los apartados 38 a 42).

Recomendación 3 – Las instituciones deberían aumentar la transparencia presupuestaria de los mecanismos de financiación de los proyectos de construcción

En la financiación de proyectos de construcción, las instituciones deberían perseguir una mayor transparencia presupuestaria y una menor complejidad. Esto podría realizarse, por ejemplo, revelando correctamente los anticipos pagados para los proyectos inmobiliarios en las líneas presupuestarias adecuadas durante el procedimiento presupuestario.

Plazo de aplicación: para los proyectos que se inicien después del final de 2019.

98

Las instituciones tienen distintos modos de gestionar sus grandes proyectos de construcción. Algunas delegaron la construcción al Estado, mientras que otras decidieron gestionar los proyectos a nivel interno con alguna ayuda externa. La mayoría de los recientes proyectos de construcción analizados sufrieron retrasos, causados en su mayor parte por circunstancias imprevistas que dieron lugar a cambios en los proyectos. Otros elementos también contribuyeron a los retrasos, como por ejemplo, en el proyecto del edificio Europa del Consejo, las insuficiencias en la gestión operativa y administrativa del proyecto por parte de las autoridades nacionales. Al comienzo del proyecto del edificio KAD II, el Parlamento carecía de los recursos y conocimientos especializados a nivel interno necesarios para gestionar este tipo de proyectos. En ambos proyectos, los retrasos generaron costes adicionales (véanse los apartados 44 a 54).

Recomendación 4 – Las instituciones deberían establecer procedimientos de gestión adecuados para grandes proyectos de construcción y reforma

Las instituciones deberían establecer procedimientos de gestión adecuados para grandes proyectos de construcción y reforma sobre la base de una evaluación de riesgos, que garantizaría un seguimiento administrativo y operativo suficiente del proyecto y aseguraría que se minimizan los costes financieros relacionados con los retrasos.

Fecha prevista de aplicación: finales de 2019.

99

Las instituciones efectúan un seguimiento de cada aspecto del parque inmobiliario, como la gestión de las instalaciones, la asignación de espacio, el consumo de energía, los aspectos financieros, jurídicos y contables, por medio de distintos sistemas y herramientas informáticos, pero no realizan un seguimiento periódico de indicadores que evalúen la eficiencia de su parque inmobiliario a efectos de gestión. El Tribunal constató buenas prácticas de seguimiento y elaboración de informes en el BCE (véanse los apartados 56 a 62).

100

Aunque las instituciones que tienen sus edificios en Bruselas y Luxemburgo adoptaron un código de medición interinstitucional común, debido a las diferencias en las categorías pormenorizadas de superficies aprobadas por cada institución, es difícil recopilar datos para realizar una comparación entre instituciones. Las diferencias en los sistemas informáticos que utilizan las instituciones y las dos oficinas de la Comisión (OIB y OIL) para la gestión del espacio también afectan a la comparabilidad de los datos. Los informes anuales enviados a las autoridades presupuestarias sobre los edificios no permiten establecer comparaciones porque las instituciones utilizan distintas categorías de espacio (véanse los apartados 63 a 69).

101

Los indicadores de superficie calculados por el Tribunal muestran que el uso del espacio de oficinas es comparable entre las instituciones (véanse los apartados 72 a 79). El Tribunal constató que los alquileres que negociaron las instituciones, por lo general, eran inferiores al precio de mercado (véanse los apartados 80 a 82). El Tribunal también constató que el alquiler anual por persona varía significativamente en función del edificio (véanse los apartados 83 a 86). El coste total por metro cuadrado de los edificios emblemáticos de reciente construcción es superior al coste de un edificio de oficinas estándar (véanse los apartados 87 a 89).

Recomendación 5 – Las instituciones deberían mejorar la coherencia de los datos y el seguimiento del parque inmobiliario

Las instituciones deberían:

1. desarrollar indicadores de seguimiento de la eficiencia de su parque inmobiliario con fines de gestión interna y, para ello, aprovechar el potencial de sus herramientas informáticas;
2. adoptar una metodología común para el cálculo y presentación de los indicadores de superficie y coste, y compartir dichos datos con carácter periódico en los foros interinstitucionales;
3. acordar una metodología y una presentación comunes de los datos en los informes anuales para las autoridades presupuestarias con el fin de garantizar la comparabilidad de la información.

Plazo de aplicación: Final de 2020.

El presente informe ha sido aprobado por la Sala V, presidida por Lazaros S. LAZAROU, miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo en su reunión del día 5 de diciembre de 2018.

Acrónimos y abreviaturas

BCE: Banco Central Europeo

BEI: Banco Europeo de Inversiones

CPCBF: Comité de preparación de las cuestiones presupuestarias y financieras

EACEA: Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural

EPSO: Oficina Europea de Selección de Personal

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido

MAPF: Marco Político Plurianual

MUS: Mecanismo Único de Supervisión

OIB: Oficina de Infraestructuras y Logística de Bruselas (Comisión)

OIL: Oficina de Infraestructuras y Logística de Luxemburgo (Comisión)

OLAF: Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

SEAE: Servicio Europeo de Acción Exterior

SIGCO: Sistema de información geográfica de la Comisión

TCE: Tribunal de Cuentas Europeo

TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Glosario

Compra con sistema de pago aplazado: Permite a la Comisión comprar un edificio y pagarlo a lo largo de varios años (en general, veintisiete). Los derechos de propiedad son transferidos a la Comisión el día de la compra.

Derecho de registro: Impuesto sobre el registro de contratos elevados a escritura pública en el registro de la propiedad. Grava al propietario del derecho (es decir, el propietario total, el usufructuario o el enfiteuta).

DIN-277: Normas desarrolladas por el Instituto Alemán de Normalización. Estas normas definen reglas normalizadas para la medición de la superficie de los edificios y la clasificación del espacio.

Enfiteusis: El derecho de uso de un terreno o edificio a cambio de un alquiler y por un plazo determinado (con arreglo al Derecho belga, mínimo de 27 años y máximo de 99). El propietario no tiene prácticamente ninguna obligación de reparar o de mantener el edificio. Puede complementarse con una opción de compra, que, cuando se ejerce, confiere la plena propiedad.

Impuesto sobre bienes inmuebles: Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria que paga el propietario del derecho (el propietario total, el usufructuario, el enfiteuta).

Indexación del alquiler: Ajuste periódico del precio del alquiler tras el cambio de un indicador del precio (como la tasa de inflación o el índice de precios de la construcción).

Informe inmobiliario anual: (artículo 203, apartado 3, del Reglamento Financiero) Informe pormenorizado sobre su política inmobiliaria que las instituciones facilitan cada año a las autoridades presupuestarias.

NWoW - Nuevas formas de trabajarew Ways of Working: Nuevo enfoque que tiene como finalidad transformar el entorno de oficina con la introducción de espacios de trabajo colaborativo y una cultura de trabajo más flexible.

Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea: Anexo a los Tratados que concede ciertos privilegios a la UE, entre los que figura la exención fiscal.

Renovación: Obras de acondicionamiento realizadas en un edificio acabado para adecuarlo a las normas y necesidades de las instituciones.

Superficie bruta: Definida como superficie construida por la norma DIN-277 («Brutto-Grundfläche»), es el código de medición interinstitucional adoptado por las instituciones de la UE en 2009 y el código de medición de la Comisión (basados ambos en la norma DIN-277). Representa el límite exterior de los elementos de construcción que delimitan el edificio, incluidos revestimientos, medidos a nivel del suelo.

Superficie útil: Superficie total que puede utilizar realmente el ocupante del edificio y que excluye todos los elementos de construcción.

Usufructo: Derecho a utilizar un edificio. El usuario tiene más derechos que en un contrato de alquiler, pero más obligaciones en materia de reparaciones. La mayoría de los impuestos los paga el usuario, y no el propietario. Por lo general, el pago del usufructo es inferior al alquiler del mismo edificio.

Notas finales

¹ Parlamento, Consejo, Comisión, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y los Comités (Comité de las Regiones y comité Económico y Social Europeo).

² El BCE y el BEI no se han incluido en el presente análisis porque las cuentas anuales de estas instituciones no incluyen detalles sobre el gasto presupuestario en inmuebles.

³ Superficie neta total sobre el nivel del suelo; excluido el Banco Central Europeo (BCE).

⁴ Fuente: «Comparaison des coûts entre les Institutions dans le domaine immobilier», CPQBF, junio de 2005. El informe no incluye al BCE.

⁵ El «espacio de oficinas» incluye oficinas y espacios auxiliares, como pasillos, ascensores, servicios, restaurantes, etc.

⁶ Superficie neta total sobre el nivel del suelo.

⁷ En el sitio web de la Comisión puede encontrarse una lista completa y un mapa de los edificios ocupados por las instituciones de la UE: Directorio Oficial de la Unión Europea (http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeID=10).

⁸ Decisión de la Mesa de 24 de marzo de 2010: «Property needs and medium-term building policy of the European Parliament (Necesidades inmobiliarias y política inmobiliaria del Parlamento Europeo a medio plazo)».

⁹ Audiencia pública de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo: «La rentabilidad de la política inmobiliaria de la UE», de 18 de noviembre de 2013.

¹⁰ COM(2007) 501 final de 5 de septiembre de 2077. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la política de instalación de los servicios de la Comisión en Bruselas y Luxemburgo.

¹¹ Informe de gestión 2017, anexo 5 - Informe a la autoridad presupuestaria: «Updated Plan of Investment in Buildings 2017‑2022».

¹² Se aplican algunos principios, pero no se especifican en los documentos que describen la estrategia inmobiliaria de las instituciones.

¹³ Almacén de la Comisión situado en Chaussée de Vilvorde, 140‑142, Neder-Over-Heembeek (Bruselas) no figura en el mapa.

¹⁴ Sobre la base de la superficie útil total a nivel del suelo.

¹⁵ Las instituciones consideran los contratos enfitéuticos con opción de compra (enfiteusis) como una propiedad, aunque todavía no hayan ejercido la opción de compra en la mayoría de los casos.

¹⁶ Fuente: «Comparaison des coûts entre les Institutions dans le domaine immobilier», CPQBF, junio de 2005, y datos facilitados por el BCE.

¹⁷ El Grupo de trabajo interinstitucional sobre infraestructuras, logística y servicios internos en Bruselas y el «Groupe Interinstitutionnel de Coordination Immobilière à Luxembourg» en Luxemburgo.

¹⁸ Por ejemplo, el almacén interinstitucional que comparten la Comisión y el Consejo a las afueras de Bruselas.

¹⁹ Por ejemplo, después de que la Comisión dejara el edificio SDME en Bruselas, el Parlamento pudo negociar un mejor precio del edificio para cubrir sus necesidades residuales. El SEAE mantiene actualmente negociaciones sobre los edificios SCAN, que la Comisión también ha dejado. El Parlamento relevó al Tribunal de Justicia en el alquiler del edificio GEOS en Luxemburgo y traspasó el alquiler de su anterior edificio (President) al BEI. El Tribunal de Justicia ha subarrendado el excedente de espacio al BEI, al Tribunal de Cuentas y al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea, con carácter temporal.

²⁰ NWoW requiere el desarrollo de herramientas específicas en tres ámbitos principales: Recursos humanos/cultura de la organización (incluido el enfoque basado en la actividad, la política de teletrabajo y la evaluación del personal), Tecnologías de la información y la comunicación (infraestructura informática fiable y sin soporte de papel) y Espacio de trabajo (espacios silenciosos, espacios colaborativos, diseño de la oficina, etc.).

²¹ Oportunidad para alternar períodos regulares de teletrabajo y de trabajo en la oficina, cuando sea posible.

²² MO15, MERO y CSM1.

²³ Drosbach y Euroforum.

²⁴ Martens y KAD.

²⁵ Artículo 3 del Protocolo (n.º 7) sobre los Privilegios y las Inmunidades de la Unión Europea (TFUE).

²⁶ Exención fiscal mediante abono o reembolso.

²⁷ El Estado disfruta de un derecho de preferencia para la compra de los edificios.

²⁸ Sobre la base de estudios técnicos de 2013, que revelaron riesgos más elevados de lo que se había supuesto en relación con la presencia de amianto en el edificio.

²⁹ Sede de Grossmarkthalle, vestíbulo del antiguo mercado mayorista de Fráncfort, declarado monumento histórico y construido en 1928.

³⁰ KAD I, Martens y SQM.

³¹ MERO, MO15, PLB3, L15, ORBN, ARIA, LACC, JMO II y Drosbach, ala D.

³² ORBN, JMO II y Drosbach, ala D.

³³ Artículo 134, apartado 1, de las normas de desarrollo del Reglamento Financiero.

³⁴ Conforme al artículo 121 de las normas de desarrollo del Reglamento Financiero, los contratos inmobiliarios tienen por objeto la compra, la enfiteusis, el usufructo, el arrendamiento financiero, el arrendamiento-venta, con o sin opción de compra, de terrenos, edificios existentes u otros bienes inmuebles.

³⁵ La excepción en el caso del edificio ORBAN se justificó además por la urgencia de responder a necesidades de espacio de oficinas, Debidas a que no pudieron concluirse las negociaciones para el edificio seleccionado inicialmente.

³⁶ Con arreglo al artículo 179, apartado 3 del Reglamento Financiero aplicable hasta el final de 2012 y el artículo 203, apartado 5 del Reglamento Financiero aplicable desde 2013.

³⁷ Artículo 203, apartado 8, del Reglamento Financiero. Este reglamento no es aplicable al BCE.

³⁸ El acuerdo detallado se firmó en marzo de 2008; hasta el 31 de diciembre de 2010 se pagaron 235 millones de euros.

³⁹ Informe de auditoría interna «Acquisition du Résidence Palace», de 8 de junio de 2011.

⁴⁰ CJ4 (2001‑2008) Renovación del Palais y cuarta extensión de los edificios del Tribunal (Anneau, Galería, Torre A, Torre B); CJ8 (2006‑2013) Renovación y mejora de los edificios anexos (Erasmus = Anexo A, Thomas More = Anexo B y Anexo C); CJ9 (2013-en curso) Construcción de una quinta extensión - Tercera Torre.

⁴¹ El calendario completo del proyecto está disponible en el sitio web del Consejo (http://www.consilium.europa.eu/en/contact/address/council-buildings/europa-building/timeline-europa-building/).

⁴² El acuerdo preveía la posibilidad de celebrar un convenio amistoso sobre el precio final del proyecto con arreglo a documentación justificativa facilitada por el Estado y analizada y aprobada por el Consejo, Lo que permitió a este negociar el precio que a continuación se convirtió en el precio final y quedar libre de toda obligación pasada, presente y futura.

⁴³ La mayoría de estos cambios se debían a la nueva configuración del Consejo Europeo y a la creación del puesto de Presidente con prerrogativas especiales por lo que respecta a la representación de la Unión en terceros países, ambos a consecuencia del Tratado de Lisboa. También hubo retrasos significativos debidos al recurso al Tribunal de Primera Instancia interpuesto por uno de los competidores que no fueron seleccionados en el procedimiento de adjudicación, la detección de una contaminación significativa del suelo y un aumento de los requisitos de seguridad.

⁴⁴ En precios de 2005, incluidos solo los costes de construcción.

⁴⁵ En precios de 2012 solo para construcción, excluidos los honorarios de los arquitectos, el desarrollo del proyecto, y los costes de mejora del actual edificio KAD.

⁴⁶ La estimación se basa en el último calendario conocida de la Comisión sobre su abandono de los edificios alquilados y la mudanza del personal al JMO II.

⁴⁷ Sobre la base de la hipótesis de la Comisión de 2013, establecida en el momento de la firma del contrato marco con las autoridades luxemburguesas.

⁴⁸ Por ejemplo, el informe GPI 480 ofrece una imagen de las superficies de todos los edificios, por ubicación, desglosadas en espacio de oficinas/ espacio específico/ instalaciones.

⁴⁹ Las definiciones figuran en el código de medición aplicable a los edificios de la Comisión en Bruselas.

⁵⁰ Aunque el BCE no forma parte de dicho acuerdo, aplica las mismas normas.

⁵¹ Por ejemplo, el Consejo incluye pequeñas salas de reunión en la subcategoría menor del espacio de oficinas, mientras que otras instituciones de la UE (Comisión, Parlamento, Tribunal de Justicia) no.

⁵² Consejo, Tribunal de Justicia y Comisión (OIL).

⁵³ Informe inmobiliario anual con arreglo al artículo 203, apartado 3 del Reglamento Financiero (no aplicable al BCE).

⁵⁴ Los informes inmobiliarios anuales del Consejo, la Comisión y el Tribunal de Justicia son documentos públicos.

⁵⁵ Comunicado de prensa de la reunión 2975 del Consejo de la Unión europea (Asuntos económicos y financieros (Presupuesto)) en Bruselas el 18 de noviembre de 2009, p.15 (http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-09-333_en.htm).

⁵⁶ Información inmobiliaria consolidada facilitada por las instituciones europeas con el proyecto de presupuesto de 2011, 20 de mayo de 2010.

⁵⁷ Incluidos datos obtenidos del Tribunal de Cuentas Europeo, el SEAE, los Comités y el BEI.

⁵⁸ El complejo del Palais (Anneau, Torre A, Torre B, Gallery) y anexos (Erasmus, Thomas More, Anexo C).

⁵⁹ En el BCE, la diferencia entre el coeficiente basado en las estaciones de trabajo instaladas (12 m² por persona) y el coeficiente basado en las estaciones de trabajo ocupadas (16 m² por persona) se explica por el margen de espacio disponible del 18 % de las estaciones de trabajo instaladas al final de 2016.

⁶⁰ Plan de gestión anual de la OIB para 2017. La OIB no especifica si el objetivo incluye oficinas vacías y el margen de espacio disponible.

⁶¹ B-28, CSM1, L-15, J-54, MO-59.

⁶² Fuente: informe del mercado de oficinas elaborado por JLL para el cuarto trimestre de 2016.

⁶³ MERO, MO15, PLB3, L15 y ORBN.

⁶⁴ SQM.

⁶⁵ ARIA, LACC, Drosbach D.

⁶⁶ El Consejo no alquila ningún edificio de oficinas.

⁶⁷ Edificios con más del 20 % de espacio de oficinas.

⁶⁸ Incluido el coste del edificio y de las obras de renovación; excluido el precio del terreno.

⁶⁹ El Parlamento, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el BCE.

⁷⁰ El margen de espacio disponible corresponde a una superficie que se deja sin ocupar para lograr un determinado grado de flexibilidad. Se utiliza para mudanzas, reformas, pequeños aumentos imprevistos del personal, etc.

⁷¹ En julio de 2014, el Tribunal elaboró un análisis del potencial ahorro para el presupuesto de la UE si el Parlamento Europeo centralizara sus operaciones en Bruselas (www.eca.europa.eu).

⁷² El total para todos los edificios del parque de una institución o el total de todas las instituciones combinadas.

⁷³ Fuente: informe del mercado de oficinas de Luxemburgo elaborado por JLL para el cuarto trimestre de 2015.

⁷⁴ Fuente: informe del mercado de oficinas de Luxemburgo elaborado por JLL para el cuarto trimestre de 2015.

⁷⁵ El alquiler de la oficina estipulado en el contrato.

⁷⁶ Usufructo: derecho a utilizar un edificio. El usuario (usufructuario) tiene más derechos que con arreglo a un contrato de alquiler, pero también más obligaciones en lo que respecta a las reparaciones. La mayoría de los impuestos son responsabilidad del usuario, no del propietario. Por lo general, el pago del usufructo (regalía) es inferior al alquiler del mismo edificio.

⁷⁷ Enfiteusis: el derecho de uso de un terreno o edificio a cambio de un alquiler y por un plazo determinado (con arreglo al Derecho belga, mínimo de 27 años y máximo de 99). El propietario no tiene obligación alguna de llevar a cabo reparaciones o mantenimiento en el edificio. Se puede complementar con una opción de compra que, si se ejerce, otorga la propiedad completa.

⁷⁸ En la práctica, los contratos de alquiler establecen normalmente un precio más elevado por metro cuadrado de espacio de oficina que, por ejemplo, para archivos y otros espacios auxiliares. El precio de aparcamiento se fija normalmente por unidad.

⁷⁹ El Parlamento, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el BCE.

Evento	Fecha
Aprobación del plan de fiscalización / Inicio de la auditoría	6.6.2017
Envío oficial del proyecto de informe a las entidades auditadas	19.7.2018
Aprobación del informe definitivo tras el procedimiento contradictorio	5.12.2018
Respuestas oficiales recibidas en todas las lenguas	Parlamento: 23.11.2018 Consejo: 15.11.2018 Comisión: 30.11.2018 Tribunal de Justicia: 18.12.2018: 18.12.2018 Banco Central: 27.11.2018

Equipo auditor

En estos informes especiales del Tribunal se exponen los resultados de sus auditorías de las políticas y programas de la UE o de cuestiones de gestión relativas a ámbitos presupuestarios específicos. El Tribunal selecciona y concibe estas tareas de auditoría con el fin de que tengan el máximo impacto teniendo en cuenta los riesgos relativos al rendimiento o a la conformidad, el nivel de ingresos y de gastos correspondiente, las futuras modificaciones, y el interés político y público.

Esta auditoría de gestión fue realizada por la Sala V, especializada en financiación y administración de la UE, presidida por Lazaros S. Lazarou, Miembro del Tribunal. La auditoría fue dirigida por Jan Gregor, Miembro del Tribunal, con la asistencia de Werner Vlasselaer, jefe de Gabinete, y Bernard Moya, agregado de Gabinete; Bertrand Albugues, gerente principal; Jana Janečková, jefa de tarea; Luis Rosa, anterior jefe de tarea, Cristina Jianu, Wiktor Szymczak y Andreas Duerrwanger, auditores.

De izquierda a derecha: Werner Vlasselaer, Bernard Moya, Andreas Duerrwanger, Jana Janečková, Jan Gregor, Wiktor Szymczak.

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Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2018

PDF	ISBN 978-92-847-1590-9	ISSN 1977-5687	doi:10.2865/031801	QJ-AB-18-033-ES-N
HTML	ISBN 978-92-847-1622-7	ISSN 1977-5687	doi:10.2865/61661	QJ-AB-18-033-ES-Q

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