Informe especial
26 2021

Regularidad del gasto en la política de cohesión de la UE: la Comisión publica anualmente un nivel mínimo de error estimado que no es definitivo

Sobre el informe:La política de cohesión representa una de las mayores secciones del presupuesto de la UE. También se trata de un ámbito político con un elevado riesgo de gastos irregulares. Un nivel de error estimado pertinente y fiable en el gasto de cohesión es, por tanto, un elemento clave para que la Comisión divulgue y compruebe si es gasto en este ámbito político cumple las disposiciones legales. Nuestras constataciones nos llevan a la conclusión de que los indicadores clave de rendimiento correspondientes publicados en los informes anuales de actividad de las direcciones generales competentes y en el informe anual de gestión y rendimiento de la Comisión representan un nivel mínimo de error y no son definitivos. Esto se debe a la limitada cobertura de la Comisión tanto de los programas operativos como de las operaciones a través de sus auditorías de cumplimiento, a las limitaciones inherentes a sus exámenes documentales y a cuestiones relacionadas con su trabajo de auditoría.

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo con arreglo al artículo 287, apartado 4, segundo párrafo, del TFUE.

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PDF Informe especial: Regularidad del gasto en la política de cohesión de la UE

Resumen

I La «cohesión» representa uno de los capítulos más importantes del presupuesto de la UE. También se trata de un ámbito político con elevado riesgo de gastos irregulares. Un nivel estimado de error pertinente y fiable es un elemento clave para que la Comisión comunique y supervise si el gasto en este ámbito político cumple las disposiciones jurídicas. También constituye la base para adoptar las medidas correctivas necesarias.

II La información sobre regularidad en el ámbito de cohesión se basa en el trabajo de las autoridades de auditoría de los Estados miembros y en la posterior verificación y evaluación por la Comisión de su trabajo y sus resultados. El resultado de este trabajo de auditoría se presenta en los informes anuales de actividad de las direcciones generales pertinentes y en el informe anual de gestión y rendimiento de la Comisión como indicador clave de rendimiento para el nivel de error estimado en los gastos de los programas subyacentes.

III En nuestros informes anuales previos, hemos destacado que las insuficiencias detectadas en el trabajo de las autoridades de auditoría limitan la confianza que se pueda depositar en dicho trabajo. El principal objetivo de esta auditoría era, por tanto, evaluar si los procesos de auditoría de la Comisión compensan esta limitación y le permiten revelar una estimación pertinente y fiable del nivel de error en el gasto de cohesión en los informes anuales de actividad y en el informe anual de gestión y rendimiento.

IV Con este fin, examinamos los procesos y procedimientos de la Comisión para la aceptación de las cuentas y para su evaluación de la regularidad de los gastos subyacentes a las cuentas anuales, que sientan la base para la validación y confirmación de los porcentajes anuales de error residual notificados por las autoridades de auditoría. También examinamos la forma en que la Comisión prepara y presenta información sobre la regularidad en los informes anuales de actividad y en el informe anual de gestión y rendimiento.

V Aunque las direcciones generales presentan los indicadores clave de rendimiento como su mejor estimación del nivel de error, llegamos a la conclusión general de que no son definitivos y representan un nivel mínimo de error en la correspondiente dirección general y, por consiguiente, en el informe anual de gestión y rendimiento.

VI De conformidad con el marco reglamentario, la Comisión acepta las cuentas anuales de los Estados miembros sin valorar la regularidad del gasto conexo. Por consiguiente, se libera la retención de pago del 10 %, introducida con la intención de salvaguardar el presupuesto de la UE, aun cuando las autoridades de auditoría de los Estados miembros habían confirmado un error residual por encima del umbral de materialidad del 2 % y todavía no se habían completado los controles de regularidad de la Comisión.

VII La Comisión, en sus comprobaciones documentales, comprueba la coherencia de la información sobre la regularidad contenida en los paquetes de fiabilidad. Sin embargo, los controles documentales no se conciben para detectar gastos adicionales no subvencionables, lo que limita su valor añadido.

VIII Estos exámenes documentales contribuyen al enfoque basado en el riesgo de la Comisión para seleccionar a las autoridades de auditoría en sus auditorías de cumplimiento. Sin embargo, la Comisión no siempre ha seleccionado a las autoridades de auditoría con la puntuación más elevada de riesgo ni ha documentado suficientemente la justificación de la selección de estas autoridades de auditoría.

IX Las auditorías de cumplimiento o conformidad, en las que la Comisión analiza si las operaciones son subvencionables, constituyen el elemento más importante para su evaluación del trabajo de la autoridad de auditoría y de sus correspondientes resultados. Aunque la Comisión detectó una serie de errores no señalados en las auditorías de cumplimiento examinadas, a menudo revisó sus resultados finales en una fase de seguimiento con los Estados miembros. También observamos una elevada frecuencia de errores no detectados hallados por la Comisión en los casos que examinamos. Esta, unido a su muestra de operaciones que a menudo era limitada, indica la probabilidad de que existan otros tipos de errores en el resto de la muestra de la autoridad de auditoría no revisada por la Comisión, lo que significa que el porcentaje de error total residual es un porcentaje mínimo con respecto al programa.

X La Comisión informa de los resultados de su trabajo en los informes anuales de actividad como indicador clave de rendimiento. Aunque este indicador representa la mejor estimación del nivel de error de la Comisión, consideramos que los indicadores clave de rendimiento publicados por las direcciones generales representan un valor mínimo. Esto se debe a la limitada cobertura tanto de los programas operativos como de las operaciones en las auditorías de cumplimiento, a las limitaciones inherentes a los exámenes documentales de la Comisión y a otras cuestiones relacionadas con su trabajo de auditoría. Asimismo, consideramos que los indicadores clave de rendimiento publicados no son definitivos, sino provisionales.

XI Con el fin de mejorar la notificación de información sobre regularidad en el ámbito de cohesión para el nuevo período de programación, recomendamos que la Comisión:

  • proponga una revisión legislativa para garantizar que el marco jurídico protege adecuadamente la retención de pagos antes de su liberación;
  • mejore su trabajo de auditoría, su documentación de auditoría y su proceso de revisión;
  • refuerce los elementos principales de la información sobre regularidad proporcionada en los informes anuales de actividad.

También recomendamos que los servicios centrales reciban instrucciones sobre la elaboración del informe anual de gestión y rendimiento de su titular, el Colegio de Comisarios.


Introducción

La cohesión, un importante ámbito de gasto de la UE con dos ciclos de control

01 La política de cohesión, que se ocupa de la reducción de las diferencias de desarrollo entre los diversos Estados miembros y regiones de la UE, constituye una parte importante del presupuesto de la UE. Se ejecuta mediante programas operativos plurianuales (PO) que los Estados miembros suelen presentar al inicio de cada período de programación. La ilustración 1 presenta, con respecto a los últimos cinco años, los importes significativos en el gasto de cohesión durante el período de programación 2014‑2020.

Ilustración 1 – Cuota destinada al gasto de cohesión en el presupuesto de la UE

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

02 En el período de programación 2021‑2027, la rúbrica 2 del marco financiero plurianual (MFP), que abarca dos subrúbricas distintivas «MFP 2.a — Cohesión económica, social y territorial europea» y «MFP 2b — Resiliencia y valores», representa el 35 % del presupuesto de la UE y ha pasado a ser el mayor ámbito político. El presupuesto correspondiente a la subrúbrica del MFP 2a, el equivalente a «cohesión» en el MFP 2014‑2020, asciende a 372 600 millones de euros para el período 2021‑2027.

03 En nuestro informe de auditoría anual consideramos que el gasto en cohesión es de alto riesgo, ya que las normas son complejas y depende en gran parte del reembolso de costes declarados por los propios beneficiarios[1]. En repetidas ocasiones constatamos un nivel significativo de error en materia de cohesión durante nuestro trabajo de auditoría para la declaración de fiabilidad anual. Junto con el elevado importe de gasto que implica, resultan muy necesarios un control sólido y un sistema de fiabilidad que permitan garantizar la regularidad del gasto en cohesión. También se debería efectuar una estimación pertinente y fiable del nivel real de error en este ámbito.

04 El marco de control y fiabilidad utilizado para proporcionar esta información de regularidad relativa a la cohesión se revisó para el período de programación 2014‑2020. Introducía la aceptación anual por la Comisión del gasto en cohesión presentado por los Estados miembros, que complementa las disposiciones de cierre al final del período de programación. También introdujo un indicador anual del riesgo residual, conocido como porcentaje de error total residual (PETR). El PETR presenta una estimación de los gastos irregulares restantes en las cuentas anuales de los programas operativos después de tener en cuenta el efecto de todos los procedimientos de control, recuperaciones y correcciones efectuadas por las autoridades de los Estados miembros.

05 El marco de control y fiabilidad se articula en torno a dos ciclos de control: un ciclo nacional en el Estado miembro y un ciclo posterior en la Comisión. Esto refleja el hecho de que la Comisión y las autoridades de los Estados miembros gestionan conjuntamente la aplicación de la política de cohesión y su financiación; lo que se denomina «gestión compartida».

Ciclo de control nacional

06 El primer elemento del marco de control y fiabilidad es el ciclo de control nacional, descrito en la ilustración 2.

Ilustración 2 – Ciclo anual de control de los Estados miembros

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

07 La primera línea de defensa en el ciclo de control nacional para proteger el presupuesto de la UE son las autoridades de certificación y las autoridades de gestión de los Estados miembros. Mientras que las autoridades de certificación se ocupan de las solicitudes de pago de los Estados miembros y de la elaboración de sus cuentas, a las autoridades de gestión les corresponde seleccionar las operaciones financiadas en el marco de los programas y verificar la gestión, a fin de garantizar que los beneficiarios solo reciban reembolsos por el gasto regular. El número de errores detectados a través del trabajo de auditoría de la Comisión y nuestro propio trabajo demuestran que los controles aplicados no mitigan suficientemente el alto riesgo de error inherente a este ámbito. En nuestro informe anual, informamos de que esto afecta en particular a las autoridades de gestión cuyas verificaciones son ineficaces para prevenir o detectar irregularidades en los gastos declarados por los beneficiarios[2].

08 Las autoridades de auditoría de los Estados miembros constituyen la segunda línea de defensa. Realizan auditorías anuales de las cuentas de los programas y de muestras representativas de operaciones cuyos gastos se declararon a la Comisión. También se ocupan de evaluar el buen funcionamiento de los sistemas de gestión y control. En sus informes anuales de control, las autoridades de auditoría informan a la Comisión del nivel de error detectado en los gastos declarados (porcentaje de error total, PET). Si hallan que el PET supera el 2 %, las autoridades de auditoría recomiendan las correcciones necesarias para reducir el porcentaje de error total residual (PETR) por debajo del 2 %. Las autoridades de auditoría informan a la Comisión sobre la aplicación de estas correcciones.

09 El informe anual de control forma parte del paquete anual de fiabilidad, que puede abarcar uno o varios PO. Este paquete es un conjunto de documentos que cada Estado miembro presenta anualmente a la Comisión en relación con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), con las cuentas anuales, el resumen anual, la declaración de gestión y la opinión de la autoridad de auditoría junto con el informe anual de control. Las autoridades de auditoría emiten una opinión sobre la integridad, exactitud y veracidad de las cuentas, la legalidad y regularidad del gasto en las cuentas, y el funcionamiento eficaz del sistema de gestión y control. Los paquetes de fiabilidad deben enviarse a la Comisión a más tardar el 15 de febrero de cada año para el ejercicio contable inmediatamente anterior.

Ciclo de control de la Comisión

10 La Comisión es responsable en última instancia de la protección de los intereses financieros de la UE. Una vez concluido el ciclo de control nacional, la Comisión pone en marcha cada año su ciclo anual de control de las cuentas anuales y lleva a cabo una evaluación de los paquetes de fiabilidad recibidos en el año. La ilustración 3 muestra las principales etapas, que finalizan con la presentación de los porcentajes de error total residual en los informes anuales de actividad (IAA) de la Comisión.

Ilustración 3 – Ciclo anual de control de la Comisión

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

Aceptación de las cuentas

11 La Comisión lleva a cabo controles administrativos de la exhaustividad y la exactitud de las cuentas. Si, tras el examen, acepta las cuentas del Estado miembro, la Comisión podrá pagar el saldo anual de gasto debido al Estado miembro, el que se incluye el 10 % retenido en los pagos intermedios, una medida introducida para proteger el presupuesto de la UE[3].

Evaluación de la legalidad y la regularidad

12 Según su estrategia de auditoría, la Comisión tiene por objeto obtener garantías razonables de que el PETR para cada PO sea inferior al 2 %. Para ello, mediante una revisión documental, evalúa en primer lugar la información sobre regularidad contenida en los informes de control anuales de las autoridades de auditoría. También utiliza la información obtenida durante los controles documentales, y del trabajo de auditoría previo, junto con su evaluación de los informes de auditoría de sistemas de las autoridades de auditoría, para su evaluación de riesgos a fin de seleccionar las autoridades de auditoría y los programas operativos respecto de los cuales llevarán a cabo una auditoría de cumplimiento sobre el terreno.

13 Las auditorías de cumplimiento se centran principalmente en la repetición de auditorías de operaciones efectuadas por las autoridades de auditoría. Son el elemento que más contribuye a las garantías de la Comisión a este respecto. En ellas se evalúan la fiabilidad del trabajo de las autoridades de auditoría para su opinión de auditoría y el PETR. En caso necesario, la Comisión ajusta el PETR y solicita correcciones financieras adicionales, es decir, medidas para proteger el presupuesto de la UE de los gastos irregulares, bien retirándolos bien recuperándolos.

14 La Comisión calcula una media ponderada de los porcentajes de error total residual ajustados como su indicador clave de rendimiento (ICR 5). El ICR 5 es el principal indicador de regularidad notificado en los informes anuales de actividad. Por último, en su informe anual de gestión y rendimiento, la Comisión consolida los indicadores clave de rendimiento de las Direcciones Generales de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión y de Política Regional y Urbana para facilitar su estimación del nivel de error en el gasto de cohesión (conocido como «riesgo en el momento del pago»).

Nuestro trabajo anterior demuestra que no podemos partir siempre de los porcentajes de error comunicados por las autoridades de auditoría

15 En los cuatro años que hemos dedicado a examinar el gasto del período 2014‑2020, hemos hallado errores adicionales en operaciones ya auditadas por las autoridades de auditoría, por lo que no pudimos coincidir con las conclusiones de las autoridades de auditoría de que los PETR eran inferiores al 2 % en la mitad de los paquetes de fiabilidad auditados, lo que representa también la mitad de los gastos auditados. Sobre la base de esta observación, llegamos a la conclusión de que no siempre podemos basarnos en los porcentajes de error notificados por dichas autoridades. La ilustración 4 muestra nuestros resultados a lo largo de los años[4].

Ilustración 4 — Paquetes de fiabilidad en los que nuestros resultados de auditoría situaron los porcentajes residuales por encima del 2 %

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

16 Por lo tanto, los porcentajes de error de los informes anuales de actividad de la DG Política Regional y Urbana y la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, agregados en el informe anual de gestión y rendimiento, solo pueden ser fiables si el ciclo de control de la Comisión puede compensar estas limitaciones en el trabajo de las autoridades de auditoría. Este es el objeto del presente informe. Los resultados de nuestra fiscalización podrían ser una aportación importante para la Comisión en la planificación de su trabajo de auditoría para el período de programación 2021‑2027.

Alcance y enfoque de la fiscalización

17 Nuestra fiscalización abarcó el marco de control y fiabilidad 2014‑2020 por el que la Comisión comunica un riesgo residual de error anual para cada ejercicio contable. Preguntamos si la Comisión:

  • lleva a cabo un trabajo de auditoría suficiente y adecuado para obtener un riesgo residual de error anual fiable y pertinente para cada paquete de garantía (PETR);
  • revela un riesgo residual de error anual fiable en los informes anuales de actividad de cada dirección general (ICR 5);
  • presenta en el informe anual de gestión y rendimiento un nivel de error anual fiable (riesgo en el momento del pago) para el ámbito de cohesión.

18 Evaluamos los procesos y procedimientos pertinentes para la aceptación de las cuentas, la evaluación de la regularidad de los gastos subyacentes a las cuentas anuales de los paquetes de fiabilidad y la forma en que la Comisión prepara y presenta la información sobre la regularidad en los informes anuales de actividad y el informe anual de gestión y rendimiento.

19 Para ello, analizamos el trabajo realizado por la Comisión para calcular un porcentaje de error total residual (PETR) de las dos principales direcciones generales del ámbito de cohesión –DG Política Regional y Urbana y DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión– y a un nivel agregado en el informe anual de gestión y rendimiento:

  • con respecto a diez paquetes de fiabilidad –cinco de cada dirección general–, analizamos los exámenes documentales realizados para los ejercicios contables 2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018;
  • seleccionamos diez auditorías de cumplimiento completas —también en este caso, cinco de cada dirección general– efectuadas por la Comisión para los ejercicios contables 2016/2017 y 2017/2018;
  • en cada auditoría de cumplimiento seleccionada tomamos una operación auditada por la Comisión y revisamos el expediente de auditoría exhaustivamente;
  • revisamos las correcciones financieras resultantes de 26 auditorías de cumplimiento llevadas a cabo en 2018.

20 Excluimos del alcance de la auditoría el trabajo hecho por la Comisión para el ejercicio contable 2018/2019, ya que el ciclo de control correspondiente a dicho período no había concluido en el momento de nuestra auditoría. Así, pues, nos centramos en el trabajo de la Comisión para los ejercicios contables 2016/2017 y 2017/2018.

Observaciones

Las nuevas disposiciones jurídicas abordan algunas limitaciones en la aceptación de cuentas, pero persisten algunos riesgos en el momento de liberar la retención del pago

21 Nuestro examen de una muestra de diez paquetes de fiabilidad confirmó que la Comisión, de conformidad con las disposiciones legales, lleva a cabo un trabajo específico sobre las cuentas de los Estados miembros. Las acepta cuando la autoridad de auditoría ha emitido una opinión de auditoría sin reservas sobre su integridad, exactitud y veracidad, a menos que la Comisión tenga pruebas específicas de que dicha opinión de auditoría no sea fiable. El nivel de error no constituye un factor determinante para la aceptación. En consecuencia, la Comisión libera la retención del 10 % del pago inicialmente retenido, aunque tenga pruebas de que el gasto en las cuentas presenta un nivel de error sustancial; es decir, un porcentaje de error total residual superior al 2 %. Por lo tanto, las disposiciones legales que rigen el procedimiento de aceptación no pueden alcanzar el objetivo general de proteger el presupuesto de la UE hasta que no se haya completado la evaluación de la regularidad. En el recuadro 1 se muestra esta limitación.

Recuadro 1

Aceptación de las cuentas con un nivel de error material

La autoridad nacional de auditoría emitió una opinión de auditoría sin reservas sobre el paquete de fiabilidad para el período 2017‑2018, y confirmó un porcentaje de error total residual del 8,54 %. La Comisión pidió a la autoridad de auditoría que modificase la opinión de auditoría de las cuentas a «sin reservas», alegando que el elevado porcentaje de error residual no afectaba a las cuentas, sino únicamente a la legalidad y regularidad del gasto y a los sistemas de gestión y control. En consecuencia, la autoridad de auditoría modificó su opinión con reservas. Suprimió su reserva sobre las cuentas, pero mantuvo una reserva sobre la legalidad y regularidad del gasto y el funcionamiento del sistema de gestión y control. De conformidad con el Reglamento, esto significa que se aceptaron las cuentas y se liberó la retención del 10 % antes de que se hubieran aplicado las correcciones necesarias para situar el porcentaje de error total residual por debajo del 2 %.

22 El nuevo marco jurídico para el período de programación 2021‑2027 aborda parcialmente las limitaciones de la aceptación de las cuentas. La retención se reducirá al 5 % y la Comisión no podrá aceptar las cuentas si el porcentaje de error total residual comunicado por las autoridades de auditoría supera el 2 %. Sin embargo, la Comisión todavía evaluará la fiabilidad del porcentaje de error total residual comunicado y la regularidad del gasto en cuestión tras la aceptación de las cuentas. En nuestro Dictamen 6/2018, planteamos la misma cuestión subrayando que la aceptación de las cuentas por la Comisión no tiene en cuenta ninguna corrección financiera posterior por su parte, ni la necesidad de modificar los porcentajes de error, ya que los gastos correspondientes están sujetos a controles adicionales de la Comisión tras la aceptación de las cuentas[5].

Las limitaciones inherentes a los exámenes documentales de la Comisión reducen su contribución a la confirmación del porcentaje de error total residual

Los controles documentales de la Comisión no se conciben para detectar gastos adicionales no subvencionables.

23 En los controles documentales para evaluar la regularidad, la Comisión analiza la información facilitada en cada paquete de fiabilidad utilizando listas de control normalizadas. A diferencia del procedimiento de aceptación de cuentas, estos controles documentales tienen por objeto cubrir la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes, así como confirmar la fiabilidad de los PETR notificados por las autoridades de auditoría.

24 A tal fin, la Comisión no solo evalúa los paquetes de fiabilidad recibidos, sino que también tiene en cuenta otra información de auditoría. Se trata de información que, por lo general, no solo se refiere al trabajo de la autoridad de auditoría, sino que también abarca otros elementos de los sistemas de gestión y control, en función de anteriores auditorías de sistemas y otras temáticas realizadas de manera preventiva por la Comisión.

25 El control documental de la información sobre la regularidad abarca la información facilitada en el informe anual de control, la opinión de auditoría y los demás documentos del paquete de fiabilidad. Para complementar estos exámenes documentales, la Comisión también puede llevar a cabo misiones de investigación de las autoridades de auditoría, antes o después de haber aceptado el paquete de fiabilidad. Sin embargo, hasta la revisión de 2020, ni en la metodología de la Comisión para el examen documental ni en las misiones de investigación se preveía la evaluación o verificación de la regularidad de operaciones o partidas de gasto individuales. Nuestro examen de diez paquetes de fiabilidad mostró que la Comisión evaluó cada paquete de fiabilidad de manera estructurada, pero el impacto de estas evaluaciones en la regularidad del gasto fue limitado, como se expone en los apartados siguientes.

26 Observamos que, sobre la base de sus exámenes documentales, la Comisión había modificado los PETR comunicados previamente por las autoridades de auditoría. Analizamos una muestra de diez de tales casos correspondientes al ejercicio contable 2017/2018, en los que se había efectuado una modificación sustancial. Constatamos que, en todos los casos, la modificación se basaba en un error cometido en los cálculos de la autoridad de auditoría o en constataciones de otros encargos de auditoría, como las primeras auditorías de sistemas preventivas de la Comisión, sus auditorías de cumplimiento previas o en nuestro propio trabajo. Para encontrar errores adicionales a los ya detectados por la autoridad de auditoría en sus auditorías de operaciones, la Comisión tendría que realizar un trabajo adicional en las operaciones, lo que muestra la limitación inherente de sus controles documentales.

27 Además, la Comisión evalúa cada informe nacional de auditoría de sistemas y tiene en cuenta la información para la conclusión tras el examen documental de la legalidad y regularidad del gasto certificado en el paquete de fiabilidad. Sin embargo, la documentación de la Comisión sobre el trabajo de revisión de los informes nacionales de auditoría de sistemas no facilitaba suficiente nivel de detalle. Las listas de control de la Comisión contienen tres preguntas a las que los auditores a menudo respondieron con un sí o no, sin comentarios que razonaran su respuesta. La falta de información más detallada no nos permitió comprender qué trabajo se había realizado ni confirmar el nivel de suficiencia.

Tanto en las auditorías de cumplimiento de la Comisión como en las nuestras propias se hallaron errores materiales que no podrían haberse detectado en los controles documentales

28 Nuestro análisis puso de manifiesto que, como resultado de las auditorías de cumplimiento llevadas a cabo por la Comisión entre 2018 y 2020 para los ejercicios 2016/2017 y 2017/2018, la Comisión había ajustado un número significativo de porcentajes de error residual total (PETR). En aproximadamente dos quintas partes (42 %) de los casos, la Comisión detectó errores que contribuyeron a aumentar el PETR por encima del 2 %, como se señala en la ilustración 5. En casi una quinta parte (17 %) de estos casos, el porcentaje de error total residual superaba el 5 %. Los errores adicionales que dieron lugar a un PETR ajustado no se habían detectado en los exámenes documentales anteriores.

Ilustración 5 — Número de programas operativos en relación con los cuales la Comisión modificó el porcentaje de error total residual (PETR) tras una auditoría de cumplimiento

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

29 Además, nuestro trabajo de auditoría en el contexto de la declaración de fiabilidad en 2017[6], 2018[7] y 2019[8] puso de manifiesto que, en 23 de los 47 paquetes de fiabilidad (49 %), la autoridad de auditoría notificó un PETR que presentaba una subestimación significativa. En los 23 casos, debería haberse notificado un porcentaje de error total residual (PETR) por encima del umbral de materialidad del 2 %.

30 Si bien la Comisión lleva a cabo una evaluación estructurada de la información aportada por los paquetes de fiabilidad, en particular de los informes de control anuales, de nuestro análisis se desprende que las revisiones documentales continuaban sin detectar ni corregir gastos irregulares. Los controles documentales de la Comisión no están concebidos para detectar gastos adicionales no subvencionables, lo que limita su valor añadido desde el punto de vista de la confirmación de la regularidad de las operaciones subyacentes y de la validez del porcentaje de error total residual (PETR) notificado por las autoridades de auditoría.

La Comisión no siempre siguió su enfoque basado en el riesgo para seleccionar las autoridades de auditoría que presentan mayor riesgo para las auditorías de cumplimiento

31 La Comisión, en su estrategia de auditoría, aplica un enfoque basado en el riesgo. Para ello, evalúa anualmente los riesgos a fin de seleccionar las autoridades de auditoría que presentan mayor riesgo y que serán objeto de sus auditorías de cumplimiento. Ambas direcciones generales aplican el mismo criterio y enfoque para su evaluación de riesgos anual, en la que también se tiene en cuenta la información procedente de la revisión documental de los paquetes de fiabilidad. Como resultado de la evaluación de riesgos, las autoridades de auditoría se califican en función del riesgo y reciben una puntuación específica al respecto.

32 Además, la Comisión evalúa los factores de riesgo específicos de cada programa operativo. Tras haber evaluado el nivel de riesgo asociado a los programas operativos bajo la responsabilidad de las autoridades de auditoría previamente calificadas en función del riesgo, la Comisión selecciona a las autoridades de auditoría y los programas operativos para sus auditorías de cumplimiento.

33 En su examen de las evaluaciones de riesgos llevadas a cabo por ambas direcciones generales en los ejercicios 2018 y 2019, constatamos que la Comisión no siempre siguió su procedimiento. Por ejemplo, atribuyó un valor de 20 puntos a un riesgo concreto, mientras que el procedimiento solo preveía cinco puntos. En algunos casos no asignaba un valor de 0 (para «sí») y de 10 (para «no») sino 5 puntos, lo que reflejaba que sus procedimientos no preveían esta opción. Las incoherencias incidieron en la puntuación global de riesgo de las distintas autoridades de auditoría y, por tanto, en el modo en que la Comisión las clasificó al elaborar el plan de auditoría. También indican insuficiencias en este proceso.

34 Para evaluar la solidez de la evaluación de riesgos de la Comisión, analizamos si los resultados presentados en los informes finales de auditoría de conformidad de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 corroboraban su evaluación inicial de riesgos, es decir, si las autoridades de auditoría se evaluaron correctamente como de alto o de bajo riesgo. Consideramos que una autoridad de auditoría es de alto riesgo cuando su puntuación de riesgo es superior a la puntuación media de la Comisión y, por lo tanto, es de bajo riesgo cuando es inferior. Constatamos que, en 11 de las 13 autoridades de auditoría de bajo riesgo, la Comisión había revisado el porcentaje de error total residual. En dos casos, esta revisión redujo el PETR de menos del 2 % a más del 2 %. En los nueve casos restantes, esta revisión no alteró la conclusión de que el PETR notificado era inferior al 2 %. Esto muestra que dos de las autoridades de auditoría no eran realmente de bajo riesgo. En el caso de las autoridades de alto riesgo, revisó los porcentajes de error con mayor frecuencia hasta situarse por encima del 2 % (en 20 de los 39 casos).

35 Conforme a nuestro propio trabajo en el contexto de la declaración de fiabilidad, consideramos que los PETR superarían el 2 % en tres de las ocho autoridades de auditoría de bajo riesgo cubiertas por nuestras pruebas de confirmación. En términos de impacto, la ilustración 6 muestra que el ajuste medio de los PETR comunicados por las autoridades de auditoría de bajo riesgo es superior al ajuste necesario para las autoridades de auditoría de alto riesgo. Esto significa que la evaluación de la Comisión de lo que constituye una autoridad de bajo riesgo depende de la información disponible en un momento dado y que tiene limitaciones inherentes.

Ilustración 6 — Impacto medio de nuestro trabajo en los porcentajes de error residual notificados por las autoridades de auditoría de alto y bajo riesgo.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

36 También revisamos el plan de auditoría de la Comisión para 2019 para comprobar si se habían seleccionado las autoridades de auditoría clasificadas como las de mayor riesgo. Constatamos que 8 de las 12 autoridades de auditoría seleccionadas por la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión tenían una puntuación de riesgo inferior a la media general del 32 %. Sin embargo, la Comisión no documentó la justificación de esta desviación del resultado de su evaluación de riesgos, por lo que no pudimos confirmar si la Comisión siempre siguió su enfoque basado en el riesgo seleccionando a las autoridades de auditoría que presentaban el mayor riesgo para las auditorías de cumplimiento. El cuadro 1 muestra la puntuación del riesgo y las autoridades de auditoría seleccionadas por cada DG.

Cuadro 1— Resumen de la puntuación del riesgo de las autoridades de auditoría seleccionadas

2019 — evaluación de riesgos DG Política Regional y Urbana DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión
Número de autoridades de auditoría evaluadas 83 101
Puntuación media de riesgo de las autoridades de auditoría evaluadas 38 % 30 %
2019 — plan de auditoría    
Auditorías de cumplimiento realizadas 14 12
Autoridades de auditoría seleccionadas para las auditorías de cumplimiento 11 12
Puntuación media de riesgo de las autoridades de auditoría seleccionadas 53 % 26 %
Autoridades de auditoría seleccionadas con una puntuación de riesgo superior a la media 10 4

Fuente:Tribunal de Cuentas Europeo.

Aunque la Comisión detecta gastos irregulares en sus auditorías de cumplimiento, a menudo revisa sus resultados finales en la fase de seguimiento con los Estados miembros

Las auditorías de cumplimiento detectaron gastos irregulares, pero en nuestra muestra, dos errores siguieron sin detectarse

37 Con sus auditorías de cumplimiento, la Comisión busca garantías razonables de que el trabajo de las autoridades de auditoría es fiable. Con este fin, la Comisión suele revisar en cada auditoría entre ocho y diez operaciones previamente examinadas por la autoridad de auditoría.

38 Analizamos una muestra de 10 auditorías de cumplimiento de la Comisión con un total de 73 operaciones. En su informe final de auditoría de cumplimiento, la Comisión notificó constataciones con incidencia financiera en 28 de esas 73 operaciones, lo que significa que se detectaron gastos no subvencionables que pueden afectar al porcentaje de error total residual. En nuestra muestra de diez operaciones seleccionadas de manera aleatoria, encontramos errores adicionales en dos operaciones y que la Comisión no había detectado.

39 En un caso, constatamos que los gastos generales se reembolsaban según un tipo fijo (opción de costes simplificados). Si bien el Reglamento prevé que las opciones de costes simplificados requieren una aprobación y concesión previas, en este caso el tipo fijo solo se aprobó mientras se ejecutaba la operación. Además, ni la autoridad de auditoría ni los auditores de la Comisión habían observado que los costes no habían sido declarados conforme a la metodología definida en el acuerdo de subvención. En este sentido, observamos que la Comisión, en sus documentos de trabajo, se remitía a la norma jurídica equivocada. Concluimos que los costes declarados no se ajustaban a la base jurídica y que, en consecuencia, no eran subvencionables. Este error se traduce en que el porcentaje de error total residual comunicado por la Comisión en su informe final de auditoría de cumplimiento era inferior al real.

40 En el segundo caso, una operación guardaba relación con la adquisición de dos embarcaciones dedicadas a la organización de cruceros fluviales de varios días. De acuerdo con las autoridades de los Estados miembros y la Comisión, las actividades estaban clasificadas como otras actividades de entretenimiento y recreo; y la ayuda no estaba sujeta a la obligación de notificar la ayuda estatal. Dado que el beneficiario indicó en la solicitud que las embarcaciones debían ser explotadas parcialmente por entidades del mismo grupo al que pertenecía el beneficiario, es probable que las ayudas se destinaran a las actividades en el sector de los cruceros. La Comisión clasificó explícitamente este sector como perteneciente al transporte, el cual no está exento de la obligación de notificar las ayudas estatales. Puesto que ni la estructura del grupo ni los acuerdos de funcionamiento fueron analizados por los Estados miembros o los auditores de la Comisión, concluimos que los elementos de subvencionabilidad necesarios para la aprobación de la operación podrían no haberse cumplido y los gastos no deberían haberse declarado subvencionables.

41 Sumado a las cuestiones ya identificadas, observamos en una de las diez auditorías de cumplimiento revisadas que la DG Política Regional y Urbana y la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión llegaban a conclusiones diferentes sobre los PETR finales (véase el recuadro 2). En este caso, la autoridad de auditoría había comunicado un porcentaje de error común que comprendía los fondos de ambas direcciones generales. También identificamos un problema similar con una de las revisiones documentales de nuestra muestra. Cabe señalar, en este contexto, la creación en julio de 2021 de la Dirección Conjunta de Auditoría para la Cohesión (DAC), que abarca todas las actividades de auditoría de los gastos de cohesión. La misión de la DAC es proporcionar garantías y encomendar funciones auditoras a ambos Directores Generales y cubrir todas las funciones de auditoría bajo su responsabilidad. La fusión de las direcciones de auditoría de la DG Política Regional y Urbana y la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión ayudaría a asegurar la coherencia en el trabajo de auditoría y las evaluaciones de la Comisión.

Recuadro 2

Auditoría de cumplimiento - Muestra común de cuatro programas operativos con fondos FEDER y FSE

Una autoridad de auditoría emitió una opinión sobre la legalidad y la regularidad basándose en una muestra común de operaciones que contenía programas operativos con fondos FEDER y FSE para el ejercicio contable 2016/2017. Tomando una muestra común que comprendía ambos fondos, la autoridad de auditoría generó un porcentaje de error común para representarlos.

Tras la auditoría de la muestra de operaciones comunes, la autoridad de auditoría notificó un porcentaje de error total residual común del 0,0 %. Ambas direcciones, DG Política Regional y Urbana y DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, decidieron practicar una auditoría de cumplimiento.

Tras la auditoría realizada por la DG Política Regional y Urbana de ocho operaciones de los programas operativos del FEDER, se ajustó el PETR común al 6,9 %. Pese a que la DG Política Regional y Urbana utilizó el porcentaje de error común, la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión notificó un porcentaje de error únicamente para los programas operativos del FSE que asciende al 0,3 %. Puesto que el porcentaje de error total residual de los programas operativos del FEDER solo representaría el 21,3 %, ello supondría una infraestimación significativa por parte de la Comisión.

En este caso, el tamaño de la muestra habría permitido a cada dirección general pronunciarse sobre sus fondos. Sin embargo, deberían haberse coordinado y seguido el mismo método, bien considerando ambas el porcentaje de error total residual para sus fondos, bien considerando, también ambas, el porcentaje común, a fin de evitar una infraestimación del riesgo en la Comisión.

42 Revisamos la documentación del trabajo que la Comisión había llevado a cabo para las 73 operaciones incluidas en sus auditorías de cumplimiento. Las normas de auditoría internacionales requieren contar con una documentación adecuada, en particular cuando otros auditores prevén basarse en el trabajo y las conclusiones de auditoría.

43 Cada dirección general ha elaborado listas de comprobación específicas para revisar las operaciones seleccionadas. Constatamos que más de un tercio (37 %) de las listas de comprobación estaban incompletas, ya que una o más de las preguntas de auditoría no se habían contestado. La respuesta, cuando se facilitaba, solía limitarse a «sí» o «no», sin que se aportase información adicional con la que un evaluador independiente pudiera valorar la idoneidad del trabajo subyacente que condujo a dicha respuesta. La documentación relativa al gasto que la Comisión verificó también presentaba deficiencias, ya que, en lo que se refiere a casi una quinta parte (18 %) de los expedientes de auditoría examinados, la información sobre el número y el valor de las partidas de gasto objeto de verificación no estaba disponible. En la ilustración 7 se resumen las deficiencias detectadas en la documentación de auditoría de la Comisión.

Ilustración 7 — Deficiencias en la documentación de auditoría de la Comisión

Fuente:Tribunal de Cuentas Europeo.

Con frecuencia, la Comisión revisa sus resultados finales de auditoría con los Estados miembros durante la fase de seguimiento

44 Una vez finalizado su trabajo, la Comisión publica un proyecto de informe de auditoría que incluye los resultados de sus auditorías de cumplimiento. Conforme a las disposiciones del Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC)[9] y las normas internacionales de auditoría, los Estados miembros tienen la oportunidad de comentar la evaluación inicial de la Comisión e impugnarla. Tras el análisis de la Comisión de las respuestas del Estado miembro, la Comisión, de conformidad con sus normas internas, emite un informe final de auditoría que debe contener sus conclusiones finales y, en su caso, indicar las correcciones necesarias. La Comisión dispone de tres meses después de su auditoría sobre el terreno para presentar su proyecto de informe, y de otros tres meses para emitir el informe final una vez que haya recibido una respuesta completa de las autoridades nacionales.

45 Tras la publicación del informe final de auditoría, la Comisión inicia la fase de seguimiento en la que verifica si las autoridades de los Estados miembros aceptaron y aplicaron las correcciones resultantes de sus constataciones o si la Comisión debería iniciar un procedimiento de corrección financiera[10]. En general, la Comisión insta a las autoridades de los Estados miembros a aplicar las correcciones y mantiene discusiones complementarias si fuera necesario.

46 En dos de los diez informes de auditoría de cumplimiento que examinamos, los Estados miembros aceptaron los resultados de la auditoría y aplicaron las correcciones. Por lo que respecta a los ocho informes de auditoría de cumplimiento restantes, observamos que la Comisión y los Estados miembros continuaban intercambiando información y puntos de vista. En tres de ellos, la Comisión revisó la evaluación hecha en el informe final: en un caso, desestimó una de sus conclusiones; en los otros dos, reevaluó las repercusiones financieras de los errores (véase el recuadro 3 a continuación). Los cinco casos restantes estaban todavía abiertos en el momento de nuestra auditoría; en uno de ellos habían transcurrido 24 meses desde la emisión del informe final de auditoría, y la Comisión no había adoptado todavía una decisión firme. Por consiguiente, las conclusiones presentadas en los informes finales de auditoría examinados no eran, en la práctica, definitivas y estaban sujetas a nuevos cambios. En este contexto, observamos que la Comisión no confirma formalmente un porcentaje de error final.

Recuadro 3

Los porcentajes de error final no son definitivos

La DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión efectuó una auditoría de cumplimiento de un programa operativo, en el que revisó ocho operaciones previamente examinadas por la autoridad de auditoría. En el informe final, la Comisión concluía que seis operaciones contenían errores adicionales; uno de ellos era un error del 100 %, ya que la operación no cumplía los criterios de subvencionabilidad del programa operativo. En este caso, recalculó el porcentaje de error total residual, que pasó del 1,8 % al 5,5 %. La misma dirección general también informó al Estado miembro en cuestión sobre las correcciones que debía aplicar para reducir el PETR a niveles inferiores al 2 %.

Sin embargo, el Estado miembro no aceptó la evaluación de la Comisión. En una carta de seguimiento posterior, la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión admitió el argumento del Estado miembro de que el error no era «aleatorio», es decir, no se repetía en el resto de la población, sino que era «sistémico», es decir, solo se repetía en circunstancias específicas, lo que dio lugar a un porcentaje de error total residual del 2,0 %.

En nuestra opinión, la reclasificación de un error aleatorio en error sistémico no estaba justificada, ya que no se ajustaba a la definición de las directrices de la Comisión[11]. Las autoridades del Estado miembro confirmaron a la Comisión que este error no tuvo impacto alguno en ninguna operación no auditada en la población. En consecuencia, el porcentaje de error total residual no era definitivo en el informe final de auditoría y siguió subestimado.

La Comisión todavía no ha aplicado correcciones financieras netas

47 Nuestro examen de las 26 auditorías de cumplimiento llevadas a cabo en 2018 (el año más completo disponible al inicio de la auditoría) puso de manifiesto que la aplicación de correcciones es un proceso largo, que puede durar varios años, lo que refleja el derecho de los Estados miembros a impugnar la petición de correcciones financieras por la Comisión[12]. De estas auditorías de cumplimiento, 19 requirieron una corrección financiera según el informe final de auditoría de la Comisión. En nueve casos, a 31 de diciembre de 2020, las autoridades del Estado miembro habían aplicado íntegramente las correcciones. Así pudieron sustituir este gasto irregular por otros gastos en los ejercicios contables subsiguientes. En los diez casos restantes, a dicha fecha, las discusiones con los Estados miembros, incluso sobre el trabajo adicional que debía llevarse a cabo por las autoridades de auditoría, continuaban abiertas. Dos de las diez auditorías de cumplimiento representan más del 50 % de las correcciones que deben efectuarse.

48 Al final de 2020, las autoridades de los Estados miembros solo habían corregido un tercio del importe que debía corregirse. La baja tasa de ejecución refleja la larga duración del procedimiento.

49 El marco jurídico para el período 2014‑2020 establece que la Comisión debe aplicar correcciones financieras netas en caso de deficiencias graves no detectadas por el Estado miembro[13] con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 145, apartado 7, del Reglamento de disposiciones comunes. Las correcciones financieras netas suponen una reducción definitiva de los fondos a los Estados miembros afectados. En noviembre de 2021, la Comisión todavía no ha aplicado una corrección financiera neta.

50 Para establecer un indicador de regularidad en una determinada política, cada dirección general (Política Regional y Urbana y Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión) calcula en primer lugar un porcentaje de error residual total medio ponderado para los PO que gestiona, y lo publica como un indicador clave de resultados en los informes anuales de actividad correspondientes. Tales cálculos tienen en cuenta los resultados tanto de las revisiones documentales como de las auditorías de cumplimiento.

51 Si bien las direcciones generales presentan los indicadores clave de resultados como su mejor estimación de los porcentajes de error residual total, nosotros constatamos aspectos metodológicos que indican que el indicador clave de resultados publicado por las direcciones generales representa tan solo un nivel estimado de error mínimo. Asimismo, observamos que los indicadores publicados no son definitivos, ya que los porcentajes de error total residual subyacentes en los PO todavía pueden revisarse debido a que hay un trabajo de auditoría en curso o se realizará en el futuro. Presentamos estas cuestiones metodológicas en los apartados siguientes.

Por lo general, las limitaciones de la metodología aplicada por la Comisión solo permiten establecer un porcentaje de error mínimo en los programas operativos

52 Las auditorías de cumplimiento de la Comisión se basan en una muestra de programas operativos ya auditados por la autoridad de auditoría. Conforme a su metodología propia, la Comisión suele revisar de ocho a diez operaciones en cada auditoría de cumplimiento que realiza. Por lo general, la Comisión selecciona estas operaciones con criterio, teniendo en cuenta una serie de factores de riesgo, como la posible presencia de ayuda estatal, el recurso a la contratación pública y el tipo de beneficiario. Al seleccionar las operaciones, también tiene en cuenta el tamaño de la operación y los diferentes ejes prioritarios.

53 Evaluamos la selección de su muestra por la Comisión y constatamos que la documentación era insuficiente para vincular riesgos específicos a las operaciones seleccionadas. Asimismo, observamos que el número de operaciones seleccionadas puede no siempre permitirle cubrir todos los tipos de operaciones de la muestra de las autoridades de auditoría y los riesgos conexos, lo que refleja la diversidad de las prioridades de los programas operativos y de las operaciones que reciben financiación en materia de cohesión. Este es especialmente el caso cuando un informe anual de control abarca varios programas operativos.

54 En las diez auditorías de cumplimiento examinadas, analizamos la frecuencia de los errores (la proporción de operaciones con errores no detectados por las autoridades de auditoría) y el aumento del porcentaje de error total residual en puntos porcentuales (véase el cuadro 2).

Cuadro 2 – Descripción general de los errores adicionales identificados en las diez auditorías de cumplimiento revisadas

N.º de auditoría Tamaño de la muestra AA1 Tamaño de la muestra COM1 Cobertura (n.º de operaciones2 N.º de operaciones con errores2 Frecuencia de errores adicionales Aumento en el PETR (%)
Global
Total para las 10 auditorías de cumplimiento revisadas 487 73 15 % 28 38 % 1,94 %
DG Política Regional y Urbana
auditoría 1 99 8 8 % 3 38 % 0,36 %
auditoría 2 34 8 24 % 1 13 % 6,82 %
auditoría 3 6 4 67 % 1 25 % 0,86 %
auditoría 4 146 8 5 %  6 75 % 2,25 %
auditoría 5 30 8 27 % 3 38 % 4,20 %
DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión
auditoría 6 40 8 20 % 4 50 % 0,29 %
auditoría 7 30 8 27 % 1 13 % 0,05 %
auditoría 8 30 5 17 % 1 20 % 0,00 %
auditoría 9 30 8 27 % 4 50 % 2,22 %
auditoría 10 42 8 19 % 4 50 % 2,38 %

1 AA significa autoridad de auditoría; COM significa Comisión.

2 Las cifras se refieren a la muestra de la Comisión.

Fuente:Tribunal de Cuentas Europeo.

55 En general, el número de operaciones de la muestra de la Comisión se ajustaba a su metodología, lo que le permite cubrir parcialmente las operaciones auditadas por la autoridad de auditoría. En las diez auditorías de cumplimiento que examinamos, las direcciones generales cubrieron el 15 % de las operaciones auditadas por las autoridades de auditoría, lo que representa el 24 % del gasto abarcado por la muestra de las autoridades de auditoría. Detectaron errores adicionales no hallados previamente por las autoridades de auditoría, en el 38 % de las operaciones que auditaron, en las que a menudo detectaron varios tipos diferentes de errores. En cuanto a los errores detectados, la Comisión evaluó si se habían producido errores del mismo tipo en otras operaciones auditadas por las autoridades de auditoría. En cinco de las diez auditorías de cumplimiento examinadas, algunos errores eran recurrentes y la Comisión determinó el impacto de estos errores. En nueve de las diez auditorías de cumplimiento, consideró que otros errores no eran recurrentes. En estos casos, la Comisión no amplía su muestra para reducir el riesgo de otros tipos de errores no detectados anteriormente.

56 En nuestra opinión, la elevada frecuencia de errores no detectados por la Comisión en su muestra de operaciones, a menudo limitada, señala la probabilidad de que haya otros tipos de errores en el resto de la muestra de la autoridad de auditoría no revisada por la Comisión. Esto significa que, en tales casos, el PETR es un porcentaje mínimo en el PO.

57 En el recuadro 4 se expone cómo el enfoque aplicado por la Comisión únicamente permite a esta determinar un porcentaje de error mínimo.

Recuadro 4

Auditorías de cumplimiento: los errores adicionales continuaron sin detectarse ni corregirse

La DG Política Regional y Urbana practicó una auditoría de cumplimiento que abarcaba diversos programas operativos correspondientes al ejercicio contable 2016‑2017. Durante la auditoría, volvió a auditar 8 de las 99 operaciones auditadas por la autoridad de auditoría. En tres de las ocho operaciones, encontró errores adicionales no detectados por la autoridad de auditoría. Estos errores adicionales repercutían en el porcentaje de error total residual, que pasó del 1,18 % al 1,54 % tras el ajuste. Aunque la muestra de la Comisión contenía tres errores adicionales, consideró que tenía garantías razonables de que no quedaban errores sin detectar en las 91 operaciones que no revisó. La DG Política Regional y Urbana confió en el trabajo de auditoría de la autoridad de auditoría con respecto a dichas operaciones.

Durante la auditoría en el marco de la declaración de fiabilidad de 2018, auditamos 9 de las 91 operaciones no auditadas por la Comisión e identificamos errores cuantificables en 6 de ellas. Los errores cuantificables identificados en estas seis operaciones eran de diferentes tipos. Aunque la Comisión tenía conocimiento los errores del tipo ayudas estatales que detectamos, no había advertido los demás tipos de errores en su muestra. Como resultado de nuestro trabajo, estimamos que el porcentaje de error total residual era al menos del 7,10 %, frente al 1,54 % resultante de la auditoría de cumplimiento de la Comisión. Dada la elevada frecuencia de errores con impacto financiero, es probable que sigan existiendo errores adicionales en las operaciones no auditadas ni por la Comisión ni por nosotros.

La metodología de la Comisión solo le permite estimar un porcentaje mínimo de error en las direcciones generales

58 Constatamos que los controles documentales no están concebidos para detectar gastos no subvencionables adicionales, lo que limita el valor añadido al confirmar la validez de los porcentajes de error notificados. Además estos controles no sustituyen a las auditorías de cumplimiento (véase el apartado 30). A pesar de ello, las direcciones generales confían en los exámenes documentales como parte de su metodología para establecer un porcentaje de error tanto en el Fondo como en las direcciones generales (ICR 5). Sin embargo, no calculan el impacto de los errores detectados en las auditorías de cumplimiento en los PO no auditados (controles documentales) para estimar el porcentaje de error agregado (ICR 5).

59 En nuestra opinión, no está justificado suponer que los PO no auditados estén exentos de errores adicionales. Aunque la Comisión detecta un número significativo de errores no comunicados en la muestra de operaciones/programas operativos auditados por las autoridades de auditoría, las insuficiencias metodológicas en su enfoque implican que los porcentajes de error que notifica en la DG como ICR solo pueden ser un porcentaje mínimo de error. Por lo tanto, es probable que el nivel real de error sea más elevado.

60 Además de este indicador clave, desde 2018 ambas direcciones generales han comunicado también un porcentaje de error máximo estimado, diseñado para tomar en consideración el posible efecto del trabajo de auditoría en curso en la información de regularidad presentada en los informes anuales de actividad. Para establecer este porcentaje máximo, ambas direcciones generales utilizaron tipos fijos para los programas operativos en los que todavía estaba pendiente el resultado del trabajo de auditoría llevado a cabo.

61 Desde 2019, ambos informes anuales de actividad también explican que los porcentajes máximos tienen en cuenta errores potenciales ajenos a la muestra de operaciones de los programas operativos auditados por la Comisión o por el Tribunal de Cuentas Europeo. En nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2019, consideramos que este porcentaje era más adecuado, ya que tiene en cuenta el impacto potencial del trabajo de auditoría en curso[14]. Si bien la DG Política Regional y Urbana aplicó el enfoque descrito en el informe anual de actividades, la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión no tuvo plenamente en cuenta otros posibles errores más allá de los detectados. El enfoque de la Comisión, tal como lo aplica la DG Política Regional y Urbana, está concebido para responder a nuestra constatación[15] de que el trabajo de auditoría continúa después de que los porcentajes hayan sido comunicados en los informes anuales de actividad. Sin embargo, no aborda otros aspectos relacionados con la metodología; por ejemplo, la ineficacia de las revisiones documentales para identificar el gasto no subvencionable, la cobertura limitada de los programas operativos en las auditorías de cumplimiento de la Comisión y el riesgo de que queden errores sin detectar en su análisis de operaciones.

Los porcentajes de error anuales en los fondos o en las direcciones generales no son definitivos

62 En nuestro informe anual de 2018, destacamos que la mayoría de las disposiciones relativas al cierre de los programas de 2014‑2020 posponen la evaluación final de la subvencionabilidad de los costes declarados para algunas operaciones hasta una fase posterior, normalmente el cierre[16]. Este es el caso de diversas operaciones de muchos programas operativos; en particular, las inversiones realizadas por instrumentos financieros, la liquidación de los anticipos de ayudas estatales, la evaluación final de los proyectos generadores de ingresos y el tratamiento de las operaciones que no funcionan. Si bien la Comisión excluyó los anticipos de los instrumentos financieros de los indicadores clave de rendimiento que notifica en sus informes anuales de actividad, el retraso en la evaluación de los demás problemas de subvencionabilidad puede afectar a los porcentajes de error notificados con respecto a los años en cuestión. Esto refuerza además nuestra conclusión de que los porcentajes presentados en los informes anuales de actividad no reflejan necesariamente la evaluación final de las direcciones generales. Si posteriormente se detecta un error en este tipo de operaciones, los porcentajes de error de los programas operativos afectados deberán reevaluarse e incrementarse.

Las reservas quedan afectadas por la ausencia de información completa

63 En los informes anuales de actividad de las direcciones generales, los directores generales presentan una declaración de fiabilidad de que los procedimientos de control establecidos ofrecen las garantías necesarias con respecto a la legalidad y a la regularidad de las operaciones subyacentes. Los directores generales pueden añadir una reserva relativa a ámbitos definidos de ingresos y gastos cuando consideren que la declaración general no es aplicable. En el ámbito de cohesión, los directores generales formulan reservas sobre los programas operativos y no de los fondos.

64 Según las instrucciones de la Comisión, los programas operativos deben incluirse en la reserva correspondiente al período de programación 2014‑2020 si se cumple como mínimo uno de los criterios siguientes[17]:

  • un porcentaje de error total superior al 10 %;
  • deficiencias en los elementos clave de los sistemas, que podrían dar lugar a irregularidades superiores al 10 %, y para las cuales no se han aplicado todavía medidas correctoras que subsanen las deficiencias;
  • un porcentaje de error total residual superior al 2 %;
  • problemas significativos relacionados con la integridad, exactitud y veracidad de las cuentas.

Al decidir si formula o no una reserva, la Comisión también toma en consideración las deficiencias cualitativas cuya repercusión sea significativa en su prestigio.

65 La Comisión aplica estos criterios al gasto declarado en los paquetes de fiabilidad disponibles más recientes. Aunque están sujetos al trabajo de la Comisión para la aceptación de las cuentas en el año en que se publican los informes anuales de actividad, la Comisión completa su evaluación de la regularidad y confirma los porcentajes de error total residual por programa operativo en los informes anuales de actividades de los años siguientes.

66 Hemos examinado los porcentajes confirmados de los ejercicios 2016/2017 y 2017/2018 en los informes anuales de actividad de los ejercicios siguientes (2018 y 2019, respectivamente). En cada uno de los programas operativos de ambas direcciones generales, analizamos la información de los posteriores trabajos de cumplimiento y otros trabajos de auditoría tras la formulación de reservas. Los resultados se presentan en la ilustración 8 y muestran las limitaciones inherentes del sistema.

Ilustración 8 — Resumen de los programas operativos objeto de reserva con porcentajes de error elevados o por encima del umbral de materialidad

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

67 En general, nuestro análisis demuestra que los directores generales declararon que tenían garantías razonables sobre la regularidad del gasto en los informes anuales de actividad sobre la base de los porcentajes preliminares de los programas operativos. Sin embargo, el posterior trabajo de auditoría reveló que los valores ajustados del porcentaje de error total (PET) superaban el 10 % o el PETR superaba el 2 % en un número significativo de casos. Ello pone de relieve las limitaciones inherentes del enfoque de la Comisión, consistente en formular reservas sobre el gasto del año natural. En el recuadro 5 se ofrece un ejemplo que ilustra esta limitación inherente.

Recuadro 5

DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión – Las reservas se formulan sin disponer de información completa

Tras haber revisado un paquete de fiabilidad correspondiente al ejercicio contable 2017/2018, que comprendía el gasto del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018, la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión consideró que el porcentaje de error total residual para un programa operativo regional ascendía al 2 %. Puesto que dicho porcentaje no superaba el umbral pertinente, la dirección general no formuló ninguna reserva y aportó garantías sobre el gasto de 2018 correspondiente a este programa operativo en el informe anual de actividades de 2018.

La auditoría de cumplimiento llevada a cabo tras la publicación del informe anual de actividades de 2018 dio lugar a un PETR ajustado del 4,38 %, lo que, de haberse completado el ciclo de control, habría justificado la necesidad de una reserva.

La información sobre la regularidad en materia de cohesión en el informe anual de gestión y rendimiento hereda las deficiencias de los informes anuales de actividad

Con el apoyo de los servicios centrales, el Colegio de Comisarios adopta el informe anual de gestión y rendimiento y es responsable de su contenido.

68 En los siguientes apartados, nos centramos en la presentación de las cifras de regularidad en la sección 2 del informe anual de gestión y rendimiento, incluida la cohesión. El informe anual de gestión y rendimiento es la principal contribución de la Comisión al procedimiento de aprobación de la gestión anual, y consta de dos partes:

  • Sección 1 – Rendimiento y resultados – que ofrece una descripción general de alto nivel de los resultados logrados[18];
  • Sección 2 — Control interno y gestión financiera — presentación de la gestión por la Comisión del presupuesto de la UE, incluido un resumen de la información procedente de los informes anuales de actividad, una estimación del nivel de error en el gasto de la UE y el riesgo estimado de la Comisión en el momento del pago para el gasto anual pertinente de la UE, globalmente y para los distintos ámbitos políticos, incluida la cohesión[19].

69 La información sobre el control interno y la gestión financiera presentada en el informe anual de gestión y rendimiento se basa en los informes anuales de actividad de las diversas Direcciones Generales de la Comisión. La responsabilidad con respecto a la información divulgada en los informes anuales de gestión y rendimiento es acorde con la división de responsabilidades prevista en las disposiciones sobre gobernanza de la Comisión. Recae en los directores generales la responsabilidad en cuanto a la fiabilidad de la información que proporcionan en los informes anules de actividad respectivos, mientras que el Colegio de Comisarios adopta el informe anual de gestión y rendimiento y, por tanto, tiene la responsabilidad y la titularidad en última instancia de la elaboración del informe y de la información en él contenida.

70 El proceso que finaliza en el informe anual de gestión y rendimiento, que refleja la división de responsabilidades expuesta y muestra la aportación de los directores generales (en los informes anuales de actividad), los servicios centrales: y el Servicio de Auditoría Interna, se muestra en la ilustración 9.

Ilustración 9 — Proceso de redacción de la sección 2 del informe anual de gestión y rendimiento

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

El informe anual de gestión y rendimiento hereda las limitaciones de la información de regularidad incluida en los informes anuales de actividad de la DG Política Regional y Urbana y la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión

71 Los servicios centrales de la Comisión, la DG Presupuestos y la Secretaría General son responsables de la preparación del informe anual de gestión y rendimiento, a partir de los informes anuales de actividad de las distintas direcciones generales. A tal fin, revisan el contenido de los informes anuales de actividad, proporcionan comentarios y organizan reuniones de revisión inter pares con las direcciones generales, pero el mandato para introducir cambios sigue correspondiendo al director general, con arreglo a su condición de que conservan la responsabilidad de gestión diaria de sus direcciones generales.

72 Los servicios centrales informan al consejo de administración de cualquier cuestión importante que encuentren durante la revisión inter pares. En los ejercicios revisados, no indicaron que quedasen cuestiones pendientes con los indicadores clave de resultados presentados en los informes anuales de actividad de la DG Política Regional y Urbana y la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. En efecto, esto implica que los servicios centrales aceptaron los porcentajes comunicados en estos informes anuales de actividad, junto con el enfoque subyacente.

73 Por lo tanto, el riesgo en el momento del pago en cohesión comunicado en los informes anuales de gestión que examinamos está sujeto a las mismas limitaciones que las cifras subyacentes presentadas en los informes anuales de actividad de las direcciones generales. Por las razones expuestas anteriormente, solo se trata de un tipo mínimo (véanse los apartados 58 a 62) que no es definitivo y probablemente esté subestimado.

74 En este contexto, observamos que los servicios centrales imparten instrucciones u orientaciones para los informes anuales de actividad, como requisitos estándar de calidad y comparabilidad en toda la Comisión, pero que el responsable del informe anual de gestión y rendimiento no les proporciona instrucciones detalladas sobre el contenido y el alcance de dicho informe anual y la correspondiente revisión de los informes anuales de actividad de otras direcciones generales. La emisión de dichas instrucciones podría ayudar al Colegio de Comisarios a garantizar que proporciona información pertinente y fiable en el informe anual de gestión y rendimiento[20].

Conclusiones y recomendaciones

75 En esta auditoría, examinamos el trabajo de la Comisión sobre los paquetes anuales de fiabilidad de los Estados miembros, que proporciona la base para la validación y confirmación de los porcentajes anuales de error residual notificados por las autoridades de auditoría. Junto con los informes anuales de actividad y el informe anual de gestión y rendimiento de la Comisión, analizamos la fiabilidad de la información sobre regularidad facilitada por la Comisión. Con nuestras recomendaciones, nuestro objetivo es mejorar el funcionamiento del sistema de gestión y control actual, sin añadirle nuevas capas.

76 En general, constatamos que la Comisión lleva a cabo una importante labor relacionada con la aceptación de las cuentas anuales de los Estados miembros y la verificación de la fiabilidad de la información sobre la regularidad facilitada en los informes de las autoridades de dichos Estados. Sin embargo, nuestras observaciones nos llevan a la conclusión de que la Comisión solo proporciona una estimación mínima del nivel de error que no es definitivo, con respecto a los programas operativos y a las direcciones generales y, por consiguiente, en su informe anual de gestión y rendimiento.

77 Observamos que, para el período 2014‑2020, la Comisión, de conformidad con el marco reglamentario, aceptó las cuentas anuales sin tener en cuenta la regularidad de los gastos correspondientes (apartado 21). Aunque el legislador introdujo la retención del 10 % de los pagos, con la intención de salvaguardar el presupuesto de la UE, la Comisión tuvo que liberarla incluso cuando las autoridades de auditoría de los Estados miembros habían confirmado un error residual por encima del umbral de materialidad del 2 % y aún tenían que completarse los controles de regularidad de la Comisión. Las normas que regulan estas disposiciones han cambiado para el período de programación 2021‑2027 (apartado 22). Aunque la Comisión ya no puede aceptar cuentas con un porcentaje de error total residual confirmado superior al umbral de materialidad del 2 %, seguirá liberando la retención reducida del 5 % antes de que haya completado sus controles de regularidad.

Recomendación 1 – La Comisión debería proponer una revisión legislativa para garantizar que la retención del pago esté protegida del modo adecuado antes de liberarla

Con el fin de salvaguardar el presupuesto de la UE, recomendamos que la Comisión proponga una revisión del marco jurídico 2021‑2027 para abordar el riesgo restante cuando se libere la retención del 5 %. La Comisión solo debería poder liberarlo cuando haya finalizado el trabajo de regularidad de un programa operativo para un período contable específico o, a más tardar, en el momento del cierre del programa.

Plazo: Próxima revisión, a más tardar, la revisión intermedia del marco jurídico para el período de programación 2021‑2027.

78 Las revisiones documentales realizadas por la Comisión de todos los paquetes anuales de fiabilidad presentados por los Estados miembros no están concebidas para detectar gastos adicionales no subvencionables (apartados 23 a 25). Los ajustes de los porcentajes de error, tras los controles documentales, suelen basarse en problemas detectados en años anteriores (apartado 26). Nuestro análisis ha puesto de manifiesto que los controles documentales no detectaron ni corrigieron los gastos irregulares (apartados 28 a 30). Por lo tanto, solo tienen un valor limitado para confirmar la regularidad de las operaciones subyacentes y la validez de los porcentajes de error total residual notificados por las autoridades de auditoría.

79 Aunque la Comisión, en su estrategia de auditoría, prevé un enfoque basado en el riesgo para seleccionar las autoridades de auditoría en sus auditorías de cumplimiento, constatamos que la calificación de riesgo de estas autoridades no siempre se veía representada en la selección (apartados 33 y 35). Además, constatamos que la selección final de las autoridades de auditoría, en particular de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, no se ajustaba plenamente a los resultados de su evaluación de riesgos y la Comisión no documentó la justificación de esta desviación (apartado 36).

80 Nuestra evaluación del trabajo de auditoría de la Comisión reveló varias insuficiencias. Detectamos deficiencias en la documentación de auditoría, lo que nos dificultó evaluar la idoneidad del trabajo realizado (apartados 42 y 43). En dos de las diez operaciones examinadas, hallamos errores adicionales que afectaban a la regularidad de los gastos en cuestión y que la Comisión no había detectado. Esto también repercute en los correspondientes porcentajes de error notificados (apartados 38 a 40).

81 Constatamos que la Comisión emite sus informes de auditoría de cumplimiento dentro de los plazos establecidos por la legislación (apartado 44). Sin embargo, en la mayoría de los casos que examinamos, la Comisión siguió intercambiando información y puntos de vista con los Estados miembros en una fase de seguimiento posterior al envío del informe final, en la que verifica si las autoridades de los Estados miembros aceptaron y aplicaron las correcciones necesarias. Esto significa que los resultados y los porcentajes de error presentados en los informes finales no siempre eran definitivos (apartados 45 y 46). En este contexto, observamos que la Comisión no confirma formalmente un porcentaje de error final a las autoridades de los Estados miembros.

82 Nuestro examen de una muestra de correcciones reveló que se aplican tras un largo proceso, que puede durar varios años, lo que refleja el derecho de impugnación que ostentan los Estados miembros contra la Comisión (apartados 47 y 48). En noviembre de 2021, la Comisión todavía no ha aplicado una corrección financiera neta (apartado 49).

83 Algunos criterios de subvencionabilidad solo pueden comprobarse en el momento del cierre del programa. Esto afecta a la evaluación anual de la Comisión y significa que los porcentajes de error anuales de los programas operativos en cuestión pueden no ser definitivos y tener que reevaluarse e incrementarse. El posible gasto irregular en estos programas operativos sigue sin detectarse ni corregirse hasta el cierre en un sistema de gestión y control del gasto de cohesión, que tenía por objeto prever la aceptación anual de las cuentas. La recomendación formulada por el Tribunal al respecto en su Informe Anual relativo al ejercicio 2018[21] sigue siendo válida (apartado 62).

Recomendación 2 – La Comisión debería mejorar su trabajo y documentación de auditoría y el proceso de revisión

Recomendamos que la Comisión adopte las medidas necesarias para asegurar que:

  1. su plan de auditoría de cumplimiento refleja su evaluación de riesgos; cuando se tengan en cuenta otros factores y den lugar a cambios, la Comisión debe documentar y explicar claramente las razones de dicho cambio;
  2. su trabajo de auditoría esté suficientemente documentado;
  3. se refuerce su proceso de revisión de modo que permita detectar y corregir posibles insuficiencias en el trabajo propio;
  4. los Estados miembros reciban una confirmación formal separada del porcentaje de error total residual del programa operativo y con respecto a cada ejercicio contable.

Plazo: Ejercicio contable 2020/2021.

84 En sus auditorías de cumplimiento, la Comisión, valiéndose de su criterio profesional, suele seleccionar y revisar entre ocho y diez operaciones seleccionadas a partir de la propia muestra de operaciones seleccionadas para la auditoría de la propia autoridad de auditoría (apartado 52). Esta revisión es un elemento importante para su evaluación del trabajo de la autoridad de auditoría y de los resultados correspondientes. Si bien la Comisión detectó una serie de errores no detectados en las auditorías de cumplimiento que examinamos, su cobertura limitada de las verificaciones de las autoridades de auditoría y sus propios resultados suponen que probablemente sigan sin detectarse ni corregirse más errores (apartados 53 a 55). Como consecuencia de ello, la metodología de la Comisión generalmente le permite solo establecer un porcentaje mínimo de error en el marco del programa operativo (apartados 56y 57).

85 Para establecer un indicador de regularidad a nivel político, cada dirección general (DG Política Regional y Urbana y DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión) calcula primero un porcentaje de error total residual medio ponderado para los programas operativos bajo su gestión y lo publica como indicador clave de rendimiento (ICR) en los respectivos informes anuales de actividad. Tales cálculos tienen en cuenta los resultados tanto de las revisiones documentales como de las auditorías de cumplimiento. Ambas direcciones generales también revelan un porcentaje máximo de error estimado, diseñado para tener en cuenta el impacto potencial del trabajo de auditoría en curso en la información sobre la regularidad presentada en los informes anuales de actividad. Aunque las direcciones generales presentan los indicadores clave de resultados como su mejor estimación del nivel de error, nuestro trabajo nos lleva a considerar que el ICR publicado por las direcciones generales representa solo un valor mínimo. Esto se debe a la limitada cobertura de los programas operativos y las operaciones por parte de la Comisión a través de sus auditorías de cumplimiento, a las limitaciones inherentes a sus controles documentales y a las cuestiones relacionadas con su trabajo de auditoría (apartados 58 y 59). Consideramos que los indicadores clave de rendimiento publicados no son definitivos, ya que los porcentajes de error total residual subyacentes en los programas operativos todavía pueden revisarse a raíz del trabajo de auditoría en curso o futuro (apartados 46 y 62).

86 Las reservas de las direcciones generales sobre programas individuales son otro elemento clave relacionado con la regularidad de los gastos de cohesión. La DG Política Regional y Urbana y la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión formulan reservas basadas en los gastos, que todavía no han sido sometidos a los controles de regularidad de la Comisión (apartado 65). Debido a las limitaciones de tiempo inherentes al proceso de control, la mayoría de los programas operativos en los que el trabajo de auditoría de la Comisión dio lugar a un nivel significativo de error no estaban cubiertos por una reserva en el informe anual de actividades anterior (apartados 66 y 67).

Recomendación 3 — La Comisión debería reforzar los principales elementos de la información sobre regularidad facilitada en los informes anuales de actividad

El nivel estimado de error y las reservas constituyen información clave de la regularidad, y la Comisión debería reforzarlos. Recomendamos que la Comisión:

  1. aborde los problemas metodológicos detectados en la presente auditoría, que han dado lugar a un indicador clave de rendimiento mínimo (tasa de error). Este enfoque debería permitir que el ICR tenga en cuenta, para el gasto no auditado, la elevada frecuencia de los errores con impacto financiero detectados en las auditorías de cumplimiento al estimar el porcentaje de error agregado.
  2. facilite la comprensión por los lectores de una cuestión técnica y compleja y explique de forma más clara y destacada en los informes anuales de actividad que las reservas se basan en tasas de error que no se confirman, junto con el riesgo asociado.

Plazo: Ejercicio contable 2020/2021.

87 El informe anual de gestión y rendimiento es un documento clave de rendición de cuentas que resume información sobre el control interno y la gestión financiera de la Comisión. Si bien la responsabilidad última en cuanto a la información contenida en dicho documento recae en el Colegio de Comisarios, los servicios centrales asisten a este en su elaboración. Aunque los servicios centrales desempeñan un papel principal en la elaboración del informe anual de gestión y rendimiento, observamos que no existen instrucciones detalladas sobre el alcance del contenido y la estructura del informe anual de gestión y rendimiento ni de las revisiones inter pares correspondientes (apartado 74).

88 La información sobre la regularidad notificada para Cohesión es una simple agregación de las cifras facilitadas en los informes anuales de actividad de la DG Política Regional y Urbana y la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, lo que significa que todos los problemas detectados en relación con estas cifras también se aplican al informe anual de gestión y rendimiento. Como consecuencia de ello, el porcentaje de error notificado solo puede ser un porcentaje mínimo en el que probablemente se subestime el nivel real de error en el ámbito de cohesión (apartado 73).

Recomendación 4 — Los servicios centrales deberían recibir instrucciones para la elaboración del informe anual de gestión y rendimiento de su responsable, el Colegio de Comisarios

El informe anual de gestión y rendimiento es un documento clave de rendición de cuentas de la Comisión que contribuye al procedimiento de aprobación de la gestión. A fin de asegurar que su titular, el Colegio de Comisarios, aporte información pertinente y fiable en los informes anuales de gestión y rendimiento, y para reflejar mejor las responsabilidades de los diversos actores implicados en su elaboración y aprobación, recomendamos que el titular de dichos informes facilite instrucciones a los servicios centrales, indicando su contenido y estructura y definiendo el alcance de la revisión por los servicios centrales de los informes anuales de actividad subyacentes.

Plazo: Para la aprobación de la gestión de 2021.

El presente informe ha sido aprobado por la Sala V, presidida por Tony Murphy, Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo el 3 de noviembre de 2021.

 

Por el Tribunal de Cuentas

Klaus-Heiner Lehne
Presidente

Siglas y abreviaturas

AMPR: Annual Management and Performance Report for the EU Budget

DAC: Dirección de auditoría conjunta para la cohesión

DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: Dirección General de Empleo, asuntos sociales e inclusión

DG Política Regional y Urbana: Dirección General de Política Regional y Urbana

DG: Dirección General de la Comisión

FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Fondos EIE: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos

FSE: Fondo Social Europeo

ICR: Indicador clave de resultados

MFP: Marco financiero plurianual

PET: Porcentaje de error total

PETR: Porcentaje de error total residual

PO: Programa operativo

RDC: Reglamento sobre disposiciones comunes

SAI: Servicio de Auditoría Interna de la Comisión

Glosario

Aprobación de la gestión: Decisión anual adoptada por el Parlamento Europeo que concede a la Comisión la aprobación final en cuanto a la forma en que se ha ejecutado un presupuesto.

Auditoría de cumplimiento: Auditoría para confirmar que una actividad es conforme con las normas y reglamentos que le son aplicables y con los términos de cualesquiera contratos o acuerdos.

Autoridad de auditoría: Entidad nacional independiente responsable de auditar los sistemas y operaciones de un programa de gasto de la UE.

Autoridad de certificación: Organismo designado por un Estado miembro para certificar la precisión y la conformidad de las declaraciones de gasto y solicitudes de pago.

Autoridad de gestión: Autoridad (pública o privada) nacional, regional o local designada por un Estado miembro para gestionar un programa financiado por la UE.

Cierre: Liquidación financiera de un programa o fondo de la UE, mediante el pago del saldo pendiente a un Estado miembro u otro país beneficiario; o bien el cobro de los fondos exigibles a este.

Error aleatorio: Error que no se considera sistémico, conocido o anómalo. Este concepto presupone que es probable que los errores aleatorios hallados en la muestra auditada también estén presentes en la población no auditada.

Error cuantificable: En los informes sobre los resultados de pruebas practicadas en una operación, se trata de una clasificación utilizada por el Tribunal de Cuentas Europeo cuando la cantidad de una operación afectada por un error es medible.

Error sistémico: Los errores sistémicos se hallan en la muestra auditada, tienen un impacto en la población no auditada y ocurren en circunstancias similares y bien definidas. Estos errores tienen un rasgo común: por ejemplo, el tipo de operación, la ubicación o el período. En general suelen ir asociados a procedimientos de control ineficaces en (parte de) los sistemas de gestión y control.

Error: Resultado de un cálculo incorrecto o de una irregularidad que derive de la no conformidad con los requisitos legales y contractuales.

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE): Los cinco principales fondos de la UE que dan apoyo conjuntamente al desarrollo económico en la UE: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Gestión compartida: Método de gasto del presupuesto de la UE en que, a diferencia del modo en que se procede en la gestión directa, la Comisión delega en el Estado miembro, manteniendo, sin embargo, la responsabilidad última.

Informe anual de actividades: Informe elaborado por cada Dirección General de la Comisión, institución y organismo de la Unión Europea que establece cómo ha actuado en relación con sus objetivos y qué uso ha hecho de sus recursos financieros y humanos.

Informe anual de gestión y rendimiento: Informe elaborado anualmente por la Comisión sobre la gestión que ha hecho del presupuesto de la UE y los resultados obtenidos; se resume en él la información de los informes anuales de actividad de sus Direcciones Generales y agencias ejecutivas.

Informe de control anual (ICA): Documento elaborado por la autoridad de auditoría de un Estado miembro y presentado ante la Comisión como parte del paquete de fiabilidad anual de dicho Estado.

Irregularidad: Infracción de las normas de la UE (o las normas nacionales pertinentes) de obligaciones contractuales.

Nivel estimado de error: Estimación estadística del nivel de error que afecta a una población, basado en pruebas practicadas en una muestra representativa de operaciones.

Normas de auditoría internacionalmente aceptadas: Conjunto de normas profesionales que establecen las responsabilidades de auditores, emitidas por diversos organismos internacionales de normalización.

Paquete de fiabilidad: Documento que los Estados miembros deben presentar en fecha no posterior al 15 de febrero (o 1 de marzo en casos excepcionales autorizados por la Comisión) cada año y contiene: la elaboración de las cuentas por la autoridad de certificación, la declaración de gestión y el resumen anual de los informes de auditoría finales y los controles llevados a cabo, redactados por la autoridad de gestión, la opinión anual de auditoría y el informe de control, emitido por la autoridad de auditoría.

Política de cohesión: Política de la UE destinada a reducir las disparidades económicas y sociales entre las regiones y los Estados miembros a través de la promoción de la creación de empleo, la competitividad empresarial, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la cooperación transfronteriza e interregional.

Porcentaje de error representativo: Estimación estadística del error que afecta a una población, basado en pruebas practicadas en una muestra representativa de operaciones obtenida de dicha población.

Porcentaje de error total residual (PETR): La proporción de una población que no se considera regular dado el efecto de todos los procedimientos control, importes recuperados y correcciones.

Porcentaje de error total: Suma de los errores siguientes: errores aleatorios proyectados (incluidos los errores detectados en los estratos exhaustivos), errores sistémicos delimitados y errores anómalos no corregidos.

Procedimiento contradictorio: Procedimiento en el que la Comisión discute los resultados de sus comprobaciones de control con el organismo o departamento objeto de control, a fin de asegurarse de que están bien fundamentados.

Programa operativo (PO): Un programa operativo establece prioridades y objetivos específicos de un Estado miembro y describe cómo se utilizará la financiación (cofinanciación de la UE y nacional, pública y privada) durante un período determinado (generalmente siete años) para financiar operaciones. La financiación de los programas operativos puede provenir del FEDER, del Fondo de Cohesión o del FSE.

Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC): Reglamento por el que se establecen las normas aplicables a los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Regularidad: La medida en que una operación o actividad cumple las normas y reglamentos aplicables y cualesquiera obligaciones contractuales.

Reserva: Insuficiencia señalada por un director general en la declaración de fiabilidad que se emite cada año en un informe anual de actividad.

Revisión documental: Revisión basada en documentos de la información proporcionada en los paquetes de fiabilidad.

Riesgo en el momento del pago: El riesgo global estimado «en el momento del pago» es la mejor estimación conservadora realizada por la Comisión de los gastos autorizados durante el ejercicio que incumplen las disposiciones reglamentarias y contractuales aplicables en el momento en que se efectúa el pago, en términos de valor.

Equipo auditor

En los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo se exponen los resultados de sus auditorías de las políticas y programas de la UE o de cuestiones de gestión relativas a ámbitos presupuestarios específicos. El Tribunal selecciona y concibe estas tareas de auditoría con el fin de que tengan el máximo impacto teniendo en cuenta los riesgos relativos al rendimiento o al cumplimiento, el nivel de ingresos y de gastos correspondiente, las futuras modificaciones y el interés político y público.

Esta auditoría de gestión fue realizada por la Sala V (Financiación y administración de la UE), presidida por Tony Murphy, Miembro del Tribunal. La auditoría fue dirigida por Tony Murphy, Miembro del Tribunal, asistido por Wolfgang Stolz, jefe de Gabinete, y Brian Murphy, agregado de Gabinete; Juan Ignacio Gonzalez Bastero, gerente principal; Susanna Rafalzik, jefa de tarea; Anna Despotopoulou, jefa de tarea adjunta; Johan Adriaan Lok, Jiří Beneš, Marcel Bode, Peter Borsos, Maria Pia Brizzi, Kevin Deceuninck, Przemyslaw Dowgialo, Sandra Dreimane, Andrea Ferraris, Laure Gatter, Jorge Guevara Lopez, Martina Jurjevic, Agnieszka Kondzielska, Nikolaos Kylonis, Borja Martin Simon, Dana Christina Mohamed, Rene Reiterer, Orsolya Szarka, Peggy Vercauteren, and Dilyanka Zhelezarova, auditores. James Verity prestó apoyo lingüístico.

 

Segunda fila de izquierda a derecha: Brian Murphy, Wolfgang Stolz, Johan Adriaan Lok, Juan Ignacio González Bastero, Nikolaos Kylonis

Primera fila de izquierda a derecha: Niamh Mahon, Susanna Rafalzik, Tony Murphy, Anna Despotopoulou, Peter Borsos

Notas finales

[1] Informe Anual relativo al ejercicio 2020, apartado 1.21.

[2] Informe Anual relativo al ejercicio 2020, apartado 5.17.

[3] Artículo 130 del Reglamento (UE) n.º1303/2013, que limita el reembolso de los pagos intermedios al 90 %.

[4] Informe Anual relativo al ejercicio 2020, apartado 5.42.

[5] Dictamen 6/2018 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes, apartado 122.

[6] Informe Anual relativo al ejercicio 2017, apartados 6.67 a 6.72.

[7] Informe Anual relativo al ejercicio 2018, apartados 6.73 a 6.75.

[8] Informe Anual relativo al ejercicio 2019, apartado 5.39.

[9] Artículo 75, apartado 2, letra a) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

[10] Artículo 85 del Reglamento (UE) No 1303/2013.

[11] Los errores sistémicos se hallan en la muestra auditada, tienen un impacto en la población no auditada y ocurren en circunstancias similares y bien definidas (directriz EGESIF_15‑0002‑04).

[12] Artículo 145 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

[13] Artículo 145, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

[14] Informe Anual relativo al ejercicio 2019, apartado 5.56.

[15] Informe Anual relativo al ejercicio 2018, apartado 6.63.

[16] Informe anual , relativo al ejercicio 2018, apartados 6.68 a 6.71 y recomendación 6.4.

[17] Tal como se expone el anexo IV de los informes anuales de actividad de 2019.

[18] Esta parte del informe anual de gestión y rendimiento es el informe de la Comisión exigido por el artículo 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

[19] Artículo 247, apartado 1, letra b), del Reglamento Financiero: El informe anual de gestión y rendimiento, que deberá contener un resumen claro y conciso de los resultados del control interno y la gestión financiera recogidos en los informes anuales de actividad de cada ordenador de pagos delegado, incluida información acerca de las principales disposiciones sobre gobernanza de la Comisión así como:

(i) una estimación del nivel de error en el gasto de la Unión sobre la base de una metodología coherente y una estimación de las correcciones futuras;

(ii) información sobre medidas preventivas y correctoras relativas al presupuesto, que mostrará el impacto financiero de las medidas adoptadas para proteger al presupuesto de los gastos efectuados en incumplimiento de la ley;

(iii) información sobre la ejecución de la estrategia de la Comisión de lucha contra el fraude.

[20] Informe Anual relativo al ejercicio 2020, apartado 1.36.

[21]  Informe Anual relativo al ejercicio 2018, recomendación 6.4 – disposiciones de cierre del período 2014‐2020.

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