Presentación de los informes anuales relativos al ejercicio 2018
del Tribunal de Cuentas Europeo

Prólogo del Presidente

Como auditor externo de la Unión Europea, el Tribunal trabaja con todas las instituciones y órganos de la UE para ayudarles a gestionar las finanzas de la UE de manera correcta y económica.

Este año, nuestro informe anual se publica cuando nos encontramos en plena encrucijada. En mayo se eligió un nuevo Parlamento Europeo y en noviembre se designará una nueva Comisión Europea; mientras tanto, la UE negocia su marco financiero plurianual para 2021‑2027. Al principio de 2019, se publicó el «Resumen de las observaciones del Tribunal», con las principales contribuciones del Tribunal sobre las propuestas legislativas de la Comisión en el período de gasto 2021‑2027. El propósito de estas contribuciones es ayudar al Parlamento Europeo y al Consejo a introducir las modificaciones legislativas necesarias para que en los próximos años el dinero público procedente del presupuesto europeo se pueda gastar de forma todavía más económica, eficiente y eficaz.

En la declaración de fiabilidad de este año, como en años anteriores, concluimos que las cuentas de la UE presentan una imagen fiel de la posición financiera de la UE. Además, como los ingresos de la UE controlados por el Tribunal no estaban afectados significativamente por errores, se emite una opinión sin reservas sobre la regularidad de los ingresos del presupuesto. Paralelamente, emitimos una opinión con reservas sobre la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas de 2018, lo que significa que los errores detectados en el trabajo de auditoría del Tribunal no estaban generalizados y, por tanto, no tergiversan la posición financiera real de la UE. La verificación del Tribunal también muestra que el nivel general de irregularidades en el gasto de la UE se ha mantenido dentro del intervalo observado en 2016 y 2017. Además, al igual que en los dos últimos años, una parte importante del gasto auditado por el Tribunal no estaba afectado significativamente por errores. Esto confirma la mejora mantenida de los últimos años en la gestión de las finanzas de la UE.

Gracias a las mejoras en su gestión financiera, la Unión Europea actualmente se ajusta a las normas más estrictas de rendición de cuentas y de transparencia en materia de gasto público. Para que nuestros ciudadanos sigan confiando en la UE y en sus Estados miembros, necesitamos seguir avanzando con el mismo éxito en la mejora de la gestión financiera de la UE. En particular, deberíamos centrarnos conjuntamente en ámbitos en los que persisten deficiencias concretas y en los que los riesgos son especialmente elevados. Para ello, desde el Tribunal instamos a todas las demás instituciones y órganos de la UE, en particular a la nueva Comisión Europea, a que trabajen con nosotros para seguir desarrollando y armonizando nuestras metodologías y prácticas de auditoría.

Aunque el presupuesto de la UE no representa más del 1 % aproximadamente de la renta nacional bruta combinada de todos los Estados miembros, es fundamental que este gasto no solo cumpla las normas, sino que también sirva para obtener resultados.

Resultados generales

Principales conclusiones

• En general, el nivel de error estimado en el gasto del presupuesto de 2018 de la UE era del 2,6 %, lo que se sitúa en el intervalo de las estimaciones del nivel de error de los dos últimos años. Aproximadamente en la mitad del gasto, los pagos están principalmente basados en derechos, o sea, son pagos a beneficiarios por cumplir determinadas condiciones. En este tipo de gasto, el Tribunal estima que el nivel de error más probable se sitúa por debajo del umbral de materialidad del 2 %.
• Este año, por tercer año consecutivo, el Tribunal emite una opinión con reservas sobre los pagos, mientras que hasta el año 2015 había emitido una opinión desfavorable.
• En ocasiones, la información sobre la regularidad de la Comisión Europea difiere de las constataciones del Tribunal. Su estimación de los niveles de error es similar a la del Tribunal en «Competitividad y «Recursos naturales» y es inferior en «Cohesión».
• En 2018, se registró un aumento significativo de las solicitudes de pago de los Estados miembros para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). Al mismo tiempo, en el quinto año del marco financiero plurianual (MFP) 2014‑2020, la absorción de Fondos EIE ha seguido siendo más lenta de lo previsto, lo que ha contribuido a aumentar los compromisos pendientes de estos fondos.
• A partir de su análisis de programas seleccionados que abarcan el 97 % de la programación financiera del MFP 2014‑2020, el Tribunal concluye que los indicadores de rendimiento empleados actualmente en el presupuesto de la UE no siempre ofrecen una imagen fidedigna del progreso real en la consecución de los objetivos políticos.
• El análisis llevado a cabo este año sobre el seguimiento abarcó 184 recomendaciones incluidas en los 25 informes especiales publicados en 2015. Desde entonces, la Comisión ha aplicado el 75 % de sus recomendaciones plenamente o en muchos aspectos.
• El Tribunal notifica los casos de presunto fraude detectados durante su trabajo de auditoría a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). En 2018, se comunicaron a la OLAF nueve casos de presunto fraude.

El texto íntegro de los informes anuales del Tribunal relativos a 2018 sobre el presupuesto de la UE y sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo puede consultarse en el sitio web del Tribunal (eca.europa.eu).

¿Qué fiscalizó el Tribunal?

Presupuesto de la UE de 2018 en cifras

El presupuesto de la UE es adoptado anualmente por el Parlamento Europeo y el Consejo en el contexto del marco financiero acordado para un período plurianual. El actual MFP está comprendido entre 2014 y 2020. La Comisión tiene la responsabilidad principal de velar por que el presupuesto se gaste correctamente.

En 2018, el gasto total ascendió a 156 700 millones de euros, que equivale al 2,2 % del gasto total de las administraciones públicas de los Estados miembros de la UE y el 1,0 % de la renta nacional bruta de la UE.

¿De dónde proceden los fondos?

El presupuesto de la UE se financia a través de distintas fuentes. En total, los ingresos ascienden a 159 300 millones de euros, la mayor parte (105 000 millones de euros) es abonado por los Estados miembros proporcionalmente a su renta nacional bruta. Otras fuentes son los derechos de aduana (20 200 millones de euros), la contribución basada en el impuesto sobre el valor añadido que recaudan los Estados miembros (17 100 millones de euros) y, por ejemplo, las contribuciones y devoluciones derivadas de acuerdos y programas de la Unión (17 000 millones de euros).

¿En qué se gastan esos fondos?

El presupuesto anual de la UE se gasta en una gran variedad de ámbitos. Los pagos están destinados a apoyar actividades tan variadas como la agricultura y el desarrollo de zonas rurales y urbanas, los proyectos de infraestructuras de transporte, la investigación, la formación de personas desempleadas, el apoyo a los países que desean adherirse a la UE, y la ayuda a los países vecinos y en desarrollo.

Aproximadamente dos tercios del presupuesto se gastan con arreglo a la denominada «gestión compartida», en la que cada Estado miembro distribuye los fondos y gestiona el gasto de conformidad con la legislación nacional y de la UE (como en el gasto en «Cohesión» y en «Recursos naturales»).

Declaración de fiabilidad del Tribunal relativa al presupuesto de la UE

El Tribunal fiscaliza anualmente los ingresos y los gastos de la UE y examina si las cuentas anuales son fiables, y si las operaciones de ingresos y gastos son conformes a la normativa aplicable tanto en los Estados miembros como en la UE.

Sobre esta base, el Tribunal formula su declaración de fiabilidad, que presenta al Parlamento Europeo y al Consejo de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El Tribunal examina los gastos en el momento en que los beneficiarios finales de los fondos de la UE han emprendido actividades o incurrido en gastos, y cuando la Comisión ha aceptado los gastos. No se examinaron importes prefinanciados a menos que hubieran sido liquidados en 2018.

Por lo tanto, la población auditada del Tribunal de 2018 ascendió a 120 600 millones de euros (véase la ilustración 1).

Este año, «Recursos naturales» constituye la mayor proporción de la población auditada global del Tribunal (48 %), seguido por «Cohesión» (20 %) y «Competitividad» (15 %).

Como el año pasado, el Tribunal examinó «Cohesión» basándose en el trabajo de otros auditores de los Estados miembros y en la supervisión de la Comisión. Esto quiere decir que los auditores del Tribunal revisaron dicho trabajo y, en caso necesario, lo repitieron.

Para más información sobre el enfoque de auditoría del Tribunal véase el capítulo «Información general».

Constataciones del Tribunal

Las cuentas de la UE reflejan una imagen fiel

Las cuentas de la UE correspondientes a 2018 presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, los resultados financieros de la UE, así como su activo y pasivo al final del ejercicio, con arreglo a las normas de contabilidad internacionales del sector público.

El Tribunal puede emitir una opinión sin reservas sobre la fiabilidad de las cuentas (es decir, «aprobarlas»), como ha sucedido cada año desde 2007.

Los ingresos de 2018 son legales y regulares

El Tribunal llegó a la conclusión de que los ingresos están exentos de errores materiales. Además, examinó sistemas seleccionados relativos a los ingresos y valoró que en general eran eficaces, salvo los controles internos clave de los recursos propios tradicionales en la Comisión y en determinados Estados miembros, que, según constató, solo lo eran parcialmente.

El gasto de la UE es legal y regular, salvo en el reembolso de los gastos

Un error o un pago irregular es el importe monetario que no debería haberse abonado con cargo al presupuesto de la UE porque no se utilizó con arreglo a las normas nacionales o de la UE y, por tanto, no cumple la finalidad perseguida por el Consejo y el Parlamento con la legislación europea aplicable o con las normas específicas nacionales de los Estados miembros. El Tribunal estima estadísticamente el nivel de error basándose en errores cuantificables (mensurables en términos monetarios) que identificó al verificar una muestra de operaciones comprendida dentro de la totalidad de la población auditada del gasto.

Para el gasto en su conjunto, el Tribunal estima que el nivel de error está comprendido entre el 1,8 % y el 3,4 %. El punto intermedio, el denominado error más probable, es el 2,6 % (véase la ilustración 2), frente al 2,4 % en 2017 y al 3,1 % en 2016.

El modo en que se desembolsan los fondos de la UE incide en el riesgo de error

Los resultados de auditoría del Tribunal de 2018 confirman sus constataciones de 2016 y 2017: el modo en que se desembolsan los gastos incide en el riesgo de error.

Se confirmaron los errores principalmente en los gastos de alto riesgo: pagos del presupuesto de la UE para reembolsar costes en los que han incurrido los beneficiarios previamente y que pueden estar sujetos a normas complejas. Estos reembolsos de costes pueden estar sujetos a condiciones de subvencionabilidad complejas, que a su vez pueden dar lugar a errores. Este tipo de gasto representó alrededor del 51 % de la población auditada del Tribunal en 2018, y el nivel estimado de error fue del 4,5 %, frente al 3,7 % en 2017 y al 4,8 % en 2016.

Al mismo tiempo, la estimación de error más probable para el gasto de bajo riesgo (que representa el 49 % restante de la población de auditoría del Tribunal e incluye principalmente pagos basados en derechos) se situó por debajo de su umbral de materialidad del 2 % (véase la ilustración 3).

Por tanto, el Tribunal concluye que el error no es generalizado y que, con excepción del gasto de alto riesgo, los pagos de 2018 eran legales y regulares.

«Recursos naturales» presentaba la proporción más elevada de gasto fiscalizado (48 %). «Ayudas directas», que consiste principalmente en pagos de ayudas directas a agricultores, representaba el 72 % de este ámbito y estaba exento de errores materiales. «Desarrollo rural, medidas de mercado, medio ambiente, acción por el clima y pesca» es el otro componente de «Recursos naturales». «Cohesión», la segunda mayor categoría de gasto fiscalizado (20 %), estaba afectado por errores materiales, debidos principalmente al reembolso de costes no subvencionables y a incumplimientos de las normas del mercado interior.

El nivel de error estimado por el Tribunal en «Competitividad» es inferior al de 2016 y 2017, pero sigue siendo significativo. En este ejercicio la mayor parte de los errores detectados correspondían al gasto de investigación, debido principalmente a las declaraciones excesivas por parte de los beneficiarios de costes tales como costes de personal, otros costes directos, gastos generales o gastos de subcontratación no subvencionables.

El ámbito de «Administración» estaba exento de errores materiales. La mayor parte del gasto en este ámbito consiste en salarios, pensiones e indemnizaciones abonados por las instituciones y los organismos de la UE. 

En la ilustración 4 se comparan los niveles estimados de error de varios ámbitos de gasto entre 2016 y 2018. Puede obtenerse información adicional sobre los resultados correspondientes a ingresos y a cada ámbito de gasto en el capítulo «Más detalles sobre los ámbitos de ingresos y de gastos», y en los capítulos correspondientes del Informe Anual relativo al ejercicio 2018.

Comparación entre la estimación de la Comisión del importe de riesgo en el momento del pago y el nivel de error estimado por el Tribunal

En el contexto del enfoque de certificación para su declaración de fiabilidad, el Tribunal comparó su nivel de error estimado con la estimación de la Comisión del importe de riesgo en el momento del pago, que representa su estimación del importe, en el momento del pago, que no ha sido abonado de acuerdo con las normas aplicables.

Todas las direcciones generales de la Comisión elaboran sendos informes anuales de actividad, que contienen una declaración en la que el director general proporciona garantías de que la información financiera es adecuadamente presentada en el informe y de que las operaciones bajo su responsabilidad son legales y regulares. Todas las direcciones generales presentaron estimaciones de sus niveles de error, que son próximas al nivel de error estimado por el Tribunal en «Competitividad» y «Recursos naturales» e inferiores a las del Tribunal en «Cohesión».

Globalmente, la estimación de la Comisión del importe de riesgo en el momento del pago en 2018 es del 1,7 %, es decir, por debajo del nivel de error estimado por el Tribunal, que se sitúa entre el 1,8 % y el 3,4 %.

El Tribunal notificó nueve casos de presunto fraude a la OLAF

Se entiende por fraude un engaño deliberado con el fin de conseguir un beneficio. Por consiguiente, la estimación del Tribunal del nivel de error en el presupuesto de la UE no mide el fraude, la ineficacia o el despilfarro, sino que es una estimación de los fondos que no deberían haberse abonado por no haber sido utilizados con arreglo a la normativa y la reglamentación vigentes.

El Tribunal notifica los casos de presunto fraude detectados durante su trabajo de auditoría a la OLAF, la cual posteriormente decide si investigar y seguir estos casos, si es necesario en cooperación con las autoridades judiciales nacionales. En 2018, se comunicaron a la OLAF nueve casos de presunto fraude (2017: 13).

Los casos de presunto fraude consistían en la creación artificial de las condiciones necesarias para acceder a la financiación de la UE, en la declaración de gastos que no cumplían los criterios de subvencionabilidad, y en irregularidades en la contratación pública. Algunos de los casos de presunto fraude implicaban varias irregularidades.

¿Desea más información? Para obtener información completa sobre las principales constataciones puede consultarse el capítulo 1 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018 del Tribunal. El texto íntegro del Informe Anual del Tribunal puede consultarse en su sitio web (eca.europa.eu).

Desafíos que afronta la gestión presupuestaria y financiera

Aumento significativo de las solicitudes con cargo a los Fondos EIE

En 2018, la UE empleó casi por completo tanto los créditos de compromiso como los créditos de pago. De los 160 700 millones de euros disponibles para compromisos, se utilizaron 159 900 millones de euros (99,5 %), y de los 144 800 millones de euros disponibles para pagos, se emplearon 142 700 millones de euros (98,6 %).

En 2018 aumentó considerablemente el número de solicitudes de Fondos EIE, que representan aproximadamente el 43 % del MFP 2014‑2020. Esto se debe principalmente al nivel relativamente bajo de solicitudes de pago de Fondos EIE por parte de los Estados miembros en los primeros años de los programas de 2014‑2020.

Los retrasos en la ejecución de los Fondos EIE afectaron a la ejecución del MFP

Los retrasos en la ejecución de los Fondos EIE siguen afectando los últimos años de este MFP. Se han retrasado solicitudes de pago de valor sustancial que se presentarán en los próximos años. Esto ha afectado al uso de la prefinanciación y a los compromisos pendientes de liquidación, y afectará a las necesidades de créditos de pago al inicio del próximo MFP. El Tribunal recomienda que la Comisión adopte medidas para evitar presiones indebidas sobre el nivel de los créditos de pago en los primeros años del MFP 2021‑2027.

La absorción de los Fondos EIE cobró impulso en 2018, quinto año del actual MFP. Al final del año, solo se había pagado a los Estados miembros una media del 27,3 % del total de las asignaciones para todo el MFP, frente a un 33,4 % al final de 2011, año correspondiente del anterior MFP. El bajo nivel de absorción de los Fondos EIE ha contribuido a aumentar los compromisos pendientes de dichos fondos.

En la ilustración 5 se muestran los compromisos pendientes de los Fondos EIE de cada Estado miembro expresados como importe en euros y como porcentaje de su gasto general de las administraciones públicas en 2018.

En su documento informativo sobre compromisos pendientes de pago en el presupuesto de la UE, el Tribunal destaca los riesgos significativos que puede crear un elevado nivel de compromisos pendientes para el presupuesto de la UE y presenta posibles soluciones.

El incremento de las garantías aumenta la exposición al riesgo del presupuesto de la UE

En los últimos años han aumentado las garantías financiadas por el presupuesto de la UE, principalmente debido a la incorporación de la garantía del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y de la garantía del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS). En total, la exposición real de la garantía al final de 2018 era de 92 800 millones de euros, con el consiguiente aumento de la exposición al riesgo del presupuesto de la UE. El nivel de pérdidas previsto por la Comisión está cubierto por los fondos de garantía, que el nuevo MFP reunirá en un fondo de provisión común.

El Tribunal recomienda a la Comisión que, en cuanto se establezca el fondo de provisión común, garantice la gestión eficaz y el control actualizado de la exposición del presupuesto de la UE a las garantías correspondientes, y que fundamente su cálculo de la tasa de provisión efectiva en una metodología prudente basada en buenas prácticas reconocidas.

Banco Europeo de Inversiones: parte integrante de la arquitectura de la UE, pero con diferentes dispositivos de rendición de cuentas

El objetivo del Grupo del Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI) es conceder préstamos, garantías y otros tipos de ayuda sin ánimo de lucro para servir a los objetivos políticos de la UE. Al final de 2018, el total de préstamos pendientes concedidos por el Grupo BEI era de 536 000 millones de euros (2017: 548 000 millones de euros).

El Grupo BEI no es una institución de la UE. Por su especial naturaleza, tiene mecanismos de gobernanza y de gestión diferentes a los del resto del presupuesto de la UE. En los últimos años, la UE ha incrementado su uso de instrumentos financieros y garantías presupuestarias otorgadas al Grupo BEI y se espera que esta tendencia continúe durante el próximo MFP.

En la actualidad, las operaciones del Grupo BEI que no son financiadas por el presupuesto de la UE pero persiguen los mismos objetivos de la Unión no están incluidas en el mandato del Tribunal, por lo que este no puede ofrecer una visión global de todos los vínculos entre las operaciones del Grupo BEI y el presupuesto de la UE.

En su documento informativo sobre el futuro de las finanzas de la UE, el Tribunal propuso que también debería ser invitado a realizar una auditoría de las operaciones del BEI no relacionadas con el presupuesto de la UE. El Parlamento Europeo respaldó esta propuesta en su Resolución relativa al Informe Anual sobre el control de las actividades financieras del BEI para 2017.

El Tribunal recomienda a la Comisión que proporcione a la autoridad presupuestaria información pertinente para respaldar su trabajo sobre el control del Grupo del BEI y sus actividades, y paralelamente se aumentará la transparencia de tales operaciones.

¿Desea más información? Para obtener información completa sobre las principales constataciones relativas a la gestión presupuestaria y financiera, puede consultarse el capítulo 2 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018. 

Debe hacerse mayor hincapié en el rendimiento del gasto de la UE

Cada año, el Tribunal analiza una serie de aspectos relacionados con el rendimiento, es decir, los resultados logrados por el presupuesto de la UE, que es ejecutado por la Comisión en cooperación con los Estados miembros. Este año, el Tribunal se ha centrado específicamente en los indicadores de rendimiento del presupuesto, en los resultados principales de los informes especiales del Tribunal de 2018 sobre el rendimiento, y en la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Tribunal en los informes especiales publicados en 2015.

Los indicadores muestran una importante variación en los logros e indican un progreso general moderado

El Tribunal revisó la información cuantitativa obtenida de los indicadores de rendimiento. Para su análisis, el Tribunal seleccionó 22 de los 60 programas de gasto, eligió los 4 que presentaban el gasto previsto más elevado de cada una de las rúbricas del marco financiero plurianual (MFP) 2014‑2020, más 2 programas de instrumentos especiales. Los 22 programas seleccionados cubrían el 97 % de la programación financiera del período de siete años. Se constató que los indicadores muestran una importante variación en los logros y un progreso general moderado. El inicio tardío y lento de los programas de cohesión y desarrollo rural constituyó un importante factor limitador.

Los indicadores no siempre ofrecían una imagen fidedigna del progreso real

El análisis del Tribunal puso de manifiesto deficiencias en el marco de los indicadores de rendimiento del presupuesto de la UE. Muchos indicadores no fueron bien elegidos porque, por ejemplo, no medían los logros del presupuesto de la UE o porque se centraban principalmente en los recursos y las realizaciones y no en los resultados y los impactos. Además, no era posible calcular los progresos con respecto a muchos indicadores y, cuando se podía, la calidad de los datos disponibles en ocasiones era insuficiente. En relación con las metas, el Tribunal observó que varias de ellas no eran suficientemente ambiciosas.

El Tribunal formuló recomendaciones a la Comisión en relación con la selección de indicadores, la fijación de objetivos, la obtención de información oportuna y la divulgación de información sobre los logros.

En 2018 se publicaron 35 informes especiales sobre los distintos ámbitos de gasto de la UE

Conforme a su estrategia para el período 2018‑2020, el Tribunal ha prestado una mayor atención a la evaluación del rendimiento de las acciones de la UE. En sus informes especiales, el Tribunal comprueba si se han cumplido los objetivos de las políticas y los programas de la UE seleccionados, si se han logrado resultados de forma eficaz y eficiente, y si la financiación de la UE ha aportado valor añadido, esto es, si ha logrado mejores resultados que los que se obtendrían solo con medidas nacionales.

En la ilustración 6 se muestran los 35 informes especiales publicados en 2018.

La Comisión aplica gran parte de las recomendaciones del Tribunal

El Tribunal realiza un examen anual del grado en que la Comisión ha adoptado medidas correctoras en relación con las recomendaciones. De acuerdo con su estrategia de 2018‑2020, el Tribunal seguirá todas las recomendaciones de auditoría de rendimiento que hizo a la Comisión tres años antes.

El análisis llevado a cabo este año sobre el seguimiento abarcó 184 recomendaciones incluidas en los 25 informes especiales publicados en 2015, y el 76 % fueron aplicadas por la Comisión plena o mayoritariamente. El Tribunal constató que 11 recomendaciones no se aplicaron en absoluto (véase la ilustración 7).

Más detalles sobre los ámbitos de ingresos y de gastos

Ingresos

159 300 millones de euros

¿Qué fiscalizó el Tribunal?

La auditoría se centró en los ingresos del presupuesto de la UE, que financia el gasto de la Unión. El Tribunal examinó algunos sistemas de control clave para gestionar recursos propios, así como una muestra de operaciones relativas a los ingresos.

Las contribuciones de los Estados miembros basadas en su renta nacional bruta (RNB) ascendieron al 66 % de los ingresos totales de la UE en 2018, mientras que los ingresos procedentes del impuesto sobre el valor añadido (IVA) ascendieron al 11 %. Estas contribuciones se calculan utilizando estadísticas macroeconómicas y estimaciones proporcionadas por los Estados miembros.

Los recursos propios tradicionales (RPT), que consisten principalmente en derechos de aduana sobre las importaciones recaudados por las administraciones de los Estados miembros en representación de la UE, proporcionaron un 13 % adicional de los ingresos de la UE. El 10 % restante procedió de otras fuentes (por ejemplo, contribuciones y devoluciones derivadas de acuerdos y programas de la UE, intereses de demora y multas, y otros ingresos).

Constataciones del Tribunal

Importe objeto de auditoría	¿Afectado por errores materiales?
159 300 millones de euros	No - Exento de errores materiales en 2018 y 2017

Medidas preventivas y correctoras

Los sistemas relativos a los ingresos eran en general eficaces, mientras que los controles internos clave de los recursos propios tradicionales examinados por el Tribunal en la Comisión y en determinados Estados miembros solo lo eran parcialmente.

El Tribunal constató que el plan de inspección de la Comisión no estaba suficientemente justificado mediante una evaluación de riesgos documentada y estructurada, lo cual afectó a las verificaciones realizadas por la Comisión de las declaraciones de recursos propios tradicionales de los Estados miembros. También se observaron insuficiencias en la gestión de los derechos de aduana por parte de los Estados miembros, en particular en relación con la elaboración de declaraciones de recursos propios tradicionales, retrasos en la ejecución del cobro de las deudas aduaneras y en el registro de deudas en la contabilidad.

Asimismo, se constató que, por tercer año consecutivo, la Comisión, en su informe anual de actividad, había formulado una reserva relativa a la exactitud del valor de los recursos propios tradicionales recaudados motivada por la evasión de derechos de aduana sobre textiles y calzado por parte de algunos importadores.

Recomendaciones del Tribunal

El Tribunal recomienda que la Comisión:

• aplique una evaluación de riesgos más estructurada y documentada para su planificación de la inspección de los recursos propios tradicionales, además de un análisis del nivel de riesgo de cada Estado miembro y de los riesgos en relación con la elaboración de las contabilidades sobre los derechos de aduana;
• refuerce el alcance de sus controles mensuales y trimestrales de los estados de los recursos propios tradicionales mediante la realización de un análisis más profundo de los cambios inusuales para garantizar una reacción rápida ante anomalías potenciales.

¿Desea más información? Para obtener información completa sobre la fiscalización del Tribunal de los ingresos de la UE puede consultarse el capítulo 4 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018.

Competitividad para el crecimiento y el empleo

Total: 21 400 millones de euros

¿Qué fiscalizó el Tribunal?

Los programas de gasto en este ámbito político desempeñan un papel importante en la estimulación del crecimiento y la creación de empleo en la UE. El Séptimo Programa Marco (7PM) y Horizonte 2020 para investigación e innovación, así como Erasmus+ para educación, formación, juventud y deporte, constituyen la mayor parte de los gastos. Otros programas proporcionan financiación para el programa espacial Galileo (el sistema global de navegación por satélite de la UE), el Mecanismo «Conectar Europa» y el Reactor Termonuclear Internacional.

En 2018, el gasto sujeto a fiscalización en este ámbito ascendió a 17 900 millones de euros. La Comisión gestionó directamente la mayor parte de este importe y se ejecutó en forma de subvenciones en favor de beneficiarios del sector público o privado que participan en proyectos. Los programas de investigación e innovación representaron el 45 % del gasto fiscalizado por el Tribunal en 2018.

Constataciones del Tribunal

Importe objeto de auditoría	¿Afectado por errores materiales?	Nivel estimado de error más probable
17 900 millones de euros	Sí	2,0 % (2017: 4,2 %)

En 2018, 54 de las 130 operaciones examinadas (el 42 %) contenían errores. El Tribunal estima que el nivel de error más probable es del 2,0 %. Esta cifra es inferior a la de 2017, pero se sigue considerando material.

Medidas preventivas y correctoras

Como en años anteriores, el principal riesgo para la regularidad de las operaciones es que los beneficiarios declaren gastos no subvencionables que no sean detectados ni corregidos antes de que la Comisión proceda a su reembolso. El Tribunal constató que la mayoría de los errores se referían a costes no subvencionables (por ejemplo, costes de viaje y de equipo no relacionados con el proyecto), costes de personal no directamente relacionados con el proyecto, y costes de grandes infraestructuras de investigación declarados indebidamente por los beneficiarios.

La Comisión había aplicado medidas correctoras que afectaban directamente a 4 de las 130 operaciones examinadas. Sin estas medidas, el nivel estimado de error del Tribunal para este capítulo habría sido 0,1 puntos porcentuales superior.

Al mismo tiempo, se disponía de suficiente información para prevenir, o detectar y corregir, otros ocho casos en los que se detectaron y cuantificaron errores. Si se hubiera empleado esta información para corregir los errores, el nivel de error estimado del conjunto del gasto en «Competitividad para el crecimiento y el empleo» habría sido 0,3 puntos porcentuales inferior y, por tanto, se habría situado por debajo del umbral de materialidad.

Horizonte 2020 y Erasmus+

Como ya ha señalado el Tribunal previamente, las normas de financiación de Horizonte 2020 son más sencillas que las de su predecesor, el 7PM. Además, en el marco de Horizonte 2020, los beneficiarios pueden declarar costes capitalizados y costes de explotación de grandes infraestructuras de investigación si cumplen determinadas condiciones y tras haber obtenido de la Comisión una evaluación ex ante positiva de su metodología del cálculo de los costes. Sin embargo, la auditoría de este ejercicio demostró que la verificación ex ante había tenido escaso impacto en la prevención de errores.

Con respecto a Horizonte 2020, también se examinaron auditorías llevadas a cabo tanto por la propia Comisión como por auditores externos contratados. En algunos de los expedientes examinados se detectaron incoherencias en los métodos de muestreo e insuficiencias en la documentación y en la elaboración de informes, así como en la calidad de los procedimientos de auditoría. Asimismo, el Tribunal observó una insuficiencia metodológica relativa al cálculo del porcentaje de error: aunque las auditorías ex post rara vez logran su objetivo de cubrir al máximo los costes aceptados, el porcentaje de error se calcula sistemáticamente sobre la totalidad de los costes aceptados y no sobre el importe efectivamente auditado, con la consiguiente subestimación del porcentaje de error.

Con respecto a Erasmus+, el Tribunal señala que, al igual que en el ejercicio anterior, la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) ha formulado una reserva en relación con la eficacia de sus controles internos para gestionar las subvenciones. Además, las auditorías realizadas por el Tribunal de proyectos de Erasmus+ mostraron que algunas normas nacionales no eran totalmente coherentes con los principios aplicados por la UE, en particular en relación con los importes máximos liquidables y las disposiciones de financiación.

Informes de la Comisión sobre la legalidad y la regularidad

El informe anual de actividad de 2018 de la Dirección General de Investigación e Innovación (DG Investigación e Innovación), la EACEA y la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) presentó una valoración adecuada de su gestión financiera y de la regularidad de las operaciones subyacentes. En líneas generales, la información facilitada corroboraba las constataciones y conclusiones del Tribunal.

Evaluación del rendimiento

El Tribunal estudió los informes de la Comisión sobre el rendimiento de los 50 proyectos de investigación e innovación de la muestra. Según los informes de situación de estos proyectos, la mayoría de ellos obtuvieron las realizaciones y los resultados esperados. Sin embargo, en algunos casos, los avances notificados solo se ajustaban parcialmente a los objetivos acordados, o los costes notificados eran desproporcionados en relación con los avances logrados. Además, en algunos casos, las realizaciones y los resultados de los proyectos no se habían divulgado según lo previsto.

Recomendaciones del Tribunal

El Tribunal recomienda que la Comisión:

• informe a las pymes de forma más eficaz sobre las normas de financiación aplicables y lleve a cabo controles más específicos de las declaraciones de costes de las pymes; en el próximo programa marco de investigación, simplifique aún más las normas de declaración de costes de personal y de grandes infraestructuras de investigación;
• en Horizonte 2020, adopte medidas para aplicar las observaciones formuladas sobre auditorías ex post en relación con la coherencia del muestreo, la documentación y la elaboración de informes de constataciones de auditoría, así como la calidad de los procedimientos de auditoría;
• aborde sin demora las constataciones del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión con respecto a:
1. los sistemas de control interno de la EACEA sobre el sistema de gestión de subvenciones de Erasmus+;
2. la supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos de comunicación de información sobre la difusión y explotación de los resultados de los proyectos de investigación e innovación.

¿Desea más información? Para obtener información completa sobre la fiscalización del Tribunal de los gastos de la UE en «Competitividad para el crecimiento y el empleo», puede consultarse el capítulo 5 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018.

Cohesión económica, social y territorial

Total: 54 500 millones de euros

¿Qué fiscalizó el Tribunal?

El gasto con cargo a este ámbito político se centra en reducir las diferencias de desarrollo entre los distintos Estados miembros y regiones de la UE y en fortalecer la competitividad. Estos objetivos se ejecutan principalmente a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo Social Europeo (FSE), lo que supone la cofinanciación de los programas operativos plurianuales (PO) de los que se financian los proyectos.

La gestión de esta política es compartida por la Comisión con los Estados miembros. Dentro de la Comisión, la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG Política Regional y Urbana) se encarga de la ejecución del FEDER y el FC, y la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión) de la del FSE.

En 2018, el gasto sujeto a fiscalización en este ámbito ascendió a 23 600 millones de euros y fue significativamente superior al de 2017 (8 000 millones de euros).

El Tribunal examina los pagos cuando los gastos se han efectuado, registrado y aceptado. De acuerdo con este enfoque, el importe objeto de auditoría para el informe anual de 2018 también abarcaba 16 500 millones de euros de gasto de ejercicios anteriores que había sido aceptado o liquidado por la Comisión en 2018. Los pagos efectuados en 2018, que ascendían a 47 400 millones de euros y que correspondían al gasto que no había sido aceptado todavía, no formaban parte de la población de auditoría del Tribunal.

Constataciones del Tribunal

Importe objeto de auditoría	¿Afectado por errores materiales?	Nivel estimado de error más probable
23 600 millones de euros	Sí	5,0 % (2017: 3,0 %)

Medidas preventivas y correctoras

En 2018, el Tribunal extrajo una muestra estadísticamente representativa de 220 operaciones que las autoridades de auditoría de los Estados miembros ya habían examinado e identificó y cuantificó 36 errores. Las autoridades de auditoría y de gestión de los Estados miembros no habían detectado estos errores. Teniendo en cuenta los 60 errores hallados por las autoridades de auditoría y las correcciones financieras realizadas por las autoridades responsables de los programas (por un valor total de 314 millones de euros para los períodos de programación 2007‑2013 y 2014‑2020 en su conjunto), el Tribunal estima que el nivel de error es del 5,0 %.

El número y el impacto de los errores detectados indican que persisten las insuficiencias en relación con la regularidad del gasto declarado por las autoridades de gestión. Los conceptos que más contribuyeron al porcentaje de error estimado del Tribunal fueron los proyectos y gastos no subvencionables (como la contratación pública y las ayudas estatales), así como la falta de documentos justificativos esenciales. Algunos de estos errores se debieron a las complejas normas nacionales que iban más allá de lo exigido por la legislación de la UE (véase el siguiente recuadro).

Evaluación del trabajo de las autoridades de auditoría

El objetivo de las autoridades de auditoría es supervisar la utilización de los fondos de la UE. Su trabajo es una parte esencial del marco de control y fiabilidad del gasto en cohesión. Este año el Tribunal evaluó el trabajo de 15 de las 126 autoridades de auditoría en 14 Estados miembros en relación con 15 paquetes de fiabilidad del período 2014‑2020 y 9 paquetes de cierre del período 2007‑2013.

De forma similar al ejercicio anterior, en varios casos, la revisión del Tribunal del trabajo de las autoridades de auditoría reveló deficiencias que afectaban al alcance, a la calidad o a la documentación de su trabajo, así como a la representatividad de su muestra. Todas las autoridades de auditoría de la muestra del Tribunal habían comunicado un porcentaje de error residual inferior al 2 %. Tras sus verificaciones, la Comisión corrigió el porcentaje de error residual para situarlo por encima del 2 % en 4 de los 15 paquetes de fiabilidad del período 2014‑2020 en la muestra del Tribunal.

Debido a los errores adicionales detectados por el Tribunal, el porcentaje que este recalculó era superior al 2 % en otros 4 de los 15 paquetes de fiabilidad del período 2014‑2020, y en 1 de los 9 paquetes de cierre del período 2007‑2013.

Trabajo de garantía realizado por la Comisión y su comunicación del porcentaje de error residual en sus informes anuales de actividad

Los informes anuales de actividad (IAA) son el principal instrumento con que cuenta la Comisión para notificar si hay garantías razonables de que los procedimientos de control implantados garantizan la regularidad del gasto.

El año pasado, el Tribunal señaló que los requisitos de información de los informes anuales de actividad aún no se habían adaptado lo suficiente al marco de control y fiabilidad de 2014‑2020. Desde entonces, la Comisión se ha esforzado por mejorar sus mecanismos de información sobre la regularidad. En sus informes anuales de actividad de 2018, la Comisión actualizó su indicador clave de resultados para la regularidad y comunicó un porcentaje de error residual para el ejercicio contable 2016/2017 inferior al 2 % para ambas direcciones generales, pero el Tribunal ha identificado problemas que afectan a la fiabilidad de estas cifras. En consecuencia, se notificó que estos porcentajes todavía no eran definitivos cuando los publicaba la Comisión y que solo se podían considerar porcentajes de error mínimos.

En su informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE, la Comisión estimó que el importe de riesgo en el momento del pago en el gasto pertinente de 2018 en el ámbito de «Cohesión económica, social y territorial» es del 1,7 %. Sin embargo, esta cifra incluye gastos que aún no han pasado por todo el ciclo de control, lo cual solo sucederá a partir de 2020.

El Tribunal también identificó una serie de problemas que podrían afectar al cierre de PO pertenecientes al período de programación 2014‑2020 con un porcentaje definitivo de error residual inferior al 2 %.

El trabajo del Tribunal en los distintos elementos de su auditoría muestra que los porcentajes de error en «Cohesión económica, social y territorial» presentados en el informe anual de gestión y rendimiento de 2018 de la Comisión y en los informes anuales de actividad todavía no son fiables.

Evaluación del rendimiento

En 2018, el Tribunal examinó si los Estados miembros habían establecido en sus PO indicadores de realizaciones y de resultados pertinentes para sus objetivos, y si los objetivos de realizaciones y de resultados especificados en los proyectos se correspondían con los objetivos de los PO. Asimismo, verificó si los Estados miembros habían creado una base de datos con información sobre el rendimiento en los distintos proyectos y la medida en que las autoridades de auditoría comprobaban la fiabilidad de dicha información.

Aunque los Estados miembros disponen de sistemas de seguimiento para registrar la información sobre el rendimiento, el Tribunal detectó varios casos en los que las autoridades no habían fijado indicadores de resultados o de realización en los proyectos, y algunos casos, no muy numerosos, en los que no habían fijado ningún tipo de indicadores o de metas para medir el rendimiento de los proyectos. Asimismo, detectó que los proyectos completados no siempre han logrado plenamente los objetivos de rendimiento.

Recomendaciones del Tribunal

El Tribunal subrayó que cuatro de sus recomendaciones del año anterior se referían a problemas que se han vuelto a detectar, por lo que no se han repetido. Asimismo, identificó nuevos problemas y recomendó que la Comisión:

• garantice que la autoridad de auditoría o un auditor seleccionado por el Grupo BEI efectúen controles periódicos en los intermediarios financieros sobre la base de una muestra representativa de los desembolsos a beneficiarios finales;
• cuando dichos controles resulten insuficientes, desarrolle y aplique las medidas de control oportunas para evitar la posibilidad de que en el cierre existan gastos irregulares significativos;
• adopte las medidas necesarias para garantizar que las listas de verificación utilizadas por las autoridades de gestión y auditoría incluyan verificaciones del cumplimiento del artículo 132 del Reglamento de disposiciones comunes, que establece que los beneficiarios deben recibir el importe total de los gastos subvencionables debidos en un plazo máximo de 90 días a partir de la fecha en que se presente la solicitud de pago correspondiente;
• resuelva las insuficiencias detectadas en el cierre y vele por que ningún programa pueda cerrarse con un nivel material de gasto irregular.

¿Desea más información? Para obtener información completa sobre la fiscalización del Tribunal del gasto de la UE en «Cohesión económica, social y territorial» puede consultarse el capítulo 6 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018.

Recursos naturales

Total: 58 000 millones de euros

¿Qué fiscalizó el Tribunal?

Este ámbito de gasto abarca la política agrícola común (PAC), la política pesquera común y una parte del gasto de la UE en medio ambiente y acción por el clima.

La PAC representa el 98 % del gasto en «Recursos naturales». Sus tres objetivos generales establecidos en la legislación de la UE son:

• producción alimentaria viable, con atención especial a la renta agrícola, la productividad agraria y la estabilidad de los precios;
• gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima, con atención especial a las emisiones de gases de efecto invernadero, la biodiversidad, el suelo y el agua;
• desarrollo territorial equilibrado.

La Comisión, en particular la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG Agricultura y Desarrollo Rural), comparte la gestión de la PAC con los organismos pagadores de los Estados miembros. El gasto de la PAC se divide en tres categorías amplias:

• pagos directos a los agricultores, que se financian plenamente con cargo al presupuesto de la UE;
• medidas de mercado agrícolas, también financiadas íntegramente por el presupuesto de la UE, excepto determinadas medidas cofinanciadas por los Estados miembros, como las medidas de promoción y el programa de consumo de leche, verdura y fruta en las escuelas;
• programas de desarrollo rural de los Estados miembros, cofinanciados por el presupuesto de la UE.

En 2018, el gasto sujeto a fiscalización en este ámbito ascendió a 58 100 millones de euros.

Constataciones del Tribunal

Importe objeto de auditoría	¿Afectado por errores materiales?	Nivel estimado de error más probable
58 100 millones de euros	Sí	2,4 % (2017: 2,4 %)

Los pagos directos, en conjunto, no contenían errores materiales

Los pagos directos a los agricultores se basan principalmente en la superficie agrícola declarada por estos. Estos pagos representan el 72 % del gasto en la rúbrica de «Recursos naturales» del MFP.

La principal herramienta de gestión de los pagos directos es el sistema integrado de gestión y control (SIGC), que incorpora el sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIP). El SIGC ha resultado de gran ayuda para reducir el nivel de error en los pagos directos y, en particular, el SIP ha contribuido de manera significativa.

El Tribunal verificó 95 pagos directos y constató que 77 no contenían errores. El Tribunal concluye que los pagos directos, en conjunto, no contenían errores materiales.

Desarrollo rural, medidas de mercado, pesca, medio ambiente y acción por el clima

Las condiciones de subvencionabilidad complejas aumentan el riesgo de error en estos ámbitos de gasto. El Tribunal verificó 156 pagos directos y constató que 40 contenían errores. Las principales fuentes de errores eran las siguientes:

• los beneficiarios, las actividades o los gastos no subvencionables (véase el ejemplo);
• la aportación de información imprecisa sobre la superficie o el número de animales;
• el incumplimiento de las normas de contratación pública o de concesión de subvenciones;
• errores administrativos.

Medidas preventivas y correctoras

La Comisión y las autoridades de los Estados miembros habían aplicado medidas correctoras que afectaban directamente a 53 de las 251 operaciones examinadas. Sin estas medidas, el nivel estimado de error del Tribunal para este capítulo habría sido 0,6 puntos porcentuales superior. Al mismo tiempo, en 12 casos de errores cuantificados, las autoridades nacionales disponían de suficiente información para prevenir o detectar y corregir los errores antes de declarar los gastos a la Comisión. Si las autoridades nacionales hubiesen utilizado de manera correcta toda la información de la que disponían, el nivel estimado de error habría sido 0,6 puntos porcentuales más bajo.

Informes de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la regularidad del gasto de la PAC

La DG Agricultura y Desarrollo Rural utiliza las estadísticas nacionales de control que recibe de los organismos pagadores. También realiza ajustes basados en los resultados de las auditorías de los organismos de certificación, así como en sus propios controles y en su criterio profesional, para realizar la estimación del importe de riesgo en el momento del pago.

El director de cada uno de los 76 organismos pagadores facilita a la DG Agricultura y Desarrollo Rural una declaración de la gestión anual sobre la eficacia de sus sistemas de control, junto con un informe de los controles del organismo pagador. Desde 2015, para proporcionar más garantías, se exige a los organismos de certificación que emitan un dictamen anual para cada organismo pagador sobre la legalidad y la regularidad del gasto cuyo reembolso hayan solicitado los Estados miembros.

Los controles de la DG Agricultura y Desarrollo Rural identificaron deficiencias en el trabajo de los organismos de certificación. Como ya señaló el Tribunal el año pasado, se deben realizar mejoras continuas en el trabajo de los organismos de certificación para que la Comisión pueda utilizar su trabajo como fuente primaria de garantías sobre la regularidad del gasto de la PAC.

Sobre la base de las estadísticas de control de sus organismos pagadores, los Estados miembros notificaron un nivel de error global próximo al 1 % en el gasto de la PAC en su conjunto. El Tribunal examinó los ajustes de la DG Agricultura y Desarrollo Rural a los porcentajes de error de los Estados miembros. Como en años anteriores, la DG Agricultura y Desarrollo Rural basó la mayoría de sus ajustes en sus propios controles de los sistemas y del gasto de los organismos pagadores. La DG Agricultura y Desarrollo Rural calcula la mayoría de estos ajustes como importes a tanto alzado, con objeto de reflejar la importancia y el alcance de las insuficiencias detectadas en los sistemas de control.

En el informe anual de actividad de la DG Agricultura y Desarrollo Rural se estima que el importe de riesgo en el momento del pago es del 2,1 % aproximadamente en el gasto de la PAC en su conjunto, y del 1,8 % aproximadamente en los pagos directos. La Comisión también presenta estos resultados en su informe anual de gestión y rendimiento. La estimación de la Comisión coincide con la conclusión del Tribunal e indica un nivel material de error en el gasto en «Recursos naturales» en su conjunto, pero no en los pagos directos.

Evaluación del rendimiento

El Tribunal examinó una muestra de 113 acciones de desarrollo rural en 18 Estados miembros. El Tribunal constató que la mayoría de las acciones habían producido las realizaciones esperadas y que los Estados miembros en general verificaron la moderación de los costes, pero emplearon poco las opciones de costes simplificados.

El Tribunal examinó la medición del rendimiento por la Comisión y los Estados miembros en el marco común de seguimiento y evaluación de la PAC (MCSE) y la elaboración de los informes correspondientes. Examinó su uso de indicadores de resultados en 113 pagos de desarrollo rural y en 95 pagos directos.

De conformidad con las constataciones de fiscalizaciones anteriores sobre la medición del rendimiento en el gasto en agricultura y desarrollo rural, el Tribunal detectó varias insuficiencias en la forma en que la Comisión y los Estados miembros habían aplicado los indicadores de resultados del MCSE para medir y notificar el rendimiento del gasto.

En la propuesta de introducir un modelo de aplicación basado en el rendimiento para la PAC en el período posterior a 2020, la Comisión definió indicadores comunes de realización, de resultados y de impacto. Si bien en su Dictamen n.º 7/2018 sobre la propuesta el Tribunal celebraba el cambio a un modelo basado en el rendimiento, constató que estos indicadores no se habían desarrollado totalmente y formuló comentarios específicos sobre los indicadores propuestos.

Recomendaciones del Tribunal

En el Informe Anual relativo al ejercicio 2017, el Tribunal hizo tres recomendaciones a la Comisión con una fecha máxima de aplicación de final de 2019. Estas se referían a las medidas de los Estados miembros para corregir las causas de los errores y la calidad del trabajo de los organismos de certificación. También eran pertinentes para las constataciones y conclusiones de este ejercicio, y el Tribunal realizará un seguimiento de las mismas más adelante.

Este año, el Tribunal también recomienda a la Comisión que, en el período posterior a 2020, tenga en cuenta las insuficiencias identificadas en el marco actual, para garantizar que los indicadores de resultados miden correctamente los efectos de las acciones y que tienen una conexión clara con las intervenciones relacionadas y los objetivos políticos.

¿Desea más información? Para obtener información completa sobre la fiscalización del Tribunal de los gastos de la UE en «Recursos naturales», puede consultarse el capítulo 7 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018.

Seguridad y ciudadanía

Total: 3 100 millones de euros

¿Qué fiscalizó el Tribunal?

Este ámbito de gasto agrupa diferentes políticas cuyo objetivo común es reforzar el concepto de «ciudadanía de la UE» mediante la creación de un espacio de libertad, justicia y seguridad sin fronteras interiores.

«Migración y seguridad» se ejecuta en gran medida en régimen de gestión compartida entre los Estados miembros y la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (DG Migración y Asuntos de Interior) de la Comisión. Los fondos más importes de esta rúbrica son:

• el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), que tiene como objetivo contribuir a la gestión eficaz de los flujos migratorios, así como aportar un enfoque común de la Unión sobre el asilo y la migración;
• el Fondo de Seguridad Interior (FSI), que pretende lograr un alto nivel de seguridad en la UE.

Estos fondos se crearon en 2014 en sustitución del anterior programa SOLID («Solidaridad y gestión de los flujos migratorios») y continuarán hasta 2020. En 2018, representaron aproximadamente la mitad (45 %) del gasto de la UE en este ámbito.

Otro 27 % corresponde al gasto de 13 organismos descentralizados que participan en la aplicación de las prioridades clave de la UE en los ámbitos de migración y seguridad, cooperación judicial y salud. El Tribunal elabora por separado informes sobre las agencias de la UE en sus informes anuales específicos y una síntesis anual: «Resumen de la auditoría de las agencias de la UE».

En 2018, el gasto sujeto a fiscalización en este ámbito ascendió a 3 000 millones de euros.

Constataciones del Tribunal

En 2018, el Tribunal examinó sistemas seleccionados que abarcaban las principales políticas en este ámbito de gasto y verificó un número reducido de operaciones. Constató que la gestión de convocatorias de propuestas y solicitudes de subvención de la DG Migración y Asuntos de Interior era eficaz. Asimismo, el examen puso de manifiesto deficiencias en la aplicación de las normas de contratación pública y algunas insuficiencias del sistema en la gestión del FAMI y del FSI, así como en los controles del programa Alimentos y piensos por parte de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria.

Recomendaciones del Tribunal

El Tribunal recomienda que la Comisión:

• garantice que, al hacer controles administrativos de las solicitudes de pago, utiliza sistemáticamente la documentación que ha exigido que proporcionen los beneficiarios de las subvenciones para examinar adecuadamente la legalidad y regularidad de los procedimientos de contratación pública organizados por ellos;
• ordene a las autoridades de los Estados miembros responsables de los programas del FAMI y del FSI que controlen correctamente la legalidad y regularidad de los procedimientos de contratación pública organizados por los beneficiarios de los fondos al realizar controles administrativos de sus solicitudes de pago.

¿Desea más información? Para obtener información completa sobre la fiscalización del Tribunal de los gastos de la UE en «Seguridad y ciudadanía» puede consultarse el capítulo 8 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018.

Una Europa global

Total: 9 500 millones de euros

¿Qué fiscalizó el Tribunal?

Este ámbito de gasto abarca los gastos en los ámbitos de política exterior, promoción de los valores de la UE, apoyo a los países candidatos y candidatos potenciales de la UE, así como la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria a los países vecinos y en desarrollo (con la excepción de los Fondos Europeos de Desarrollo, cuya información se puede consultar en el capítulo correspondiente).

El gasto es ejecutado directamente por varias direcciones generales de la Comisión, desde los servicios centrales de Bruselas o a través de las delegaciones de la UE en más de 150 países receptores, o indirectamente por los países beneficiarios y las organizaciones internacionales, aplicando una gran variedad de instrumentos de cooperación y de métodos de ejecución.

En 2018, el gasto sujeto a fiscalización en este ámbito ascendió a 8 000 millones de euros.

Constataciones del Tribunal

En 2018, el Tribunal detectó algunos casos de gastos no subvencionables y de incumplimiento de las normas jurídicas y financieras para la adjudicación de contratos, pero también encontró ejemplos de controles externos eficaces.

La falta de cooperación mostrada por las organizaciones internacionales en el envío de documentos justificativos esenciales retrasó considerablemente el trabajo de auditoría. El Tribunal considera que esto constituye una infracción de sus derechos de auditoría en virtud del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Informes anuales de actividad y otros mecanismos de gobernanza

En 2018, la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación subcontrató su cuarto estudio sobre el porcentaje de error residual (PER) a un contratista externo. El objeto del estudio del PER es medir los «errores que han eludido todos los controles de prevención, detección y corrección». Sin embargo, en 2018, aproximadamente en el 24 % de las operaciones incluidas en la muestra, el PER se basó plenamente en los resultados de controles anteriores, sin ninguna comprobación adicional. Este porcentaje prácticamente se había duplicado desde 2017.

Además, el análisis del Tribunal reveló que es posible mejorar el grado de juicio profesional de los auditores al estimar el error de las distintas operaciones.

La Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas ha realizado esfuerzos adicionales por excluir del cálculo de los importes estimados en situación de riesgo las recuperaciones de importes de prefinanciación, las órdenes de recuperación canceladas y los intereses devengados. No obstante, el Tribunal constató que la fiabilidad de la cifra de 2018 presentada en el informe anual de actividad de la Dirección General contenía errores no detectados que dieron lugar a la sobrevaloración de su capacidad correctora.

Evaluación del rendimiento

Además de comprobar la regularidad, el Tribunal evaluó aspectos del rendimiento en 15 proyectos finalizados. Salvo uno, todos los proyectos examinados tenían indicadores de rendimiento claros y pertinentes. Los marcos lógicos estaban bien estructurados, y sus objetivos de realizaciones eran realistas y viables.

Recomendaciones del Tribunal

El Tribunal recomienda que la Comisión:

• tome todas las medidas necesarias para reforzar la obligación impuesta a las organizaciones internacionales de transmitir al Tribunal cualquier documento o información que precise para llevar a cabo su labor;
• adopte medidas para adaptar la metodología de la DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación de manera que se limiten las decisiones de confianza plena en el trabajo de terceros y se supervise de cerca su ejecución;
• modifique el modo en que se calcula la capacidad correctora de 2019 mediante la exclusión de las recuperaciones de prefinanciación no utilizada.

¿Desea más información? Para obtener información completa sobre la fiscalización del Tribunal de los gastos de la UE en «Una Europa global» puede consultarse el capítulo 9 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018.

Administración

Total: 9 900 millones de euros

¿Qué fiscalizó el Tribunal?

La auditoría abarcó los gastos administrativos de las instituciones y algunos órganos de la UE: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, la Comisión, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Servicio Europeo de Acción Exterior.

En 2018, el gasto administrativo total de las instituciones y órganos ascendía a 9 900 millones de euros. Este importe abarcó el gasto correspondiente a recursos humanos (alrededor del 60 % del total), inmuebles, equipos, energía, comunicaciones y tecnología de la información.

El Tribunal publica los resultados de sus fiscalizaciones de las agencias de la UE, otros organismos descentralizados y las Escuelas Europeas por separado en informes anuales específicos, así como una síntesis consolidada de estas fiscalizaciones.

Los propios estados financieros del Tribunal son auditados por un revisor externo. El informe y la opinión de auditoría se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el sitio web del Tribunal.

En 2018, el gasto sujeto a auditoría en este ámbito ascendió a 9 900 millones de euros.

Constataciones del Tribunal

Importe objeto de auditoría	¿Afectado por errores materiales?
9 900 millones de euros	No - Exento de errores materiales en 2018 y 2017

En 2018, el Tribunal examinó 45 operaciones en este ámbito del presupuesto. Como en años anteriores, el Tribunal estima que el nivel de error se encuentra por debajo del umbral de materialidad. Sin embargo, este año detectó un mayor número de insuficiencias internas de control en la Comisión en su gestión de las asignaciones familiares abonadas al personal.

Procedimientos de contratación pública para mejorar la seguridad de las personas y de los locales

Como respuesta a los atentados terroristas de los últimos años, las instituciones de la UE han adoptado medidas para reforzar la protección de su personal y de los locales con urgencia. El Tribunal examinó 13 procedimientos de contratación pública relativos a estas medidas organizados por las instituciones entre 2015 y 2018. El examen se centró en la definición de las necesidades, la naturaleza del procedimiento de contratación utilizado, la ejecución del procedimiento y la selección de los contratistas, y halló insuficiencias, generalmente relacionadas con la urgencia por celebrar contratos, en procedimientos organizados por el Parlamento y por la Comisión.

Recomendaciones del Tribunal

El Tribunal recomienda que la Comisión:

• mejore sus sistemas de gestión de las asignaciones familiares obligatorias. Debería revisar la situación de los miembros del personal con más frecuencia y reforzar sus controles de la declaración de asignaciones percibidas de otras fuentes.

¿Desea más información? Para obtener información completa sobre la fiscalización del Tribunal de los gastos de la UE en «Administración» puede consultarse el capítulo 10 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018.

Fondos Europeos de Desarrollo

Total: 4 100 millones de euros

¿Qué fiscalizó el Tribunal?

Los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) constituyen el principal instrumento por el que la UE proporciona ayuda para la cooperación al desarrollo. El gasto de los FED y de los instrumentos de cooperación se destina a erradicar la pobreza y a promover el desarrollo sostenible y la integración de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y países y territorios de ultramar (PTU) en la economía mundial.

En 2018, el gasto sujeto a fiscalización en este ámbito ascendió a 3 700 millones de euros. Este gasto corresponde a los octavo, noveno, décimo y undécimo FED.

Constataciones del Tribunal

Las cuentas de 2018 presentan fielmente la situación financiera de los FED, los resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos.

El Tribunal también llega a la conclusión de que la recaudación de los FED estaba exenta de errores materiales.

Importe objeto de auditoría	¿Afectado por errores materiales?	Nivel estimado de error más probable
3 700 millones de euros	Sí	5,2 % (2017: 4,5 %)

En 2018, el Tribunal examinó una muestra representativa de 125 operaciones extraída del conjunto de pagos de los FED. Puesto que parte de este gasto estaba cubierto por el estudio sobre el porcentaje de error residual (PER) realizado por la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG Cooperación Internacional y Desarrollo), el Tribunal incluyó en la muestra 14 operaciones adicionales, a las que aplicó, después del ajuste, los resultados de este estudio. Sobre la base de los 39 errores cuantificados y de los resultados ajustados del estudio del PER de 2018, el nivel de error estimado por el Tribunal es del 5,2 %.

El Tribunal constató que la mayoría de los errores se referían al incumplimiento de las normas de contratación pública, a los gastos no efectuados o no admisibles, a los gastos generales declarados como costes directos y a la falta de documentos justificativos.

En algunas operaciones ejecutadas por organizaciones internacionales no se transmitieron documentos justificativos esenciales en un plazo razonable, lo que incidió negativamente en el trabajo de planificación y ejecución de la auditoría del Tribunal y es contrario al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece el derecho del Tribunal a que se le remita la información solicitada.

Medidas preventivas y correctoras

En varias operaciones que contenían errores cuantificables, la Comisión disponía de información suficiente para haber evitado, o detectado y corregido, los errores. Si toda esta información hubiera sido adecuadamente utilizada por la Comisión, el nivel de error estimado en el gasto de los FED habría sido 1,3 puntos porcentuales más bajo.

Informes sobre la conformidad de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo

El Tribunal examinó el trabajo del contratista del estudio del PER de 2018. Por tercer año consecutivo, el estudio estimaba que el porcentaje de error residual se hallaba por debajo del umbral de materialidad del 2 % fijado por la Comisión. El estudio del PER no constituye un encargo de fiabilidad ni una auditoría. Como en años anteriores, el Tribunal ha identificado limitaciones como el escaso número de controles sobre el terreno, los controles incompletos de los procedimientos de contratación pública y las convocatorias de propuestas, y la estimación de los errores. Todas estas limitaciones contribuyeron al establecimiento de un PER inferior, que no refleja la realidad.

En su informe anual de actividad de 2018, la DG Cooperación Internacional y Desarrollo formula dos reservas: una relativa a las subvenciones y otra relativa a los programas específicos gestionados por la Comisión de la Unión Africana. La primera reserva se refiere únicamente a las subvenciones gestionadas por la DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación en nombre de la DG Cooperación Internacional y Desarrollo, puesto que el alcance de la reserva se ha reducido significativamente desde 2016. Teniendo en cuenta las limitaciones del estudio del PER de 2018 y en años anteriores, el reducido alcance de la primera reserva no está suficientemente justificado. Como el estudio del PER es uno de los elementos clave de la evaluación de riesgos de la DG Cooperación Internacional y Desarrollo, debe estar respaldado por orientación detallada suficiente para proporcionar una base fiable para la reserva.

La DG Cooperación Internacional y Desarrollo estimó que el importe total en riesgo al cierre ascendía a 49,8 millones de euros. Con arreglo al estudio del PER, esta estimación es inferior en un 29 % a la del año anterior. Sobre la base de sus observaciones sobre el estudio del PER, el Tribunal considera que el importe en situación de riesgo debería ser más alto.

Evaluación del rendimiento

Además de servir para examinar la regularidad, sus verificaciones sobre el terreno permitieron al Tribunal formular observaciones sobre aspectos de rendimiento de las operaciones seleccionadas. El Tribunal observó casos en los que los elementos adquiridos para medidas financiadas por los FED no se estaban utilizando, o en los que no se estaban llevando a cabo obras de instalación según lo previsto. Estos casos provocaron que la eficiencia y la eficacia de la acción de la UE quedaran comprometidas.

Recomendaciones del Tribunal

El Tribunal recomienda que la Comisión:

• tome medidas para reforzar la obligación impuesta a las organizaciones internacionales de transmitir al Tribunal, a petición de este, cualquier documento o información que sean necesarios para llevar a cabo su labor;
• mejore la metodología y el manual del estudio del PER para ofrecer unas orientaciones más exhaustivas sobre las cuestiones identificadas por el Tribunal en el presente informe y, por tanto, proporcione una base apropiada para la evaluación de riesgos de la DG Cooperación Internacional y Desarrollo para las reservas.

¿Desea más información? Para obtener información completa sobre la fiscalización del Tribunal de los FED puede consultarse el Informe Anual sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo al ejercicio 2018.

Información general

El Tribunal de Cuentas Europeo y su trabajo

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) es el auditor externo de la Unión Europea. Su sede se encuentra en Luxemburgo y su plantilla consta aproximadamente de 900 profesionales y agentes de apoyo de todas las nacionalidades de la UE.

La misión del Tribunal es contribuir a mejorar la administración y la gestión financiera de la UE, promover la rendición de cuentas y la transparencia, y ejercer de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos europeos.

Los informes de auditoría y los dictámenes del Tribunal constituyen un elemento esencial de la cadena de responsabilidades de la UE, pues sirven para que rindan cuentas los responsables de la aplicación de las políticas y los programas de la UE: la Comisión, otras instituciones y organismos de la UE, y las administraciones de los Estados miembros.

El Tribunal advierte de los riesgos, ofrece garantías, señala deficiencias y buenas prácticas, y proporciona orientación a los responsables políticos y a los legisladores de la UE sobre cómo mejorar la gestión de las políticas y programas de la UE. A través de su trabajo, el Tribunal garantiza que los ciudadanos europeos sepan cómo se gasta su dinero.

Síntesis del enfoque de auditoría del Tribunal

Las opiniones contenidas en las declaraciones de fiabilidad del Tribunal están basadas en evidencia objetiva obtenida a partir de pruebas de auditoría realizadas con arreglo a las normas internacionales de auditoría.

Como indicó en su estrategia 2018‑2020, el Tribunal se propone aplicar el enfoque de certificación a la totalidad de su declaración de fiabilidad, lo que quiere decir, que basará su opinión de auditoría en la declaración (de la dirección) de la Comisión. Así ha procedido en su trabajo sobre la fiabilidad de las cuentas desde 1994. En los casos en que se han cumplido las condiciones de las normas internacionales de auditoría pertinentes, el Tribunal examina y repite los controles efectuados por los responsables de ejecutar el presupuesto de la UE. Por tanto, toma plenamente en consideración las medidas correctoras adoptadas como consecuencia de dichos controles.

Fiabilidad de las cuentas

¿Proporcionan las cuentas anuales de la UE información completa y exacta?

• Asimismo, se evalúa el sistema contable para garantizar que constituye una base adecuada para unos datos fiables.
• Se verifican los procedimientos contables clave para garantizar que funcionan correctamente.
• Se llevan a cabo controles analíticos de datos contables para garantizar que se presentan de forma coherente y tienen un carácter razonable.
• Se efectúa un control directo de una muestra de asientos contables para garantizar que las operaciones subyacentes existen y están registradas con exactitud.
• Se controlan los estados financieros para garantizar que presentan fielmente la situación financiera.

Regularidad de las operaciones

¿Cumplen la normativa las operaciones de ingresos y de pagos contabilizados como gastos subyacentes a las cuentas de la UE?

• Se evalúan los sistemas de control de los ingresos y los gastos a fin de determinar su eficacia para garantizar que las operaciones son regulares.
• Se obtienen muestras de operaciones recurriendo a técnicas estadísticas que permiten obtener una base para un examen detallado por parte de los auditores del Tribunal. Las operaciones de la muestra se verifican de forma detallada, inclusive en los locales de los beneficiarios finales (como agricultores, institutos de investigación o empresas que realicen trabajos o presten servicios adjudicados en contratación pública) para obtener pruebas de que todos los hechos subyacentes existen, han sido registrados correctamente y cumplen las normas relativas a los pagos.
• Los errores se analizan y clasifican como cuantificables o no cuantificables. Las operaciones están afectadas por errores cuantificables si, con arreglo a las normas, el pago no se debería haber autorizado. Se extrapolan los errores cuantificables para obtener un nivel de error estimado de cada ámbito en el que se realiza una evaluación específica. Posteriormente, el nivel de error estimado se compara con un umbral de materialidad del 2 % y se valora si los errores son generalizados.
• En su opinión, el Tribunal tiene en cuenta todas estas evaluaciones y otra información pertinente, como los informes anuales de actividad y los informes de otros auditores externos.
• Todos los resultados son debatidos con las autoridades de los Estados miembros y la Comisión para garantizar la exactitud de los hechos.

Todos los productos del Tribunal pueden consultarse en su sitio web (eca.europa.eu). Para obtener información adicional sobre el proceso de auditoría para la declaración de fiabilidad puede consultarse el anexo 1.1 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018. En la web del Tribunal figura un glosario con la terminología técnica empleada en sus publicaciones.

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LUXEMBURGO

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Twitter: @EUAuditors

Más información sobre la Unión Europea, en el servidor Europa de internet (http://europa.eu).

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2019

PRINT	ISBN 978-92-847-2043-9	doi:10.2865/522173	QJ-03-19-425-ES-C
PDF	ISBN 978-92-847-2011-8	doi:10.2865/93343	QJ-03-19-425-ES-N
HTML	ISBN 978-92-847-1995-2	doi:10.2865/104173	QJ-03-19-425-ES-Q

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