Education and Training Monitor 2022

1. Indicadores clave

Gráfico 1: Visión general de los indicadores clave

Fuentes: Eurostat (UOE, EPA, COFOG); OCDE (PISA). Puede encontrarse más información en el anexo I y en la caja de herramientas del Monitor. Notas: la media de la UE en cuanto a rendimiento en competencia lectora de PISA para 2018 no incluye a España; el indicador utilizado (educación infantil) se refiere a los programas de atención y educación de la primera infancia que, según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), son «educativos» y, por tanto, constituyen el primer nivel de enseñanza en los sistemas de educación y formación (nivel CINE 0); el indicador de equidad muestra la brecha en el porcentaje de bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias (combinadas) entre los jóvenes de quince años entre los cuartos más bajos y más altos de la situación socioeconómica; b = interrupción en las series cronológicas, u = baja fiabilidad, : = no disponible, 09 = 2009, 13 = 2013, 18 = 2018, 20 = 2020.

Gráfico 2: Situación respecto a los países de mayor rendimiento educativo y los países de menor rendimiento educativo

2. Enfoque en la educación para la sostenibilidad medioambiental

La educación para la sostenibilidad medioambiental es un componente clave de la Ley de Educación. En el marco de la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), adoptada en diciembre de 2021, el tema se aborda como un componente transversal y en la asignatura de valores cívicos y éticos. La Ley también prevé la inclusión del desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial en el programa de formación de futuros profesores.

Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 2021-2025 (PAEAS)¹ . El Plan, adoptado en agosto de 2021, es el resultado de un amplio proceso de consulta y participación llevado a cabo desde finales de 2019. Sus objetivos son: a) generar cambios en los planes de estudios para incluir competencias en materia de sostenibilidad; b) formar a los profesores en materia de sostenibilidad; c) integrar los aspectos medioambientales en los proyectos escolares; y d) diseñar y ejecutar programas y proyectos coordinados con las partes interesadas del ámbito de la educación, las escuelas y las universidades. El programa de trabajo del PAEAS 2022², aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, incluye las siguientes acciones relacionadas con la educación: a) la aprobación de nuevos planes de estudios en la enseñanza primaria y secundaria (inferior y superior); b) la publicación de directrices sobre cómo integrar la educación sostenible en las metodologías de enseñanza; c) la incorporación de las competencias relacionadas con el desarrollo sostenible en los planes de estudios de la educación y formación profesionales (EFP); d) la determinación de nuevas competencias relacionadas con el desarrollo sostenible en todos los sectores profesionales; e) la actualización y creación de nuevos grados de EFP sobre conservación y restauración del medio ambiente; f) la publicación de convocatorias de proyectos de innovación en materia de educación sostenible; g) la formación del profesorado en materia de desarrollo sostenible; h) la realización de seminarios sobre educación para la educación sostenible (dirigidos a todos los ciudadanos); i) la promoción de la red nacional de redes de centros educativos sostenibles no universitarios (escuelas ESenRED hacia la sostenibilidad en línea); y j) la publicación en línea de colecciones de buenas prácticas en materia de educación para el desarrollo sostenible.

3. Atención y educación de la primera infancia

España aspira a garantizar un acceso universal, asequible y de calidad a los servicios de atención a la infancia para los niños de cero a tres años. La participación de los niños de más de tres años en la atención y educación de la primera infancia es la tercera más alta de la UE (97,2 %), superando el objetivo de la UE del 96 %. La tasa de participación de los niños menores de tres años (55,3 % en 2021) también es muy superior a la media de la UE (36,6 %) y al objetivo de Barcelona (33 %). Al igual que en otros países de la UE, en 2020 se produjo un descenso en la tasa de participación del grupo de edad más joven, probablemente relacionado con la pandemia de COVID-19, pero la tendencia parece haberse recuperado en 2021 (55,3 %). En 2021-2022, alrededor de 435 000 niños menores de tres años asistieron al primer ciclo de atención y educación de la primera infancia (educación infantil). De los 36 500 centros de atención y educación de la primera infancia disponibles, el 53 % son centros de educación infantil públicos, alrededor del 30 % son centros privados y el resto son centros privados de atención y educación de la primera infancia financiados con fondos públicos³ (MEFP, 2021). Aunque las diferencias regionales se están reduciendo, en 2020-2021 la participación en la atención y educación de la primera infancia de los menores de tres años oscila entre el 53,4 % y el 21,8 %. El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PRR) incluye la creación de 60 000 plazas públicas gratuitas de atención y educación de la primera infancia para niños menores de tres años en 2021-2023, con un presupuesto asignado de 670,1 millones EUR distribuido entre las regiones españolas⁴ . Para satisfacer la demanda esperada de plazas gratuitas, algunos gobiernos autonómicos (Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia) están negociando acuerdos con Acade⁵, la asociación de escuelas privadas en España. La desigualdad regional en el acceso a la atención y educación de la primera infancia se debe no solo a la escasez de plazas libres, sino también a la falta de criterios homogéneos a escala nacional que garanticen el acceso a los más vulnerables. La LOMLOE afirma que el Gobierno establecerá algunos requisitos mínimos para la atención y educación de la primera infancia (planes de estudios, proporción de niños por aula y cualificación del profesorado). El Congreso español aprobó una propuesta de modificación de la Ley de Educación LOMLOE, destinada a garantizar el libre acceso universal a la atención y educación de la primera infancia para los menores de tres años, independientemente del tipo de escuela; dicha propuesta se someterá a debate parlamentario antes de finales de 2022. Según la propuesta, el Estado debería transferir a las comunidades autónomas suficientes créditos para garantizar el servicio gratuito de asistencia socioeducativa, tanto en escuelas públicas como privadas⁶.

Aún no se ha establecido un sistema sólido de supervisión de la calidad de la atención y educación de la primera infancia. Aunque la participación en la atención y educación de la primera infancia es, en general, elevada, persisten los retos relacionados con una calidad desigual. Otero et al. (2021) concluye que es urgente desarrollar indicadores para evaluar la calidad de los servicios y los resultados de los dos ciclos de atención y educación de la primera infancia (edades comprendidas entre cero y tres años y desde tres hasta la educación obligatoria), con herramientas sólidas y fiables para lograr resultados comparables. Una mayor cooperación territorial entre las comunidades autónomas es necesaria para asegurar el acceso a los servicios de atención y educación de la primera infancia y garantizar que sean de buena calidad.

4. Educación escolar

Se está llevando a cabo una reforma de los planes de estudios para la enseñanza primaria y secundaria. Entre febrero y abril de 2022, varios reales decretos fueron publicados, mediante los cuales se actualizó el plan de estudios de la enseñanza primaria⁷, la primera etapa de la enseñanza secundaria⁸ y la segunda etapa de la enseñanza secundaria⁹. Los nuevos planes de estudios se han diseñado sobre la base de la adaptación de la Recomendación relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente¹⁰, al sistema educativo español y a los diferentes niveles educativos. El plan de estudios de la educación primaria se basa en ocho competencias clave:

1. la competencia en comunicación lingüística;
2. la competencia plurilingüe;
3. la competencia matemática y la competencia en ciencia, tecnología e ingeniería;
4. la competencia digital;
5. la competencia personal y social, y la capacidad de aprender a aprender; la competencia ciudadana;
6. citizenship;
7. la competencia emprendedora; y
8. la competencia en conciencia y expresión culturales.

Gráfico 3: Participación en la educación o en servicios formales de atención a la infancia de alumnos menores de tres años, 2011-2021 (%)

El plan de estudios de la educación secundaria presta especial atención a la orientación académica y la inclusión educativa. Se trata de evitar el abandono escolar prematuro y facilitar la consecución de resultados de aprendizaje para todos los estudiantes. El Real Decreto establece programas de diversificación curricular (en los que las asignaturas se organizan de forma flexible y alternativa para los estudiantes con dificultades de aprendizaje). En cuanto al Real Decreto sobre la segunda etapa de la enseñanza secundaria, establece cuatro vías independientes que deben elegir los estudiantes: ciencias y tecnología; humanidades y ciencias sociales; artes; y general. Esta última es una nueva vía diseñada para los estudiantes que buscan una formación más global y flexible, y permite una organización prácticamente individualizada de esta etapa educativa.

La comunidad educativa está dividida en lo que respecta al nuevo plan de estudios para la primera etapa de la enseñanza secundaria. Algunos sindicatos (CCOO, UGT) y asociaciones de padres (CEAPA) acogen con satisfacción el enfoque basado en las competencias del nuevo plan de estudios y los métodos más flexibles para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes. Otros sindicatos (CSIF) y asociaciones de padres (CONCAPA) son críticos, alegando que el nuevo Reglamento no mejoraría la calidad de la educación, ya que el plan de estudios se basaría más en las competencias a expensas de los contenidos. También cuestionan el sistema de promoción más flexible. ANCABA, la asociación de catedráticos de instituto, denuncia la nueva vía de Bachillerato General, ya que puede percibirse como una segunda etapa de la educación secundaria de fácil acceso (debido al contenido de las asignaturas que los estudiantes tienen que aprender), pero ofreciendo competencias inferiores¹¹. El Ministerio de Educación ha presentado una propuesta de contenido curricular para las cuatro vías de la segunda etapa de secundaria diferentes¹².

La tasa de personas que abandonan prematuramente la educación y la formación sigue disminuyendo. La tasa de personas que abandonan prematuramente la educación y la formación se situó en el 13,3 % en 2021 (2,7 puntos porcentuales por debajo de la de 2020), pero sigue estando por encima de la media de la UE (9,7 %). No obstante, persisten grandes diferencias regionales, que oscilan entre el 17,7 y el 4,8 %. Además, el 78,8 % de la población de entre veinte y veinticuatro años ha alcanzado al menos la segunda etapa de la educación secundaria, es decir, 16,8 puntos porcentuales más que en 2011, y está cada vez más cerca de la media europea (84,3 % en 2020). La investigación de Morentin-Encinas (2021) revela que la mayoría de los estudiantes que terminan la primera etapa de la enseñanza secundaria siguen cursando estudios de EFP o de la segunda etapa de la educación secundaria (general). Sin embargo, el 30 % de los estudiantes (estimación oficial en torno al 16 %) no completa la primera etapa de la educación secundaria general (es decir, la enseñanza secundaria obligatoria o ESO), y dos tercios de ellos abandonan el sistema educativo en el cuarto curso de la primera etapa de la educación secundaria (el último nivel de esta etapa educativa). Paralelamente, más de la mitad de los estudiantes abandonan la EFP básica, que es el itinerario alternativo. En conclusión, el sistema educativo tiene dificultades para retener a los estudiantes. Los autores también señalan que la decisión de abandonar la escuela suele estar vinculada a la repetición de curso. En la misma línea, la investigación llevada a cabo por López-Rupérez et al. (2021) examinó las asociaciones entre la repetición de curso y el estatus socioeconómico y cultural, y entre la graduación en la educación secundaria obligatoria. Los resultados revelan una elevada tasa de repetición de curso a los quince años de edad, diferencias significativas entre territorios y un vínculo causal fuerte y negativo entre la repetición y la graduación. Sobre la base de estos datos, los autores abogan por políticas compensatorias eficaces y propuestas bien fundamentadas para reducir la repetición de curso en España. La Comisión Europea apoya a España, a través de un proyecto plurinacional con Portugal e Italia en el marco del instrumento de apoyo técnico, en la mejora de la calidad de sus políticas de educación inclusiva.

España pretende mejorar las condiciones de trabajo de los profesores reduciendo el número de contratos temporales. El Gobierno aprobó el Real Decreto 270/2022¹³, que tiene por objeto reducir la elevada tasa de profesores en las escuelas públicas con contratos temporales (alrededor del 23 % de todo el personal). El objetivo es reducir la tasa de profesores interinos por debajo del 8 %. El nuevo Decreto prevé dos formas extraordinarias de que los profesores interinos se conviertan en personal fijo. La primera está restringida a quienes trabajaron como profesores interinos entre 2017 y 2020, y consiste en una oposición y en la evaluación de méritos. La segunda se aplica a los profesores que tenían un empleo temporal antes de enero de 2016 y se basa exclusivamente en la evaluación de méritos. Algunos sindicatos (CSIF, UGT, STEs) se opusieron al nuevo Decreto y consideran que esta diversificación de los procesos de entrada puede obstaculizar la reducción del número de profesores temporales. Cada año, unos 28 000 nuevos estudiantes se matriculan en programas de grado para convertirse en profesores de educación primaria y 20 000 en programas de máster para ejercer como profesores de educación secundaria.

Casi 285 millones EUR desembolsados a las regiones españolas para competencias educativas digitales. En abril de 2022, el Gobierno aprobó la distribución de fondos del MRR entre las comunidades autónomas españolas¹⁴. La clave de distribución se basa en el número de profesores universitarios, el número de escuelas y la dispersión de la población y la insularidad. El PRR nacional se centra especialmente en la digitalización (Comisión Europea, 2021). Como parte del plan, unos 700 000 profesores participarán en la formación relacionada con las capacidades digitales. Los fondos también financiarán la preparación de la estrategia digital a nivel escolar en más de 22 000 escuelas. Estos fondos se suman a los casi 12 millones EUR transferidos a las comunidades autónomas en 2021 de los programas de financiación de la UE (fondos estructurales, REACT-UE) para mejorar la competencia digital, casi 150 millones EUR para el suministro de dispositivos portátiles y conectividad para estudiantes que los necesitaran, los 821 millones EUR para aulas digitales interactivas y casi 19 millones EUR para la formación técnica de profesores en escuelas con aulas digitales interactivas.

La integración de los estudiantes ucranianos en el sistema educativo español sigue un plan de contingencia global. Desde el inicio de la guerra (datos disponibles desde principios de mayo de 2022), más de 28 000 niños ucranianos desplazados (alrededor del 66 % del total de refugiados) han sido escolarizados en España: el 22 % en centros de atención y educación de la primera infancia, el 46 % en la educación primaria y el 32 % en la educación secundaria. El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) creó un grupo de trabajo dentro de la conferencia sectorial (el órgano de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas) y desarrolló el plan de contingencia global para la atención educativa de estos estudiantes. Este plan prevé la creación de material escolar tanto en español como en ucraniano y la admisión de profesores ucranianos para prestar apoyo educativo en las escuelas. El MEFP también está trabajando en la simplificación de los procedimientos de homologación de títulos y cualificaciones profesionales. Además, el Ministerio puso en marcha una convocatoria de doscientas plazas para auxiliares lingüísticos de lengua ucraniana en las escuelas educativas españolas que empezaron a trabajar en mayo de 2022, con el fin de prestar apoyo a los estudiantes desplazados.

5. Educación y formación profesionales, y educación de las personas adultas

La participación en la educación y formación profesionales sigue siendo bastante limitada, aunque está aumentando. En 2020, el 36,6 % de los alumnos de la segunda etapa de la educación secundaria estaban matriculados en programas de EFP¹⁵. Aunque este porcentaje es bastante bajo en comparación con la UE (una media del 48,7 %), en los últimos años se ha producido un marcado aumento en España, frente al 33,5 % de 2013. En 2021, el 67,1 % de los recién graduados de EFP estaban empleados¹⁶. Aunque este porcentaje se mantiene por debajo de la media de la UE del 76,4 %, representa un marcado aumento con respecto al año anterior (50,3 % en 2020).

La nueva Ley de EFP se centra en la colaboración entre el mundo académico y el mundo empresarial y en la acreditación profesional. La Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la Formación Profesional entró en vigor en abril de 2022. Prevé nuevos avances, como la consolidación de un sistema modular único que integre los dos subsistemas anteriores (EFP inicial y continua). También introduce la EFP dual en determinados grados de estudio y hace hincapié en la relación entre los centros de formación y las empresas. Además, la nueva ley establece un nuevo modelo de acreditación de competencias profesionales destinado a aumentar el porcentaje actual de población con acreditación profesional oficial. Entre otras cosas, la nueva ley hace hincapié en el papel de la orientación profesional y la internacionalización, y mejora el sistema de calidad y evaluación inspirado en las normas de la UE (EQAVET).

Se ha renovado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. En consonancia con la nueva Ley de EFP, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales destinado a adaptar la oferta de formación a las necesidades de las empresas en los ámbitos de la digitalización, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el diseño gráfico. Asimismo, aprobó la distribución de los fondos a las comunidades autónomas del siguiente modo: 193 millones EUR para la creación de nuevas plazas de EFP y plazas bilingües; 179,6 millones EUR para la acreditación de 750 000 trabajadores; 50 millones EUR para la creación de una red de cincuenta centros de excelencia; 13,7 millones EUR para la transformación tecnológica de las aulas; y 6,6 millones EUR para la enseñanza de competencias empresariales.

La evolución reciente de las políticas se centra en promover la flexibilidad de la educación de adultos y la continuidad en el sistema educativo. En primer lugar, en noviembre de 2021, el MEFP aprobó una nueva legislación que establecía equivalencias entre las cualificaciones anteriores y el sistema educativo actual para permitir el acceso a la educación de formación profesional¹⁷, facilitando la transición del sistema educativo anterior al nuevo y promoviendo así la continuidad. En segundo lugar, en enero de 2022, el MEFP aumentó la flexibilidad en ámbitos clave del aprendizaje de adultos en cuanto a los requisitos para proporcionar ofertas de formación profesional vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y para avanzar en la ampliación y flexibilidad de la oferta de formación profesional¹⁸. En el contexto del objetivo de 2030 para la participación en el aprendizaje de adultos en un año, España estableció un objetivo nacional del 60 %, idéntico al objetivo de la UE, aproximadamente el doble de la tasa del 30,4 % en 2016.

6. Educación superior

Se ha aprobado una nueva ley sobre la convivencia universitaria, que establece principios clave en el funcionamiento de las universidades para garantizar el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales y garantizar la igualdad¹⁹. En virtud de la nueva ley, todas las universidades están obligadas a contar con normas de convivencia, que incorporan los mecanismos de mediación como la vía preferida para resolver los conflictos. También deben contar con medidas de prevención y respuesta contra la violencia, la discriminación o el acoso. Además, las universidades deben crear una Comisión de Convivencia compuesta por representantes de estudiantes, personal académico (docente e investigador) y personal administrativo y de servicios. La Ley de convivencia universitaria establece un nuevo sistema de delitos y sanciones para los estudiantes, con las máximas garantías y la posibilidad de sustituir las sanciones, en determinados casos, por medidas de carácter educativo o corrector.

Reforma de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. En junio de 2022²⁰ , el Gobierno aprobó un proyecto de ley para la nueva ley universitaria, que se encuentra actualmente en fase de debate parlamentario²¹. El proyecto de ley propone aumentar el gasto público al 1 % del PIB (actualmente 0,7 %) y reducir el empleo temporal del personal docente e investigador del 40 al 20 %. Además, la propuesta tiene por objeto la introducción de titulaciones de formación permanente a través de diversas modalidades, incluidas las microcredenciales, los microgrados y otros programas de corta duración que puedan tener reconocimiento académico. También creará una carrera académica más predecible, más corta y más estable con tres estados (incorporación, consolidación y promoción), de modo que solo deben pasar diez años desde el inicio de los estudios de doctorado hasta la consolidación²². De 2016 a 2023, el 50 % de los catedráticos y el 20 % de los profesores con contrato fijo se jubilarán (casi 12 000 personas). La reforma legislativa forma parte del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.

El número de becas aumenta, pero no alcanza a cubrir los costes de vida de los estudiantes. La convocatoria para solicitar una beca en todos los niveles educativos para 2022-2023 se cerró a mediados de mayo —cuatro meses antes que en años anteriores—, lo que permitirá a los estudiantes saber antes del comienzo del nuevo curso académico si pueden optar a una beca. En un esfuerzo por mejorar las oportunidades educativas, el importe asignado a las becas aumenta año tras año, al igual que el número de beneficiarios. Durante los últimos cuatro años²³, el importe asignado a las becas de educación aumentó un 45 %: de 1 500 millones EUR a 2 150 millones EUR. No obstante, el debate sobre los importes de las becas debería ir acompañado de un debate sobre la eficacia del régimen de becas para superar las desventajas socioeconómicas. Hernández Armentos y Pérez García (2021) proponen aumentar la inversión en becas en 800 millones EUR para cubrir los costes reales y de oportunidad, especialmente para los estudiantes con ingresos más bajos. El informe Public Funding Observatory 2020/2021²⁴ [Observatorio de Financiación Pública 2020-2021] de la EUA revela que la inversión pública en la educación universitaria española disminuyó un 20,1 % en el período 2008-2019, mientras que el número de estudiantes descendió un 5 % y el de personal académico, un 2 %. Las transferencias de las administraciones educativas (comunidades autónomas y administración central) a las universidades disminuyeron en un 8,1 %, mientras que los ingresos procedentes de las tasas fueron un 18 % más elevados que en el año anterior.

Las mayores tasas de abandono de los estudios universitarios ocurren durante el primer año, muy influidas por las características socioeconómicas de las familias. En 2021, el número de titulados en educación superior en España fue del 48,7 % (1,3 puntos porcentuales más que en 2020), por encima de la media de la UE (41,2 %) y del objetivo a escala de la UE (45 %). Sin embargo, el Ministerio de Universidades²⁵, informa de que el 13 % de los estudiantes de nacionalidad española que entraron en el curso académico 2015-2016 abandonaron los estudios de grado. Esta cifra se reduce al 11 % en el caso de los estudiantes menores de treinta años. Otro informe sobre el rendimiento de los estudios universitarios²⁶ reveló que uno de cada cinco estudiantes abandona sus estudios de grado en el primer año, y otro 8 % cambia su campo de estudio. La tasa de abandono en el nivel de máster es inferior, situándose en torno al 10 %. Además, de todos los estudiantes que abandonan sus estudios, más de la mitad lo hacen después del primer año, lo que demuestra que el inicio de la licenciatura es el momento más delicado en términos de continuidad de los estudios. El abandono de los estudios puede explicarse a menudo por factores individuales y circunstancias familiares. También se ha encontrado una relación con el nivel de las tasas académicas, la edad de los estudiantes y su entorno socioeconómico. Para evitar el abandono de estudios, el Ministerio de Universidades ha avanzado en la reducción de las tasas académicas de los títulos de grado y máster, así como en la corrección de las disparidades entre comunidades autónomas.

Variaciones en el rendimiento de los sistemas universitarios regionales. Según el informe de la Fundación CYD sobre la situación de la educación superior en todas las comunidades autónomas²⁷, las tasas de rendimiento escolar más altas (medidas sobre la base de los créditos ECTS²⁸ para los que se matricularon y se concedieron) se encuentran en Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana (más del 88 %). Extremadura, País Vasco y Navarra destacan con la tasa de abandono escolar más baja en el primer año. En el sistema universitario regional se da un cierto grado de especialización por campos. Algunas parecen estar más especializadas en ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura, artes y humanidades, salud, ciencia, y ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). En cuanto a los indicadores de colocación, Cataluña registra la mayor tasa de actividad y empleo de los titulados de educación superior, junto con Navarra y el País Vasco (más del 83,5 % en las tres). Las tasas de desempleo más elevadas se encuentran en Canarias y Andalucía (17,3 % y 13,7 %, respectivamente). En cuanto a los perfiles del personal docente, la participación de las profesoras oscila entre el 40 y el 47 %, mientras que el porcentaje de mujeres nombradas catedráticas en las universidades públicas abarca entre el 15 y el 29 %.

España invierte en gran medida en capacidades digitales, con un apoyo significativo del PRR nacional. Según el DESI 2022²⁹, España ocupa el décimo puesto a escala de la UE en competencias digitales de adultos. Los porcentajes de la población adulta que tiene al menos capacidades digitales básicas (64 %) y superiores (38 %) están por encima de la media de la UE (54 % y 26 %, respectivamente). La proporción de especialistas en TIC está próxima a la media de la UE (4,1 % frente a 4,5 %), y la proporción de mujeres es la misma que la media de la UE (19 %). Uno de los diez objetivos de la Estrategia España Digital 2025³⁰ es reforzar las capacidades digitales de las personas en toda España de aquí a 2025, prestando especial atención a los trabajadores. En el marco de esta estrategia, España adoptó en enero de 2021 el Plan Nacional de Competencias Digitales³¹ para promover el desarrollo de las competencias digitales entre la población. Este plan está en consonancia con los objetivos de la Década Digital 2030 de que el 80 % de la población adulta de la UE disponga de competencias digitales básicas y de que se emplee a veinte millones de especialistas en TIC. El PRR nacional es uno de los planes más grandes y ambiciosos en el ámbito digital. Se presta especial atención a la digitalización de las empresas, incluidas las pymes, el refuerzo de las capacidades digitales de las personas en toda España, la mejora de la conectividad digital en todo el territorio del país, la continuación de la digitalización de los servicios públicos, el apoyo a la I+D relacionada con la digitalización y la implantación de tecnologías digitales.

Los titulados en STEM tienen muy buenas perspectivas de oportunidades de trabajo. La proporción de titulados en STEM ha disminuido desde 2015, si bien parece que tienen buenas oportunidades de empleo. En 2021, los titulados en STEM representaron el 20,8 % del total (25,4 % en 2015). Aunque el 56 % del total de estudiantes universitarios son mujeres, solo representan el 26 % del total de estudiantes de ingeniería. La misma proporción baja se da en la composición del personal: las mujeres solo representan el 26 % de los profesores de ingeniería y el 20 % de los catedráticos. Según las previsiones de capacidades del Cedefop³², de aquí a 2030, los sectores y las ocupaciones del ámbito de las STEM se situarán entre los mejores en términos de empleo futuro con la tasa de crecimiento anual más elevada: técnicos en TIC (2,2 %) y profesionales de la ciencia y la ingeniería (1,9 %), por encima de la media de la UE. La tasa media de inserción en el mercado laboral de los titulados recientes (los que comenzaron en 2015-2016) es del 75,4 % (oscilando entre el 69 % y el 85 % en todas las regiones)³³, y es muy superior en el caso de las TIC (87,1 %) y la ingeniería, la industria y la construcción (79,1 %). Los profesionales de las TIC y la ingeniería son también los que tienen uno de los mayores porcentajes de trabajadores con contratos indefinidos (91 y 80 %, respectivamente). La Fundación CYD también informa³⁴ que los titulados en TIC, ingeniería, industria y salud tienen más posibilidades de encontrar un empleo que se ajuste a su cualificación, y con mejores salarios y estabilidad, en comparación con los titulados en artes, humanidades y servicios.

Medidas para acoger a los refugiados ucranianos en el sistema universitario. El Ministerio de Universidades, en colaboración con otros ministerios, presentó antes de finales de marzo de 2022 el Plan de acción Universidad-Refugio para las personas afectadas por el conflicto en Ucrania. Sobre esta base, las universidades españolas acogerán a estudiantes, investigadores y personal administrativo y de servicios afectados por el conflicto en Ucrania.

Gráfico 4: Titulados universitarios en STEM como proporción del total de titulados en 2020 (%)

Anexo I: Fuentes de los indicadores clave

Anexo II: Estructura del sistema educativo