12 lecciones sobre Europa
por Pascal Fontaine
¿Qué finalidad persigue la Unión Europea (UE)? ¿Por qué y cómo se creó? ¿Cómo funciona? ¿Qué ha logrado ya para sus ciudadanos y a qué nuevos desafíos se enfrenta hoy?
En un mundo globalizado, ¿puede la UE competir con éxito con otras economías importantes y mantener su nivel de bienestar social? ¿Cómo se puede gestionar la inmigración? ¿Cuál será el papel de Europa en la escena mundial en los próximos años? ¿Dónde se fijarán los límites para la Unión Europea? ¿Cuál será el futuro del euro?
Estas son tan solo algunas de las cuestiones que Pascal Fontaine, experto sobre la UE, analiza en esta edición de 2017 de su popular publicación 12 lecciones sobre Europa. Pascal Fontaine es un antiguo asistente de Jean Monnet y profesor en el Instituto de Estudios Políticos de París.
Los puntos de vista expresados en la presente publicación son los del autor y no reflejan necesariamente la posición oficial de la Comisión Europea.
Antes de convertirse en un objetivo político real, la idea de una Europa unida no era más que un sueño compartido por filósofos y visionarios. Víctor Hugo, por ejemplo, imaginó unos pacíficos «Estados Unidos de Europa» inspirados por ideales humanistas. El sueño se truncó a consecuencia de las dos terribles guerras que asolaron el continente durante la primera mitad del siglo XX.
Sin embargo, de los escombros de la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo tipo de esperanza. Quienes se habían opuesto al totalitarismo durante la guerra estaban decididos a poner fin al odio y la rivalidad entre las naciones de Europa y a crear las condiciones para el establecimiento de una paz duradera. Entre 1945 y 1950, una serie de valientes estadistas, entre los que se cuentan Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi y Winston Churchill, emprende la tarea de persuadir a sus pueblos de la necesidad de adentrarse en una nueva era y de crear nuevas estructuras en Europa Occidental, basadas en los intereses comunes y asentadas en tratados que garanticen el Estado de Derecho y la igualdad de todos los países.
Robert Schuman, por entonces ministro francés de Asuntos Exteriores, recogió una idea originalmente concebida por Jean Monnet y, el 9 de mayo de 1950, propuso la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Situar bajo una autoridad común, la Alta Autoridad, la producción de carbón y acero de países en otro tiempo enemigos contenía una enorme carga simbólica: las materias primas de la guerra se transformaban ahora en instrumentos de reconciliación y de paz.
Hoy en día, la paz reina en los países de la Unión Europea, donde los ciudadanos viven en democracia respetando el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Más aún, los países de la antigua Yugoslavia, en guerra entre sí en fechas tan cercanas como la década de 1990, a día de hoy o bien se han unido a la UE o se están preparando para ello.
No obstante, la paz es algo que nunca se debe dar por sentado. Durante la reciente crisis económica y social, Europa ha presenciado el auge de tendencias populistas, extremistas y nacionalistas que amenazan la democracia y el proceso de integración europea. Son muchos los movimientos que se muestran escépticos ante las instituciones existentes, tanto de ámbito nacional como europeo. Resta por ver si el nuevo crecimiento económico basado en soluciones comunes puede aliviar estas tensiones.
La Unión Europea impulsó la unificación alemana tras la caída del muro de Berlín en 1989. Cuando en 1991 se desmoronó el imperio soviético, los países de Europa Central y Oriental, que habían soportado durante décadas la vida tras el telón de acero, eran de nuevo libres para elegir su destino. Muchos de ellos decidieron que su futuro se encontraba junto a la familia de las naciones democráticas europeas. Ocho de ellos se adhirieron a la UE en 2004, otros dos más lo hicieron en 2007 y Croacia, en 2013. Chipre y Malta, países mediterráneos, también son miembros desde 2004.
El proceso de ampliación de la UE sigue en curso. Siete países se encuentran en distintas fases de preparación de cara a una posible adhesión. Sin embargo, la difícil situación económica que atraviesa Europa hace que sea improbable que en un futuro cercano se unan nuevos países a la UE.
Al mismo tiempo, el Reino Unido celebró un referéndum en junio de 2016 en el que la mayoría de los votantes expresaron su voluntad de abandonar la Unión Europea.
El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de abandonar la Unión Europea, de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Las negociaciones en virtud del artículo 50 entre la UE y el Reino Unido comenzaron el 19 de junio de 2017.
En el siglo XXI Europa sigue haciendo frente a problemas de seguridad considerables.
Al sur, el fanatismo religioso va en aumento y, a menudo, es la antesala del terrorismo. Los ataques terroristas perpetrados en Europa por el denominado «Estado islámico» o «Dáesh» han hecho que los países de UE intensifiquen el intercambio de información.
En el este, bajo el liderazgo de Vladímir Putin, Rusia está siguiendo una estrategia para incrementar su poder. La anexión de Crimea en 2014 por parte de Rusia y las guerras en la parte oriental de Ucrania son dramas que se están desarrollando a las puertas de la UE. En concreto, los países de la UE que conocen de cerca la represión vivida en la Unión Soviética esperan que la UE muestre su solidaridad con Ucrania.
La ciudadanía espera que la UE tome medidas eficaces para garantizar la seguridad de sus Estados miembros. Ha de colaborar de manera constructiva con las regiones situadas al otro lado de sus fronteras: los Balcanes, el norte de África, el Cáucaso y Oriente Próximo, pero también debe proteger sus intereses militares y estratégicos cooperando con sus aliados, especialmente en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y desarrollando una auténtica política europea de seguridad y defensa.
La seguridad interior y exterior son las dos caras de una misma moneda. La lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada exige que las fuerzas de seguridad de todos los países de la UE cooperen estrechamente. La búsqueda de soluciones europeas conjuntas en los ámbitos del asilo y de la inmigración tiene prioridad en la agenda de la UE desde 2015, puesto que Europa se enfrenta a oleadas nunca vistas de refugiados que huyen de guerras, dictaduras y hambrunas.
Del mismo modo, hacer de la UE un «espacio de libertad, seguridad y justicia», en el que todos los ciudadanos estén igualmente protegidos por la ley y tengan las mismas posibilidades de acceso a la justicia es un nuevo reto que requiere una intensa cooperación entre los gobiernos nacionales. Órganos como Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial) y Eurojust (que promueve la colaboración entre fiscales, jueces y funcionarios policiales de los distintos países de la UE) también pueden desempeñar un papel activo.
La Unión Europea se creó con el fin de lograr objetivos políticos, y decidió hacerlo mediante la cooperación económica.
Los países europeos suponen un porcentaje cada vez más pequeño de la población mundial. Deben, por lo tanto, continuar uniéndose si quieren mantener el crecimiento económico y competir en la escena mundial con otras importantes economías. Ningún país de la UE es, por sí solo, lo bastante fuerte como para influir en las decisiones políticas sobre la economía mundial. Para lograr economías de escala y encontrar nuevos clientes, las empresas europeas necesitan una base más amplia que la de su mercado nacional, y el mercado único europeo la ofrece. Para garantizar que tantas personas como sea posible se beneficien de este mercado a escala europea de más de 510 millones de consumidores, la UE está tratando de eliminar los obstáculos al comercio y está trabajando para liberar a las empresas de los trámites burocráticos innecesarios.
Sin embargo, este gran espacio europeo de libre competencia ha de equilibrarse con la solidaridad también a escala europea, de la que se benefician claramente y de manera tangible los ciudadanos europeos. Así, por ejemplo, cuando son víctimas de inundaciones u otras catástrofes naturales, parte de las ayudas que reciben corren a cargo del presupuesto de la UE. Los «Fondos Estructurales», gestionados por la Comisión Europea, impulsan y complementan los esfuerzos de las autoridades nacionales y regionales de la UE por reducir las desigualdades entre las distintas partes de Europa. Para mejorar las infraestructuras de transportes (por ejemplo, ampliando las redes de autopistas y ferrocarriles de alta velocidad), facilitando así el acceso a las regiones periféricas y favoreciendo los intercambios comerciales transeuropeos, se emplean dinero del presupuesto de la UE y créditos del Banco Europeo de Inversiones.
La crisis financiera mundial de 2008 provocó el colapso económico más agudo de la historia de la UE. Los gobiernos e instituciones de la UE tuvieron que actuar con rapidez para rescatar a los bancos, y la UE concedió ayudas financieras a los países más afectados. Los programas de asistencia en favor de Chipre, España, Irlanda y Portugal dieron buenos resultados y, tras acometer reformas nacionales, muchas veces difíciles, estos países consiguieron finalizar sus programas, la mayor parte de ellos en 2014. Grecia tuvo mayores dificultades para aplicar las reformas estructurales del sector público necesarias, y las complicadas negociaciones sobre la deuda pública griega culminaron en el verano de 2015 en nuevos acuerdos sobre reformas en el país.
A pesar de la situación particular en Grecia, compartir una moneda única ayudó a proteger la zona del euro frente a la especulación y la devaluación durante la crisis. La UE y sus Estados miembros realizaron un esfuerzo concertado para reducir la deuda pública. El gran desafío al que se enfrentan los países europeos en los años venideros es salir de la recesión por vías que creen puestos de trabajo nuevos y sostenibles, especialmente en el ámbito de las tecnologías digitales y ecológicas.
© Unión Europea
La solidaridad económica y social es uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea y la Comisión, encabezada por Jean Claude Juncker.
Las sociedades postindustriales de Europa cada vez son más complejas. Aunque el nivel de vida ha experimentado un crecimiento constante, persisten todavía diferencias significativas entre ricos y pobres. Estas diferencias pueden agudizarse por factores como la recesión económica, la deslocalización industrial, el envejecimiento de la población y los problemas relacionados con las finanzas públicas. Es importante que los países de la UE trabajen juntos para abordar estos desafíos.
Pero trabajar juntos no significa borrar la identidad cultural y lingüística de cada país. Por el contrario, muchas actividades de la UE impulsan el crecimiento económico partiendo de elementos regionales únicos y de la rica diversidad de tradiciones y culturas de Europa: de la gastronomía regional al turismo y las artes. Las tecnologías digitales harán de la diversidad cultural un factor incluso más fuerte, ya que resulta más fácil desde el punto de vista técnico distribuir productos culturales de base local.
© Highwaystarz/Adobe Stock
Unida en la diversidad: trabajar juntos da mejores resultados.
Sesenta y cinco años de integración europea han demostrado que la Unión en su conjunto es superior a la suma de sus miembros. Su peso económico, social, tecnológico, comercial y político es, con diferencia, mucho mayor que el que tendrían sus Estados miembros si actuasen de forma individual. El hecho de actuar de manera coordinada con la voz única de la Unión Europea aporta un valor añadido indiscutible.
Otras potencias mundiales, como China y los Estados Unidos, persiguen influir en las reglas económicas mundiales. Por tanto, es más vital que nunca que los Estados miembros de la Unión Europea se unan y formen una «masa crítica», manteniendo así su influencia en la escena mundial. En la práctica esto se refleja, por ejemplo, en el papel que asume la UE en las negociaciones mundiales sobre las normas comerciales. Los países de la UE han acordado numerosos principios y normas técnicas que afectan a nuestro día a día y sirven de ejemplo a otras muchas partes del mundo, como las normas de salud y seguridad, la promoción de las fuentes de energía renovable, el «principio de precaución» en la seguridad alimentaria o los aspectos éticos de las nuevas tecnologías entre otros muchos. La UE se mantiene asimismo en la vanguardia de los esfuerzos mundiales para combatir el calentamiento global.
También es posible reconocer los valores europeos alrededor del mundo en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria gestionada por la UE.
El antiguo adagio «la unión hace la fuerza» conserva por tanto hoy en día toda su pertinencia para los europeos.
La UE promueve valores humanitarios y progresistas y vela por que la humanidad se beneficie de los grandes cambios que se están produciendo a escala mundial, en lugar de padecerlos. Las simples fuerzas del mercado o la acción unilateral de los países no bastan para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
La UE defiende una visión de la humanidad y un modelo de sociedad a los que la gran mayoría de sus ciudadanos se adhiere. Los derechos humanos, la solidaridad social, la libertad de empresa, la distribución equitativa de la riqueza, el derecho a un medio ambiente protegido, el respeto de la diversidad cultural, lingüística y religiosa y una síntesis armoniosa de tradición y progreso constituyen el rico patrimonio de valores que los europeos tanto aprecian y cuidan.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, jurídicamente vinculante, fue proclamada en Niza en diciembre de 2000 y enumera todos aquellos derechos que reconocen hoy en día los Estados miembros de la UE en conjunto y sus ciudadanos. Estos derechos y valores compartidos crean un sentimiento de identidad común entre los europeos. Por citar solo un ejemplo, todos los países de la UE han abolido la pena de muerte.
© Unión Europea
El 9 de mayo de 1950, el entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, expuso por primera vez en público las ideas que dieron lugar a la Unión Europea. Por ello, el 9 de mayo celebramos el cumpleaños de la UE.
La estructura política de Europa sufrió una profunda transformación con la caída del muro de Berlín en 1989; esta dio lugar a la reunificación de Alemania en octubre de 1990 y a la llegada de la democracia a los países de Europa Central y Oriental, que se liberaban así del control soviético. La propia Unión Soviética dejó de existir en diciembre de 1991.
Mientras tanto, los Estados miembros negociaban un nuevo tratado, que fue adoptado por los jefes de Estado o de Gobierno en Maastricht en diciembre de 1991. Al añadir la cooperación intergubernamental (en ámbitos como la política exterior, la justicia y los asuntos internos) al sistema comunitario existente, el Tratado de Maastricht creó la Unión Europea. Entró en vigor el 1 de noviembre de 1993.
Tres nuevos países —Austria, Finlandia y Suecia— se adhirieron a la UE en 1995, con lo que el número de miembros pasó a 15. Por entonces, Europa se enfrentaba a los crecientes desafíos de la globalización. Las nuevas tecnologías y el uso creciente de internet estaban modernizando las economías, pero también creando tensiones de orden social y cultural.
Mientras tanto, la UE estaba trabajando en su proyecto más ambicioso hasta la fecha: la creación de una moneda única destinada a facilitar la vida a empresas, consumidores y viajeros. El 1 de enero de 2002, el euro sustituyó a las antiguas monedas de doce países de la UE, que actualmente conforman la denominada «zona del euro». Desde ese momento el euro pasó a ser una gran moneda mundial.
A mediados de la década de 1990, se iniciaron los preparativos para la mayor ampliación de la historia de la UE. Solicitaron la adhesión los seis antiguos miembros del bloque soviético (Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía), los tres Estados bálticos que una vez formaron parte de la Unión Soviética (Estonia, Letonia y Lituania), una de las repúblicas de la antigua Yugoslavia (Eslovenia) y dos países mediterráneos (Chipre y Malta).
La UE acogió con satisfacción esta oportunidad de contribuir a la estabilización del continente europeo, extendiendo los beneficios de la integración europea a estas jóvenes democracias. Las negociaciones se iniciaron en diciembre de 1997 y diez países candidatos se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004. Bulgaria y Rumanía lo hicieron en 2007. Croacia se adhirió en 2013, con lo que el número de miembros es de veintiocho.
Para poder hacer frente a los complejos desafíos del siglo XXI, la UE ampliada necesitaba un método más sencillo y eficiente de toma de decisiones. Se habían propuesto nuevas normas en un proyecto de Constitución de la UE, firmado en octubre de 2004, que habría sustituido a todos los tratados existentes. Pero este texto fue rechazado por dos referéndums nacionales celebrados en 2005 en Francia y los Países Bajos. La Constitución fue sustituida por tanto por el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Modifica, pero no sustituye, a los tratados anteriores, e introduce la mayoría de los cambios que figuran en la Constitución. Por ejemplo, dota al Consejo Europeo de un presidente permanente y crea el cargo de alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
© Robert Maass/Corbis
La caída del muro de Berlín en 1989 dio paso a la gradual desaparición de las antiguas divisiones del continente europeo.
Las elecciones europeas de 2014 marcaron un antes y un después en las prácticas institucionales de la UE, ya que los partidos políticos pasaron a proponer los candidatos para el cargo de presidente de la Comisión Europea. Posteriormente el Consejo Europeo propuso al candidato del partido con más escaños, tal como prevé el Tratado de Lisboa. Dicho candidato era Jean-Claude Juncker, luxemburgués adscrito al Partido Popular Europeo. Contó con el respaldo de una gran coalición proeuropea en el Parlamento Europeo, de la que formaban parte el grupo de los socialistas y el de los liberales.
Asimismo, las elecciones de 2014 supusieron un avance para los partidos euroescépticos, que obtuvieron cerca de 100 escaños del total de 751. Su voto suele ser de oposición frontal a la línea política mayoritaria que predomina en las instituciones de la UE y habitualmente se muestran escépticos sobre la integración de la UE y vehementes en materia de inmigración.
En 2008 surgía una crisis económica y financiera mundial, lo que condujo a la creación de nuevos mecanismos de la UE para garantizar la estabilidad de los bancos, reducir la deuda pública y coordinar las políticas económicas de los Estados miembros, en particular de los que utilizan el euro. Años después, los esfuerzos invertidos en las reformas estructurales y la mejora de las cuentas públicas empiezan a dar sus frutos en forma de nuevo crecimiento económico.
Se están reforzando las políticas económicas de la zona del euro bajo el liderazgo de la Comisión y del Consejo, que ahora disponen de nuevos instrumentos jurídicos para aplicar los acuerdos alcanzados por los Estados miembros con vistas a garantizar la solidez de las finanzas públicas. El Banco Central Europeo está aumentando la liquidez y manteniendo los tipos de interés muy bajos. Asimismo, la UE está promoviendo nuevas inversiones a través de su Fondo para Inversiones Estratégicas, especialmente en asociaciones público-privadas.
La integración europea siempre ha sido un proceso político y económico abierto a todos los países europeos que estén dispuestos a ratificar los Tratados y a asumir todo el corpus legislativo de la UE. Según el artículo 49 del Tratado de Lisboa, cualquier Estado europeo que respete los valores de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho podrá solicitar el ingreso como miembro en la UE.
En 1993, a raíz de las solicitudes de adhesión a la Unión de los antiguos países comunistas, el Consejo Europeo estableció tres criterios que todos los países debían cumplir para convertirse en miembros. En el momento de la adhesión, los nuevos Estados miembros deben tener:
Las conversaciones previas al ingreso en la UE («negociaciones de adhesión») se entablan entre el país candidato y la Comisión Europea en representación de la UE. Una vez que estas han concluido, la decisión de permitir el ingreso del nuevo país en la UE recae en el conjunto de los Estados miembros reunidos en el Consejo, que debe pronunciarse a favor del mismo por unanimidad. Asimismo, el Parlamento Europeo ha de dar su consentimiento con la mayoría absoluta de sus votos. Acto seguido, el tratado de adhesión debe ser ratificado por los Estados miembros y el país candidato, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
Durante el período de negociación, los países candidatos suelen recibir ayuda financiera «preadhesión» de la UE a fin de contribuir a la aproximación progresiva de sus economías. También suelen tener «acuerdos de estabilización y asociación» con la UE. En virtud de estos acuerdos, la UE supervisa directamente las reformas económicas y administrativas que los países candidatos tienen que llevar a cabo con el fin de cumplir las condiciones de adhesión a la UE.
Cuando se reunió en Copenhague en diciembre de 2002, el Consejo Europeo dio uno de los pasos más cruciales en la historia de la integración europea. Al invitar a doce nuevos países a adherirse, la UE no solo estaba ampliando su superficie geográfica o aumentando el número de ciudadanos de la Unión, sino que ponía fin a la división que había partido en dos el continente desde 1945. Los países europeos que, durante décadas, no habían disfrutado de libertad democrática pudieron finalmente reunirse con la familia de las naciones democráticas europeas. De esta manera, Chequia, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Polonia, se convirtieron en miembros de la UE en 2004, junto con las islas mediterráneas de Chipre y Malta. Bulgaria y Rumanía lo hicieron en 2007. Croacia se unió al proceso solicitando su adhesión en 2003, que se hizo finalmente realidad en 2013.
© Craig Campbell/Moodboard/Corbis
Dubrovnik, la «perla del Adriático», en Croacia, el Estado miembro más reciente de la UE.
Turquía, miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y signatario de un acuerdo de asociación con la UE que data de largo, solicitó la adhesión a la Unión Europea en 1987. Dada su situación geográfica y su historia política, la UE dudó mucho tiempo antes de aceptar su solicitud. Sin embargo, en octubre de 2005, las negociaciones de adhesión comenzaron finalmente. Algunos países de la UE han expresado dudas sobre si Turquía se convertirá o debería convertirse en miembro de la Unión Europea. Proponen un sistema alternativo, una «asociación privilegiada». Las negociaciones recibieron un impulso en 2015, momento en que Turquía accedió a ayudar a la UE a reducir y controlar el número de solicitantes de asilo que entraban en la UE a través del país. La UE pretende seguir siendo un punto de referencia para Turquía por lo que respecta a las reformas políticas y los derechos fundamentales. La UE insiste en que el respeto de estos valores es una condición innegociable para la adhesión.
Los países de los Balcanes Occidentales, la mayoría de los cuales pertenecieron en su día a Yugoslavia, también recurren ahora a la UE para acelerar su reconstrucción económica, mejorar sus relaciones (dañadas durante mucho tiempo por guerras étnicas y religiosas) y consolidar sus instituciones democráticas. La UE ha concedido el estatuto de «país candidato» a Albania, a la antigua República Yugoslava de Macedonia, a Montenegro y a Serbia. Bosnia y Herzegovina presentó su solicitud de adhesión en 2016. Kosovo (1Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.) declaró su independencia en 2008 y también podría convertirse en país candidato, una vez hayan concluido las negociaciones en curso sobre su futuro.
Se han iniciado negociaciones formales para la adhesión a la UE con Montenegro y Serbia.
Islandia, gravemente afectada por la crisis financiera de 2008, solicitó la adhesión a la UE en 2009. Las negociaciones de adhesión se interrumpieron en 2013 a petición del propio país. Tras un repunte de la economía del país, la opinión pública en Islandia se mostraba menos proclive a la adhesión a la UE.
En 2014, Jean-Claude Juncker anunció en su discurso de investidura en el Parlamento Europeo que no habría nuevas adhesiones durante su mandato, que terminará en 2019.
El debate público sobre el futuro de la UE demuestra que muchos europeos están preocupados por la cuestión de las fronteras definitivas de la Unión. También se plantean cuestiones sobre lo que constituye la identidad europea. No existen respuestas sencillas a estos interrogantes, sobre todo porque cada país tiene su propia opinión sobre sus intereses geopolíticos y económicos. Los países bálticos y Polonia se han mostrado favorables a que Ucrania se una a la UE, pero el conflicto entre Ucrania y Rusia que culminó con la anexión de Crimea ha creado una serie de tensiones geopolíticas que hacen de esta opción algo impracticable. Por otro lado, la posición estratégica de Moldavia pone de relieve las tensiones entre los países occidentales y una Rusia que promueve vivamente sus ambiciones regionales.
A pesar de reunir las condiciones para la adhesión, Liechtenstein, Noruega y Suiza no son miembros de la UE, conforme a la opinión pública de estos países.
En distintos países de la UE, la opinión pública está más o menos dividida sobre la cuestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Si se aplicaran únicamente criterios geográficos, sin tener en cuenta los valores democráticos, la UE podría ―como el Consejo de Europa, que no es un organismo de la UE― acabar teniendo 47 Estados miembros.
El enfoque adecuado es decir que cualquier país europeo tiene derecho a solicitar la adhesión a la UE, siempre que pueda adoptar el corpus legislativo de la UE y esté dispuesto a adoptar el euro. La integración europea ha sido un proceso continuo desde 1950, y cualquier intento de fijar los límites de la UE de una vez por todas iría en contra de ese proceso.
Las ampliaciones de 2004 y 2007 empujaron las fronteras de la UE hacia el este y el sur, planteando la cuestión de cómo debería la UE manejar las relaciones con sus nuevos vecinos. La estabilidad y la seguridad son un problema en las regiones al otro lado de sus fronteras, y la UE desea evitar la aparición de nuevas líneas divisorias entre ella y estas regiones vecinas. En ese momento surgieron nuevas amenazas a la seguridad, tales como la inmigración ilegal, la interrupción del suministro de energía, la degradación del medio ambiente, la delincuencia transfronteriza organizada y el terrorismo, a las que la Unión debía enfrentarse con mayor empeño. Por ello, la UE desarrolló una nueva política europea de vecindad, por la que se rigen las relaciones con sus vecinos del este y sureste (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania) y del sur (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Territorios Palestinos, Siria y Túnez)
En 2004 casi todos estos países habían firmado acuerdos de asociación o acuerdos de colaboración y cooperación bilaterales con la UE, en virtud de los cuales se comprometen con los valores comunes (como la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho) y con el progreso hacia una economía de mercado, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. La UE, por su parte, ofrece ayuda financiera, técnica y macroeconómica, un acceso más fácil a los visados y una serie de medidas para contribuir al desarrollo de estos países.
Sin embargo, los últimos acontecimientos geopolíticos han modificado radicalmente la situación.
En el este, la caída del gobierno autoritario de Ucrania llevó a la elección de un nuevo presidente en mayo de 2014, Petro Poroschenko, más afín a los valores occidentales. Ello culminó en la firma de un acuerdo de asociación entre Ucrania y la UE en septiembre de 2014. La complicada situación económica y los enfrentamientos militares entre las fuerzas ucranianas y grupos separatistas apoyados por Rusia han puesto al país en una situación muy difícil que, no obstante, no impide reforzar los vínculos con la UE. Entre 2014 y 2015 la UE concedió a Ucrania más de 7 000 millones de euros en asistencia financiera, supeditada a la introducción de reformas políticas y democráticas.
A partir de la Primavera Árabe de 2011 se alteró considerablemente la situación política de la costa meridional del Mediterráneo y de Oriente Próximo: el cambio de régimen en Túnez y Egipto, la guerra civil en Siria, el caos en que se sumió Libia tras el derrocamiento del régimen de Gadafi o la creación del denominado «Estado Islámico» o «Dáesh», que se apoderó de extensas zonas de Siria e Irak por medio de acciones terroristas.
Algunos países de la UE participan en la coalición militar que lucha contra el Estado Islámico/Dáesh, al tiempo que la UE se enfrenta a una gran afluencia de migrantes procedentes de Siria, el Cuerno de África y el África subsahariana, y que huyen todos ellos de la guerra, la persecución religiosa o la miseria económica. En 2015 cerca de un millón de personas intentaron cruzar el Mediterráneo desde la costa de Libia o de Turquía en embarcaciones facilitadas por tratantes de personas. La UE, frente a esta catástrofe humanitaria, está revisando su política común de asilo e inmigración (véase el capítulo 10: «Una Europa de libertad, seguridad y justicia»).
© josef/kubes/Adobe Stock
La UE proporciona ayuda financiera para ayudar a los países vecinos a construir su economía.
La Unión Europea es más que una mera confederación de Estados, pero no es un Estado federal. De hecho, su estructura no encaja en ninguna de las categorías jurídicas clásicas. Es única en la historia, y su sistema de toma de decisiones ha estado en constante evolución los últimos sesenta años.
Los Tratados (también conocidos como «Derecho primario») son la base de numerosos actos jurídicos de Derecho derivado, que tienen una incidencia directa en la vida cotidiana de los ciudadanos de la UE. El Derecho derivado consiste fundamentalmente en reglamentos, directivas y recomendaciones adoptados por las instituciones de la UE.
Esta legislación, junto con las políticas de la Unión en general, es el resultado de decisiones adoptadas por el Parlamento Europeo (en representación de los ciudadanos), el Consejo (en representación de los gobiernos nacionales) y la Comisión Europea (órgano ejecutivo independiente de los gobiernos de la UE y garante del interés colectivo europeo). Otras instituciones y organismos también desempeñan un papel, como se indica a continuación.
El Parlamento Europeo es el órgano elegido que representa a los ciudadanos de la UE. Ejerce la supervisión de las actividades de la UE y, junto con el Consejo, adopta la legislación de la UE. Desde 1979, los diputados al Parlamento Europeo son elegidos por sufragio universal directo cada 5 años.
En 2017, un italiano, Antonio Tajani, miembro del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), fue elegido presidente del Parlamento Europeo por un período de dos años y medio.
© Unión Europea
El Parlamento Europeo: tu voto es tu voz.
| Alemania | 96 |
| Austria | 18 |
| Bélgica | 21 |
| Bulgaria | 17 |
| Chequia | 21 |
| Chipre | 6 |
| Croacia | 11 |
| Dinamarca | 13 |
| Eslovaquia | 13 |
| Eslovenia | 8 |
| España | 54 |
| Estonia | 6 |
| Finlandia | 13 |
| Francia | 74 |
| Grecia | 21 |
| Hungría | 21 |
| Irlanda | 11 |
| Italia | 73 |
| Letonia | 8 |
| Lituania | 11 |
| Luxemburgo | 6 |
| Malta | 6 |
| Países Bajos | 26 |
| Polonia | 51 |
| Portugal | 21 |
| Reino Unido | 73 |
| Rumanía | 32 |
| Suecia | 20 |
| Total | 751 |
El Parlamento celebra sus grandes debates en las reuniones mensuales (conocidas como «sesiones plenarias») a las que asisten, en principio, todos los diputados. Estas sesiones plenarias se celebran normalmente en Estrasburgo (Francia), y las sesiones adicionales se celebran en Bruselas. Los trabajos preparatorios también se llevan a cabo habitualmente en Bruselas: la «Conferencia de Presidentes» — es decir, los presidentes de los grupos políticos junto con el presidente del Parlamento— fija el orden del día de las sesiones plenarias, mientras que veinte comisiones parlamentarias redactan las enmiendas legislativas que se someten a debate. Las tareas administrativas cotidianas del Parlamento las realiza su Secretaría General, con sede en Luxemburgo y Bruselas. Cada grupo político tiene también su propia Secretaría.
El Parlamento participa en los trabajos legislativos de la UE de dos maneras:
El Parlamento Europeo comparte también con el Consejo la responsabilidad de adoptar el presupuesto de la Unión (propuesto por la Comisión Europea). El Parlamento tiene la posibilidad de rechazarlo, como ha ocurrido ya en varias ocasiones. En tal caso, debe volver a iniciarse todo el procedimiento presupuestario. Haciendo uso de sus poderes presupuestarios, el Parlamento ejerce una considerable influencia en la elaboración de políticas europeas.
Y por último, pero no menos importante, el Parlamento Europeo ejerce un control democrático de la Unión y, en particular, de la Comisión Europea.
El Parlamento Europeo se elige cada 5 años. Las octavas elecciones directas se celebraron entre el 22 y el 25 de mayo de 2014 y participó el 42,5 % de los 380 millones de personas con derecho a voto. Este índice de participación fue aproximadamente el mismo que el registrado en las anteriores elecciones de 2009.
A raíz del Tratado de Lisboa, y por primera vez en 2014, cada uno de los partidos a escala europea eligió un candidato para encabezar su lista y que también era el candidato al cargo de presidente de la Comisión Europea. El Partido Popular Europeo obtuvo el mayor número de escaños, y el Consejo Europeo decidió por mayoría cualificada nombrar al candidato de este partido para ocupar el puesto. Se trataba de Jean-Claude Juncker, que había sido primer ministro de Luxemburgo. Una amplia mayoría del Parlamento votó a su favor (422 votos a favor, 250 en contra y 47 abstenciones).
Posteriormente, el Parlamento celebró «audiencias» con los veintisiete candidatos propuestos por cada Estado miembro para examinar su idoneidad para ocupar el cargo de comisarios antes de aprobar la Comisión en su conjunto.
En cualquier momento, el Parlamento puede destituir a toda la Comisión aprobando una moción de censura por mayoría de dos tercios. El Parlamento también supervisa la gestión cotidiana de las políticas europeas, formulando preguntas orales y escritas a la Comisión y al Consejo.
Los diputados al Parlamento Europeo y los diputados de los Parlamentos nacionales suelen trabajar en estrecha colaboración. Esto se produce en el seno de los partidos políticos y dentro de los órganos especializados existentes a tales efectos. Desde 2009, el Tratado de la UE define el papel de los Parlamentos nacionales en la UE. Estos pueden expresar sus opiniones sobre cualquier legislación nueva que proponga la Comisión, garantizando así que se respeta el principio de subsidiariedad. Este principio sostiene que la UE solo debe intervenir en un asunto cuando dicha actuación sea más eficiente a escala de la UE que a escala nacional o regional.
Grupos políticos representados en el Parlamento Europeo
El Consejo Europeo es la principal institución política de la UE. Está compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno —presidentes o primeros ministros— de todos los países miembros de la UE, más el presidente de la Comisión Europea. Normalmente se reúne cuatro veces al año, en Bruselas. Cuenta con un presidente permanente, cuya misión es coordinar los trabajos del Consejo Europeo y garantizar su continuidad. El presidente permanente es elegido (por mayoría cualificada de sus miembros) por un período de dos años y medio y puede ser reelegido una vez. El ex primer ministro polaco, Donald Tusk, ocupa este cargo desde el 1 de diciembre de 2014.
El Consejo Europeo fija los objetivos de la UE y establece el marco para su consecución. Proporciona impulso a las principales iniciativas políticas de la UE y toma decisiones sobre cuestiones problemáticas que el Consejo de Ministros no ha sido capaz de solventar. El Consejo Europeo también aborda los problemas internacionales a través de la «política exterior y de seguridad común», que es un mecanismo de coordinación de las políticas exteriores de los Estados miembros de la UE.
El Consejo (también conocido como «Consejo de Ministros») está compuesto por ministros de los gobiernos nacionales de la UE. Los Estados miembros se turnan para ocupar la presidencia del Consejo durante un período de 6 meses. A las reuniones del Consejo acude un ministro de cada país de la UE, que normalmente es el ministro competente en la materia que figure en el orden del día: asuntos exteriores, agricultura, industria, transporte, medio ambiente, etc.
| Año | Enero-junio | Julio-diciembre |
|---|---|---|
| 2017 | Malta | Estonia |
| 2018 | Bulgaria | Austria |
| 2019 | Rumanía | Finlandia |
| 2020 | Croacia | Alemania |
| 2021 | Portugal | Eslovenia |
Las reuniones del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores están presididas por la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que a su vez ostenta una de las vicepresidencias de la Comisión. Federica Mogherini, antigua ministra de Asuntos Exteriores de Italia, ocupa este cargo desde noviembre de 2014.
El principal cometido del Consejo es aprobar normas de la UE. Normalmente, comparte esta responsabilidad con el Parlamento Europeo. El Consejo y el Parlamento también comparten la responsabilidad de la adopción del presupuesto de la UE. Además, el Consejo concluye los acuerdos internacionales negociados por la Comisión.
Las decisiones adoptadas por el Consejo se acuerdan por mayoría simple, por mayoría cualificada o por unanimidad, en función del asunto sobre el que se decida.
En cuestiones importantes, como la fiscalidad, cualquier modificación de los Tratados, la puesta en marcha de una nueva política común o la adhesión a la UE de un nuevo Estado, el Consejo debe decidir por unanimidad.
En la mayoría de los demás casos, el Consejo decide por mayoría cualificada, Esto implica que las decisiones del Consejo solo se pueden adoptar si se da la denominada «mayoría doble». Una decisión se adoptará si el 55 % de los Estados miembros son favorables (dieciséis de los veintiochos países) y representan al menos el 65 % de la población de la UE (aproximadamente 332 millones de ciudadanos del total de 510 millones).
Con la entrada en circulación del euro se constituyó un nuevo órgano en el seno del Consejo —el «Eurogrupo»—, a cuyas reuniones asisten todos los ministros de Economía y Hacienda de los diecinueve países de la zona del euro.
La Comisión es una institución clave de la UE. Es la única con derecho a elaborar propuestas de nueva legislación de la Unión, que posteriormente envía al Consejo y al Parlamento para su debate y aprobación.
Sus miembros son elegidos por los Estados miembros de común acuerdo y su nombramiento, por un período de 5 años, está sujeto a la aprobación del Parlamento Europeo (como ya se ha explicado). La Comisión está obligada a presentar su dimisión colectiva si el Parlamento Europeo, ante el cual es responsable, aprueba una moción de censura en su contra.
© Unión Europea
La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la UE y sus miembros deben atender en todo momento a lo que los ciudadanos quieren, como ilustra esta imagen de uno de sus Diálogos con los Ciudadanos.
Hay un miembro de la Comisión («comisario») de cada país de la UE, incluido el presidente de la Comisión y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que es uno de los vicepresidentes de la Comisión. La actual Comisión, con Jean-Claude Juncker como presidente, entró en funciones el 1 de noviembre de 2014. Este nombró a siete vicepresidentes para que coordinasen las labores de los comisarios y para que velasen por que la atención se centrara en los ámbitos prioritarios que había fijado, como el empleo y el crecimiento, el mercado único digital, la energía y el cambio climático y la unión económica y monetaria. Para ayudar a garantizar que la Comisión se concentra en las prioridades más importantes y respeta el principio de subsidiariedad, el presidente nombró a Frans Timmermans vicepresidente primero, a cargo de la mejora de la legislación y las relaciones institucionales.
La Comisión goza de una gran independencia en el ejercicio de sus atribuciones. Es la garante del interés común, por lo que no debe someterse a las instrucciones de ningún Gobierno nacional. Como «guardiana de los Tratados», ha de velar por que los reglamentos y las directivas adoptados por el Consejo y el Parlamento se apliquen en los Estados miembros y, en caso contrario, puede llevar a la parte responsable del incumplimiento ante el Tribunal de Justicia para obligarla a cumplir el Derecho de la Unión.
Como brazo ejecutivo de la UE, la Comisión pone en práctica las decisiones adoptadas por el Consejo en ámbitos tales como la política agrícola común. Dispone de amplios poderes para la gestión de las políticas comunes de la UE, como la de investigación y tecnología, la de ayuda exterior y la de desarrollo regional. Asimismo, gestiona el presupuesto de estas políticas.
Los comisarios están asistidos por una Administración, con sede principalmente en Bruselas y Luxemburgo. También existen diversas agencias, creadas para llevar a cabo tareas específicas de la Comisión y en su mayoría ubicadas en otras ciudades europeas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, está compuesto por un juez por Estado miembro y asistido por once abogados generales. Los jueces y los abogados generales son designados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros por un período renovable de 6 años. Su independencia está garantizada. La función del Tribunal es garantizar el respeto de la legislación de la UE y la correcta interpretación y aplicación de los Tratados.
El Banco Central Europeo, con sede en Fráncfort, es responsable de la gestión del euro y la política monetaria de la UE (véase el capítulo 7: «El euro»). Su Consejo de Gobierno está compuesto por seis directores y los gobernadores de los bancos centrales de los diecinueve países de la zona del euro. El principal cometido del Banco Central es mantener la estabilidad de los precios y supervisar los bancos de la zona del euro. Mario Draghi, exgobernador del Banco de Italia, es el presidente del Banco Central desde 2011.
El Tribunal de Cuentas Europeo, con sede en Luxemburgo, fue creado en 1975. Está compuesto por un miembro por cada país de la Unión y sus miembros son nombrados de común acuerdo por los Estados miembros por un período de 6 años, previa consulta al Parlamento Europeo. Este Tribunal vela por la legalidad y la regularidad de los ingresos y los gastos de la Unión Europea, así como por la correcta gestión financiera del presupuesto de la Unión.
Al tomar decisiones relativas a una serie de ámbitos de actuación, el Consejo y la Comisión Europea consultan al Comité Económico y Social Europeo. Los miembros de este Comité representan a los distintos grupos de intereses económicos y sociales que constituyen lo que puede denominarse la «sociedad civil organizada», y son nombrados por el Consejo por un período de 5 años.
El Comité de las Regiones está compuesto por representantes de las entidades regionales y locales. Son nombrados por el Consejo a propuesta de los Estados miembros por un período de 5 años. El Consejo y la Comisión deben consultar al Comité en cuestiones de importancia para las regiones y también puede emitir dictámenes por iniciativa propia.
El Banco Europeo de Inversiones, con sede en Luxemburgo, concede préstamos y garantías para ayudar a las regiones menos desarrolladas de la UE y contribuir a que las empresas sean más competitivas.
El defensor del pueblo europeo es elegido por el Parlamento Europeo por un período renovable de 5 años. Su función es investigar las reclamaciones relacionadas con la mala administración en las instituciones de la UE. La presentación de reclamaciones está abierta a ciudadanos, empresas y residentes en la UE. Emily O’Reilly, antigua defensora del pueblo de Irlanda, es la defensora del pueblo europea desde 2013.
© belahoche/Adobe Stock
El Tribunal de Justicia vela por el cumplimiento de la legislación de la UE; así, por ejemplo, ha confirmado la prohibición de discriminar a los trabajadores con discapacidad.
Las actividades de la Unión Europea repercuten en la vida cotidiana de sus ciudadanos al abordar muchos de los desafíos reales a los que se enfrenta la sociedad, como la protección medioambiental, la salud, la innovación tecnológica, la energía, etc.
Los científicos llevan advirtiendo desde la década de 1960 de que la temperatura de la Tierra está aumentando. Al principio los líderes políticos tardaron en reaccionar, pero las Naciones Unidas crearon en 1988 su Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Este grupo de expertos ha conseguido llamar la atención mundial sobre las posibles consecuencias nefastas del calentamiento global, provocado por las emisiones de gases nocivos, en especial los procedentes de la combustión de combustibles fósiles que contienen hidrocarburos.
© Westend61/gettyimages
La UE está en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y fomenta el desarrollo sostenible.
En 2008, la Unión Europea realizó una contribución importante a la lucha contra el cambio climático. El Consejo Europeo acordó que, a más tardar en el año 2020, la Unión Europea habrá reducido sus emisiones al menos un 20 % (en comparación con los niveles de 1990), aumentado la cuota de energía renovable en el mercado al 20 % y reducido el consumo total de energía en un 20 %. En 2014, los líderes de la UE acordaron el objetivo, más ambicioso, de lograr una reducción de por lo menos un 40 % en 2030 a más tardar, en comparación con 1990. Los países de la UE también actuaron al unísono con decisión para ayudar a garantizar que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en París en diciembre de 2015 culminaba en un acuerdo vinculante alcanzado por los 195 países participantes en el que se limitaba en 2 °C el calentamiento global. Los países más pobres del mundo necesitan asistencia financiera para reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático. Para ello, entre 2014 y 2020 la UE contribuirá con al menos 14 000 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo. El proceso político de ratificación del Acuerdo de París por parte de la UE concluyó el 4 de octubre de 2016, momento en que el Parlamento Europeo aprobó su ratificación, permitiendo así su entrada en vigor.
Los países de la UE han acordado normas vinculantes destinadas a lograr la reducción de las emisiones nocivas dentro de la Unión. Una gran parte de los esfuerzos realizados consiste en invertir en nuevas tecnologías, lo que también crea puestos de trabajo y genera crecimiento económico. El «régimen de comercio de derechos de emisión» de la UE tiene por objeto garantizar que las necesarias reducciones de las emisiones de los gases nocivos se llevan a cabo de forma eficiente.
La UE también está abordando problemas sumamente variados, como el ruido, los residuos, la protección de hábitats naturales, los gases de escape, las sustancias químicas, los accidentes industriales y la limpieza de las aguas de baño. También trabaja para evitar las catástrofes naturales o de origen humano, como los vertidos de petróleo o los incendios forestales.
La UE mejora constantemente su reglamentación para proporcionar una mejor protección de la salud pública. Por ejemplo, se ha revisado la legislación relativa a las sustancias químicas, sustituyendo las normas anteriores por un único sistema para el registro, evaluación y autorización de sustancias químicas (REACH). Este sistema se basa en una base de datos gestionada por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, con sede en Helsinki. El objetivo es evitar la contaminación del aire, el agua, el suelo o los edificios, así como preservar la biodiversidad y mejorar la salud y la seguridad de los ciudadanos de la UE, manteniendo al mismo tiempo la competitividad de la industria europea.
Los fundadores de la Unión Europea acertaron al vislumbrar que la futura prosperidad de Europa dependería de su capacidad de seguir siendo un líder mundial en tecnología. Entendieron las enormes ventajas que podía comportar la investigación común europea. Así, junto a la Comunidad Económica Europea, en 1958 se puso en marcha Euratom, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, cuyo objetivo era la explotación común de la energía nuclear con fines pacíficos, con la ayuda de un Centro Común de Investigación, formado por siete institutos de investigación.
Sin embargo, para mantener el ritmo de la creciente competencia mundial, la investigación europea ha tenido que diversificarse y suprimir los obstáculos entre los programas nacionales de investigación, reuniendo un elenco lo más variado posible de científicos y ayudándoles a encontrar aplicaciones industriales para sus hallazgos.
Actualmente, la investigación conjunta a escala de la UE está pensada para ser complementaria de los programas nacionales de investigación, centrándose en los proyectos que agrupan a varios laboratorios de distintos Estados miembros. Estimula los esfuerzos realizados en el campo de la investigación fundamental, como la fusión termonuclear controlada (fuente de energía potencialmente inagotable para el siglo XXI). Además, fomenta la investigación y el desarrollo tecnológico en sectores clave como la electrónica y la informática, que han de hacer frente a la férrea competencia del exterior.
El objetivo de la UE es destinar el 3 % de su producto interior bruto (PIB) a la investigación. El principal vehículo para financiar la investigación es una serie de programas «marco». Horizonte 2020 es el VIII Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico y abarca el período 2014-2020. La mayor parte de su presupuesto, que supera los 80 000 millones de euros, se destinará a ámbitos como la salud, los alimentos y la agricultura, la tecnología de la información y las comunicaciones, las nanociencias, la energía, el medio ambiente, el transporte, la seguridad y el espacio, y las ciencias socioeconómicas. Otros programas promoverán la cooperación internacional en proyectos de investigación punteros y proporcionarán apoyo a los investigadores y al desarrollo de su carrera.
A día de hoy, más de la mitad de todas las fuentes de energía se importan, lo que hace de la UE el mayor importador de energía del mundo. Los europeos son vulnerables ante posibles cortes del suministro o subidas de precios provocados por crisis internacionales. En este contexto, la UE trabaja por reducir el consumo de combustibles fósiles y revertir el proceso de cambio climático.
Las medidas que se están tomando en este sentido son diversas, como ahorrar energía, utilizándola de una manera más inteligente, desarrollar fuentes de energía alternativas (en particular fuentes de energía renovable) e incrementar la cooperación internacional. Mejorar el aislamiento de los edificios es una de las cuestiones fundamentales, ya que la UE destina a estos el 40 % de su energía y generan el 36 % de las emisiones nocivas, como por ejemplo gases de efecto invernadero. La investigación y el desarrollo en el ámbito de la energía dentro de Europa se centra en la energía solar y eólica, la biomasa y la energía nuclear.
Una prioridad importante de la política energética es garantizar que las redes energéticas y de transporte de toda Europa están mejor conectadas. De esta forma se puede conseguir un uso más eficiente de la energía, tanto por motivos técnicos como por los mercados comunes. La mayoría de los proyectos que se benefician del Plan de Inversiones para Europa, lanzado por el presidente Juncker en 2014, promueven una energía eficiente, limpia y renovable. Entre ellos se incluye la conexión de las redes energéticas de España y Portugal con la de Francia, y la conexión de las redes de la zona del mar Báltico.
Europa también actúa en el escenario internacional, especialmente con Rusia y Oriente Próximo, para garantizar la continuidad del suministro energético.
© sergbob/fotolia
Las redes energéticas deben estar mejor conectadas en toda Europa para suministrar energía más segura y más eficiente.
Para garantizar el buen funcionamiento del mercado único (véase el capítulo 6: «El mercado único»), es preciso corregir los desequilibrios del mercado. Esta es la finalidad de las políticas de solidaridad de la UE, diseñadas para ayudar a las regiones más atrasadas y a los sectores industriales que se encuentren en una situación difícil. Asimismo, la UE participa con su ayuda en la reestructuración de sectores económicos que se han visto negativamente afectados por una competencia internacional en rápido aumento.
En el marco del presupuesto de la UE para el período 2014-2020, se están invirtiendo 325 000 millones de euros —el 34 % del presupuesto de la UE— con cargo a la política de cohesión en los Estados miembros, sus regiones y sus ciudades con objeto de cumplir los objetivos a escala de la UE en materia de crecimiento y empleo, así como de combatir el cambio climático, la dependencia energética y la exclusión social.
Estos objetivos están financiados por fondos específicos de la UE, que complementarán o impulsarán la inversión del sector privado y de las administraciones nacionales o regionales:
Los objetivos de la política agrícola común de la UE, establecidos ya en el Tratado de Roma de 1957, eran garantizar un nivel de vida equitativo para los agricultores, estabilizar los mercados, garantizar que los consumidores paguen precios razonables por los productos, y modernizar la infraestructura agraria. Estos objetivos se han logrado ampliamente. Más aún, los consumidores se benefician en la actualidad de la seguridad del abastecimiento y los precios de los productos agrícolas se mantienen estables y a resguardo de las fluctuaciones del mercado mundial. La política agrícola común se financia mediante el Fondo Europeo Agrícola de Garantía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
© Unión Europea
Ana, de Lublin (Polonia), dirige su propia guardería en parte gracias a un proyecto dirigido a mujeres emprendedoras respaldado por el Fondo Social Europeo.
Sin embargo, la política agrícola de la UE se convirtió en víctima de su propio éxito. La producción sobrepasó el consumo, generando unos costes considerables para el presupuesto de la UE. Para resolver este problema, fue preciso volver a definir la política agrícola. Estas reformas han dado sus frutos: la producción se ha reducido
El nuevo papel de la comunidad agrícola es garantizar cierta actividad económica en cada zona rural y mantener la diversidad y sostenibilidad de los paisajes de Europa. Esta diversidad y el reconocimiento de los valores de un «modo de vida rural» —el hombre en armonía con la tierra— son ingredientes importantes de la identidad europea. Por otra parte, la agricultura europea tiene un papel importante que desempeñar en la lucha contra el cambio climático, la protección de la fauna y la alimentación del mundo.
Asimismo, existen regímenes de calidad concebidos para promocionar y proteger las denominaciones de productos agrícolas y alimenticios locales y regionales dentro de la UE.
Del mismo modo, la Unión Europea cuenta con una política pesquera común. Las normas sobre la forma de gestionar las flotas pesqueras y conservar los recursos pesqueros se establecen a escala europea.
La UE intenta corregir los desequilibrios más flagrantes de la sociedad europea mediante su política social. En 1961 se creó el Fondo Social Europeo para fomentar el empleo y la movilidad profesional y geográfica de los trabajadores.
La ayuda financiera no es el único instrumento a través del cual la UE pretende mejorar las condiciones sociales en Europa. Dicha ayuda no bastaría para solucionar todos los problemas causados por una recesión económica o por la falta de desarrollo de determinadas regiones. Los efectos dinámicos del crecimiento deben favorecer, ante todo, el progreso social. Asimismo, éste ha de ir acompañado de una legislación que garantice una serie de derechos mínimos. Los Tratados consagran algunos de estos derechos, como la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un mismo trabajo, mientras que otros se establecen en las directivas relacionadas con la protección de los trabajadores (salud y seguridad en el trabajo) y las normas básicas de seguridad.
La Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, que pasó a formar parte integrante del Tratado de la UE en 1997, establece los derechos de que deben gozar todos los trabajadores en la Unión: libre circulación; remuneración justa; mejora de las condiciones de trabajo; protección social; el derecho a formar asociaciones y a la negociación colectiva; el derecho a la formación profesional; la igualdad de trato a hombres y mujeres; la información, la consulta y la participación de los trabajadores; la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; y la protección de los menores, las personas mayores y las personas con discapacidad.
Actualmente se está debatiendo la forma de organizar la protección social europea de cara al futuro mercado de trabajo, cada vez más influido por las nuevas tecnologías y la globalización.
Para financiar sus políticas, la Unión Europea dispone de un presupuesto anual, que en 2017 asciende a más de 157 000 millones de euros. Ello supone aproximadamente el 1 % del total del producto nacional bruto de todos los Estados miembros juntos.
Este presupuesto se financia mediante lo que se denominan «recursos propios» de la UE. Estos recursos proceden fundamentalmente de:
El desglose de los gastos se puede ilustrar con el presupuesto de 2017:
Cada presupuesto anual forma parte de un ciclo presupuestario de 7 años conocido como el «marco financiero plurianual». La Comisión Europea se encarga de elaborar dicho marco, que los Estados miembros han de aprobar por unanimidad y que se ha de negociar y acordar con el Parlamento Europeo. El marco financiero plurianual para el período 2014-2020 se decidió en 2013. El límite global de gasto se redujo aproximadamente en un 3 % en términos reales en comparación con el período anterior de 2007-2013.
Este plan de gasto pretende incrementar el crecimiento y el empleo en Europa, fomentar la agricultura sostenible y construir una Europa más respetuosa del medio ambiente. Se han incrementado los fondos destinados a investigación e innovación, educación y formación, y relaciones exteriores. Se utilizarán fondos específicos para luchar contra la delincuencia y el terrorismo, así como otros destinados a las políticas de migración y asilo. Se espera que el gasto en medidas relacionadas con el clima represente al menos el 20 % del gasto de la UE para el período 2014-2020.
Diez prioridades para Europa
La Comisión Europea, con Jean-Claude Juncker a la cabeza, estableció en noviembre de 2014 las siguientes diez prioridades principales:
Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión
Un mercado único digital conectado
Una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva
Un mercado interior más justo y más profundo, con una base industrial fortalecida.
Una Unión Económica y Monetaria más profunda y más justa
Un acuerdo de libre comercio razonable y equilibrado con los Estados Unidos
Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua
Una nueva política sobre migración
Un actor más potente en el escenario mundial
Una Unión de cambio democrático¿Quién hace qué? El reparto de responsabilidades entre la UE y sus Estados miembros
El Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, adoptado en 1957, hizo posible suprimir las barreras aduaneras entre los Estados miembros y aplicar un arancel aduanero común a las importaciones procedentes de países no comunitarios. Este objetivo se logró el 1 de julio de 1968.
Sin embargo, los derechos aduaneros no son más que un aspecto del proteccionismo. En la década de los setenta del siglo pasado, fueron otros los obstáculos al comercio que dificultaron la plena realización del mercado común. Así, las normas técnicas, las normas en materia de salud y seguridad, los controles de cambios y las normas nacionales sobre el derecho a ejercer determinadas profesiones restringieron efectivamente la libre circulación de personas, mercancías y capitales.
En junio de 1985, la Comisión, presidida por Jacques Delors, publicó un Libro Blanco en el que establecía planes para suprimir, en el plazo de 7 años, todas las barreras físicas, técnicas e impositivas a la libre circulación en el seno de la CEE. El objetivo era impulsar el crecimiento del comercio y la actividad industrial en el «mercado único», un vasto espacio económico unificado que pudiese estar a la altura de los Estados Unidos.
Las negociaciones entre los gobiernos de los Estados miembros dieron lugar a un nuevo tratado, el Acta Única Europea, que entró en vigor en julio de 1987. Sus disposiciones contemplaban:
Se han suprimido todos los controles fronterizos de las mercancías en el interior de la UE, así como los controles aduaneros de las personas, pero la policía sigue efectuando controles aleatorios en el contexto de la lucha contra la delincuencia y el tráfico de estupefacientes.
En junio de 1985, cinco de los diez Estados miembros firmaron el Acuerdo de Schengen, en virtud del cual sus policías nacionales se comprometieron a trabajar juntas, y se creó una política común de asilo y una política de visados. Esto hizo posible la supresión total de los controles a las personas en las fronteras entre los países de Schengen (véase el capítulo 10: «Una Europa de libertad, seguridad y justicia»). Hoy en día, el espacio Schengen está formado por 26 países europeos, incluidos cuatro que no son miembros de la Unión Europea (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
Los países de la UE han acordado el reconocimiento mutuo de sus normas nacionales sobre la venta de la mayoría de los bienes. Desde la emblemática sentencia «Cassis de Dijon» del Tribunal de Justicia europeo en 1979, todo producto fabricado y vendido legalmente en un Estado miembro debe poder comercializarse en todos los demás.
Por lo que se refiere a los servicios, los países de la UE reconocen mutuamente o coordinan sus normas nacionales, permitiendo a las personas practicar profesiones como la abogacía, la medicina, el turismo, la banca o los seguros. Sin embargo, la libre circulación de las personas dista mucho de haberse logrado. A pesar de la Directiva de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, siguen existiendo obstáculos que impiden a determinadas categorías de trabajadores residir o ejercer su actividad en otro Estado miembro. Sin embargo, los trabajadores cualificados (ya sean abogados o médicos, albañiles o fontaneros) tienen cada vez más libertad para practicar su profesión en cualquier lugar de la Unión Europea.
La Comisión Europea ha adoptado iniciativas para favorecer la movilidad de los trabajadores, en particular para garantizar que la titulación educativa o las cualificaciones laborales obtenidas en un país de la UE se reconozcan en todos los demás.
Algunas personas trabajan temporalmente en otro Estado miembro, por ejemplo cuando una empresa de construcción tiene un proyecto en un país de la Unión que no es en el que tiene su sede. Las normas de la UE disponen que las condiciones de trabajo de los denominados «trabajadores desplazados» deben ser equivalentes a las que se aplican a otros trabajadores del país en que se realiza el trabajo.
Las barreras fiscales se han reducido armonizando parcialmente los tipos del IVA nacionales. Los Estados miembros han acordado una serie de normas comunes y tipos mínimos para evitar distorsionar la competencia transfronteriza en el seno de la UE.
Los contratos de obras en el sector público representan una parte importante de la economía, ya que suponen el 19 % del producto interior bruto (PIB). Los contratos de cualquier país de la UE están ahora abiertos a licitadores de cualquier país de la UE gracias a las directivas sobre los contratos de servicios, obras y suministros en múltiples sectores como el agua, la energía y las telecomunicaciones.
El mercado único beneficia a todos los consumidores. Por ejemplo, la apertura de los mercados nacionales de servicios ha reducido el precio de las llamadas telefónicas nacionales a una fracción de lo que eran hace unos diez o quince años. La presión de la competencia también ha reducido significativamente las tarifas aéreas en Europa.
En 2008, a raíz de la crisis de las «hipotecas de alto riesgo» (subprime) en Estados Unidos, una crisis financiera masiva sacudió a las economías y a los sistemas bancarios mundiales, y en 2009 sumió a la Unión Europea en recesión. Parte de la consiguiente reacción fue reformar el funcionamiento de los bancos y las entidades financieras para dotarlos de mayor transparencia y que rindieran más cuentas. Ello fue posible gracias a la creación de la «unión bancaria». Las nuevas normas de la UE ofrecen una mayor protección de los depósitos bancarios, hacen que aumente la cantidad de capital que los bancos deben poseer, al objeto de hacerlos más estables, regulan productos financieros complejos y ponen límites a los bonos que perciben los ejecutivos de la banca. Los bancos de la zona del euro están supervisados por un sistema de alcance europeo bajo la dirección del Banco Central Europeo. También existen nuevas normas sobre cómo cerrar los bancos en quiebra. Ahora, un fondo especial garantiza que los costes asociados a estos cierres los soportan los bancos y no el contribuyente.
Los líderes europeos están trabajando para reforzar aún más el mercado único para el capital. El objetivo es que a las pequeñas empresas les resulte más sencillo financiar sus actividades y que invertir en Europa resulte más atractivo.
También se están debatiendo reformas del impuesto de sociedades. La idea es que los Estados miembros de la UE acuerden normas comunes acerca de cómo calcular la base con la que gravan a las empresas. Cada país seguiría aplicando sus propios tipos impositivos, pero con unas normas comunes resultaría más barato para las empresas realizar operaciones transfronterizas y se reduciría la elusión fiscal. Asimismo, impediría que los países, unilateralmente, ofrezcan acuerdos fiscales favorables a las empresas a fin de atraer inversiones extranjeras.
© Rolf Bruderer/Corbis
Al abrir el mercado de las telecomunicaciones a la competencia, la UE ha conseguido una drástica reducción de los costes.
Es preciso proteger los productos de la UE contra la piratería y la falsificación. La Comisión Europea cifra el coste anual que estos delitos representan para la UE en miles de puestos de trabajo. Por este motivo, la Comisión y los gobiernos nacionales colaboran en la actualidad con vistas a ampliar la protección de las patentes y los derechos de autor.
Las actividades de la UE se han centrado en la libertad de prestación de servicios en el sector del transporte terrestre. En particular, esto supone dar a las empresas de transporte libre acceso al mercado internacional del transporte y permitir a las empresas de transporte de cualquier país de la UE operar en los demás Estados miembros. La UE también está trabajando para garantizar una competencia equitativa en el sector del transporte por carretera, por ejemplo, armonizando las normas sobre cualificación de los trabajadores y acceso al mercado, libertad de establecimiento y de prestación de servicios, tiempos de conducción y seguridad vial.
El transporte aéreo en Europa estaba dominado por las compañías nacionales de bandera y los aeropuertos de propiedad estatal. El mercado único ha cambiado todo esto. Todas las compañías aéreas de la UE pueden ahora operar en cualquier ruta dentro de la UE y establecer las tarifas que deseen. En consecuencia, se han abierto muchas rutas nuevas y los precios han descendido drásticamente. De esto se han beneficiado los pasajeros, las líneas aéreas, los aeropuertos y los empleados.
Del mismo modo, los pasajeros se benefician de una competencia mayor entre las empresas ferroviarias.
El transporte marítimo, ya sea realizado por empresas europeas o a bordo de buques que enarbolen pabellón de países que no pertenezcan a la UE, está sujeto a las normas de la UE relativas a la competencia. Estas normas tienen por objeto combatir las prácticas de tarifas desleales (pabellones de conveniencia) y abordar las dificultades que afronta el sector europeo de la construcción naval.
La Unión Europea ha estado financiando ambiciosos proyectos de nuevas tecnologías como el sistema de navegación por satélite Galileo, el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario y SESAR ―un programa para modernizar los sistemas de navegación aérea―. Las reglas de seguridad del tráfico por carretera (en ámbitos como el mantenimiento de vehículos, el transporte de mercancías peligrosas y la seguridad de las carreteras) son ahora más estrictas. Por su parte, los derechos de los pasajeros están mejor protegidos gracias a la aplicación de un marco integral de derechos para todos los modos de transporte: por carretera, aéreo, ferroviario y marítimo o fluvial. Todos, incluidos los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida, tienen derecho a una información exacta, oportuna y accesible, así como a asistencia y, en determinadas circunstancias, a compensación en caso de anulación o largos retrasos. La inversión en infraestructuras de transporte es una de las principales prioridades del Plan de Inversiones para Europa de la UE lanzado en 2014.
© Image Broker/Belga
Con la «unión bancaria» la UE ha implantado normas más estrictas para garantizar que los bancos funcionan con seguridad.
La política de competencia es esencial para garantizar que, en el mercado único europeo, la competencia no solo sea libre sino también equitativa. De la aplicación de esta política se ocupa la Comisión Europea, que, junto con el Tribunal de Justicia, es responsable de garantizar su cumplimiento.
El objetivo de esta política es garantizar que todas las empresas compiten de manera justa y equitativa en el mercado único en beneficio de los consumidores, las empresas y la economía europea en su conjunto.
Todo acuerdo que entre en el ámbito de aplicación de las normas del Tratado debe ser notificado a la Comisión Europea por las empresas u organismos afectados. También debe notificarse a la Comisión toda fusión o adquisición que pueda dar lugar a que una empresa ocupe una posición dominante en un determinado mercado. La Comisión tiene derecho a imponer directamente una multa a cualquier empresa que incumpla las normas relativas a la competencia u omita la notificación exigida, como en el caso de Microsoft, a la que se le impuso una multa de 900 millones de euros en 2008. En 2017, la Comisión impuso una multa a Google por un importe de 2 420 millones de euros por abusar de su posición dominante en el mercado como motor de búsqueda al promover su propio servicio de comparación de precios en sus resultados de búsqueda y degradar los de sus competidores.
En caso de ayuda pública ilegal o de omisión de notificación de ese tipo de ayuda por un Estado miembro, la Comisión puede exigir su devolución. Los beneficios fiscales concedidos por un gobierno a una empresa en particular también se pueden considerar ayudas estatales ilegales. Por ejemplo, en agosto de 2016 la Comisión Europea constató que Irlanda había concedido a la empresa Apple incentivos fiscales indebidos por un valor de 13 000 millones de euros.
La legislación de la UE en este ámbito tiene como objetivo dar a todos los consumidores el mismo nivel de protección financiera y de la salud, independientemente del lugar de la Unión Europea en que vivan, viajen o compren. La necesidad de protección en toda la UE se dejó sentir profundamente a finales de la década de los años noventa del pasado siglo, con las alarmas en cuestiones de seguridad alimentaria como la «enfermedad de las vacas locas» (encefalopatía espongiforme bovina). Para proporcionar una base científica sólida a la legislación sobre seguridad alimentaria, en 2002 se creó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
La protección de los consumidores a escala europea también es necesaria en otros muchos ámbitos. Por eso es por lo que existen numerosas directivas de la UE sobre la seguridad de los productos cosméticos, los juguetes o los artificios de pirotecnia, por mencionar solo algunos. En 1993 se creó la Agencia Europea de Medicamentos con el fin de gestionar las solicitudes de comercialización de medicamentos en Europa. Ningún medicamento puede ser comercializado en la UE sin autorización.
La UE también toma medidas para proteger a los consumidores de la publicidad falsa y engañosa, los productos defectuosos y los abusos en ámbitos como el crédito al consumo y la compra mediante un pedido por correo o por internet.
En 1971 los Estados Unidos decidieron abolir el vínculo establecido entre el dólar y el precio oficial del oro, que había garantizado la estabilidad monetaria global tras la Segunda Guerra Mundial. Con ello se puso fin al sistema de tipos de cambio fijos. Los gobernadores de los bancos centrales de los países de la Comunidad Económica Europea decidieron limitar las fluctuaciones de los tipos de cambio entre sus monedas a no más del 2,25 %, creando así el «Sistema monetario europeo», cuya puesta en funcionamiento se produjo en marzo de 1979.
Con ocasión del Consejo Europeo de Madrid, celebrado en junio de 1989, los líderes de la UE adoptaron un plan para la unión económica y monetaria (UEM) que se articulaba en torno a tres etapas. Dicho plan se incorporó al Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea, adoptado por el Consejo Europeo en diciembre de 1991.
La primera etapa, iniciada el 1 de julio de 1990, entrañaba lo siguiente:
La segunda etapa comenzó el 1 de enero de 1994. Supuso lo siguiente:
La tercera etapa habría de culminar con el nacimiento del euro. Del 1 de enero de 1999 al 1 de enero de 2002, se introdujo el euro como moneda común de los países de la UE participantes (Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Portugal). El Banco Central Europeo sustituyó al Instituto Monetario Europeo y asumió la responsabilidad de la política monetaria, que se define y aplica en la nueva moneda.
Tres países (Dinamarca, el Reino Unido y Suecia) decidieron, por razones políticas y técnicas, no adoptar el euro cuando fue lanzado. Eslovenia se incorporó a la zona del euro en 2007, seguida de Chipre y Malta en 2008, Eslovaquia en 2009, Estonia en 2011, Letonia en 2014 y Lituania en 2015.
La zona del euro abarca, por tanto, diecinueve países de la UE, aunque se espera que todos los demás Estados miembros se unan cuando hayan cumplido las condiciones necesarias, a menos que hayan conseguido una excepción durante las negociaciones de los Tratados.
Para adherirse a la zona del euro, los países de la UE deben reunir los siguientes cinco criterios de convergencia.
© mastermilmar/Shutterstock
Gracias a la moneda común, el euro, desde 1999 los consumidores y las empresas pueden comparar precios con más facilidad.
En junio de 1997, el Consejo Europeo de Ámsterdam adoptó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establecía el compromiso permanente con la estabilidad presupuestaria y hacía posible la imposición de multas a cualquier país de la zona del euro cuyo déficit presupuestario excediese del 3 % del PIB. La misma idea se fortaleció aún más en 2012, cuando los gobiernos de 25 países de la UE firmaron un acuerdo internacional titulado «Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria». También es conocido como el «pacto presupuestario», que obligaba a los países participantes a consagrar las normas relativas a un presupuesto equilibrado en el Derecho nacional.
Tras años de crisis económica mundial, algunos países de la zona del euro siguen estando lejos de cumplir los criterios recogidos en dichos acuerdos. La Comisión y el Eurogrupo continúan instando a dichos países a que lo hagan, especialmente por lo que respecta a la reducción de su deuda pública.
El Eurogrupo está compuesto por los ministros de Finanzas de los países de la zona del euro. Se reúnen para coordinar y supervisar las políticas presupuestarias y financieras de sus países. El Eurogrupo también representa los intereses del euro en los foros internacionales. En enero de 2013, Jeroen Dijsselbloem, ministro de Hacienda de los Países Bajos, fue elegido presidente del Eurogrupo y reelegido en julio de 2015 para un segundo mandato.
La crisis financiera de 2008 aumentó considerablemente la deuda pública en la mayoría de los países de la UE. El euro protegió a las economías más vulnerables frente a los riesgos de la devaluación mientras sufrían la crisis y los ataques de los especuladores en los mercados financieros mundiales.
© Danita Delimont/gettyimages
El Mecanismo Europeo de Estabilidad ha ayudado a los países de la UE más afectados por la crisis económica, como es el caso de Grecia.
Al inicio de la crisis, muchos bancos se vieron gravemente afectados, lo que los llevó a ser rescatados por los gobiernos nacionales, con el consiguiente incremento de la deuda pública. Posteriormente la atención se dirigió a la deuda de las administraciones públicas, ya que algunos países fuertemente endeudados, con déficits presupuestarios cada vez mayores, fueron el principal objetivo de aquellos ataques durante el invierno de 2009-2010. Por este motivo los líderes de la UE crearon el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Ese «cortafuegos» tiene una capacidad de préstamo de 500 000 millones de euros en fondos garantizados por los países de la zona del euro y se utiliza para salvaguardar la estabilidad financiera en ella. Entre 2010 y 2013, cinco países (Chipre, España, Grecia, Irlanda y Portugal) acordaron con los diversos organismos de la UE y el Fondo Monetario Internacional la prestación de ayuda financiera. Los acuerdos se adaptaron a la situación de cada país, pero, en general, incluían reformas dirigidas a aumentar la eficiencia del sector público de cada país. A finales de 2013, Irlanda fue el primer país en culminar con éxito el programa de ajuste económico acordado y en volver a pedir prestado dinero directamente en los mercados de capitales. La situación de España y Portugal también mejoró, por lo que la asistencia de la UE concluyó en 2014. Chipre les siguió en 2016.
Grecia, por otro lado, ha tenido más dificultades para aplicar reformas estructurales en su economía, como la racionalización del sector público, privatizaciones y la creación de sistemas de pensiones sostenibles. Estas reformas se acordaron en el contexto de dos programas de ayuda, en 2010 y 2014. La financiación, que ascendía a un total de 226 000 millones de euros, procedía de la UE, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Fueron necesarias negociaciones largas y complejas antes de poder alcanzar un tercer acuerdo en julio de 2015, sobre la base del firme compromiso del Gobierno griego de aplicar políticas encaminadas a mejorar sus finanzas públicas y a reformar su economía.
Como parte de la respuesta a la crisis, los Estados miembros de la UE y las instituciones también recurrieron a disposiciones del Tratado de Lisboa diseñadas para reforzar la gobernanza económica de la UE. En el marco del proceso denominado «Semestre Europeo», los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, en octubre de cada año, su proyecto de presupuesto para el año siguiente. De ser necesario, deben ajustarlo a la luz de las observaciones planteadas por la Comisión sobre cualquier otra medida necesaria para alcanzar los objetivos comunes previamente acordados. La discusión previa de los planes presupuestarios nacionales, la vigilancia de las economías nacionales y el endurecimiento de las normas relativas a la competitividad, con sanciones que deben aplicarse si los países violan las normas financieras, constituyen, cada vez en mayor medida, la base de la gobernanza económica y monetaria de la zona del euro.
Así pues, en respuesta al cambio global financiero y económico, la UE ha de tomar medidas más firmes para garantizar que los Estados miembros gestionen sus presupuestos de manera responsable y se apoyen mutuamente económicamente. Esta es la única manera de garantizar que el euro siga siendo creíble como moneda única y que los Estados miembros puedan, conjuntamente, afrontar los retos económicos de la globalización. Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo destacan la importancia de coordinar las políticas económicas y sociales nacionales, ya que —a largo plazo—– la moneda común de Europa no es viable sin alguna forma de gobierno económico común.
En septiembre de 2015, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, presentó sus propuestas para reforzar la zona del euro. Dichas propuestas se basaban en un informe elaborado por los cinco presidentes de las instituciones de la UE que se ocupan del euro. El plan comprende un sistema común para garantizar los depósitos bancarios; un único representante de la zona del euro en las instituciones financieras mundiales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; un sistema más democrático y eficiente para vigilar los presupuestos nacionales; la coordinación de la política fiscal; y una base para las normas de protección social y del mercado de trabajo. En última instancia, esto podría suponer la creación de una hacienda común para la zona del euro.
El Banco Central Europeo entiende ahora que ayudar a relanzar la economía forma parte de su mandato. En 2015, el Banco inició la denominada «expansión cuantitativa», por la cual compra deuda, principalmente pública, para estimular la economía. De esta forma se reduce el tipo de interés, lo que propicia la inversión y rebaja la deuda pública. Además, reduce el tipo de cambio del euro frente a otras divisas, en beneficio de las exportaciones europeas.
A comienzos de la última década del siglo XX, la globalización comenzó a revolucionar la economía y el día a día de los ciudadanos de todo el mundo. Las economías empezaron a depender cada vez más unas de otras. La producción en Europa se enfrentaba a la dura competencia de las economías emergentes, sobre todo China y otros países asiáticos, más competitivas por sus niveles salariales más bajos. A raíz de ello se tambalearon los cimientos del modelo europeo de sociedad, asentado en los servicios sociales públicos y un alto nivel de vida.
Al mismo tiempo, no obstante, la revolución tecnológica, en especial gracias a internet y a las nuevas tecnologías de información y comunicación, dio paso a nuevas posibilidades de crecimiento y empleo.
Más recientemente, el mundo se vio sacudido por importantes crisis financieras y económicas. La crisis comenzó en el sector financiero de los Estados Unidos con los denominados «créditos hipotecarios de alto riesgo», aunque la situación se agravó por el elevado nivel de endeudamiento en Europa. Como consecuencia, se produjo una grave desaceleración económica y un aumento del desempleo en Europa, creando la peor crisis después de la de 1929 que, en última instancia, desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias sociales de la recesión, que alcanzaron su punto álgido en 2010 y empezaron a suavizarse con el moderado crecimiento experimentado a partir de 2014, se dejaron sentir con el drástico aumento del desempleo, especialmente en el sur de Europa y entre los jóvenes.
Los esfuerzos para relanzar la economía eran necesarios principalmente a escala nacional. La máxima prioridad de los países de la UE era reducir su deuda pública, exacerbada como resultado del mayor gasto en servicios sociales tras la crisis. Algunos países persiguieron este objetivo rigurosamente, mientras que otros tuvieron que pedir más tiempo para lograr el objetivo acordado de un déficit del 3 % como máximo. Huelga decir que las decisiones políticas tomadas por cada Gobierno para capear la crisis afectaron directamente a los ciudadanos: ¿aceptarían retrasar la edad de jubilación, que disminuyeran las aportaciones en gastos de atención sanitaria y la calidad de los servicios sociales o una modernización de las administraciones públicas? O bien, ¿cómo afectaría el gasto en defensa a su seguridad, y debería reducirse, mantenerse en cierto nivel o aumentarse en tiempos de inestabilidad internacional?
Durante este tiempo, la UE y sus instituciones también han desempeñado un papel activo para relanzar la economía. Al tiempo que se han tomado una serie de medidas para consolidar la unión económica y monetaria (véase el capítulo 7: «El euro»), la Comisión ha emprendido varias iniciativas para aumentar la productividad y la cohesión social.
© shock/Adobe Stock
Los jóvenes pueden crear más empresas nuevas si son capaces de atraer inversiones a través de un mercado de capitales eficiente en Europa.
Como parte de esta estrategia, los 28 Estados miembros de la UE han acordado lo siguiente:
Jean-Claude Juncker asumió el cargo de presidente de la Comisión en 2014 con un ambicioso programa para estimular el crecimiento, el empleo y la inversión. Lanzó su Plan de Inversiones para Europa, cuyo objetivo era aumentar la inversión en 315 000 millones de euros entre 2015 y 2017. Para ello contó con el nuevo Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas en cooperación con el Banco Europeo de Inversiones. A la vista del éxito del primer año del Fondo, el presidente Juncker propuso, en su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre de 2016, doblar la duración del Fondo y proporcionar 500 000 millones de euros en inversiones de ahora a 2020 y hasta 630 000 millones de euros hasta 2022. El Fondo garantiza préstamos a inversiones públicas o privadas que, de lo contrario, podrían no haberse realizado. El Fondo dispone de acceso a una suma de dinero público como punto de partida, lo que significa que tiene un efecto multiplicador para atraer inversión privada a los mismos proyectos. El Fondo se centra sobre todo en inversiones en infraestructuras, en particular en redes de datos de alta velocidad y redes energéticas, infraestructura de transporte, educación, investigación e innovación, energías renovables y pequeñas empresas. La Comisión Europea propuso en 2016 utilizar también este sistema para promover la inversión en África y en los países de la vecindad europea.
Internet y las tecnologías digitales desempeñan un papel importante en la creación de los puestos de trabajo del futuro. Si bien los europeos se encuentran a la vanguardia en ciertos ámbitos, no se están aprovechando todas las oportunidades digitales para las personas y las empresas. Solo un 15 % de los ciudadanos de la UE compran en línea a otros países de la Unión. Las empresas de internet y emergentes no explotan plenamente las oportunidades de crecimiento en línea, y únicamente el 7 % de las pequeñas empresas realizan ventas transfronterizas.
© lmgorthand/iStock
Acceso a películas, música y servicios informáticos de otros países de la UE: esto es el «mercado único digital» para nosotros.
Por ello, en 2015 la Comisión lanzó un plan de acción para garantizar un mercado único digital completo. Esto implica coordinar el Derecho contractual aplicable a las adquisiciones en línea para garantizar una mejor protección de los consumidores, servicios transfronterizos de entrega de paquetes más baratos, eliminar el «bloqueo geográfico» por el cual algunos servicios en línea no se venden en todos los países, modernizar la legislación en materia de derechos de autor y revisar las normas aplicables a las empresas de telecomunicaciones. Según la Comisión, estas medidas podrían producir un crecimiento adicional de la economía de la UE de 415 000 millones de euros anuales y crear 3,8 millones de nuevos puestos de trabajo.
La ciudadanía de la Unión Europea está consagrada en el Tratado de la UE: «Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla» (artículo 20, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Pero ¿qué significa la ciudadanía europea en la práctica?
Los ciudadanos de la UE tienen derecho a viajar, trabajar y residir en toda la Unión Europea.
Si una persona ha estudiado una carrera universitaria cuya duración sea de 3 años al menos, el título se reconocerá en todos los países de la UE, puesto que los Estados miembros de la UE tienen confianza en la calidad de los sistemas nacionales de enseñanza y de formación de los otros miembros.
© germanacom/fotolia
Los europeos tienen la libertad de vivir y trabajar en cualquier país de la UE de su elección.
Se puede ejercer la actividad profesional en los ámbitos de la salud, la educación y otros servicios públicos (con la excepción de la policía, las fuerzas armadas, etc.) de cualquier país de la Unión Europea. De hecho, ¿qué habría de extraño en el hecho de contratar a un profesor alemán para que enseñase alemán en Roma o en el de animar a un joven licenciado belga a que se presentase a una oposición para ocupar un puesto en la función pública francesa?
Antes de viajar por la UE, puede obtener de las autoridades de su país una tarjeta sanitaria europea, para ayudar a sufragar los gastos médicos si se pone enfermo en otro país.
Los ciudadanos de la Unión Europea no son solo trabajadores o consumidores: también gozan de derechos políticos específicos. Desde que entró en vigor el Tratado de Maastricht, todo ciudadano de la Unión, independientemente de su nacionalidad, ha tenido derecho a ejercer el voto y a presentarse como candidato en las elecciones locales de su país de residencia y en las elecciones al Parlamento Europeo.
Desde 2012, los ciudadanos de la UE también tienen derecho de petición ante la Comisión para presentar una propuesta legislativa, siempre y cuando se encuentre a 1 millón de personas de al menos siete países de la UE que firmen la petición.
El compromiso de la Unión Europea con los derechos de los ciudadanos se expuso claramente en Niza, en diciembre de 2000, cuando el Consejo Europeo proclamó solemnemente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta Carta había sido elaborada por una Convención integrada por parlamentarios nacionales y europeos, representantes de los gobiernos nacionales y un miembro de la Comisión Europea. Contiene, agrupados en seis capítulos —Dignidad, Libertades, Igualdad, Solidaridad, Ciudadanía y Justicia— cincuenta y cuatro artículos en los que se definen los valores fundamentales de la Unión Europea y los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos de la UE.
Los primeros artículos abordan la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona, y el derecho a la libertad de expresión y de conciencia. El capítulo relativo a la solidaridad supone una innovación al incorporar derechos sociales y económicos, tales como:
La Carta promueve asimismo la igualdad entre hombres y mujeres e instaura derechos como la protección de datos, la prohibición de las prácticas eugenésicas y de la clonación reproductora de seres humanos, el derecho a una protección elevada del medio ambiente, los derechos de los menores y las personas mayores y el derecho a una buena administración.
El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, otorga a la Carta el mismo valor jurídico que a los Tratados, por lo que puede utilizarse como base para llevar un caso ante el Tribunal de Justicia de la UE. No obstante, un protocolo especifica la aplicación de la Carta en Polonia y el Reino Unido.
El artículo 6 del Tratado de Lisboa establece una base jurídica para que la Unión Europea firme el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este Convenio ya no se limitaría a ser mencionado en los Tratados de la UE, sino que tendría fuerza legal en los países de la UE, otorgando así una mayor protección a los derechos humanos en la Unión Europea.
El sentimiento de pertenecer a una misma colectividad, de compartir el mismo destino, no puede crearse artificialmente, sino que ha de surgir de una conciencia cultural común. Por este motivo, Europa debe centrarse en la educación, la ciudadanía y la cultura, y no solo en la economía.
La UE no dicta cómo deben organizarse las escuelas y la educación ni lo que el programa educativo debe incluir: estas cuestiones se deciden a nivel nacional o local. Pero la UE ejecuta programas con el nombre de «Erasmus+» para promover los intercambios educativos para que los jóvenes puedan ir al extranjero a formarse o a estudiar, aprender nuevas lenguas y participar en actividades conjuntas con escuelas o universidades de otros países. Se prevé que 4 millones de personas se beneficien durante el período 2014-2020 de este apoyo, cuyo presupuesto se ha aumentado en un 40 % en comparación con el período anterior hasta llegar a los 16 000 millones de euros.
Los países europeos están trabajando conjuntamente, a través del «proceso de Bolonia», para crear un espacio europeo de educación superior. Esto significa, por ejemplo, que los cursos universitarios de todos los países concernidos darán lugar a titulaciones comparables y mutuamente reconocidas (licenciatura, maestría y doctorado).
En el ámbito de la cultura, el programa de la UE Europa Creativa impulsa la cooperación entre creadores de películas y programas de televisión, promotores, medios de difusión y organismos culturales de distintos países. Esto fomenta la producción de más productos audiovisuales europeos, ayudando así a equilibrar la producción europea con la estadounidense.
Una de las características esenciales de Europa es su diversidad de lenguas, y la preservación de esta diversidad es un objetivo importante de la UE. De hecho, el multilingüismo es fundamental para la forma en que funciona la Unión Europea. La legislación de la UE tiene que estar disponible en las veinticuatro lenguas oficiales, y cada diputado al Parlamento Europeo tiene derecho a usar cualquiera de ellas en los debates parlamentarios.
Para acercar la Unión Europea a los ciudadanos, el Tratado de la Unión Europea ha creado la figura del Defensor del Pueblo. El Parlamento Europeo elige al defensor del pueblo para el período de tiempo de su legislatura. El mandato del defensor del pueblo le habilita para investigar las quejas contra las instituciones y órganos de la UE. Todos los ciudadanos de la Unión y todas las personas físicas y jurídicas que residan o tengan su sede social en un Estado miembro pueden acudir al Defensor del Pueblo.
Cualquiera que viva en un país de la UE también tiene derecho de petición ante el Parlamento Europeo. Este es otro importante vínculo entre las instituciones de la UE y el público.
El concepto de la «Europa de los ciudadanos» es aún muy reciente, sin embargo, ya existen algunos símbolos de una identidad europea común, como el pasaporte europeo, en circulación desde 1985. De igual modo, la Unión tiene una divisa, «Unida en la diversidad», y el 9 de mayo se celebra el Día de Europa.
El himno europeo (extraído de la Oda a la Alegría de Beethoven) y la bandera europea (doce estrellas doradas dispuestas en círculo sobre un fondo azul) se adoptaron en 1985 como los símbolos más importantes de la UE. Los Estados miembros, las autoridades locales y los ciudadanos pueden utilizarlos si lo desean.
Sin embargo, los ciudadanos no pueden sentir que «pertenecen» a la Unión Europea a menos que sean conscientes de lo que está haciendo la UE y entender por qué. Es posible que las instituciones de la UE y los Estados miembros deban hacer mucho más para conectar con los ciudadanos, que a menudo sienten la UE como algo ajeno y de difícil acceso.
Los ciudadanos también necesitan ver que la UE supone una diferencia tangible en sus vidas. En este sentido, el uso cotidiano de los billetes y monedas de euros a partir de 2002 ha tenido un efecto decisivo. Además, el hecho de que los precios de bienes y servicios se fijen en euros permite a los consumidores comparar directamente la oferta en distintos países.
Con el Acuerdo de Schengen se han suprimido los controles fronterizos entre la mayoría de los Estados miembros, con lo que se refuerza el sentimiento de las personas de pertenecer a un espacio único y geográficamente unificado.
La sensación de pertenencia procede, sobre todo, de la sensación de participar personalmente en la toma de decisiones de la UE. Todos los ciudadanos adultos de la UE tienen derecho a presentarse y votar en las elecciones al Parlamento, y esto es una base importante para la legitimidad democrática de la UE. La elección indirecta del presidente de la Comisión Europea durante los comicios europeos de mayo de 2014, en los que cada partido político disputó la campaña electoral con su propio candidato al cargo, supuso un paso que con el tiempo probablemente reducirá lo que a veces viene a denominarse «déficit democrático». Al mismo tiempo, el aumento de los votos a populistas y partidos euroescépticos sirvió de advertencia para las instituciones de la UE.
© germanacom/fotolia
Uno de los derechos básicos establecidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es el del equilibrio de la vida familiar con la vida profesional.
La Unión Europea se creó para servir a los ciudadanos de Europa, y su futuro debe determinarse con la participación activa de personas de todas las clases sociales. Los padres fundadores de la UE eran muy conscientes de esto. «No aliamos Estados, unimos personas», decía ya en 1952 Jean Monnet. Uno de los grandes desafíos pendientes no solo de las instituciones de la Unión, sino también de las autoridades nacionales y la sociedad civil, es el de sensibilizar a los ciudadanos sobre lo que representa la UE y lograr involucrarlos en sus actividades.
Los ciudadanos europeos tienen derecho a vivir en libertad, sin temor a sufrir persecución o violencia, dondequiera que se encuentren en la Unión Europea. Sin embargo, la delincuencia y el terrorismo internacional se cuentan entre los fenómenos que más preocupan a los europeos hoy en día.
A través de las sucesivas modificaciones de los Tratados, con el tiempo la Unión Europea se ha involucrado más en este ámbito con el objetivo de crear un espacio único de libertad, seguridad y justicia.
La toma de decisiones en estos ámbitos se revisó por última vez en el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009. Hasta entonces, los Estados miembros habían conservado toda la responsabilidad de crear y gestionar el espacio de libertad, seguridad y justicia. El trabajo lo realizaba esencialmente el Consejo (mediante la discusión y el acuerdo entre los ministros nacionales), dejando a la Comisión y al Parlamento un papel limitado. El Tratado de Lisboa ha cambiado esto: ahora el Consejo adopta la mayor parte de sus decisiones por mayoría cualificada, el Parlamento es un socio igualitario en el proceso de toma de decisiones y la Comisión cuenta con cierto derecho de iniciativa.
La libre circulación de las personas plantea a los Estados miembros problemas de seguridad derivados de la supresión de los controles en las fronteras. Para compensar esta pérdida de control se requieren medidas de seguridad adicionales en las fronteras exteriores de la UE. Los delincuentes también pueden aprovecharse de la libre circulación en el territorio de la UE, por lo que es necesaria la cooperación policial y judicial para combatir la delincuencia transfronteriza.
Una de las iniciativas más importantes para facilitar los desplazamientos de los ciudadanos en la Unión Europea tiene su origen en un acuerdo intergubernamental firmado entre Bélgica, Francia, la República Federal de Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos, en la localidad fronteriza luxemburguesa de Schengen en 1985. Mediante este acuerdo, dichos países accedieron a suprimir los controles de las personas, con independencia de la nacionalidad, en sus fronteras comunes, a armonizar los controles en sus fronteras con países no pertenecientes a la UE y a introducir una política común de visados. De este modo se creó un espacio sin fronteras interiores que pasaría a denominarse «espacio Schengen». Los ciudadanos de terceros países no siempre necesitan un visado para entrar en el espacio Schengen. La Unión Europea ha firmado acuerdos con varios países para que sus ciudadanos estén exentos de los requisitos de visado. En situaciones de emergencia, los Estados miembros pueden volver a introducir los controles fronterizos por un tiempo limitado. Este ha sido el caso de varios países, a raíz de la afluencia repentina de solicitantes de asilo durante 2015 y 2016.
Desde entonces, el acervo de Schengen se ha integrado plenamente en los Tratados de la UE, y el espacio Schengen se ha ido ampliando progresivamente. En 2017, todos los países de la UE salvo Bulgaria, Chipre, Croacia, Irlanda, el Reino Unido y Rumanía, han aplicado las disposiciones de Schengen. Cuatro terceros países (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) también pertenecen al espacio Schengen.
© Associated Press
El gran aumento del número de solicitantes de asilo que llegaron a Europa en 2015 condujo a que la UE pusiera en marcha numerosas nuevas iniciativas.
Endurecer los controles en las fronteras exteriores de la UE se ha convertido en una prioridad. En 2014 se creó Frontex, la agencia de la UE con sede en Varsovia responsable de gestionar la cooperación de la UE en materia de seguridad de las fronteras exteriores. Los Estados miembros pueden prestar barcos, helicópteros y aviones para llevar a cabo patrullas conjuntas, por ejemplo, en zonas sensibles del Mediterráneo. La agencia también puede enviar, en situaciones de emergencia, equipos de intervención rápida en las fronteras formados por miembros de las guardias nacionales de fronteras de los países de la UE. En 2016, los líderes de la UE decidieron incrementar los recursos destinados a la agencia para llevar a cabo intervenciones rápidas en las fronteras. Pasó a denominarse «Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas» y comenzó a funcionar oficialmente en octubre de 2016.
Europa está orgullosa de su tradición humanitaria de acoger a los extranjeros y dar asilo a los refugiados amenazados y perseguidos. No obstante, los gobiernos de la UE se enfrentan a la cuestión apremiante de cómo reaccionar, en un espacio sin fronteras interiores, a un número creciente de inmigrantes, tanto legales como ilegales.
Los gobiernos de la UE han acordado armonizar sus normas para que las solicitudes de asilo se examinen de conformidad con un conjunto de principios de base uniformemente reconocidos en la Unión Europea. Se han adoptado normas mínimas comunes para la admisión de solicitantes de asilo y para la concesión del estatuto de refugiado.
En los últimos años, un gran número de inmigrantes irregulares ha llegado a las costas de Europa, y una de las prioridades de la UE es hacer frente a este problema. Los gobiernos de los Estados miembros están trabajando juntos para abordar el problema del tráfico de personas y acordar un régimen común para la repatriación de inmigrantes ilegales. Al mismo tiempo, la inmigración legal está siendo mejor coordinada mediante las normas de la UE en materia de reagrupación familiar, sobre la situación de los residentes a largo plazo y sobre la admisión de nacionales de terceros países que deseen venir a Europa para estudiar o realizar trabajos de investigación.
No obstante, el enorme aumento del número de solicitantes de asilo que llegaron a Europa en 2015 y 2016 procedentes de Oriente Próximo y África, con varios miles de vidas perdidas trágicamente mientras atravesaban el Mediterráneo, supuso un desafío de gran envergadura. También introdujo una nueva dimensión en la cuestión del asilo, ya que resulta más difícil establecer las diferencias entre los refugiados políticos y los económicos. Los países de la UE más expuestos a las enormes cifras de solicitantes de asilo en sus costas y aguas territoriales, como Grecia e Italia, habían estado esperando mayores muestras de solidaridad por parte de los demás países de la UE para ayudarlos a gestionar este problema. En 2015, Alemania demostró ser el país más dispuesto a conceder asilo a los refugiados políticos.
Los líderes de la UE acordaron una serie de medidas de distinta índole para hacer frente a esta nueva situación. Entre ellas, se tomaron decisiones para reubicar a los solicitantes de asilo que llegaban desde Grecia e Italia en otros países de la UE y también para acelerar la repatriación de aquellos a quienes no se podía conceder el asilo. La UE celebró un acuerdo especial con Turquía sobre estas cuestiones, ya que numerosos solicitantes de asilo atravesaban el país en su camino a Europa. La UE ha enviado expertos de otros países para ayudar a gestionar estos flujos de entrada allí donde se producen, ha incrementado la capacidad de Frontex para llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate y para hacer frente a las redes delictivas, y ha lanzado una misión militar en el Mediterráneo.
En 2015, 2016 y 2017 se destinaron más de 10 000 millones de euros del presupuesto de la UE a prestar ayuda humanitaria a los refugiados, tanto dentro como fuera de la Unión.
Es necesario un esfuerzo de coordinación para combatir las redes clandestinas que trafican con seres humanos y explotan a seres humanos vulnerables, especialmente mujeres y niños.
La delincuencia organizada recurre a métodos cada vez más sofisticados y utiliza normalmente redes europeas o internacionales para sus actividades. El terrorismo ha demostrado claramente que puede actuar, con gran brutalidad, en cualquier lugar del mundo.
Este es el contexto en el que se estableció el Sistema de Información de Schengen (SIS). Se trata de una compleja base de datos que permite que las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales puedan intercambiar información sobre personas sobre las que pesa una orden de busca y captura o de extradición y sobre objetos robados, como vehículos u obras de arte.
Una de las formas más eficaces para atrapar a los delincuentes es seguir la pista de los beneficios obtenidos ilícitamente. Por esta razón, así como para impedir la financiación de las organizaciones criminales y terroristas, la UE está elaborando legislación para evitar el blanqueo de dinero.
Con todo, el principal avance registrado en estos últimos años en materia de cooperación entre las fuerzas del orden ha sido la creación de Europol, organismo perteneciente a la UE, con sede en La Haya, que está integrado por funcionarios policiales y aduaneros. Entre sus cometidos figuran: el tráfico de estupefacientes y de vehículos robados, la trata de seres humanos y las redes de inmigración ilegal, la explotación sexual de mujeres y niños, la pornografía infantil, la falsificación, el tráfico de material radiactivo y nuclear, el terrorismo, el blanqueo de dinero y la falsificación del euro.
Europa ha sido objetivo de grupos terroristas islamistas vinculados a Al Qaeda y al denominado «Estado Islámico» o «Dáesh» que han conmocionado al mundo entero atacando los símbolos de los valores europeos fundamentales, como la libertad religiosa y la libertad de expresión. Entre estos actos terroristas se incluyen el ataque a los trabajadores de una revista satírica perpetrado en sus oficinas de París en enero de 2015 y el asesinato de centenares de personas en varios atentados en Europa. Los europeos se enfrentan a un enemigo impredecible, a menudo con bases financieras y militares en Oriente Próximo y África, por lo que estudian la posibilidad de incrementar la cooperación entre los servicios de inteligencia europeos y la actuación política y militar fuera de Europa.
Entre las medidas propuestas por la Comisión para neutralizar esta amenaza figura la creación de un centro europeo de excelencia para luchar contra la radicalización, cortar el acceso de los terroristas a la financiación gracias a la cooperación entre los servicios de inteligencia financiera, y redoblar la persecución de la ciberdelincuencia y la difusión de propaganda por extremistas en internet.
Otras medidas para combatir el terrorismo en Europa incluyen la mejora del control por parte de las líneas aéreas de las personas que entran y salen de la UE. Ahora las líneas aéreas tienen la obligación de incluir sus datos en registros de nombres de los pasajeros, que la Policía de toda Europa puede utilizar, siguiendo determinadas normas, para perseguir a los terroristas.
En la actualidad, en la Unión Europea existen múltiples sistemas judiciales diferentes que operan dentro de sus fronteras nacionales. Sin embargo, la delincuencia internacional y el terrorismo no respetan las fronteras nacionales. Por ello, la UE necesita un marco común para la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la falsificación, con el fin de garantizar a sus ciudadanos un elevado nivel de protección y mejorar la cooperación internacional en este ámbito. Asimismo, la UE necesita una política común de justicia penal, para garantizar que la cooperación entre los tribunales de distintos países no se vea obstaculizada por sus diferentes definiciones de ciertos actos delictivos.
© Unión Europea
Los líderes de la UE han destinado más recursos a Frontex para ayudar a proteger las fronteras exteriores de la UE.
El principal ejemplo de cooperación operativa en este ámbito es el trabajo realizado por Eurojust, una estructura central de coordinación fundada en La Haya en 2003, cuya finalidad es permitir que funcionarios de la policía judicial y fiscales puedan colaborar en la investigación de delitos que afecten a varios países de la UE. Apoyándose en la experiencia de Eurojust en este ámbito, el Consejo ha decidido nombrar un fiscal europeo cuyo papel sería perseguir los delitos contra los intereses financieros de la UE.
Otra herramienta para la cooperación práctica transfronteriza es la orden de detención europea, en vigor desde enero de 2004, que sustituye a los largos procedimientos de extradición.
Por lo que respecta al Derecho civil, la UE ha adoptado legislación destinada a contribuir a la aplicación de las resoluciones judiciales en los procesos transfronterizos relacionados con divorcios, separaciones, custodia de hijos y pago de pensiones de alimentos. El objetivo es garantizar que las sentencias dictadas en un país sean aplicables en otro. La UE ha establecido procedimientos comunes para simplificar y acelerar la resolución de procesos transfronterizos en el caso de demandas civiles no disputadas y de poca entidad, como el cobro de deudas y los procedimientos de quiebra.
La Unión Europea ha alcanzado el rango de gran potencia en los niveles económico, comercial y monetario. Sin embargo, de ella se ha dicho que se ha convertido en un gigante económico pero sigue siendo un enano político. La expresión es exagerada. La Unión Europea tiene un gran peso en las instancias internacionales, como la OMC y los organismos especializados de las Naciones Unidas, y en las cumbres mundiales sobre medio ambiente y desarrollo.
Con todo, es cierto que a la Unión y sus miembros les queda un largo camino por recorrer en términos diplomáticos y políticos para poder hablar con una sola voz sobre los problemas cruciales del planeta, como la paz y la estabilidad, las relaciones con los Estados Unidos, el terrorismo, Oriente Próximo y el papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los sistemas militares de defensa, la piedra angular de la soberanía nacional, siguen en manos de los gobiernos nacionales, vinculados entre sí únicamente por compromisos contraídos en el marco de alianzas como la OTAN.
La política exterior y de seguridad común y la política común de seguridad y defensa definen las principales tareas de política exterior de la UE. Estas políticas fueron instauradas en los Tratados de Maastricht (1992), Ámsterdam (1997) y Niza (2001). Conformaron el «segundo pilar» de la Unión Europea, ámbito político en el que las decisiones se toman por concertación intergubernamental y en el que la Comisión y el Parlamento desempeñan un papel secundario. La adopción de decisiones en este ámbito se basa en el consenso, con la posibilidad para los Estados de abstenerse. Aunque el Tratado de Lisboa eliminó los «pilares» de la estructura de la UE, no alteró la forma en que se deciden las cuestiones de seguridad y defensa, sino que concedió más protagonismo a esta política mediante la creación del cargo de alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Desde 2014, este puesto está ocupado por Federica Mogherini, que también es vicepresidenta de la Comisión Europea. Su función es representar el punto de vista colectivo de la UE y actuar en nombre de la UE en las organizaciones internacionales y en las conferencias internacionales. Está asistida por los funcionarios de la UE y nacionales que integran el Servicio Europeo de Acción Exterior, que es de hecho el servicio diplomático de la UE.
El objetivo de la política exterior de la UE es, esencialmente, garantizar la seguridad, la estabilidad, la democracia y el respeto de los derechos humanos, no solo en su vecindad inmediata (por ejemplo, los Balcanes), sino también en otros lugares conflictivos de todo el mundo, como África, Oriente Medio y el Cáucaso. Su herramienta principal es el «poder blando», que cubre ámbitos como las misiones de observación electoral, la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo. En 2015, la UE donó ayuda humanitaria por un importe superior a los 1 500 millones de euros, y se han destinado otros 5 000 millones de euros a ayudar a los desplazados desde que estalló la guerra en Siria. La UE proporciona el 60 % de la ayuda al desarrollo del mundo, y asiste a los países más necesitados del mundo para luchar contra la pobreza, alimentar a su población, evitar los desastres naturales, acceder al agua potable y luchar contra las enfermedades. Al mismo tiempo, la UE anima activamente a estos países a que respeten el Estado de Derecho, los derechos humanos y el apoyo a la sociedad civil, y también a que abran sus mercados al comercio internacional. La Comisión y el Parlamento Europeo velan por garantizar que la ayuda se presta de manera responsable y es administrada y utilizada correctamente.
¿Es la UE capaz y está dispuesta a ir más allá de esta diplomacia de «poder blando»? Este es el principal reto para los próximos años. Uno de los logros concretos más importantes en la esfera diplomática fue el papel decisivo que desempeñó la UE para garantizar el acuerdo entre Irán y las principales potencias mundiales en 2015, en relación con el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones económicas de larga data contra el país.
Asimismo, la UE se ha mostrado muy activa en las negociaciones internacionales referentes a la guerra civil en Siria.
Sin embargo, muchos sienten que las declaraciones conjuntas y las posiciones comunes del Consejo de Europa sobre cuestiones internacionales de relevancia no son más que el mínimo común denominador. Mientras tanto, los grandes Estados miembros continúan desempeñando sus propias funciones diplomáticas individuales. Sin embargo, cuando la Unión Europea habla con una sola voz es cuando se la considera un auténtico actor global. La credibilidad e influencia de Europa se fortalecen cuando la UE combina su poderío económico y su poder comercial con la aplicación progresiva de una política común de seguridad y defensa.
Desde 2003, la Unión Europea ha tenido la capacidad para llevar a cabo operaciones de gestión de crisis, a medida que los Estados miembros ponían de forma voluntaria a disposición de la UE parte de sus propias fuerzas para llevar a cabo tales operaciones.
La responsabilidad de ejecutar las operaciones corresponde a un conjunto de órganos político-militares: el Comité Político y de Seguridad, el Comité Militar de la UE, el Comité para los aspectos civiles de la gestión de crisis y el Estado Mayor de la Unión Europea. Estos organismos son responsables ante el Consejo y tienen su sede en Bruselas.
Este conjunto de herramientas es lo que da peso a la política común de seguridad y de defensa. Permite a la UE llevar a cabo las tareas que se ha fijado: humanitarias y de establecimiento o mantenimiento de la paz. Estas misiones deben evitar la duplicación de la actividad de la OTAN, y ello está garantizado por los acuerdos «Berlín Plus» entre la OTAN y la UE, que confieren a la Unión Europea acceso a los recursos logísticos de la OTAN (para la detección, comunicación, mando y transporte).
Desde 2003, la Unión Europea ha puesto en marcha más de treinta operaciones militares y misiones civiles. La primera tuvo lugar en Bosnia y Herzegovina, donde las tropas de la UE sustituyeron a las fuerzas de la OTAN. Estas misiones y operaciones, bajo la bandera europea, están siendo o han sido desplegadas en tres continentes. Entre ellas se incluye la operación Atalanta para combatir la piratería somalí en el golfo de Adén, la misión para ayudar a asentar el Estado de Derecho en Kosovo, la misión militar de formación en Mali, la misión de protección civil en Ucrania y la acción naval Sophia para neutralizar a los traficantes de personas en el Mediterráneo.
A medida que la tecnología militar se hace cada vez más sofisticada y cara, los gobiernos de la UE encuentran cada vez más necesario trabajar juntos en la fabricación de armas, especialmente en un momento en que los países se esfuerzan por reducir el gasto público para ayudar a capear la crisis financiera. Por otra parte, si sus fuerzas armadas realizan misiones conjuntas fuera de Europa, sus sistemas deben ser interoperables y sus equipos deben estar suficientemente normalizados. Por ello, en 2003 el Consejo Europeo decidió crear una Agencia Europea de Defensa para contribuir a desarrollar las capacidades militares de la UE.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha mencionado la necesidad a largo plazo de establecer una auténtica política europea de defensa. Esta perspectiva podría ganar partidarios gradualmente a medida que más europeos se den cuenta de que sus intereses de seguridad comunes deberían estar asociados a la defensa de sus valores e intereses estratégicos. Ninguna de las actuales potencias, grande o pequeña, puede disponer por sí sola de la fuerza militar necesaria para garantizar la seguridad de su población en un mundo inestable.
La UE tiene competencia para tratar cuestiones comerciales en nombre de sus Estados miembros. La relevancia de Europa como potencia comercial le otorga un considerable peso internacional. La UE respalda el sistema de normas de la OMC, con 164 países miembros. Este sistema aporta seguridad jurídica y transparencia al comercio mundial. La OMC establece las condiciones para que sus miembros puedan defenderse frente a prácticas desleales, como el dumping (venta a un precio inferior al de coste), que utilizan los exportadores frente a sus competidores locales. Asimismo, permite disponer de un procedimiento de resolución de litigios entre dos o más socios comerciales.
La política comercial de la UE está estrechamente vinculada a su política de desarrollo. La Unión exime del pago de derechos a la mayoría de las importaciones procedentes de los países en desarrollo y las economías en transición, o les aplica un tipo preferencial reducido, con arreglo a su «sistema de preferencias generalizadas». Y va aún más lejos en lo que atañe a los cuarenta y nueve países más pobres del mundo, cuyas exportaciones (todas, salvo las armas) están exentas del pago de derechos al entrar en los mercados de la UE.
Sin embargo, la UE no tiene acuerdos comerciales específicos con sus principales socios comerciales entre los países desarrollados, a saber, los Estados Unidos y Japón. En este caso, las relaciones comerciales se canalizan a través de los mecanismos de la OMC, pero se negocian acuerdos bilaterales. En 2014 se celebró un acuerdo económico y comercial entre Canadá y la Unión Europea, que ambas partes firmaron en octubre de 2016.
En 2013, la UE y los Estados Unidos iniciaron las negociaciones de un importante acuerdo de libre comercio denominado «ATCI» («TTIP» en sus siglas en inglés). Este incluye cuestiones como las barreras arancelarias, la armonización de normas, el acceso a mercados públicos, el reconocimiento de las denominaciones de origen o el mecanismo de resolución de litigios. En conjunto, los dos socios suponen el 40 % del comercio mundial y atienden a 800 millones de consumidores. Otra característica importante del acuerdo garantizaría que las normas utilizadas a escala mundial en un futuro no las decidan otros competidores, como por ejemplo China. La UE hace hincapié en que se respeten unas normas estrictas en materia de seguridad alimentaria, protección social, seguridad de los datos y diversidad cultural. De entrar en vigor, se espera que el acuerdo incremente el crecimiento económico en los países de la UE.
En la actualidad están aumentando los intercambios comerciales de la UE con las potencias emergentes de otras regiones del mundo, desde China y la India hasta América Central y Sudamérica. Los acuerdos comerciales con estos países entrañan también cooperación técnica y cultural. China se ha convertido en el segundo socio comercial más importante de la UE después de los Estados Unidos, y su mayor proveedor de importaciones La Unión Europea es el principal socio comercial de Rusia y su mayor fuente de inversión extranjera. No obstante, la Unión Europa impuso sanciones comerciales a Rusia como protesta por la anexión de Crimea en 2014, lo que ha interrumpido gravemente los flujos comerciales y de inversión.
© Andy Aitchison/In Pictures/Corbis
La UE promueve la apertura de los mercados y el desarrollo del comercio en todo el mundo.
La relación entre Europa y el África subsahariana es antigua, ya que data de la concepción misma del Tratado de Roma en 1957, que convertía en asociados a los países y territorios de ultramar de determinados Estados miembros. El proceso de descolonización iniciado al comienzo de los años sesenta del pasado siglo transformó dicho vínculo en una asociación de carácter diferente entre países soberanos.
El Acuerdo de Cotonú, firmado en 2000 en la capital de facto de Benín, marca una nueva etapa en la política de desarrollo de la UE. El Acuerdo entre la Unión Europea y los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) es el acuerdo más ambicioso y de mayor alcance jamás suscrito entre países desarrollados y países en desarrollo. Ha sucedido al Convenio de Lomé, firmado en 1975 en la capital de Togo y actualizado posteriormente a intervalos regulares.
Este acuerdo va bastante más lejos que los anteriores, ya que ha pasado de los intercambios comerciales basados en el acceso a los mercados a las relaciones comerciales en un sentido más amplio. Asimismo, introdujo una serie de procedimientos para hacer frente a los problemas de violación de derechos humanos.
© Tim Freccia/Associated Press
La UE realiza operaciones civiles o militares de mantenimiento de la paz, como esta operación contra la piratería frente a las costas de Somalia.
La Unión Europea ha acordado concesiones comerciales especiales para todos los países menos desarrollados, treinta y nueve de los cuales son signatarios del Acuerdo de Cotonú. Desde 2005, prácticamente todos los productos procedentes de estos países tienen acceso libre al mercado de la Unión.
Incluso aunque esta política tradicional de la UE haya tenido efectos positivos para África, no basta para dar respuesta a la situación actual. Grandes partes de África subsahariana han experimentado un crecimiento económico y han conseguido utilizar sus inmensos recursos naturales para mejorar su infraestructura y condiciones de vida. Sin embargo, otras regiones se han visto golpeadas con dureza por la guerra, revueltas y dictaduras. Toda la región del Sahel, justo al sur del Sáhara, se ha desestabilizado: grupos de fanáticos religiosos, como Boko Haram, siguen propagando el terror, y el Cuerno de África ha quedado subyugado a la guerra civil y las dictaduras.
Esta situación crea refugiados políticos. Las sequías causadas por el cambio climático y el aumento de la población son, asimismo, un acicate para que las personas intenten migrar a Europa. Por tanto, además de prestar ayudar humanitaria, la UE tiene motivos para implicarse en una gran estrategia concebida para crear crecimiento económico en el continente africano y estabilizar los movimientos de población. Por otro lado, una política europea común de inmigración resolvería la necesidad a más largo plazo de una renovación de la población activa en Europa, que está experimentando un envejecimiento de la población.
«Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho». Estas fueron las palabras de Robert Schuman en su famosa declaración, en el lanzamiento del proyecto de integración europea el 9 de mayo de 1950. Casi setenta años después, sus palabras siguen plenamente vigentes. La solidaridad entre los ciudadanos y las naciones de Europa debe adaptarse constantemente para hacer frente a los nuevos retos que plantea un mundo cambiante.
Esto siempre ha sido así durante toda la historia de la Unión Europea (UE). Durante los primeros años tras la Segunda Guerra Mundial, la prioridad era aumentar la producción y garantizar que había suficientes alimentos para todos. La realización del mercado único en la década de 1990 fue un gran logro. Posteriormente se crearon el euro y el Banco Central Europeo para hacer que el mercado funcionase con mayor eficacia. Al mismo tiempo, se hizo un esfuerzo considerable por cerrar las divisiones creadas por los regímenes comunistas durante la Guerra Fría. La crisis económica iniciada en 2008 puso de relieve la vulnerabilidad del euro frente al ataque de los especuladores mundiales. Para neutralizar la situación, los países de la UE decidieron coordinar más estrechamente sus políticas económicas nacionales y adoptaron medidas para establecer la unión bancaria. En los últimos tiempos, la agenda europea ha estado dominada por los desafíos en relación con la seguridad y la inmigración.
Jean Monnet, el gran arquitecto de la integración europea, concluyó sus memorias de 1976 con estas palabras: «Las naciones soberanas del pasado ya no pueden resolver los problemas del presente: no pueden garantizar su propio progreso ni controlar su propio futuro. Y la propia Comunidad no es sino una etapa en el camino hacia el mundo organizado del mañana». Enfrentados a la globalización, ¿deberíamos resignarnos en 2017 a que la Unión Europea ya no ostente importancia política? ¿O deberíamos más bien preguntarnos cómo desarrollar todo el potencial de más de 500 millones de europeos que comparten los mismos valores e intereses?
La Unión Europea comprende casi treinta Estados miembros con historias, lenguas y culturas muy diferentes y considerables diferencias en los niveles de vida. ¿Puede una familia de naciones tan diversas configurar una «esfera pública» política común? ¿Pueden desarrollar sus ciudadanos un sentimiento común de «ser europeos» sin dejar de estar profundamente apegados a su país, su región y su comunidad local? Tal vez sí puedan, si los actuales Estados miembros siguen el ejemplo de la primera Comunidad Europea que nació de los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Su legitimidad moral se basó en la reconciliación y en la consolidación de la paz entre los antiguos enemigos. Suscribió el principio de que todos los Estados miembros, ya sean grandes o pequeños, tienen los mismos derechos y respeto por las minorías.
¿Será posible seguir adelante con la integración europea, afirmando que los Estados miembros de la UE y sus ciudadanos quieren todos lo mismo? ¿O harán los líderes de la UE un mayor uso de los acuerdos de «cooperación reforzada», en virtud de los cuales grupos ad hoc de Estados miembros pueden seguir adelante sin los demás en cualquier dirección? La multiplicación de estos acuerdos podría conducir a una situación en la que cada Estado miembro pueda elegir si desea aplicar una política en particular o ser parte de una institución concreta. Esta solución puede parecer atractivamente sencilla, pero la UE se ha basado siempre en el principio de solidaridad, que significa compartir los costes y las ventajas. Significa contar con reglas comunes y políticas comunes.
© FatCamera/iStock
Los europeos deben trabajar juntos hoy para construir su futuro de mañana.
Al mismo tiempo, la reciente crisis económica ha puesto de relieve que los países que utilizan el euro como moneda se encuentran en una situación particular de dependencia, lo que les ha llevado a funcionar como un grupo principal de países dentro de la UE. La Comisión Europea ha propuesto incrementar la integración de la zona del euro reforzando las políticas de los ámbitos financiero, presupuestario y económico, pero también incrementar la legitimidad y responsabilidad democrática de dichas políticas. La idea es que un paso cualitativo, encaminado a transformar la zona del euro en una zona con una gobernanza económica unida, revitalizará la Unión en su conjunto y, por tanto, beneficiará a todo el continente.
Los acontecimientos sucedidos en los últimos tiempos han puesto de relieve la necesidad de profundizar en la cooperación europea en ámbitos que tradicionalmente se reservaban a la soberanía nacional, como la seguridad y la defensa o la justicia y los asuntos de interior, y en concreto la cuestión de los refugiados. Es probable que sea en estos ámbitos donde la UE se enfrente a sus mayores desafíos y donde necesite encontrar soluciones comunes, a fin de dar a sus ciudadanos una mayor sensación de seguridad y una confianza renovada en la Unión Europea.
La globalización obliga a Europa a competir no solo con sus rivales tradicionales, Japón y los Estados Unidos, sino también con las potencias económicas en rápido crecimiento como Brasil, China y la India. ¿Puede Europa seguir protegiendo sus normas sociales y medioambientales restringiendo el acceso a los mercados europeos? Incluso si lo hiciera, no podría escapar a la dura realidad de la competencia internacional. Es probable, por tanto, que numerosas fuerzas sigan ejerciendo presión para que Europa se convierta en un auténtico actor mundial, actuando al unísono en el escenario mundial y haciendo valer sus intereses de forma efectiva al hablar con una sola voz.
Al mismo tiempo, muchos europeos afirman que la UE debe estar más cerca de los ciudadanos. El Parlamento Europeo, que goza de mayores competencias con cada nuevo tratado, es elegido directamente por sufragio universal cada 5 años. Pero el porcentaje de la población que vota efectivamente en estas elecciones varía entre los países, y la participación suele ser baja. El reto para las instituciones de la UE y los gobiernos nacionales es encontrar mejores maneras de informar y comunicarse con el público (a través de la educación, las redes de organizaciones no gubernamentales, etc.) y, por tanto, favorecer la emergencia de una esfera pública común europea en la que los ciudadanos de la UE puedan dar forma a la agenda política. Este es uno de los principales desafíos que deben abordar tanto los Estados miembros como las instituciones de la UE a fin de hacer frente al euroescepticismo que propicia el auge del populismo y debilita la democracia.
Una de las mayores fortalezas de la UE es su capacidad para difundir los valores europeos más allá de sus fronteras. Valores como el respeto de los derechos humanos, la defensa del Estado de Derecho, la protección del medio ambiente y una economía libre dentro de un marco estable y organizado, y el mantenimiento del nivel de bienestar social. La medida en que Europa sea capaz de afirmar sus valores determinará la forma en que otras regiones del mundo la ven como ejemplo positivo.
Únicamente podremos juzgar si la UE ha conseguido lo que se ha propuesto hacer y ha obtenido resultados concretos si somos capaces de responder a preguntas como las siguientes:
Si es capaz de lograr todo ello, Europa seguirá siendo respetada y seguirá siendo una fuente de inspiración para el resto del mundo.
EN LÍNEA
Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión en el sitio web Europa:
https://europa.eu/european-union/index_esEN PERSONA
En la Unión Europea existen cientos de centros de información Europe Direct. Puede encontrar la dirección del centro más cercano en:
https://europa.eu/european-union/contact_esPOR TELÉFONO O POR CORREO ELECTRÓNICO
Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede acceder a este servicio: marcando el número de teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos operadores pueden cobrar por las llamadas); marcando el siguiente número de teléfono: +32 22999696; o por correo electrónico: https://europa.eu/european-union/contact_es
LEA SOBRE EUROPA
Las publicaciones sobre la UE están a su alcance con un solo clic en el sitio web:
https://op.europa.eu/es/web/general-publications/publicationsREPRESENTACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA
LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
LAS DELEGACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
12 LECCIONES SOBRE EUROPA
Comisión Europea
Dirección General de Comunicación
Información de los Ciudadanos
1049 Bruselas
BÉLGICA
Texto actualizado en agosto de 2017
© Unión Europea, 2017
Reutilización autorizada, con indicación de la fuente bibliográfica.
La política relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión Europea fue establecida por la Decisión 2011/833/UE (DO L 330 de 14.12.2011, p. 39).
Cualquier uso o reproducción de fotografías u otro material que no esté sujeto a los derechos de autor de la Unión Europea requerirá la autorización de sus titulares.
| ISBN 978-92-79-71553-2 | doi:10.2775/86465 | NA-04-17-736-ES-N | |
| ISBN 978-92-79-71609-6 | doi:10.2775/996306 | NA-04-17-736-ES-C | |
| HTML | ISBN 978-92-79-71580-8 | doi:10.2775/368296 | NA-04-17-736-ES-Q |
En persona
En la Unión Europea existen cientos de centros de información Europe Direct. Puede encontrar la dirección del centro más cercano en: https://europa.eu/european-union/contact_es
Por teléfono o por correo electrónico
Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede acceder a este servicio:
En línea
Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión en el sitio web Europa: https://europa.eu/european-union/index_es
Publicaciones de la Unión Europea
Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en: https://op.europa.eu/es/web/general-publications/publications
Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, póngase en contacto con Europe Direct o su centro de información local (https://europa.eu/european-union/contact_es).
Derecho de la Unión y documentos conexos
Para acceder a la información jurídica de la Unión Europea, incluido todo el Derecho de la Unión desde 1952 en todas las versiones lingüísticas oficiales, puede consultar el sitio web EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu
Datos abiertos de la Unión Europea
El portal de datos abiertos de la Unión Europea (https://data.europa.eu/euodp/es) permite acceder a conjuntos de datos de la Unión. Los datos pueden descargarse y reutilizarse gratuitamente con fines comerciales o no comerciales.