Education and Training Monitor 2024

1. Aprendizaje para la sostenibilidad

España ha integrado plenamente el contenido y los conceptos del aprendizaje para la sostenibilidad¹. A raíz de la Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental² publicada en 2020, España adoptó el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (2021-2025)³ (PAEAS), coordinado por el Gobierno central junto con las comunidades autónomas, los municipios y otras partes interesadas. El plan de acción comprende sesenta y una acciones agrupadas en seis ejes operativos e incluye programas de trabajo anuales⁴. El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) se encarga de la aprobación, seguimiento y evaluación del plan de acción. Con arreglo a la Memoria Intermedia del PAEAS⁵, las entidades promotoras del plan de acción han desarrollado un total de noventa y ocho acciones durante el período 2021-2023. Una tabla resumen presenta los avances logrados por actividad⁶,⁷.

El aprendizaje para la sostenibilidad se encuentra bien integrado en los currículos escolares y en los planes de estudios universitarios. La ley Orgánica 2/2006 de Educación (modificada en 2020)⁸ incorpora la educación para el desarrollo sostenible en todos los currículos de los niveles CINE 0 a 3⁹ de forma transversal y ciñéndose en gran medida al marco europeo de competencias sobre sostenibilidad, GreenComp¹⁰. Las comunidades autónomas diseñan sus propios currículos¹¹ de conformidad con el currículo establecido a nivel nacional. Existen mecanismos de seguimiento y prácticas de evaluación relacionados con el aprendizaje para la sostenibilidad tanto internos en cada centro educativo como externos. A nivel interno, los centros educativos realizan evaluaciones de su programación general anual, que incluye planes educativos relacionados con la sostenibilidad. Además, en sexto de Educación Primaria y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria se evalúa la adquisición de las competencias básicas, incluidas las relacionadas con la sostenibilidad. Externamente, la oficina de inspección educativa supervisa cómo aplican los centros el aprendizaje para la sostenibilidad. Se prevé llevar a cabo una evaluación de la puesta en práctica del aprendizaje para la sostenibilidad tras la plena aplicación de los nuevos currículos en el curso 2023/2024. La Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario¹² también hace referencia a la promoción de la sostenibilidad en todas las actividades. La prueba de acceso a la universidad abarca competencias acordes con los conceptos de sostenibilidad.

España está integrando la sostenibilidad en los currículos de los ciclos de Formación Profesional (FP) para apoyar la transición ecológica. Con el desarrollo normativo de la Ley Orgánica 3/2022, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD) introdujo en todas las titulaciones de FP un módulo de sostenibilidad aplicada al sistema productivo correspondiente. Este módulo tiene como finalidad el desarrollo de conocimiento y competencias básicas en economía verde, sostenibilidad e impacto ambiental. El Instituto Nacional de las Cualificaciones, que regula las cualificaciones profesionales, ha actualizado todos sus currículos de acuerdo con los principios de una economía sostenible y con la normativa medioambiental pertinente. Asimismo, el MEFPD ha publicado una serie completa de nuevos programas de formación profesional en el ámbito de la sostenibilidad, incluidos cursos de mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes proporciona recursos para promover la sostenibilidad en los centros educativos. También ha creado el Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS)¹³. Existen diversas actividades de formación para la aplicación de la EDS en la educación, entre ellas seminarios web¹⁴ y una colección de buenas prácticas de EDS¹⁵. Entre otras cosas, el Ministerio ofrece una guía con recursos educativos¹⁶ y orientaciones metodológicas para el anclaje curricular de la EDS y la ciudadanía mundial (2022)¹⁷. Un informe reciente ofrece una visión global de la situación actual de la EDS y la ciudadanía mundial en todas las comunidades autónomas (MEFP, 2022)¹⁸, que abarca toda la legislación, las estrategias, los planes, los programas, las acciones y los proyectos pertinentes desarrollados. En él se presentan algunos ejemplos del compromiso de los centros educativos en el contexto del Reconocimiento a Centros Educativos Sostenibles en el ámbito educativo¹⁹ y de la labor llevada a cabo por la red estatal de Escuelas hacia la Sostenibilidad en Red (ESenRED)²⁰.

España es uno de los países europeos que definen objetivos de aprendizaje relacionados con la sostenibilidad para los programas de formación del profesorado. En España, la normativa relativa a los títulos universitarios en el ámbito de la educación prevé competencias relacionadas con la sostenibilidad para el personal docente de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria²¹. Sin embargo, la formación inicial del profesorado no se ha actualizado desde 2007²². El aprendizaje para la sostenibilidad constituye una parte importante de la oferta de desarrollo profesional continuo, con materiales, recursos y directrices relacionados con la educación para la sostenibilidad disponibles (Comisión Europea / EACEA / Eurydice, 2024). Los programas de desarrollo profesional continuo para el personal docente en los niveles CINE 0 a 5 y en la universidad ofrecen cursos de educación para el desarrollo sostenible. No obstante, es necesario seguir formando al profesorado en materia de desarrollo sostenible y responsabilidad social (Pegalajar Palomino y otros, 2022). El documento de seguimiento del PAEAS de 2023 contiene un resumen de las acciones desarrolladas para integrar el concepto de sostenibilidad en el sistema de educación y formación²³. Todas las comunidades autónomas incluyen formación sobre educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial en sus planes o estrategias de desarrollo profesional continuo²⁴.

2. Atención y educación de la primera infancia

La participación en la atención y educación de la primera infancia (lo que en España se denomina «Educación Infantil») sigue creciendo. La Educación Infantil se divide en dos ciclos: de cero a dos años (CINE 01) y de tres a cinco años (CINE 02). En 2022, el 96,7 %²⁵de los niños mayores de tres años asistieron a programas de Educación Infantil (muy por encima de la media de la UE del 93,1 % y por encima del objetivo del 96 % a nivel de la Unión). En comparación con 2021, se ha producido un ligero aumento (0,7 puntos porcentuales). La participación de niños menores de tres años en programas oficiales de Educación Infantil en 2023 (55,8 %) fue también muy superior a la media de la UE (37,5 %)²⁶ y al objetivo nacional de Barcelona para 2030 (50,9 %). Existen diferencias en la participación en la Educación Infantil a nivel autonómico²⁷, que oscilan entre el 100 % (Ceuta) y el 99,8 % (Extremadura), por un lado, y el 93,2 % (Islas Baleares) y el 89,9 %(Melilla), por otro, en el caso de los niños de tres años o más. En 2022, alrededor de una tercera parte de los niños asistieron a centros privados de Educación Infantil, dos tercios de ellos financiados con fondos públicos²⁸.

En el curso escolar 2023/24 se ampliaron las plazas públicas de Educación Infantil. Atendiendo al objetivo establecido en la nueva Ley de Educación española (a saber, la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación, abreviada «LOMLOE») relativo a la universalización de la Educación Infantil para los niños de entre cero y dos años de edad, durante el curso escolar 2023/24 continúa el programa de fomento de la participación en el primer ciclo de esta etapa educativa, con una dotación financiera de más de 200 millones EUR²⁹. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) ofrece 671 millones EUR de financiación para la creación de 60 000 plazas públicas asequibles de Educación Infantil (otorgando prioridad a los niños de entre uno y dos años en zonas con mayor riesgo de pobreza o exclusión social y en zonas rurales). El programa se aplicará hasta el cuarto trimestre de 2025. A partir de esa fecha, se seguirá aportando financiación mediante la cofinanciación con cargo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) al objeto de garantizar la participación gratuita de los niños procedentes de entornos desfavorecidos en la Educación Infantil.

Algunas comunidades autónomas españolas decidieron no utilizar el apoyo del MRR para crear nuevos centros públicos de Educación Infantil. Tras la aprobación de la distribución territorial de nuevas plazas de Educación Infantil³⁰, varias comunidades autónomas (Andalucía y Galicia) decidieron devolver alrededor de 134 millones EUR recibidos para la creación de nuevas plazas en el primer ciclo de Educación Infantil³¹. Parte de estos fondos (32 millones EUR) ya se han distribuido entre siete comunidades autónomas, y los otros 102 millones EUR están pendientes de reasignación. Los fondos redistribuidos deberán invertirse de acuerdo con las condiciones del programa.

3. Educación escolar

La elevada proporción de alumnos con bajo rendimiento en matemáticas y la pequeña proporción de alumnos con alto rendimiento podrían comprometer la productividad y la competitividad futuras. Según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de 2022 (OCDE, 2023; MEFPD, 2023), la proporción de alumnos de quince años de edad con bajo rendimiento en España es inferior a la media de la UE en las tres competencias evaluadas (matemáticas: 27,3 %; lectura: 24,4 %; ciencias: 21,3 %), pero aún queda lejos del objetivo a nivel de la Unión. En comparación con 2012, los índices de bajo rendimiento experimentaron un aumento moderado. La brecha de rendimiento escolar en función del origen socioeconómico o migrante, aunque sigue siendo pertinente, es una de las más pequeñas de la UE. Al mismo tiempo, el porcentaje de alumnos con alto rendimiento es inferior a la media de la UE y se ha mantenido estable desde 2012.

Gráfico 1. Índices de bajo rendimiento por competencia, PISA 2012, 2018 y 2022

Se observan diferencias autonómicas significativas en los resultados de PISA. PISA 2022 presenta grandes diferencias en los resultados autonómicos, con puntuaciones medias que oscilan entre 499 y 395 en matemáticas, entre 498 y 404 en lectura, y entre 506 y 410 en ciencias (INEE, 2023). Solo una comunidad autónoma ha registrado un aumento moderado de las puntuaciones en las tres competencias durante la última década (Cantabria). En comparación con PISA 2012, algunas de las comunidades autónomas con mejores resultados en matemáticas (País Vasco, Cataluña y Navarra) registraron un descenso significativo (más de veinte puntos). Los datos recabados ponen de manifiesto la importancia de las políticas específicas destinadas a atenuar las desigualdades territoriales, relacionadas con la calidad de la educación y con la igualdad efectiva de oportunidades en todo el territorio nacional (López Rupérez y García García, 2023).

El impacto de la pandemia de COVID-19 afectó de manera más significativa al alumnado con bajo rendimiento. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) llevó a cabo un análisis exhaustivo de los factores determinantes de los resultados de PISA (MEFPD, 2023) y no constató en general que las condiciones de enseñanza durante la pandemia hubieran influido en gran medida en el rendimiento global del alumnado. Factores como la duración del cierre de los centros educativos o el mayor uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) no parecen haber afectado en gran medida a los resultados de PISA 2022. Tampoco existe una relación significativa entre la preparación o disponibilidad del profesorado para la enseñanza a distancia (según la percepción del alumnado) y la variación del rendimiento. Sin embargo, parece que los alumnos con bajo rendimiento se enfrentaron a más dificultades, ya que necesitaron más clases de refuerzo y tuvieron más problemas para adaptarse al aprendizaje a distancia que sus compañeros.

La tasa de abandono prematuro de la educación y la formación ha disminuido drásticamente desde 2012 y se ha mantenido estable en 2023, acercándose a la media de la UE. La tasa en 2023 fue del 13,7 %, en torno al nivel registrado en 2022 (frente al 9,5 % de la UE). Tras dos años de fuerte descenso (1,3 puntos porcentuales en 2020 y 2,7 puntos porcentuales en 2021), la tasa aumentó ligeramente en 2022 (0,6 puntos porcentuales). Persisten las diferencias en función del género o la comunidad autónoma, aunque la brecha de género está disminuyendo (de 8,4 puntos porcentuales en 2012 a 4,7 puntos porcentuales en 2023). Aunque las disparidades autonómicas se han reducido, siguen siendo significativas. Las tasas de seis de las diecinueve comunidades y ciudades autónomas se sitúan por debajo o cerca de la media de la UE. Otras cuatro presentan tasas inferiores a la media nacional, y las nueve restantes presentan tasas elevadas de entre el 15 y el 21 %.

Gráfico 2: Porcentaje de personas que abandonan prematuramente la educación y la formación (jóvenes de entre dieciocho y veinticuatro años) y brecha autonómica española, 2010 y 2023 (%)

Se están aplicando varias medidas para reforzar los resultados del alumnado. Con el apoyo del MRR, España ha adoptado una nueva Ley de Educación que tiene por objeto pasar de la enseñanza y el aprendizaje basados en el conocimiento a un enfoque más centrado en las competencias. Además, se está llevando a cabo la reforma de los currículos de 2022 correspondientes a la Educación Primaria y Secundaria, que se aplicará plenamente en 2024. Por otro lado, el programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+) y la creación de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar en los servicios educativos y psicopedagógicos pretenden reducir el número de jóvenes que abandonan prematuramente los estudios y mejorar los resultados educativos.

La falta de estabilidad laboral supone un reto para la profesión docente. En 2022, la proporción de maestros y profesores (CINE 1 a 3) de más de cincuenta y cinco años era inferior a la media de la UE (20,6 % frente al 24,8 % de la UE)³². De los datos nacionales se desprende que la proporción de docentes de más edad es mayor en Educación Secundaria y FP que en Primaria, y mayor aún en la enseñanza superior. Además, un número significativo de maestros y profesores tienen contratos temporales (el 22,47 % del personal docente, que osciló entre el 4,7 y el 43,4 % a nivel autonómico en el curso 2022/2023) (Comisión Europea, 2023). El Gobierno tiene previsto reducir la tasa de interinidad en educación al 8 % de aquí a 2025. Se están revisando los requisitos de acceso a la profesión docente, que han permanecido inalterados desde hace más de cuarenta años.

Más del 73 % del profesorado ha participado en actividades de formación para mejorar sus capacidades digitales y el 53 % ha obtenido la acreditación de su competencia digital. En 2021 se aprobó el Plan de Mejora de la Competencia Digital Educativa (#CompDigEdu). El MRR proporcionó financiación por valor de 301 millones EUR, que dio paso a la adopción de un Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD) basado en #CompDigEdu y adaptado a los contextos nacional y autonómico. Desde entonces, se han organizado casi 19 000 cursos de formación, en los que han participado más de 800 000 docentes. Más de 22 000 centros educativos (casi el 100 % de los centros públicos y privados) han revisado o creado su Plan Digital de Centro, y se ha acreditado la competencia digital de más de 500 000 docentes³³. Estos resultados superan o se aproximan a los objetivos fijados para diciembre de 2025.

4. Educación y formación profesionales

El elevado nivel de polarización de las capacidades y las bajas tasas de empleo de los titulados en FP siguen suponiendo un reto. En 2023, el 41,4 % de las personas de entre veinticinco y sesenta y cuatro años poseía una cualificación superior (frente al 35,1 % de la UE), mientras que el 35,8 % tenía una cualificación de bajo nivel (CINE 0 a 2) (frente al 20,2 % de la UE)³⁴. En dicho año, el porcentaje de personas de entre veinticinco y sesenta y cuatro años con un nivel intermedio de educación era el más bajo de la Unión (22,7 % frente al 44,7 % de la UE). La matriculación en ciclos de FP de grado medio se sitúa por debajo de la media de la UE³⁵ (40,5 % frente al 54,2 % de la UE en 2022). A pesar del amplio aprendizaje basado en el trabajo que se desarrolla en la FP (el 96,7 % de los titulados recientes habían adquirido esta experiencia en 2023, frente al 64,5 % de la UE)³⁶, las tasas de empleo de los titulados recientes en este tipo de formación son bajas (65,8 % en 2023, frente al 81 % de la UE)³⁷. 

España está realizando esfuerzos para mejorar la empleabilidad y la pertinencia de los cursos de FP para el mercado laboral. En 2023, el Gobierno aprobó el Real Decreto 659/2023 para ampliar la formación profesional de carácter dual, reforzar la empleabilidad y conectar la formación profesional con el mercado laboral, dada la baja tasa de matriculación en cursos de FP Dual (4,4 % en 2021/2022). La transición de la FP de grado medio y superior a cursos duales³⁸ puede plantear retos, ya que el predominio de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el tejido empresarial español exige impulsar la participación de las pymes en los programas de FP. En 2023, veintiún centros públicos más se unieron a la Red Estatal de Centros de Excelencia en Formación Profesional³⁹.

La transformación digital de la FP ocupa un lugar destacado en la agenda del Gobierno. En 2022, el presupuesto de FP aumentó un 12,2 % en comparación con el año anterior, con un peso especial de las transferencias financieras del MRR a las comunidades autónomas en el ámbito digital. En 2023, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes puso en marcha FP Conecta, una red social de formación profesional que permite la comunicación entre profesorado, alumnado, empresas y servicios públicos, facilitando el intercambio de información sobre formación y empleo. El MRR también apoya acciones de digitalización como el programa de alfabetización digital de mujeres rurales (PROFEA)⁴⁰, ejecutado íntegramente por el Servicio Público de Empleo Estatal, con el que el 85,57 % de las mujeres participantes mejoraron sus capacidades digitales y su empleabilidad.

5. Educación superior

El número de titulados en educación superior no cesa de aumentar. En 2023, la tasa de titulación de las personas de entre veinticinco y treinta y cuatro años siguió creciendo hasta alcanzar el 52 % (1,8 puntos porcentuales más que en 2022), muy por encima de la media de la UE (43 %)⁴¹ y del objetivo a nivel de la Unión (45 %). No obstante, siguen existiendo diferencias significativas entre las distintas comunidades autónomas (que oscilan entre el 28,1 y el 67,6 %)⁴². También se observan diferencias significativas en función del lugar de nacimiento⁴³ y del grado de urbanización⁴⁴. En comparación con 2016, la proporción de alumnos de nuevo ingreso en estudios superiores en los ámbitos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) se mantuvo estable en 2022 en torno al 25 % y por debajo de la media de la UE del 28,1 %⁴⁵, mientras que la proporción de alumnos en el ámbito de las TIC aumentó (6,3 % frente al 5 %), superando la media de la UE (5,1 %). El número de titulados en CTIM de la población con edades comprendidas entre veinte y veintinueve años coincidió con la media de la UE en 2022 (veintitrés titulados por cada mil habitantes)⁴⁶, mientras que la proporción de titulados en TIC con respecto al total de titulados fue superior a la media de la UE (5,2 % frente al 4,5 % en 2022)⁴⁷. Sin embargo, el número de titulados resulta insuficiente para satisfacer la creciente demanda en el mercado laboral. Ballestar de las Heras y Sainz González (2023) afirman que la solución reside en una mejor información para las familias y una mejor orientación en los centros de educación secundaria.

Alrededor de un tercio de las personas de entre veinte y sesenta y cuatro años con un título de educación superior ocuparon puestos de trabajo poco cualificados en 2023. Con un 35,8 %, se sitúan por encima de la media de la UE del 21,9 %, lo que representa el mayor desajuste relativo entre la oferta y la demanda de empleo. En el caso de las personas de entre veinticinco y treinta y cuatro años⁴⁸, España también presenta una de las mayores tasas de sobrecualificación de la UE. La sobrecualificación afecta más a los jóvenes que a las jóvenes y más a las personas nacidas fuera de España que a las nacidas en el país (Comisión Europea, 2023). En los últimos cinco años, esta tasa ha disminuido en 1,5 puntos porcentuales. En 2023, la tasa de empleo de los titulados superiores recientes (de entre veinte y treinta y cuatro años) sigue aumentando, pero todavía es inferior a la media de la UE (83 % frente al 88 %)⁴⁹. La reforma del sistema universitario comprende, entre otras medidas, regímenes de financiación en función de los resultados que tengan en cuenta las tasas de inserción laboral de sus titulados, lo que permitirá a las universidades ofertar titulaciones más pertinentes para el mercado laboral y las necesidades de la sociedad.

España está ampliando las becas a fin de permitir el acceso de más estudiantes de familias de clase media y estudiantes con necesidades educativas especiales a estudios superiores. El presupuesto de becas para el curso 2024/2025 aumentó un 4,4 % en comparación con el curso anterior (alrededor de 2 535 millones EUR) y se espera que llegue a cerca de un millón de estudiantes universitarios y no universitarios⁵⁰. En 2023/2024, la inversión ascendió a 1 170 millones EUR y llegó a 291 450 estudiantes, alrededor del 25 % de los estudiantes de grado y máster en universidades públicas. España amplió las becas para estudios universitarios en un 22 % entre 2018 y 2023. El importe medio de las becas universitarias proporcionadas por el Estado aumentó de 2 591 EUR en 2018 a 4 014 EUR en 2023. Para el curso académico 2024/2025 se han elevado los umbrales de renta y patrimonio familiar y los importes de las becas y ayudas de estudios con vistas a ampliar la cobertura entre las familias de renta media y los estudiantes con necesidades educativas especiales⁵¹.

El Gobierno español aprobó la creación de 3 400 puestos para profesores auxiliares, un puesto contractual antes de convertirse en profesor titular. La Administración central asume el 60 % de los costes y el resto corresponde a las comunidades autónomas. Se trata de la mayor inversión en personal universitario de la historia, y se espera que vuelva a revitalizarla.

6. Educación de adultos

La participación en la educación de adultos ha aumentado en la última década, pero sigue siendo menor entre las personas mayores de cincuenta y cinco años y los adultos poco cualificados. El porcentaje de adultos (de entre veinticinco y sesenta y cuatro años) que habían participado en actividades de aprendizaje en los últimos doce meses fue del 34,1 % en 2022, por debajo de la media de la UE del 39,5 % y del ambicioso objetivo nacional del 60 % de aquí a 2030⁵². Los indicadores equivalentes para las personas poco cualificadas (15,4 %) y las personas mayores de cincuenta y cinco años (23,4 %)⁵³ siguen siendo significativamente inferiores a la participación media, aunque sus necesidades de mejora de las capacidades y reciclaje profesional son más acuciantes. Para hacer frente a estos retos, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades presentó en 2023 un plan para promover el desarrollo de microcredenciales, centrándose en los grupos sociales desfavorecidos⁵⁴. Además, el MEFPD ha puesto en marcha un nuevo modelo de acreditación de competencias profesionales con el que se espera que dos millones de trabajadores obtengan el reconocimiento oficial de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y la formación por vías no formales de aquí a 2025⁵⁵.

No obstante, en consonancia con la media de la UE, persisten los retos en relación con las capacidades digitales avanzadas. El objetivo de España en materia de capacidades digitales básicas de aquí a 2030 es del 85 % de la población, por encima del objetivo de la UE del 80 %. El cuadro de indicadores del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2024 revela que España tiene un rendimiento relativamente bueno, ya que el 66,2 % de las personas de entre dieciséis y setenta y cuatro años poseen un nivel básico de capacidades digitales (por encima de la media de la UE del 55,6 %). A pesar de que el 39 % de las personas de entre dieciséis y setenta y cuatro años tienen competencias digitales avanzadas, España aún necesita mejorar, en particular por lo que respecta al porcentaje de especialistas en TIC. El MRR y el FSE+ financian actividades de formación para mejorar las capacidades digitales, incluida una iniciativa del FSE+ en Castilla-La Mancha destinada a dotar de capacidades digitales a las personas mayores de cincuenta y cinco años. Además, al menos 560 000 docentes recibirán una certificación de formación en capacidades digitales en el marco del plan español de recuperación y resiliencia.

La formación financiada por los servicios públicos de empleo plantea diferentes retos para los desempleados y los trabajadores por cuenta ajena. La formación de los trabajadores desempleados solo alcanzó el 6,6 % del total de personas desempleadas en 2022, lo que indica que su impacto es limitado. Aunque tres de cada cuatro empresas ofrecen formación a sus empleados, las empresas más pequeñas son menos propensas a hacerlo, lo que parece indicar que existen posibilidades de mejora de la formación de los trabajadores por cuenta ajena⁵⁶ y de la participación de las pymes⁵⁷.