Examen del rendimiento de la gestión de asuntos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Resumen

I

El examen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el Tribunal de Cuentas Europeo pretende evaluar el rendimiento de su proceso de gestión de asuntos; en particular, si los procedimientos en vigor fomentan la tramitación eficiente de los asuntos incoados y si podría mejorarse su pronta resolución. Otro objetivo de este examen es analizar los instrumentos de evaluación y rendición de cuentas en el TJUE.

II

En los últimos años el TJUE ha tomado importantes medidas organizativas y de procedimiento destinadas a mejorar la eficiencia en la tramitación de asuntos y la correspondiente presentación de informes. En particular, la introducción de plazos indicativos para la realización de las principales fases de tramitación de un asunto, junto con el progresivo desarrollo de instrumentos e informes de seguimiento, han dado mayor relevancia a la realización puntual de dichas fases. A finales de 2016 se habían logrado avances para reducir el considerable retraso de causas pendientes en el Tribunal General; y ello antes de que tuviera efecto la reforma de dicho Tribunal, consistente en la duplicación del número de jueces y de sus respectivos gabinetes.

III

El examen ha permitido concluir que el TJUE podría reforzar aún más estos resultados positivos si se planteara una evolución hacia una gestión más activa de los asuntos individuales, con calendarios adaptados y una supervisión del uso efectivo de los recursos humanos empleados. La medición del rendimiento sobre esta base, en lugar de utilizar plazos indicativos que deben respetarse de media, permitiría informar a la dirección de ambos tipos de problemas y aportar elementos de buenas prácticas. Este enfoque proporcionaría información a la dirección para respaldar la toma de decisiones destinadas a impulsar nuevos incrementos de eficiencia. Esta información también podría utilizarse para mejorar la presentación de informes sobre el rendimiento con el fin de reforzar la rendición de cuentas, al mismo tiempo que permitiría obtener una imagen más clara del adecuado funcionamiento del TJUE y de la utilización de sus recursos disponibles.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

01

El TJUE es la autoridad judicial de la Unión Europea (UE). Su misión consiste en garantizar el respeto del Derecho europeo mediante la supervisión de la interpretación y la aplicación uniforme de los Tratados¹.

02

El TJUE está integrado por dos órganos: el Tribunal de Justicia y el Tribunal General. El Tribunal de Justicia está compuesto por 28 jueces, asistidos por 11 abogados generales². Actualmente hay 45 jueces en el Tribunal General, cifra que se prevé pase a 56 en 2019. Los jueces y los abogados generales son designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un período de seis años de carácter renovable, y están asistidos por 386 funcionarios que trabajan en sus gabinetes. La plantilla es de 2 168 agentes para la institución en su conjunto³. Cada tribunal tiene su propia secretaría. Los servicios lingüísticos, informáticos y otros servicios son comunes a ambos tribunales. El coste global del TJUE para el presupuesto de la UE en 2017 es de alrededor de 400 millones de euros.

03

El Tribunal de Justicia y el Tribunal General se encargan de diferentes tipos de procedimientos (véase el recuadro 1).

04

Los tribunales deben examinar todos los casos que les hayan sido sometidos por los órganos jurisdiccionales nacionales, los Estados miembros, las instituciones europeas, o los órganos, las oficinas y las agencias de la Unión, así como por las personas físicas y jurídicas. Este es un factor que está fuera de su control. Durante el período 2006-2016, anualmente se presentaron en el TJUE 1 500 asuntos en promedio. El número global de causas pendientes de ser tramitadas (causas pendientes) aumentó en torno a un 20 % (véase la ilustración 1).

05

Los asuntos pueden incoarse ante uno de los tribunales en cualquiera de las 24 lenguas oficiales de la UE. Los jueces deliberan en francés.

06

El TJUE debe administrar justicia de calidad irreprochable en un plazo razonable⁴, y además, como institución de la UE, garantiza también que utiliza los fondos públicos a su disposición del modo más eficiente y eficaz posible, y conforme a los principios de buena gestión financiera⁵.

07

La calidad y la celeridad con las que el Tribunal de Justicia dicta sus resoluciones puede tener consecuencias importantes para las personas físicas, la personas jurídicas, los Estados miembros y la UE en su conjunto. Todos los casos en que el TJUE no se pronuncia en un plazo razonable pueden ocasionar importantes costes para las partes afectadas, así como costes directos para el presupuesto de la UE por los perjuicios⁶ que se deriven de la excesiva duración del procedimiento⁷. Los asuntos que se han remitido al TJUE son a menudo el resultado de procedimientos incoados en los Estados miembros. En estos casos, que son especialmente relevantes para el Tribunal de Justicia, concluir el asunto con puntualidad puede ser importante al permitir al sistema judicial del Estado miembro de que se trate proporcionar una tutela judicial efectiva a los ciudadanos y a las empresas también a nivel nacional.

08

El TJUE ha ido dando con el tiempo mayor prioridad a asegurar su funcionamiento eficiente y sobre todo a evitar el retraso de causas pendientes (en particular en el Tribunal General, véase el apartado 59). Con esta perspectiva, el Tribunal de Justicia ha tomado una serie de medidas organizativas y de procedimiento para incrementar su eficiencia, por ejemplo:

• adaptar el reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia y del Tribunal General a la finalidad de acelerar la tramitación de los asuntos,
• supervisar el avance de los distintos asuntos con respecto a los plazos internos indicativos para las fases principales de los procedimientos judiciales,
• digitalizar los flujos documentales relativos al procedimiento,
• reforzar la rendición de cuentas⁸.

09

Estas medidas han contribuido a reducir el tiempo empleado de media para dictar resoluciones judiciales en ambos tribunales. Por ejemplo, en 2016 la duración media global de los procedimientos era de 14,7 meses en el Tribunal de Justicia y de 18,7 meses en el Tribunal General, lo que representa una reducción de 0,9 y 1,9 meses, respectivamente, en comparación con 2015. Sin embargo, aún no puede confirmarse una tendencia a la baja para cada tipo de procedimiento (véase la ilustración 2).

10

En 2015, la UE decidió proceder a una reforma de la estructura judicial del TJUE, en particular al duplicar antes de 2019 el número de jueces del Tribunal General, que además pasaba a asumir la labor del Tribunal de la Función Pública a partir del 1 de septiembre de 2016⁹. Con ello se pretendía reducir el retraso de causas pendientes¹⁰, generar un impacto positivo en la calidad de las sentencias, y aumentar la flexibilidad y celeridad mediante la asignación de jueces a las Salas en función de la carga de trabajo en diversos ámbitos¹¹. El legislador estimó el coste financiero suplementario neto de la reforma en 13,5 millones de euros al año, cuando se haya aplicado en su totalidad¹², lo que representa alrededor del 3,4 % del presupuesto total del TJUE.

Alcance y enfoque del examen del rendimiento

Alcance y objetivo

11

El examen del Tribunal tiene como objeto evaluar si los procedimientos de gestión de los asuntos del TJUE dieron lugar a una tramitación eficiente de estos y si fueron resueltos en un plazo razonable. La calidad de las resoluciones judiciales y la reforma en curso del Tribunal General están excluidas del examen¹³. Asimismo, el Tribunal se proponía examinar los instrumentos de evaluación y rendición de cuentas del TJUE, lo que por otra parte respondía al interés mostrado por el Parlamento Europeo al respecto.

12

El Tribunal examinó una muestra de asuntos finalizados (véanse los apartados 17 a 19), así como las funciones y actividades de los distintos intervinientes en el ciclo de gestión de los asuntos. Se solicitó el acceso a todos los documentos, y este examen documental debía completarse mediante entrevistas con el personal que se ocupa de la gestión de los asuntos, incluidos los letrados judiciales (en lo sucesivo, «référendaires») (véase el apartado 23).

13

El TJUE consideró que, debido a que la obligación derivada del Tratado de mantener el carácter secreto de las deliberaciones¹⁴, el acceso a determinados documentos (por ejemplo, las notas y los memorandos internos entre la secretaría y los jueces y abogados generales, o bien entre los jueces y abogados generales, y determinadas partes de los informes preliminares del juez) debe seguir estando restringido a los jueces, los abogados generales y a personas concretas que trabajan en el TJUE, por lo que no era posible facilitar dichos documentos al Tribunal de Cuentas Europeo (TCE). Por lo tanto, este último no pudo evaluar con independencia el impacto de determinados factores, como la complejidad de los asuntos y los recursos disponibles, en las partes del procedimiento de gestión de los asuntos que correspondían a estos documentos.

14

Con el fin de paliar esta restricción, el presente examen se basa en la información recopilada a través de las «tomas de posición» o manifestaciones escritas¹⁵ del TJUE, en lugar de en pruebas directas. En la muestra seleccionada se hizo uso en concreto de cuestionarios destinados a los agentes participantes a fin de obtener información sobre la gestión de los asuntos. Los cuestionarios abordaban los principales factores que incidían en el tiempo necesario para tramitar un asunto. Estos factores se han identificado en consulta con la secretaría y los gabinetes de los presidentes de los tribunales del TJUE¹⁶. El Tribunal también entrevistó a varios jueces y abogados generales.

Enfoque y criterios

15

El Tribunal examinó la gestión de los asuntos por ambos tribunales, y tomó en consideración las directrices sobre eficiencia y gestión del tiempo desarrolladas por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), que se encarga del ámbito de los derechos humanos y del Estado de Derecho en el Consejo de Europa¹⁷.

16

El Tribunal analizó la duración de las principales fases de aproximadamente 2 800 asuntos finalizados por el Tribunal de Justicia y el Tribunal General en 2014 y 2015, que representan el 90 % de todos los asuntos finalizados en ese período. Además, el Tribunal analizó la correlación entre factores que a su juicio contribuyen a la complejidad de los asuntos y a la duración de los procedimientos judiciales.

17

Con el fin de evaluar la eficiencia en la gestión de los asuntos en casos individuales, el Tribunal trató de determinar los factores que tienen un impacto positivo o negativo en los procesos de gestión de los asuntos y en la duración de los procedimientos. Para ello, se seleccionó una muestra de expedientes (30 asuntos de cada tribunal) finalizados en 2014 y 2015.

18

La muestra se elaboró con el fin de abarcar diferentes características de la población¹⁸. Se excluyeron los asuntos de mayor¹⁹ o menor duración en absoluto, y la muestra englobó principalmente los asuntos que tomaban ligeramente más tiempo que la duración media, junto con varios asuntos con un breve tiempo de tramitación a fin de identificar posibles mejores prácticas (véase el anexo I). Por estos motivos, no se trata de una muestra representativa aleatoria, sino que está orientada a cuestiones específicas.

19

El Tribunal examinó los 60 asuntos a lo largo de toda su duración (véase la ilustración 3) y comparó el tiempo dedicado a las diferentes fases del procedimiento con los propios plazos indicativos tipo del TJUE, y con una duración media²⁰. Para las fases desde la incoación del asunto hasta la conclusión del procedimiento escrito, el Tribunal analizó los procedimientos internos, los documentos de la secretaría referentes a los asuntos seleccionados y los cuestionarios cumplimentados por la secretaría; además, mantuvo entrevistas con el personal competente de dichos servicios. Por lo que respecta a las fases posteriores al procedimiento escrito, el Tribunal examinó los documentos puestos a su disposición que estaban sujetos a la limitación descrita en el apartado 13 y los cuestionarios cumplimentados por los jueces y abogados generales o por sus référendaires. Además, escrutó el contenido de las sentencias y autos, y celebró varias reuniones con personal de los gabinetes de ambos presidentes a fin de obtener explicaciones y descripciones de los procedimientos sobre los sistemas²¹.

20

Para los servicios de apoyo al proceso judicial (traducción, tecnologías de la información, investigación y documentación), el Tribunal comprobó los sistemas establecidos y mantuvo entrevistas con los responsables. En el servicio de traducción, los aspectos estudiados en particular fueron los procedimientos de fijación de plazos, la planificación y la comunicación de los resultados. Además, se analizaron los avances logrados en la aplicación de los indicadores de rendimiento y actividad interinstitucional clave (KIAPI). En lo que respecta al servicio de tecnologías de la información, el Tribunal estudió la estructura general de los sistemas de gestión de casos y la planificación estratégica para 2016-2020.

21

Asimismo, el Tribunal examinó si el TJUE había estudiado la posibilidad de obtener algún incremento de eficiencia con la modificación de sus prácticas lingüísticas.

Observaciones

El proceso de gestión de asuntos y su duración

22

Como se muestra en la ilustración 3, los asuntos son recibidos y tramitados inicialmente por la secretaría, tanto en el Tribunal de Justicia como en el Tribunal General. El desarrollo de la primera parte del procedimiento (procedimiento escrito) se prevé en detalle en el reglamento de procedimiento de cada uno de los dos tribunales, en particular los documentos necesarios y los plazos aplicables. Los presidentes de ambos tribunales asignan los asuntos a las Salas o a los jueces ponentes y, y, en el caso del Tribunal de Justicia, el primer abogado general asigna el asunto a un abogado general.

23

Los jueces y los abogados generales trabajan sobre los asuntos que les han sido asignados directamente, pero también analizan otros a nivel de la Sala a la que pertenecen o del Tribunal. Los jueces pueden encargarse de los asuntos de los que son juez ponente, juez asesor o, cuando proceda, presidente de la Sala. Son asistidos en el desempeño de sus funciones por los miembros de sus gabinetes: référendaires y asistentes. Cada gabinete está compuesto de tres référendaires para los jueces y de cuatro para los abogados generales. Los référendaires desempeñan un papel crucial al asistir a los jueces y a los abogados generales en los asuntos de su competencia y al ayudar a la preparación de las reuniones generales o de las reuniones de la Sala; además, analizan otros asuntos que son abordados en las Salas a las que el juez está destinado. La calidad, gestión y disponibilidad de estos recursos son, por tanto, factores importantes para garantizar una gestión eficiente de los asuntos.

24

En general, en cada asunto se designa a un solo référendaire para su duración completa, incluida la asistencia en la elaboración de los informes preliminares, los dictámenes y las resoluciones judiciales, por lo que la ausencia de un référendaire pueden tener un efecto negativo para la eficiencia en la tramitación de los asuntos.

25

Tras la asignación del asunto y la finalización del procedimiento escrito, se elabora un informe preliminar²² que se presentará posteriormente al juez ponente (en el Tribunal General se complementa con un informe para la vista). El informe se debate en la reunión general del Tribunal de Justicia o en la Conferencia de Sala del Tribunal General. Las fases siguientes en el ciclo de vida del asunto son la vista²³ (que puede omitirse en determinadas condiciones²⁴) y, para muchos asuntos del Tribunal de Justicia²⁵, la emisión del dictamen jurídico del abogado general.

26

La finalización del procedimiento incluye la deliberación y la adopción de la resolución²⁶. Los proyectos de sentencias y, en algunos casos, los proyectos de autos están sujetos al examen de un equipo de agentes (en lo sucesivo, «cellule des lecteurs d’arrêts») que actúa para garantizar la calidad y la coherencia de la elaboración, acorde con las prácticas y los precedentes establecidos. Seguidamente puede tener lugar la publicación en el repertorio de la jurisprudencia en línea («recueil numérique de la jurisprudence»)²⁷, en función de los criterios fijados por cada tribunal.

27

Si bien cada uno de los dos tribunales funciona como órgano colegiado asumiendo una responsabilidad colectiva por sus resoluciones, el seguimiento general de la evolución de los asuntos individuales compete, en última instancia, a ambos presidentes. Evidentemente, el juez ponente y el presidente de la Sala de que se trate son también responsables de garantizar un adecuado seguimiento. En el Tribunal de Justicia, el primer abogado general asume la responsabilidad global del seguimiento del avance de los dictámenes en curso de elaboración por los abogados generales.

28

Como se describe en el apartado 9, el TJUE publica la duración media total de los asuntos como un indicador clave de rendimiento. El Tribunal confirmó que se había efectuado correctamente el cálculo de la duración media de las fases principales (por tipo de resolución, y por tipo de procedimiento o tema) aplicado por el TJUE a fines internos, con respecto a los procedimientos finalizados en 2014 y 2015 en el Tribunal de Justicia y en el Tribunal General. Asimismo, el Tribunal llevó a cabo un cálculo más detallado de las duraciones medias que habían sido consideradas pertinentes para la gestión de los asuntos (véase la ilustración 4).

29

Ambos tribunales fijan plazos indicativos tipo (véanse los apartados 54 y 57) para una serie de fases clave. Sin embargo, a causa del distinto carácter de los asuntos y de los diversos factores concurrentes, estos plazos son indicativos y no siempre pueden cumplirse. Como se refleja en la ilustración 4, la duración media de las fases principales por lo general sobrepasa los plazos indicativos, aunque existen diferencias entre ambos tribunales.

30

Por ejemplo, el tiempo necesario de media para la preparación del informe preliminar de los asuntos finalizados en 2014 y 2015 en el Tribunal de Justicia es de aproximadamente tres meses (frente a un objetivo indicativo de dos meses) y, en el Tribunal General, de aproximadamente nueve meses (frente a un objetivo indicativo de dos o cuatro meses, en función del tipo de asunto²⁸).

31

En lo que respecta a la duración media de los procedimientos, existe una diferencia importante entre los asuntos resueltos mediante sentencias y aquellos resueltos mediante autos²⁹, pero con independencia del tipo de asunto y del tipo de resolución (sentencia o auto), tanto el procedimiento escrito como la preparación del informe preliminar y la finalización son las fases más prolongadas en el ciclo de vida de un asunto.

32

El examen del Tribunal abarcó los siguientes procesos clave de gestión de los asuntos:

• incoación y tramitación inicial (incluida la recepción y transmisión de los documentos procesales), conocido como el procedimiento escrito, por las respectivas secretarías (véanse los apartados 36 a 40);
• asignación por los presidentes de los dos tribunales, incluido el primer abogado general, si procede (véanse los apartados 41 a 45);
• tramitación de los asuntos por las Salas y los jueces ponentes tras su asignación, sujeta a las restricciones descritas en el apartado 13 (véanse los apartados 46 a 50);
• supervisión y gestión de la evolución de los asuntos por los dos presidentes de los tribunales (véanse los apartados 51 a 60).

Utilización de las respuestas a los cuestionarios del Tribunal

33

Los cuestionarios relativos a los 60 asuntos enviados a las secretarías y a los jueces (y, en su caso, a los abogados generales) pretendían obtener información sobre los factores que afectan a la duración del procedimiento (véase el apartado 19) y el tiempo asignado a cada motivo, así como explicaciones más detalladas para cada caso concreto (por ejemplo, mejores prácticas). Sin embargo, las respuestas recibidas se caracterizaban por niveles variables de información.

34

Sobre la base de las respuestas recibidas, el Tribunal analiza la frecuencia de los factores evocados por el TJUE. Posteriores entrevistas con los jueces y los abogados generales confirmaron que estos motivos tienen un impacto en la duración global de los asuntos. En la gran mayoría de los casos, las secretarías facilitaron información sobre el tiempo imputable a cada factor que afectaba a la duración. Los jueces y los abogados generales proporcionaron esta información para un número más limitado de asuntos. Por consiguiente, en todos los asuntos de la muestra, el Tribunal no pudo evaluar el impacto en la duración de los motivos aducidos.

35

El anexo II proporciona un análisis detallado de las respuestas a los cuestionarios que refleja la frecuencia de los factores evocados por las secretarías, los jueces y los abogados generales que afectan a la duración de los procedimientos. Las ilustraciones 5 a 8 proporcionan una síntesis de esta información.

Incoación y tramitación inicial en las secretarías (procedimiento escrito)

36

El procedimiento escrito es gestionado por las secretarías que aplican las disposiciones de sus respectivos reglamentos de procedimiento, que fijan, entre otros, los plazos impuestos a las partes para presentar sus observaciones o conclusiones escritas.

37

El análisis del Tribunal pone de manifiesto que en 2014 y 2015 esta fase duraba de media 6,6 meses en el Tribunal de Justicia y 9,1 meses en el Tribunal General, lo que en ambos casos, representaba una proporción significativa de la duración total del asunto. Cabe señalar que la duración de esta fase está determinada por el reglamento de procedimiento, que fija los plazos para la presentación de los distintos documentos procesales, pero también depende de las partes en litigio (que solicitan por ejemplo la ampliación de los plazos o el tratamiento reservado de determinados particulares), y de que haya terceros que soliciten intervenir en los procedimientos.

38

Los factores más frecuentes que, según las secretarías en las respuestas relacionadas con los 60 casos seleccionados, incidían en la duración del procedimiento escrito se presentan de manera general en la ilustración 5 para el Tribunal de Justicia y en la ilustración 6 para el Tribunal General.

39

Esta presentación general pone de relieve que para el Tribunal de Justicia los dos factores más frecuentes están vinculados a las traducciones efectuadas por otras instituciones de la UE³⁰ y a la carga de trabajo de la Dirección General de Traducción (DG Traducción) del TJUE³¹. El Tribunal analizó de forma más pormenorizada la repercusión de la labor de la DG Traducción en la gestión de los asuntos (véanse los apartados 74 a 79), y llegó a la conclusión que este factor incidía limitadamente en la duración total de los asuntos. Para el Tribunal General, los factores indicados se referían principalmente a los procedimientos normativos relativos al intercambio de documentos con las partes³² y al tiempo necesario para tratar un gran volumen de documentación referente a los asuntos. Los ejemplos de los motivos de prórroga del procedimiento escrito se presentan, para el Tribunal de Justicia y para el Tribunal General, en el recuadro 2.

40

El Tribunal constató durante su examen que ambos tribunales ya habían tomado medidas con anticipación para cambiar y mejorar determinados procedimientos que afectaban a la duración del procedimiento escrito, a fin de evitar retrasos excesivos en esta fase. Como ejemplo de estas medidas cabe citar la mejora constante del reglamento de procedimiento, la simplificación de los procedimientos de toma de decisiones y el actual fomento de la incoación electrónica de los asuntos (E-Curia) a partir de 2011 para minimizar la utilización de documentos en papel.

Proceso de asignación de los asuntos sometidos a los tribunales

41

En ambos tribunales, la asignación de los asuntos tiene lugar cuando se ha creado un volumen suficiente de nuevos asuntos para permitir una asignación equilibrada de la carga de trabajo entre los jueces. El análisis de los asuntos finalizados en 2014 y 2015 demuestra que el plazo medio transcurrido entre la recepción de un asunto y la asignación a un juez es de 2,3 meses en el Tribunal de Justicia y de 1,5 meses en el Tribunal General. Sin embargo, ello no tiene un impacto significativo en el tiempo que se necesita en total para tramitar los asuntos, dado que el trabajo esencial de carácter preliminar en ambas secretarías se desarrolla en paralelo.

Tribunal de Justicia

42

El presidente del Tribunal de Justicia se encarga de la asignación a un juez ponente, y el primer abogado general asigna el asunto a un abogado general. La asignación tiene en cuenta varios factores; entre ellos, la carga de trabajo actual de los jueces y la similitud con otros asuntos. Además, se aplican una serie de normas para evitar la asignación a jueces de la misma nacionalidad que el asunto, y, en los recursos del Tribunal General, el asunto no se asigna a un juez de la misma nacionalidad que el juez ponente inicial.

43

Las asignaciones ad hoc tienen lugar cuando deben tomarse decisiones de procedimiento sin demora o cuando es necesario recurrir a procedimientos acelerados. Los asuntos que precisan un procedimiento prejudicial de urgencia³³ son tratados en una Sala dedicada a este fin. En general, cuando un asunto puede resolverse rápidamente mediante auto, el presidente intenta asignarlo sin demora a un juez ponente con arreglo al reglamento de procedimiento³⁴.

Tribunal General

44

El presidente del Tribunal General asigna los asuntos a las nueve Salas por turno, con arreglo a las normas internas³⁵. Estas prevén cuatro turnos separados correspondientes, respectivamente, a: i) asuntos relativos a la aplicación de las normas de competencia a las empresas, normas sobre ayudas estatales y normas sobre las medidas de protección comercial; ii) asuntos relativos a los derechos de propiedad intelectual; iii) asuntos relativos a la función pública (solo desde 2016) y iv) asuntos distintos de los mencionados anteriormente.

45

De conformidad con la normativa aplicable, el presidente podrá establecer excepciones a dichos turnos, basándose en que los asuntos recibidos están relacionados con otros asuntos en curso de tramitación o anteriormente finalizados, o con el fin de garantizar un reparto equilibrado de la carga de trabajo. La información facilitada por el Tribunal General indica que aproximadamente el 40 % de los asuntos fueron asignados fuera del sistema de turnos en 2014 y 2015. Tras la asignación a una Sala, el presidente de esta propone un juez ponente para cada asunto concreto, y el presidente del Tribunal General adopta entonces la decisión definitiva.

Proceso de tramitación de los asuntos por las Salas y los jueces ponentes tras su asignación

46

La tramitación de los asuntos tras su asignación hasta su finalización incluye varias fases y representa una parte muy importante de su duración total: en particular, la preparación de los informes preliminares supuso en promedio 3,2 meses en el Tribunal de Justicia y 9,4 meses en el Tribunal General, mientras que en 2014 y 2015 los asuntos se finalizaban de media en 4 meses en el Tribunal de Justicia y en 5,3 meses en el Tribunal General. Tal como se describe en los apartados 33 y 34, las respuestas de los jueces y los abogados generales a los cuestionarios hacían referencia, en la mayoría de los casos, a la frecuencia de los distintos factores que afectan a la duración, más que al tiempo atribuible a dichos factores. Por otra parte, si bien el Tribunal dispone de información sobre el tiempo transcurrido en cada una de las fases, desconoce el número de días de trabajo de los jueces, los abogados generales y el personal de sus gabinetes que fueron realmente necesarios para cada fase.

47

Las respuestas a los cuestionarios, sin embargo, constituyen una primera fuente de información en la que el TJUE podría basarse para desarrollar un nuevo análisis. En la ilustración 7 para el Tribunal de Justicia y en la ilustración 8 para el Tribunal General se presenta una visión general de los factores más frecuentes que inciden en la duración de la tramitación de los asuntos, comunicada por los jueces en los asuntos considerados trate (y, cuando proceda, por los abogados generales). El análisis completo de los factores que afectan a la duración de los 60 asuntos se presenta en el Anexo II.

48

En el Tribunal de Justicia, los factores más frecuentes indicados en los cuestionarios que afectan a la duración de la tramitación de los asuntos corresponden a las vacaciones judiciales³⁶, a la carga de trabajo de los référendaires (así como sus bajas por enfermedad o maternales/parentales o su partida), a la carga de trabajo de los jueces ponentes y los abogados generales y, por último, a la complejidad y el voluminoso contenido de los asuntos.

49

En el Tribunal General, el factor más frecuente que afecta a la duración de los asuntos de la muestra se deriva del tiempo que necesita la «cellule des lecteurs d’arrêts». El motivo reside en la importante carga de trabajo impuesta a este servicio como consecuencia de los esfuerzos realizados para reducir el número de causas pendientes en 2014 y 2015. Sin embargo, cabe señalar que los plazos internos fijados para este trabajo por lo general se respetaron. Los demás factores indicados con frecuencia eran la carga de trabajo de los jueces ponentes y de sus référendaires, el cambio de la composición de la Sala que se ocupaba del asunto, la reasignación de los asuntos y las medidas de organización del procedimiento. En el recuadro 3 se compara la frecuencia de los factores específicos en el Tribunal de Justicia y en el Tribunal General.

50

Las entrevistas del Tribunal con los jueces y los abogados generales indicaron que estos son conscientes de la necesidad de tramitar los asuntos, en la medida de lo posible, dentro de los plazos indicativos sin comprometer la calidad del trabajo, y de que la ausencia del référendaire asignado a un asunto concreto puede afectar a la eficiencia de su tramitación, especialmente si no se cuenta con un apoyo adecuado. El problema de la incertidumbre de los jueces que finalizan su mandato y del traspaso de la carga de trabajo de los jueces salientes también se señalaron como puntos que debían mejorar.

Supervisión

51

La supervisión y el seguimiento de la tramitación de los asuntos, incluido el desarrollo de instrumentos de supervisión en línea, han evolucionado de forma positiva con el tiempo. Los jueces entrevistados por el Tribunal reconocieron su efecto en la eficiencia de la tramitación de los asuntos.

52

El enfoque del TJUE para supervisar el cumplimiento de los plazos indicativos se basa en asuntos concretos y, cuando estos no pueden respetarse, se señala dicho incumplimiento. Sin embargo, dado su carácter indicativo, los plazos, deben ser respetados por cada tribunal de media, y los asuntos que precisan más tiempo pueden ser compensados por los que exigen menos.

Tribunal de Justicia

53

El presidente asume la responsabilidad global de la supervisión y el seguimiento de los asuntos, y controla el cumplimiento de los plazos, en particular mediante reuniones semanales con los presidentes de Sala y el primer abogado general. El proceso de supervisión ha ido evolucionando a lo largo de los años con informes y análisis progresivamente más detallados que contribuyen al seguimiento, respaldados por una serie de informes y de determinados sistemas informáticos como el «suivi des affaires». Entre estos, el informe «état des affaires» muestra, por medio de un asterisco, los asuntos en los no se ha respetado el calendario indicativo para la elaboración del informe preliminar por el juez ponente; además, una «fiche délai» recientemente creada³⁸ ofrece más pormenores y fija las fechas estimadas de las fases siguientes de un asunto. También en 2016 el Tribunal de Justicia introdujo la obligación de un «plan de rattrapage» (recuperación) para los asuntos en los que los plazos indicativos no se habían respetado.

54

El Tribunal de Justicia ha introducido progresivamente una serie de medidas encaminadas a reducir el tiempo de tramitación de los asuntos, y a identificar y corregir las prórrogas en las fases del procedimiento. En particular, se creó en 2004 un «échéancier» como parte de la Guía práctica³⁹ de tramitación de los asuntos sometidos al Tribunal que fija plazos indicativos para las distintas fases de la gestión y la tramitación de la mayor parte de los asuntos.

55

Si bien representa un auténtico incentivo para cumplir las distintas fases del procedimiento dentro de plazo, el sistema de plazos indicativos sigue un enfoque de mecanismo único y general. Es decir, el plazo fijado no tiene en cuenta la tipología, complejidad ni otras características de los distintos asuntos, y posiblemente resulta demasiado breve para los asuntos complejos y demasiado extenso para los más sencillos.

Tribunal General

56

En el Tribunal General, el presidente asume la responsabilidad global de la supervisión y seguimiento de los asuntos tras su asignación a los jueces. Existe una mayor responsabilidad colectiva con la participación del presidente, el presidente de Sala y el juez ponente para cada asunto individual. Al igual que en el Tribunal de Justicia, se ha reconocido la necesidad de mayor supervisión y seguimiento, y los instrumentos para conseguirlo han evolucionado a lo largo del tiempo.

57

El Tribunal General ha desarrollado y utiliza análisis de datos e informes para promover el respeto de los plazos generales establecidos para algunas de las principales fases de gestión de los asuntos⁴⁰, así como para acortar la duración media de su tramitación. Además de la herramienta informática «suivi des affaires», el Tribunal General introdujo, en 2011, un «tableau de productivité» y un cuadro de los retrasos acumulados que se envía a los jueces cada tres meses. El presidente y los presidentes de Salas debaten los detalles de este informe sobre una base trimestral, con el fin de determinar en qué fases del procedimiento son necesarios esfuerzos adicionales.

58

Además de este informe, existen otros instrumentos que se utilizan como una medida del rendimiento también cada tres meses. Estos consisten en un nota en la que se analizan las prórrogas de los asuntos, una lista de asuntos con prórrogas «significativas»⁴¹ y recordatorios por correo electrónico específicos enviados a los distintos jueces en los que se enumeran los asuntos bajo su responsabilidad que han sido prorrogados. La información detallada a nivel de los distintos jueces ha aumentado la transparencia, mejorado la sensibilización y fomentado una tramitación más ágil de los asuntos.

59

Es evidente que en los últimos años se ha dado una mayor prioridad a la gestión más activa de los asuntos, en general con resultados positivos, antes de la entrada en vigor de la reforma. Así, por ejemplo, los propios análisis del Tribunal General ponen de manifiesto que, para todos los asuntos en curso, el número total de días en los que el tiempo necesario para elaborar informes preliminares sobrepasó el plazo indicativo ha disminuido pasando de 130 000 días en 2010 a 15 000 días a finales de 2016, una reducción de casi el 90 %⁴².

60

En ambos tribunales, el continuo desarrollo de sistemas informáticos como los informes Business Intelligence (anteriormente Business Object) y el sistema ARGOS, previsto para 2017, deberían proporcionar más detalles a través de un registro personalizado que muestra todas las tareas y fases pendientes en el proceso para los jueces, los abogados generales y los référendaires. Aunque estos avances deberían permitir una supervisión más pormenorizada de la situación en cuanto a las posibles prórrogas en la tramitación de los asuntos, no pudo evaluarse su impacto potencial en el presente examen. Mientras tanto, varios jueces entrevistados habían desarrollado sus propios sistemas específicos (a menudo ficheros Excel) para supervisar el avance de los asuntos.

De las estadísticas judiciales a la fijación de plazos específicos y de indicadores de rendimiento

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El TJUE estima su rendimiento basándose en las estadísticas judiciales: en particular, el número de asuntos presentados, finalizados durante el ejercicio y pendientes al final de este, junto con la duración media de los procedimientos cerrados durante el año. A nivel interno, la institución utiliza un desglose más detallado del número de asuntos, junto con promedios de duración más analíticos a efectos de información.

62

Aunque proporcionan una visión general de la actividad judicial en conjunto, las cifras sobre la duración media publicadas por el TJUE combinan asuntos que tienen un nivel de complejidad muy diferente, por lo que solo ofrecen una imagen parcial de los resultados del TJUE en términos de duración de los procedimientos.

Evolución de la medición del rendimiento en el campo judicial

63

El TJUE mide su eficiencia principalmente mediante una evaluación de la evolución del número de asuntos finalizados y una comparación, sobre todo en el caso del Tribunal de Justicia, de la duración media de los asuntos finalizados con los plazos indicativos, de planteamiento uniforme, para las distintas fases de los procedimientos. De este modo, el TJUE basa gran parte de su medición del rendimiento en indicadores de realización sin hacer referencia a los recursos utilizados (insumos)

64

Según este enfoque de gestión el rendimiento se evalúa globalmente. El TJUE no controla sus procedimientos con respecto a criterios establecidos en función de la duración de los asuntos y adaptados a su complejidad y tipología. En ausencia de información acerca de la complejidad de los asuntos considerados, un aumento del número de asuntos finalizados o una reducción de su duración media no significa necesariamente una mayor eficiencia.

65

El Tribunal tuvo en cuenta en su examen realidades más amplias para medir los resultados judiciales y, en este sentido, considera los trabajos de la CEPEJ⁴³, creada por el Consejo de Europa, particularmente pertinentes.

66

El Tribunal ha examinado la guía práctica de la CEPEJ sobre plazos⁴⁴ para los procedimientos judiciales. El establecimiento de estos plazos es un paso fundamental para medir y comparar el rendimiento en la tramitación de los asuntos, así como para definir el retraso de causas desde un punto de vista conceptual, como el número o porcentaje de causas pendientes que no respetan los plazos previstos.

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Según la guía, se prevé que los plazos se apliquen a categorías de procedimientos y tengan en cuenta la complejidad de los asuntos. Así, el rendimiento puede medirse mediante la fijación de plazos, por ejemplo, el cierre del 90 o del 95 % de los asuntos en un plazo de entre 12 y 36 meses en función del tipo y complejidad de los procedimientos.

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El Tribunal ha analizado asimismo las principales directrices de la CEPEJ sobre gestión del tiempo⁴⁵ a fin de determinar las mejores prácticas que podrían ser aplicables también a los procedimientos del TJUE. El Tribunal constató en particular que la lista de comprobación de la gestión del tiempo de la CEPEJ podría ser una buena herramienta para evaluar en qué medida el TJUE tiene a su disposición información apropiada y si analiza aspectos pertinentes de los procedimientos judiciales. La lista de comprobación está organizada en torno a seis indicadores de gestión del tiempo. Los aspectos específicos de la lista de comprobación relativos a cada uno de estos indicadores se presentan en el anexo III. La evaluación del Tribunal de hasta qué punto la información disponible y el posterior análisis practicado por el TJUE están en consonancia con las directrices de la CEPEJ pertinentes correspondientes a estos indicadores se presenta en la ilustración 9. Ello se basa en el examen de los sistemas de gestión de asuntos del TJUE, y en el análisis de la muestra de 60 asuntos finalizados (véanse los apartados 36 a 60). Aunque ya se han logrado avances importantes en la mayoría de los ámbitos cubiertos por los seis indicadores de la CEPEJ sobre la gestión del tiempo, el análisis puso de relieve que sigue habiendo margen para mejorar la medición del rendimiento judicial.

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La CEPEJ ha puesto de relieve la necesidad de fijar normas para la duración de los procedimientos y ha señalado que, si se observan o prevén discrepancias con respecto a las normas y objetivos de los plazos judiciales, ha de actuarse de inmediato para atajar las causas de tales discrepancias⁴⁶. El análisis de las respuestas a los cuestionarios de la muestra seleccionada demuestra que existen discrepancias con respecto a los plazos indicativos, por ejemplo debido al número y la complejidad de los asuntos de los que se encarga un juez, por razones vinculadas al final de los mandatos de los jueces y a la ausencia de un référendaire en concreto (véanse los apartados 48 y 49).

Análisis de la complejidad de los asuntos: un enfoque posible para respaldar el proceso de gestión

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Según las respuestas del TJUE al cuestionario sobre la muestra de los asuntos seleccionados, la complejidad es un factor importante que influye en la duración global del procedimiento (véanse los apartados 47 y 48). El Tribunal considera que el análisis de la complejidad de los asuntos podría seguir desarrollándose utilizando los datos existentes para mejorar potencialmente el proceso de gestión de asuntos en el TJUE. Con el fin de examinar este potencial, el Tribunal llevó a cabo un análisis a fin de determinar si existe una correlación⁴⁷ entre determinados factores⁴⁸ que indiquen la complejidad y la duración global de los asuntos finalizados en 2014 y 2015.

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Los resultados del análisis del Tribunal, que se presentan en el anexo IV, señalan una correlación⁴⁹ positiva relativamente importante entre estos factores de complejidad y la duración de los asuntos. Cada uno de los factores utilizados puede considerarse pertinente en lo que respecta a la duración global de los asuntos. Este resultado demuestra que podría aplicarse un nuevo análisis de los datos históricos de los asuntos con el fin de generar más detalles de lo que sucede actualmente, identificándose aquellos asuntos en los que la duración fue significativamente superior o inferior a lo que sugerían las características de los mismos. Esta información podría utilizarse posteriormente para determinar, por ejemplo, los problemas recurrentes que condujeron a una duración excesiva, así como las mejores prácticas que llevaron a la finalización de los asuntos en plazos más breves. Ello permitiría sustentar el proceso decisorio a lo largo de todo el ciclo de vida de los asuntos y contribuir a mejorar la eficiencia de su gestión en términos generales.

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El análisis presentado representa un primer intento de aprovechar los datos existentes, aunque evidentemente podría perfeccionarse más sobre la base de la experiencia del TJUE, en particular si se tomaran en consideración más factores y se adaptaran las ponderaciones atribuidas a los distintos factores.

Apoyo al proceso de gestión de los asuntos

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Los servicios de apoyo cumplen la función de facilitar la realización eficiente de las principales fases en la gestión de los asuntos. El Tribunal llevó a cabo un examen de los aspectos de la actividad de traducción (véanse los apartados 74 a 79) y de los sistemas informáticos (véanse los apartados 80 a 85).

Traducción

74

La traducción de documentos desempeña un papel crucial en la asistencia a la actividad judicial del TJUE, ya que existe la obligación de tramitar los asuntos y de difundir un número significativo de resoluciones judiciales en todas las lenguas oficiales de la UE. La disponibilidad de la traducción en algunos momentos clave⁵⁰ puede afectar directamente a la duración de un asunto. En la muestra seleccionada (véanse los apartados 36 a 40, y 46 a 50), este impacto es limitado en comparación con el calendario general de un asunto.

75

En el período 2014-2016, el número total de páginas traducidas en el TJUE anualmente ascendía a 1,1 millones. Entre el 26 % y el 36 % de las traducciones eran realizadas por juristas lingüistas externos, con un coste anual que oscilaba entre 9 y 12 millones de euros.

Fijación de los plazos

76

El TJUE tiene distintas modalidades de establecimiento de los plazos por lo que respecta a la traducción de los documentos relativos a los asuntos. En la mayor parte de las traducciones se fijan plazos específicos⁵¹. Como alternativa, pueden establecerse plazos fijos independientemente de las características de los asuntos⁵². En este caso, los plazos no reflejan la potencial capacidad de traducción media diaria de un jurista lingüista. La combinación de plazos específicos y fijos permite un margen de flexibilidad en la gestión de la carga de trabajo de la Dirección General de Traducción.

Planificación central y local

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Los plazos se acuerdan entre el servicio solicitante⁵³ y el servicio de planificación central. Existen instrumentos de gestión que permiten planificar el trabajo sobre una base semanal, y supervisar la traducción de documentos con arreglo a los plazos. Sin embargo, el tiempo real dedicado por los juristas lingüistas a los documentos concretos no se registra. Esta información permitiría si estuviera disponible identificar posibles incrementos de eficiencia o mejores prácticas en campos concretos.

Cumplimiento de los plazos para la traducción de documentos

78

El Tribunal constató que en 2014 y 2015 los plazos de traducción se respetaron en gran medida. La traducción de los últimos documentos procesales, en la fase escrita del procedimiento, constituye una fecha clave, ya que marca el inicio del plazo indicativo para la elaboración de los informes preliminares por los jueces. El Tribunal observó que en un número significativo de asuntos (el 29 % para el Tribunal de Justicia y el 57 % para el Tribunal General) las traducciones estuvieron disponibles, respectivamente, entre 5,5 y 9 días antes de los plazos fijos internos que se habían establecido.

Comparación del rendimiento con el de otras instituciones de la UE

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El TJUE participa en el Comité Ejecutivo Interinstitucional de la Traducción (CET), cuyo objetivo es fomentar las buenas prácticas. El TJUE ha logrado avances hacia el establecimiento de indicadores de rendimiento (conocidos como KIAPI), con vistas a la utilización de una metodología para medir la actividad de traducción⁵⁴ que permita su comparación con las demás instituciones de la UE⁵⁵.

Sistemas informáticos

80

El recurso a sistemas de apoyo informatizados debería, entre otros objetivos, contribuir a mejorar la administración de justicia y facilitar el acceso del usuario a los tribunales con el fin de acelerar los procedimientos y acortar así su duración⁵⁶.

Complejidad y falta de integración

81

Existen 95 aplicaciones informáticas diferentes que cubren las actividades judiciales y administrativas en el TJUE. Según el TJUE, este gran número de aplicaciones se debe a la existencia de más de un Tribunal y a la complejidad de los procesos interdependientes. Además, el TJUE ha seguido apoyándose en una base de datos central, Litige, introducida en 1995, al tiempo que seguía desarrollando las aplicaciones individuales para responder a necesidades específicas. Una prioridad imperiosa ha sido la necesidad de garantizar la continuidad en la tramitación de los asuntos judiciales.

Interfaces con otras aplicaciones

82

La falta de integración entre Litige y otras aplicaciones utilizadas para la tramitación de los asuntos requiere en algunos casos entradas manuales y su duplicación, lo cual no resulta eficiente y entraña el riesgo de que se generen datos erróneos.

Mejoras en la arquitectura de TI para la gestión de asuntos

83

El plan estratégico plurianual de la Dirección de Tecnologías de la Información (DIT) para 2016-2020⁵⁷ reconoce que los avances informáticos pueden contribuir a aportar importantes ventajas en términos de eficacia, al reducir los retrasos y la necesidad de recursos.

84

El TJUE ha intentado en varias ocasiones mejorar los actuales sistemas informáticos para la gestión de asuntos. En 2000, en particular, el Tribunal General puso en marcha un proyecto ambicioso de sistema informático integrado para la gestión de asuntos denominado Pro-Curia, que tenía como fin sustituir Litige con funcionalidades simplificadas y normalizadas. Debido a dificultades de implementación, se ha interrumpido el desarrollo de este sistema.

85

Como consecuencia de ello, el TJUE conservó Litige y decidió ejecutar otros dos proyectos sobre la base de dicho sistema, los programas Enterprise Content Management (gestión de contenidos empresariales) y modernización de Litige, con el propósito de mejorar el apoyo informático a la gestión de asuntos. En el momento del presente examen dichos cambios estaban en curso de introducción.

Prácticas lingüísticas

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Las prácticas lingüísticas repercuten directamente en la actividad judicial del TJUE. La utilización del francés, como único idioma de deliberación y de trabajo de facto (con la excepción de las conclusiones de los abogados generales⁵⁸), exige que todos los documentos procesales se traduzcan a esta lengua a partir de la lengua oficial de la UE en la que fueron recibidos, con la excepción de los anexos a los escritos procesales, que solo se traducen previa solicitud.

87

El Tribunal constató que en 2014-2016, una parte importante de los asuntos remitidos al TJUE y, en particular al Tribunal General, tenían el inglés (el 28 %) o el alemán (el 20 %) como lengua de procedimiento frente al francés (el 13 %). Si bien el Tribunal reconoce la complejidad, el impacto potencial y la importancia de la cuestión de las prácticas lingüísticas, advierte que podría considerarse la posibilidad de ampliar las lenguas de deliberación del TJUE, en concreto del Tribunal General, a otras distintas del francés. Una de las consecuencias sería que las notas internas, los informes preliminares, las sentencias y los autos podrían redactarse directamente en esas lenguas. Por otra parte, un cierto número de documentos procesales presentados en las dos lenguas citadas no tendría que ser traducido al francés.

88

Cualquier consideración de cambiar las prácticas lingüísticas debe, no obstante, compararse con las ventajas derivadas de utilizar el francés como lengua única de deliberación. Según el TJUE, estas ventajas son la prevención de posibles divergencias entre los conceptos jurídicos utilizados en cada una de las lenguas seleccionadas como lengua de deliberación, y la coherencia con respecto a la Jurisprudencia previa de la UE.

89

El presidente del Tribunal General envió, en febrero de 2016, una nota al secretario del Tribunal de Justicia para solicitar una evaluación de impacto de un cambio de la lengua de deliberación. Dicha evaluación debía presentar las condiciones organizativas, así como el análisis de la relación coste-beneficio en términos de costes presupuestarios y de duración de los procedimientos, y aún no se ha finalizado debido a la incertidumbre generada en torno al resultado del proceso de Brexit.

Conclusiones

90

En los últimos años el TJUE ha tomado importantes medidas de procedimiento y organizativas para mejorar la eficiencia de la tramitación de los asuntos y la presentación de informes al respecto. En particular, la introducción de plazos indicativos para la realización de las principales fases de tramitación de un asunto, junto con el progresivo desarrollo de instrumentos de supervisión e informes, ha aumentado la preocupación por la realización puntual de dichas fases. El TJUE publica estadísticas y análisis sobre el efecto de sus actividades judiciales. Estas estadísticas muestran que el tiempo necesario de media para resolver los asuntos se ha reducido o mantenido estable a pesar de un aumento en el número de asuntos incoados. Cabe señalar que se han realizado esfuerzos para reducir el considerable retraso de causas pendientes en el Tribunal General y se han logrado avances a finales de 2016 para reducir significativamente el total de días de prórroga relativos a una fase clave en el procedimiento judicial (véase el apartado 59). Este es el resultado de mayores esfuerzos y mejores iniciativas de gestión, y no de un aumento de los recursos. La reforma de este Tribunal, en particular a través de la duplicación del número de jueces y sus respectivos gabinetes, solo tendrá impacto en el futuro (véanse los apartados 8 a 10).

91

En la actualidad, el enfoque del TJUE para definir un calendario indicativo anticipa que los plazos fijados se respeten de media. Se prevé compensar los asuntos que requieren más tiempo por aquellos que exigen menos. Los asuntos siguen siendo objeto de un seguimiento individual y se envían recordatorios cuando no se cumplen los plazos indicativos para garantizar que la atención se centra en aquellos asuntos que han rebasado estos límites (véanse los apartados 51 y 52).

92

El examen por el Tribunal de la primera parte del proceso de gestión de los asuntos, que es conocida como la fase escrita del procedimiento, reveló que hay pocas posibilidades de acortar su duración. Ello depende sobre todo de las secretarías al incluir la recepción del asunto y la preparación de la documentación pertinente. En lo que respecta a los asuntos examinados por el Tribunal, las secretarías explicaron el motivo por el cual el procedimiento se había ampliado y, en la mayoría de los casos, el impacto correspondiente en términos de duración. Las razones obedecían, principalmente, a la aplicación de las normas de procedimiento del TJUE que establecían plazos fijos para determinadas situaciones, como, por ejemplo, el derecho de respuesta de las partes. Sin embargo, el TJUE ha demostrado un enfoque proactivo para abordar determinados problemas, mediante la adaptación de su Reglamento de procedimiento, por ejemplo en relación con el tratamiento confidencial de los asuntos y la utilización de E-Curia para acelerar el procedimiento de incoación de un asunto (véanse los apartados 36 a 40).

93

Las fases tras la fase escrita del procedimiento, de las que por lo general se encargan los jueces de las diferentes formaciones judiciales, los abogados generales y sus référendaires, normalmente son el elemento del procedimiento de gestión de un asunto que más tiempo requiere. Dada la limitación al alcance descrita en los apartados 12 a 14, el Tribunal obtuvo, a través de las manifestaciones de la dirección, las principales razones por las que no siempre se respetaron los plazos indicativos: la carga de trabajo de los jueces, la disponibilidad de los référendaires y la complejidad de los asuntos. Este análisis permitió al Tribunal comprender mejor los factores que pueden afectar a la duración de esta fase. Sin embargo, no se disponía de suficiente información sobre el tiempo específico atribuible a los factores identificados. Además, existían escasos datos sobre la disponibilidad y el uso de los recursos humanos en relación con casos específicos. Todo ello impidió que el Tribunal pudiera llegar a una conclusión sobre si habría sido posible acortar la duración de los asuntos seleccionados, y en qué medida (véanse los apartados 33 a 35, y 46 a 50).

94

El examen del Tribunal también abarcó el papel de la traducción en el proceso de gestión de los asuntos y reveló que el Servicio de Traducción trabaja igualmente respetando una serie de plazos fijos combinados con plazos específicos. El análisis de asuntos del Tribunal no demostraba que el elemento de traducción del proceso prolongara de forma significativa la duración global de un asunto, dado que un número significativo de trabajos de traducción se terminaba dentro de los plazos establecidos. Por otra parte, la introducción de indicadores clave de rendimiento, que deberían permitir que se establezcan comparaciones interinstitucionales, está en curso (véanse los apartados 74 a 79).

95

Los sistemas informáticos implantados en el TJUE son complejos y dependen de una base de datos central anticuada a la que se han añadido gran número de subsistemas a lo largo del tiempo. El TJUE aún no ha desarrollado un sistema informático plenamente integrado para sustentar la gestión de los asuntos. El Tribunal ha llegado a la conclusión de que el objetivo a largo plazo del desarrollo de un enfoque más integrado debe prever un incremento de la eficiencia, limitar la necesidad de duplicaciones, minimizar la necesidad de entradas manuales y reducir la necesidad de apoyar un gran número de aplicaciones (véanse los apartados 80 a 85).

96

El régimen actual de adopción del francés como la lengua de deliberación y la lengua de trabajo de facto de la institución presenta tanto ventajas como inconvenientes. En el TJUE se considerado la posibilidad de proceder a un análisis coste-beneficio de extender la lengua de deliberación a otras distintas del francés en el Tribunal General, que podría ayudar a evaluar la situación y servir de base para cualquier futura decisión (véanse los apartados 86 a 89).

97

El Tribunal ha llegado a la conclusión general de que hay potencial para mejorar el rendimiento mediante el cambio hacia una gestión más activa de los asuntos individuales. El enfoque actual de medición del rendimiento del TJUE no se basa en calendarios adaptados a los asuntos individuales, que tengan en cuenta la complejidad, la carga de trabajo, los recursos necesarios y la disponibilidad del personal. Actualmente, los plazos indicativos fijados para determinados tipos de asuntos sirven solo como un objetivo general de gestión que debe respetarse de media (véase el apartado 91). Aunque este planteamiento sin duda ha conducido a mejoras, el tiempo medio necesario para finalizar determinados tipos de asuntos o procedimientos no puede asimilarse al concepto de plazo razonable que se necesita para tramitar cada asunto en concreto.

Glosario

Abogado general: El Tribunal de Justicia está compuesto por once abogados generales, que lo asisten y están encargados de presentar, en su caso, un dictamen jurídico (las «conclusiones»). Este dictamen se redacta en la lengua de su elección.

Acumulación de asuntos: Dos o varios asuntos de la misma naturaleza que tengan el mismo objeto podrán acumularse en cualquier momento, al estar conectados entre sí, a efectos de la fase escrita u oral del procedimiento o de la sentencia que ponga fin al procedimiento.

Argos: Sistema informático cuyo despliegue en los dos tribunales es inminente y que tiene como fin producir, mediante un registro personalizado, información más detallada sobre los asuntos con destino a los jueces, los abogados generales y sus gabinetes.

Auto: Cuando los tribunales consideran que disponen de suficiente información para pronunciarse sobre la base del procedimiento escrito o que la causa es manifiestamente inadmisible o infundada, el asunto podrá resolverse mediante auto en caso de sobreseimiento o de desistimiento de las partes.

Business Object y Business Intelligence: Sistemas informáticos utilizados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a efectos de notificación y de producción de estadísticas judiciales.

Carácter secreto de las deliberaciones: Las deliberaciones del TJUE se celebran entre los jueces, y son y deben permanecer secretas. Tienen lugar siempre en francés, sin la ayuda de interpretación.

Cellule des lecteurs d’arrêts: Juristas al servicio del presidente de cada tribunal que comprueban la armonización formal y la coherencia de los proyectos de sentencias y, en algunos casos, de autos.

Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ): Comisión creada con el propósito de mejorar la eficiencia y el funcionamiento de la justicia en los Estados miembros, y ejecutar los instrumentos desarrollados por el Consejo de Europa.

Conferencia de Sala: Cada Sala del Tribunal General se reúne periódicamente, en especial para debatir los informes preliminares transmitidos por el juez ponente.

Deliberación y pronunciamiento de la resolución: Los jueces deliberan sobre la base de un proyecto de sentencia redactado por el juez ponente. Cada juez de la formación de que se trate puede proponer cambios. Las resoluciones se adoptan por mayoría y no se hacen públicas las opiniones discrepantes. Las sentencias son firmadas por todos los jueces que hayan participado en la deliberación y su parte dispositiva se pronuncia en sesión pública.

Documento procesal: Todos los documentos intercambiados entre las partes y la secretaría en el transcurso del procedimiento (escritos procesales, anexos, correspondencia, etc.).

E-curia: Aplicación informática del TJUE destinada a los abogados y agentes de los Estados miembros y a las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la UE, que permite el intercambio de documentos procesales por vía electrónica con las secretarías.

Escritos procesales: Documentos en los que las partes puedan presentar sus alegaciones a los órganos jurisdiccionales (demanda/contestación y, en su caso, réplica y dúplica). Han de estar traducidos al francés.

Fase escrita del procedimiento: Procedimiento gestionado por la secretaría que sigue a la recepción de un asunto y comprende la elaboración y traducción de los documentos relativos a este.

Formación judicial: Composición de la Sala (número de jueces) en la que cada asunto es objeto de deliberación.

Gran Sala: El Tribunal de Justicia o el Tribunal General pueden reunirse en Gran Sala (quince jueces) cuando así lo justifique la dificultad jurídica o la importancia del asunto o circunstancias especiales.

Informe para la vista: En este documento, elaborado por el juez ponente del Tribunal General, se resumen los hechos alegados y la argumentación sostenida por las partes y, en su caso, por los coadyuvantes. Este informe se envía a las partes y se hace público antes de la vista.

Informe preliminar: Documento interno de carácter confidencial preparado por el juez ponente una vez concluido el procedimiento escrito en el que se incluye un análisis de las cuestiones pertinentes de hecho y de derecho planteadas en el asunto y, en su caso, de las diligencias de ordenación del procedimiento o diligencias de prueba. También se propone en este documento la composición de la formación que se encargará del asunto y se determina si habrá una audiencia y si se solicitará al abogado general que presente un dictamen jurídico.

Investigación y documentación: La Dirección de Investigación y Documentación suministra a ambos tribunales referencias de Derecho comparado y de Jurisprudencia.

Juez asesor: Uno de los jueces que componen la Sala, pero no el juez ponente.

Juez ponente: El juez ponente es el juez al que el presidente asigna un asunto. Su misión principal consiste en presentar un informe preliminar en la reunión general del Tribunal de Justicia o en la conferencia de Sala del Tribunal General, con un análisis de los problemas jurídicos del asunto y de los trámites procesales propuestos. También redacta el proyecto de sentencia.

Jurista lingüista: Traductor con formación jurídica que depende de la Dirección General de Traducción.

Litige: Base de datos central del TJUE que contiene información sobre asuntos individuales.

Manifestación de la dirección: Tomas de posición de la dirección para confirmar por escrito determinadas cuestiones. Si bien proporcionan información, no aportan por sí solas evidencia de auditoría suficiente y apropiada sobre las cuestiones de las que tratan.

Petición de decisión prejudicial: Para garantizar la aplicación eficaz y uniforme de la legislación de la Unión Europea (UE) y evitar interpretaciones divergentes, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden, y en ocasiones deben, remitirse al Tribunal de Justicia y solicitarle que aclare cuestiones relativas a la interpretación o validez del Derecho de la UE.

Primer abogado general: Este abogado asume la responsabilidad global del control del avance de los dictámenes elaborados por los abogados generales.

Procedimiento acelerado: Permite al Tribunal de Justicia resolver rápidamente los asuntos de extrema urgencia, gracias a la reducción al máximo de los plazos y a la concesión de una prioridad absoluta. También se prevé este procedimiento para las cuestiones prejudiciales.

Procedimiento prejudicial de urgencia: Permite al Tribunal de Justicia tratar, en un plazo muy breve, las cuestiones más urgentes relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia (por ejemplo, cooperación policial y judicial en materia civil).

Pro-curia: Proyecto de sistema integrado informático para la tramitación de asuntos en el Tribunal General, que se suspendió a raíz de las dificultades que se presentaron para su implementación.

Recurso de anulación: Solicitud de anulación de un acto de una institución, un órgano o una agencia de la Unión.

Recurso por incumplimiento: Acción que permite al Tribunal de Justicia determinar si un Estado miembro ha cumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la UE.

Recurso: Pueden interponerse recursos ante el Tribunal de Justicia, limitados a las cuestiones de Derecho, contra las sentencias y autos del Tribunal General.

Référendaire: Letrados que, bajo la supervisión de jueces y abogados generales del TJUE, asisten a los Miembros en la elaboración de los informes para la vista, de informes preliminares, sentencias, autos o dictámenes jurídicos y sus motivos; también proporcionan apoyo en el momento de la vista.

Reglamento de procedimiento: Ambos tribunales han publicado sus propios reglamentos de procedimiento para la tramitación de los asuntos en cada fase del procedimiento.

Reunión general: Reunión semanal del presidente del Tribunal de Justicia, los jueces, los abogados generales y el secretario en la que se decide la formación judicial para cada asunto concreto y si procede o no un dictamen jurídico del abogado general.

Sala: Una formación de un número variable de jueces que se reúnen para deliberar sobre un asunto concreto.

Secretaría: Cada uno de los dos órganos jurisdiccionales que componen el TJUE cuenta con su propia secretaría que se ocupa de la recepción, notificación y conservación de todos los documentos procesales. El secretario del Tribunal de Justicia es también el secretario general de la institución.

Sentencia: Las resoluciones del Tribunal de Justicia y del Tribunal General se adoptan sobre la base de un proyecto de sentencia redactado por el juez ponente. Estas sentencias se pronuncian en público.

Solicitud de intervención: Acto por el cual una institución o de una persona física o jurídica pide incorporarse a un asunto incoado por un tercero.

Suivi des affaires: Herramienta informática del TJUE que permite un seguimiento de los avances logrados en la gestión de las causas pendientes.

Suspensiones (suspensión del procedimiento): Podrá suspenderse el procedimiento si el Tribunal de Justicia y el Tribunal General conocen de asuntos que tengan el mismo objeto, que planteen la misma cuestión o que impugnen la validez del mismo acto. La suspensión también podrá tener lugar en otros casos particulares previstos por los reglamentos de procedimiento.

Turno: En el Tribunal General, los asuntos son asignados por el presidente entre las nueve Salas, con arreglo a cuatro turnos distintos.

Vacaciones judiciales: El TJUE funciona de modo permanente, pero prevé períodos de vacaciones judiciales durante los cuales en principio no tienen lugar las vistas ni las deliberaciones. Los tribunales y sus servicios, sin embargo, siguen en funcionamiento normal durante esos períodos durante los cuales podrán celebrarse excepcionalmente dichas vistas y deliberaciones.

Vista (fase oral del procedimiento): Consiste en la audición por los dos tribunales de los agentes, asesores y abogados, y, si ha lugar, el examen de testigos y peritos.

Equipo auditor

En los informes especiales del TCE se exponen los resultados de sus auditorías de las políticas y programas de la UE o de cuestiones de gestión relativas a ámbitos presupuestarios específicos. El TCE selecciona y concibe estas tareas de auditoría con el fin de que tengan el máximo impacto teniendo en cuenta los riesgos relativos al rendimiento o a la conformidad, el nivel de ingresos y de gastos correspondiente, las futuras modificaciones, y el interés político y público.

Esta auditoría de la gestión fue llevada a cabo por la Sala V (presidida por Lazaros S. Lazarou, Miembro del Tribunal, que se encarga de los ámbitos de financiación y administración de la UE. La auditoría fue dirigida por Kevin Cardiff, Miembro del Tribunal, asistido por Gabriele Cipriani, consejero especial; Michael Bain, gerente principal; Alberto Gasperoni, jefe de tarea y gerente principal; Christophe Lesauvage, gerente principal (asuntos jurídicos); João Nuno Coelho dos Santos, auditor principal y Diana Voinea, auditor, así como los juristas Birgit Schaefer, Ide Ni Riagain, Georgios-Marios Prantzos y Marine Mina.

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