Inversión en empleo y crecimiento

El Plan de Inversiones para Europa

El Plan de Inversiones tiene por objeto eliminar los obstáculos a la inversión, dar visibilidad y ofrecer asistencia técnica a los proyectos de inversión y hacer un uso más inteligente de los recursos financieros. El análisis de los resultados de 2019 muestra que el Plan ha tenido un impacto macroeconómico significativo y ha aportado beneficios tangibles a los ciudadanos y a las empresas.

Desde el inicio de su mandato, la Comisión Juncker (noviembre de 2014-noviembre de 2019) convirtió las prioridades sociales en el eje de su actuación y en el núcleo del debate sobre el futuro de Europa. Se han registrado avances significativos: el número de personas con empleo supera ya los 241 millones (unos 14 millones más que en 2014), la tasa de empleo se sitúa actualmente en máximos históricos (73,9 %) y la tasa de desempleo es la más baja desde 2000. Aunque todavía se mueve en unos niveles demasiado elevados, el desempleo juvenil se ha reducido considerablemente, desde un máximo del 24,1 % en 2013 hasta el 14,3 % en noviembre de 2019.

Política económica y fiscal

El Semestre Europeo

El Semestre Europeo es el ciclo anual de coordinación de las políticas económicas y sociales entre los Estados miembros destinado a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Como parte de este proceso, la Comisión Europea propone cada año al Consejo un conjunto de recomendaciones para los Estados miembros. Por primera vez, y después de que Grecia finalizara su programa de ajuste macroeconómico en agosto de 2018, las recomendaciones se dirigieron a los veintiocho Estados miembros.

El objetivo general de las propuestas realizadas en 2019 por la Comisión fue animar a los Estados miembros a aumentar su potencial de crecimiento modernizando sus economías y reforzando su resiliencia. Habida cuenta de las actuales condiciones económicas favorables y de las incertidumbres existentes a nivel mundial, se instó a todos los Estados miembros a priorizar reformas que fomentaran un crecimiento sostenible válido para todos, así como unas estrategias de inversión bien orientadas y unas políticas presupuestarias responsables. El Consejo adoptó las recomendaciones en julio.

El contenido de estas recomendaciones coincide con las prioridades generales establecidas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y en la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro. Dichas recomendaciones se basaron en el análisis detallado de los informes por país publicados en febrero de 2019 y en la evaluación de los programas nacionales presentados en abril. En el Informe sobre el Mecanismo de Alerta se señaló que convenía someter a un examen exhaustivo a trece Estados miembros, para evaluar si sufrían desequilibrios o podían estar en riesgo de sufrirlos. Los exámenes pusieron de manifiesto que diez Estados miembros estaban experimentando desequilibrios, y tres, desequilibrios excesivos.

Las recomendaciones específicas por país insisten en identificar y priorizar las necesidades de inversión a nivel nacional y en prestar especial atención a las disparidades regionales y territoriales. Esto está en consonancia con el análisis exhaustivo de las necesidades de inversión y los cuellos de botella detectados en los informes para cada Estado miembro y debe servir para establecer prioridades de utilización de los fondos de la UE en el próximo presupuesto a largo plazo (2021-2027).

Las recomendaciones reconocen que, para hacer frente a los retos actuales y futuros, nuestras economías, cada vez más digitalizadas y globalizadas, necesitan inversiones más inteligentes en infraestructuras, innovación, educación y capacidades, así como medidas adicionales para ofrecer sistemas de protección social sostenibles e inclusivos a una población que va envejeciendo.

El Semestre también se hizo eco de los principios consagrados en el pilar europeo de derechos sociales: la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, unas condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión social. Todos los Estados miembros recibieron una recomendación relativa a las capacidades, y a muchos de ellos se les recomendó aplicar reformas del mercado laboral. Otras recomendaciones se centraron, por ejemplo, en la necesidad de contar con políticas que capaciten a grupos desfavorecidos, como los trabajadores poco cualificados, los jóvenes, las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad y las de origen migrante. Aunque los sistemas de protección social están mejorando, todavía existen algunas lagunas en cuanto a su cobertura y a los obstáculos para acceder a ellos.

Finanzas públicas

Unas finanzas públicas saneadas son la base esencial para la estabilidad económica y el crecimiento sostenible. Reducir la deuda y el déficit es importante para que los gobiernos dispongan de una reserva presupuestaria que les permita amortiguar los efectos de una recesión. Aunque la deuda pública de la UE sigue disminuyendo, los avances han sido desiguales y los niveles de varios Estados miembros son todavía demasiado elevados.

La estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el crecimiento, por lo que la UE dispone de normas y procedimientos para detectar la deuda y el déficit y evitar que supongan una amenaza para el crecimiento en los Estados miembros. Los desequilibrios en la zona del euro siguieron disminuyendo en 2019, pero es necesario adoptar nuevas medidas estratégicas. En febrero, el análisis de la Comisión concluyó que diez Estados miembros estaban experimentando desequilibrios y apuntó a que Grecia, Italia y Chipre sufrían desequilibrios excesivos.

En sus propuestas de recomendaciones específicas por país, la Comisión establece propósitos para ayudar a los Estados miembros a alcanzar sus objetivos presupuestarios a medio plazo. Los Estados miembros que pueden permitírselo deben aplicar políticas presupuestarias y estructurales para aumentar la inversión pública de calidad, especialmente en ámbitos que mejoren su potencial de crecimiento económico, como la educación y las capacidades, las infraestructuras o la innovación.

En junio, la Comisión recomendó al Consejo que pusiera fin al procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo de España, ya que el déficit de este país había sido inferior al 3 % de su producto interior bruto de manera duradera. En consecuencia, ningún Estado miembro quedó sujeto al componente corrector de las normas de la UE en materia de déficit, frente a los veinticuatro Estados miembros de 2011.

Al mismo tiempo, la Comisión examinó si varios Estados miembros cumplían las normas de la UE en materia de deuda pública y déficit, para evaluar si estaba justificado iniciar procedimientos aplicables en caso de déficit excesivo. La Comisión concluyó que Bélgica, Francia y Chipre cumplían las normas, pero que estaba justificado iniciar un procedimiento de ese tipo en el caso de Italia. No obstante, dado el esfuerzo presupuestario adicional anunciado por las autoridades italianas en julio, la Comisión concluyó que ya no era necesario proponer la apertura de tal procedimiento.

La Comisión también envió una advertencia a Hungría y Rumanía por haberse desviado demasiado de sus objetivos presupuestarios a medio plazo y les recomendó que tomaran medidas para alcanzarlos. Asimismo, se consideró que Grecia había iniciado razonablemente bien las reformas posteriores a su programa, a pesar de que la aplicación de algunas de ellas parecía haberse ralentizado y existía el riesgo de que ciertos compromisos no se cumplieran.

La elusión fiscal reduce los ingresos nacionales, perturba la competencia leal y repercute negativamente en el crecimiento. El Semestre Europeo consiste en coordinar las políticas nacionales para garantizar la convergencia y la consecución de una Europa fuerte, competitiva y social. Así, si deseamos proteger a los ciudadanos europeos y preservar la competitividad de Europa, es esencial luchar contra la planificación fiscal agresiva y trabajar en pro de la coordinación fiscal. De ahí que la Comisión formulara recomendaciones específicas por país para varios Estados miembros y para la zona del euro en su conjunto con vistas a abordar la cuestión de la planificación fiscal agresiva.

La Unión de los Mercados de Capitales

Contar con unos mercados de capitales estables y eficientes es crucial para el crecimiento, el empleo y la inversión. La Unión de los Mercados de Capitales (UMC), que consiste en una combinación de reformas reglamentarias y no reglamentarias destinadas a conectar mejor el ahorro con la inversión, es una parte integral de la estrategia de la UE para promover esos ámbitos.

El objetivo de la UMC consiste en reforzar el sistema financiero europeo aportando fuentes alternativas de financiación y brindando más oportunidades a los inversores minoristas e institucionales. Esto implica más oportunidades de financiación para las empresas, especialmente para las pymes y las empresas emergentes, como el capital riesgo o los mercados de capitales. Una UMC fuerte es también necesaria para complementar la unión bancaria y fortalecer así la unión económica y monetaria y el papel internacional del euro.

La UMC hace especial hincapié en la financiación sostenible, ya que el sector financiero ha empezado a ayudar a los investigadores concienciados con la sostenibilidad a escoger proyectos y empresas adecuados en ese sentido. Asimismo, ayuda a canalizar la inversión en esta dirección, contribuyendo así a la agenda de la UE en materia de energía, clima y medio ambiente.

Ahora que ya han sido acordadas once de las trece propuestas, está previsto que la UMC se convierta en un auténtico motor de la inversión en el mercado único, proporcionando a las empresas de la UE fuentes adicionales de financiación y brindando a los ciudadanos posibilidades de ahorro para el futuro. Seis de las propuestas tienen como objetivo sacar el máximo partido al mercado único a través de nuevos productos, etiquetas y pasaportes europeos; cinco consisten en simplificar las normas aplicables a las empresas y los inversores y hacerlas más proporcionadas; y dos de ellas buscan reforzar la supervisión de los mercados de capitales.

En abril, el Parlamento y el Consejo acordaron introducir modificaciones específicas en dos elementos clave de la legislación sobre servicios financieros: el Reglamento sobre abuso de mercado y el Reglamento sobre el folleto. Las modificaciones de las normas sobre abuso de mercado lograrán un equilibrio entre, por un lado, la reducción de la burocracia en favor de las pequeñas empresas y, por otro lado, la preservación de la integridad del mercado y la protección de los inversores.

Los cambios propuestos en el Reglamento sobre el folleto permitirán a los emisores de las pymes acceder a los mercados en expansión para elaborar un folleto simplificado cuando pasen a cotizar en un mercado regulado (es decir, una bolsa de valores convencional), lo que puede suponer un ahorro significativo para ese tipo de empresas en expansión.

Otro hito en la consecución de la UMC fue la introducción del producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP), un sistema voluntario que puede ser ofertado por una amplia gama de proveedores de financiación de la UE y que permite a los ciudadanos ahorrar para la jubilación. Al igual que ocurre con los sistemas de pensiones nacionales privados, este producto complementará los sistemas de pensiones públicos y profesionales. El Reglamento se adoptó el 14 de junio y será aplicable dentro de dos años, momento en que se prevé que los primeros productos de este tipo lleguen al mercado.

Gracias al PEPP, los consumidores se beneficiarán de más posibilidades de elección, de una mayor competencia y de unas opciones de productos más transparentes y flexibles. Los ciudadanos móviles podrán seguir contribuyendo al mismo producto independientemente del lugar de la Unión Europea en que residan.

El 31 de julio entraron en vigor nuevas normas destinadas a fomentar la distribución transfronteriza de los fondos de inversión. El marco actualizado hace que esta distribución sea más sencilla, rápida y barata y, en última instancia, aumentará la competencia entre los fondos de inversión. Los inversores tendrán más opciones y una mayor rentabilidad y estarán más protegidos.

También se llegó a un acuerdo sobre una Directiva que ayudará a las empresas viables en dificultades financieras a reestructurarse con eficiencia y que permitirá a los empresarios honrados beneficiarse de una segunda oportunidad tras superar una quiebra.

En marzo, el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron asimismo nuevas normas que facilitarán la financiación de las pequeñas empresas a través de los mercados de capital. Dichas normas reducirán la burocracia para las empresas que intentan acceder a los «mercados de pymes en expansión» (una nueva categoría de centros de negociación dedicados a pequeños emisores) mediante la introducción de un enfoque más proporcionado que facilite su entrada.

Impulso a la investigación, la innovación y la tecnología

Excelencia científica e innovación radical

En 2019, el programa Horizonte 2020 de la UE movilizó fondos por valor de 11 000 millones de euros para apoyar la investigación y la innovación.

Dada la creciente importancia económica de la innovación radical y disruptiva y el éxito inicial del proyecto piloto del Consejo Europeo de Innovación, se prevé que los dos años restantes del proyecto piloto sean testigos de una gran expansión. Se aprobaron más de 2 000 millones de euros de financiación para el período 2019-2020, una suma que permitirá abarcar toda la cadena de innovación: desde los proyectos «Explorador», destinados a apoyar tecnologías avanzadas desde la base de una investigación no convencional, hasta la financiación «Acelerador», destinada a ayudar a las empresas emergentes y a las pymes a desarrollar y expandir sus innovaciones hasta el momento en que puedan atraer inversión privada.

La Unión en el espacio

Para garantizar que la UE siga siendo líder mundial en el ámbito de la tecnología espacial y para promover una industria espacial europea competitiva, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron en 2019 un acuerdo parcial provisional sobre el Programa Espacial de la Unión para el período 2021-2027.

Con una dotación propuesta de 16 000 millones de euros, el programa concentraría todo el apoyo de la UE al sector espacial y aumentaría en más de un tercio los niveles actuales de financiación. Asimismo, tendría en cuenta las nuevas necesidades y las tecnologías disponibles, reforzaría el acceso de Europa al espacio y pondría en marcha un planteamiento europeo destinado a fomentar una industria espacial innovadora y competitiva.

Galileo, el sistema mundial de radionavegación por satélite de Europa, es el sistema mundial de navegación por satélite más preciso que existe. En septiembre, el número de usuarios de Galileo a nivel mundial, incluidos los usuarios de teléfonos inteligentes o tabletas compatibles con el sistema, alcanzó los 1 000 millones de personas, según los cálculos. El programa Copernicus, el mayor proveedor de datos de observación de la Tierra a nivel mundial, ayuda a supervisar el cambio climático y a gestionar la seguridad de las fronteras y las grandes catástrofes en todo el mundo. Copernicus proporciona cada día 12 terabytes de datos, que están plenamente disponibles, de forma gratuita y abierta, para las personas y las empresas, lo que representa una mina de oro para el procesamiento de los macrodatos y el tratamiento en la nube. Desde 2019, Copernicus ha permitido mejorar las transferencias de datos, en particular de imágenes, y permite a los usuarios descubrir, descargar y procesar sus datos más fácilmente gracias a las nuevas actualizaciones de los servicios de acceso a datos e información.

Defensa e industria de la Unión Europea

Tres de cada cuatro ciudadanos de la UE desean más seguridad (Eurobarómetro, noviembre de 2018). De ahí que la UE haya redoblado su ambición e intensificado su compromiso con una Unión de Defensa. La Cooperación Estructurada Permanente, activa desde diciembre de 2017, reúne a veinticinco Estados miembros que están dispuestos a asumir compromisos más vinculantes para colaborar en el ámbito de la seguridad y la defensa y a participar en las misiones más exigentes. Se han puesto en marcha un total de treinta y cuatro proyectos, sobre todo en relación con la movilidad militar, la vigilancia marítima y la ciberseguridad. La Comisión participa en calidad de observador, a invitación de los Estados miembros participantes.

Los dos programas pilotos del Fondo Europeo de Defensa, a los que se asignó un presupuesto combinado de 590 millones de euros, se ejecutaron según lo previsto, y la Acción Preparatoria de la Unión sobre Investigación en materia de Defensa (2017-2019) inició el que fue su último año. El Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa (2019-2020) cofinancia el desarrollo cooperativo de las capacidades de defensa. El acuerdo en torno a su programa de trabajo se alcanzó en marzo, y las convocatorias de propuestas se publicaron en abril.

Inversión en regiones, ciudades y zonas rurales

A lo largo de 2019, la política de cohesión siguió fomentando el empleo y el crecimiento mediante miles de inversiones, tanto grandes como pequeñas, en toda la UE. En los últimos cinco años, un millón de empresas han recibido financiación, lo que ha dado lugar a la creación de cientos de miles de nuevos puestos de trabajo. Millones de personas han recibido ayuda para formación, educación o búsqueda de empleo, han podido disfrutar de una mejor conexión de banda ancha y se han beneficiado de mejores infraestructuras de transporte y de innovaciones en el sector sanitario.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional también ha apoyado a dos Estados miembros y diez regiones de la UE que se encuentran en proceso de transición industrial: Lituania, Eslovenia, Finlandia Septentrional y Oriental (Finlandia), Suecia Centro-Septentrional (Suecia), Gran Manchester (Reino Unido), Sajonia (Alemania), Valonia (Bélgica), Piamonte (Italia), Cantabria (España) y Alta Francia, Centro-Valle del Loira y Gran Este (Francia). Cada uno de estos doce proyectos piloto recibirá una subvención de 300 000 euros mediante los que la UE les ayudará a lograr la transición industrial y a diseñar estrategias de desarrollo basadas en sus áreas de fortaleza comparativa, conocidas como «activos de especialización inteligente».

Los fondos de la política de cohesión también se están invirtiendo en empresas emergentes innovadoras. Por ejemplo, gracias a los 32,5 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Inversiones que se anunciaron en abril, el fondo de capital riesgo de Croacia invertirá en nuevos proyectos que presentan un alto potencial de crecimiento en el país. Más de cien empresas emergentes deberían beneficiarse de un mejor acceso a la financiación.

También en abril, aunque a mayor escala, la Comisión anunció una financiación por valor de 4 000 millones de euros con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión para veinticinco grandes proyectos de infraestructura en diez Estados miembros. Los proyectos abarcan una amplia gama de temas, desde gasoductos transfronterizos entre Bulgaria y Grecia, la gestión hidrológica en Malta o unas instalaciones de investigación en una universidad alemana, hasta unas líneas ferroviarias modernizadas en el norte de Portugal. Si atendemos a la cofinanciación nacional, la inversión total destinada a estos proyectos asciende a 8 000 millones de euros.

Agricultura y desarrollo rural

La política agrícola común siguió contribuyendo al crecimiento y la inversión al apoyar la producción alimentaria viable, la gestión sostenible de los recursos naturales, la modernización de las infraestructuras rurales y la inclusión social. A finales del tercer trimestre de 2019, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) había aportado ya 8 000 millones de euros a los programas de desarrollo rural del período 2014-2020. La financiación se destinó a mejorar la viabilidad y la competitividad de todos los tipos de agricultura y a promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques.

La política de desarrollo rural también tiene por objeto proteger el medio ambiente, mitigar el cambio climático y adaptarse a él. Los agricultores podrían recibir ayuda financiera para participar en los regímenes destinados a desarrollar prácticas de gestión agrícola respetuosas con el medio ambiente, para crear condiciones favorables para la biodiversidad o para recrear humedales que favorezcan la captura de carbono en el suelo. En general, el apoyo del Feader a la restauración, la conservación y la mejora de los ecosistemas ligados a la agricultura y la silvicultura ascendió a casi 27 000 millones de euros. Además, se destinaron 2 000 millones de euros adicionales a promover la eficiencia en el uso de los recursos y a apoyar la transición a una economía hipocarbónica y adaptable al cambio climático en los sectores de la agricultura, la alimentación y la silvicultura. El Feader también aportó casi 5 000 millones de euros para promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales.

La Comisión ha estado trabajando en pro de una cadena agroalimentaria más justa y equilibrada para ayudar a los agricultores a reforzar su posición en un sector agroalimentario cada vez más orientado al mercado. Las nuevas normas sobre prácticas comerciales desleales entraron en vigor en abril, con vistas a proteger a los agricultores y a las empresas agroalimentarias frente a tales prácticas. Los Estados miembros deben transponer las normas a sus Derechos nacionales en mayo de 2021, a más tardar. También se adoptó una iniciativa para aumentar la transparencia del mercado agroalimentario, que permitirá que todos los operadores del mercado dispongan de más información a lo largo de la cadena agroalimentaria.

La economía azul

La economía azul de la UE, que abarca todas las actividades económicas sostenibles relacionadas con los océanos, los mares y las zonas costeras, sigue creciendo. Según el segundo informe de la UE sobre la economía azul, publicado en mayo, este sector obtuvo unos beneficios brutos de 74 300 millones de euros en 2017 y dio empleo a más de 4 millones de personas. Las últimas cifras apuntan a unas altas tasas de crecimiento tanto en los sectores tradicionales como en los sectores emergentes de la economía azul. El informe tiene por objeto contribuir a estimular el crecimiento al aportar mejores datos, análisis y conocimientos sobre el mar.

El informe económico anual de 2019 sobre la flota pesquera de la Unión, publicado en agosto, mostró que el sector siguió funcionando satisfactoriamente en 2017. Esto se debió principalmente a los métodos de pesca sostenibles, a la subida de los precios medios del pescado, al mantenimiento de unos precios bajos de los combustibles y a la mejora de la situación de algunas poblaciones importantes. Se espera que esta tendencia positiva continúe.

Transporte para una Europa conectada

En 2019, ciento ocho proyectos fueron seleccionados para recibir 538 millones de euros en ayudas con cargo al Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) para unas infraestructuras de transporte más seguras, inteligentes y ecológicas. De ellos, treinta y nueve (117 millones de euros) reducirán el ruido generado por los trenes de mercancías, desarrollarán conexiones ferroviarias transfronterizas y modernizarán las infraestructuras esenciales en los puertos. Otros 109 millones de euros se destinarán a apoyar las plataformas logísticas multimodales, lo que permitirá transferir las mercancías entre los distintos modos de transporte. Otras dos prioridades eran los sistemas de transporte por carretera inteligentes (80 millones de euros de financiación) y la innovación y las nuevas tecnologías (71 millones de euros).

En marzo, la Comisión Europea, junto con el Banco Europeo de Inversiones, puso en marcha el nuevo instrumento de financiación combinada del MCE Transporte, un instrumento financiero innovador destinado a respaldar proyectos que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia del sector del transporte en Europa. El instrumento, que cuenta con un presupuesto inicial de 200 millones de euros, financiará inversiones en el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario y en infraestructuras para combustibles alternativos. Ambas instituciones unieron también sus fuerzas para apoyar las inversiones en materia de seguridad en el transporte: la Plataforma por una mayor seguridad en el transporte ofrecerá un acceso fácil al asesoramiento técnico y financiero, en particular por lo que se refiere a las carreteras.

Inversión en empresas

Las pymes representan el 99 % de todas las empresas de Europa y son una parte fundamental de la economía de la UE. La UE las apoya trabajando para mejorar el entorno empresarial, facilitándoles el acceso a la financiación, y ofreciéndoles diferentes servicios que les ayudan a expandirse dentro y fuera de la Unión.

En 2018, gracias especialmente al Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), la UE ayudó a movilizar financiación por valor de 10 000 millones de euros para 140 000 empresas de ese tipo mediante un abanico de instrumentos financieros, entre ellos el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE).

Inversión en las personas

Las reformas de la educación y la formación se sitúan entre las prioridades de la mayoría de los Estados miembros y ocuparon también un lugar destacado en el Semestre Europeo de 2019. Invertir en educación y en capacidades es esencial para apoyar la innovación y el aumento de la productividad, especialmente en un mundo laboral en rápida transformación que se enfrenta a una creciente escasez de cualificaciones. Los resultados desiguales en materia de educación representan una amenaza para la cohesión social y la prosperidad europeas a largo plazo. La igualdad de acceso a una educación de calidad es también esencial para los grupos desfavorecidos, y, dado que el mundo laboral está cambiando rápidamente, debemos animar a los adultos a que mejoren sus capacidades de forma continua y se sumen al aprendizaje permanente. Todos los Estados miembros recibieron recomendaciones específicas por país en el ámbito de la educación y la formación.

En mayo, en el marco de la construcción del Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025, el Consejo adoptó una recomendación relativa a la educación y los cuidados de la primera infancia y una recomendación relativa a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. Un mes después, en el marco del programa Erasmus+, la Comisión anunció las diecisiete primeras alianzas de universidades europeas, compuestas por ciento catorce instituciones de educación superior de veinticuatro Estados miembros. Dichas alianzas mejorarán la calidad y el atractivo de la enseñanza superior e impulsarán la cooperación entre las instituciones, sus estudiantes y su personal.

La UE también siguió invirtiendo en formación. El apoyo y la cofinanciación del programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores brinda a los nuevos empresarios y a los futuros emprendedores la oportunidad de formarse con una persona experimentada que gestiona una pyme en otro país. El año pasado, mil trescientos nuevos empresarios participaron tanto en Europa como fuera de su territorio, y se espera que sean ciento veinte los que se beneficien del programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores global, un programa piloto en el que participan Israel, Singapur y dos Estados de los Estados Unidos: Nueva York y Pensilvania.

Con un presupuesto de más de 3 200 millones de euros, Erasmus+, el Programa de Educación, Formación, Juventud y Deporte de la Unión, brindó oportunidades a cerca de 650 000 jóvenes y 237 000 miembros del personal de instituciones educativas y organizaciones juveniles. La Iniciativa de Empleo Juvenil destinó 350 millones de euros a los jóvenes que viven en regiones con unas tasas de desempleo juvenil particularmente elevadas.

Conectar a las personas

Unos 35 000 jóvenes tuvieron la oportunidad de explorar Europa gracias al bono de viaje DiscoverEU, y más de 90 000 personas se inscribieron en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, de las que 12 000 participaron en actividades solidarias en toda Europa a lo largo de 2019.

Una Europa más sana

La Comisión se asoció con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Asistencia Sanitaria para elaborar estudios exhaustivos sobre los sistemas sanitarios de la UE. El Estado de salud en la UE y su informe de acompañamiento incluyen treinta perfiles de sistemas nacionales. En 2019, estos documentos se concentraron en cinco temas horizontales: la reticencia a la vacunación, la transformación digital de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, las lagunas en la accesibilidad de los sistemas sanitarios, la transferencia de tareas entre los profesionales sanitarios y el acceso de los pacientes a los medicamentos.

En febrero, la UE tomó medidas para garantizar que los medicamentos vendidos en los Estados miembros eran seguros y, para ello, introdujo nuevos dispositivos de seguridad y de verificación en los medicamentos sujetos a receta médica. Desde entonces, los fabricantes deben poner un código de barras 2D y un dispositivo contra las manipulaciones en las cajas de los medicamentos sujetos a receta médica, y las farmacias (incluidas las farmacias en línea) y los hospitales deben comprobar la autenticidad de los medicamentos antes de dispensárselos a los pacientes. Este es el paso final en la aplicación de la Directiva sobre medicamentos falsificados, adoptada en 2011, que tiene por objeto garantizar la seguridad y la calidad de los medicamentos que se venden en la UE.

Un presupuesto de la UE centrado en los resultados y la continuidad

El presupuesto de la UE contribuyó a reforzar la economía europea y a hacerla más resiliente, así como a promover la solidaridad y la seguridad tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Casi la mitad de los fondos comprometidos (80 000 millones de euros) se destinaron a medidas para apoyar el crecimiento económico y reducir las diferencias económicas entre las regiones. La financiación de la UE aportó 12 200 millones de euros a la investigación y la innovación en el marco de Horizonte 2020, por ejemplo a la nueva Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea. El presupuesto aumentó en el ámbito de la educación y la formación (Erasmus+ recibió un 17,8 % más que en 2018) y del transporte y las infraestructuras digitales (un 37,0 % más para el MCE). El apoyo a la agricultura y las zonas rurales se mantuvo estable en casi 60 000 millones de euros, lo que contribuyó a la lucha contra el cambio climático y a la promoción del crecimiento sostenible. El presupuesto de 2019 proporcionó la flexibilidad necesaria para abordar los aspectos internos de la migración gracias a los 386,3 millones de euros que los Estados miembros recibieron a través de programas operativos nacionales, de un total de 1 200 millones de euros con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración. A esto se suman 442,7 millones de euros para la gestión de fronteras y 92,7 millones de euros para la seguridad con cargo al Fondo de Seguridad Interior. Se asignaron 5 millones de euros para crear la nueva Fiscalía Europea, con vistas a perseguir delitos contra el presupuesto de la UE, incluidos el fraude, el blanqueo de capitales y la corrupción.

Una conectividad más segura, más barata y mejor

La conectividad volvió a ser una cuestión importante para la UE en 2019. Dado que nuestra economía y nuestra sociedad van digitalizándose cada vez más y que pasamos cada vez más tiempo utilizando productos y servicios en línea, una conectividad segura, fiable y asequible resulta más importante que nunca.

Los costes de las llamadas y los mensajes entre Estados miembros y otras partes de Europa variaron considerablemente. Por término medio, el precio estándar de una llamada desde fijo o móvil a un número en otro país era tres veces superior al precio estándar de una llamada nacional, y el precio estándar de un mensaje de texto era más de dos veces más caro. Los límites de precio introducidos en mayo fijaron un coste máximo para las llamadas desde teléfonos fijos o móviles de no más de 0,19 euros + IVA (impuesto sobre el valor añadido) por minuto, mientras que los mensajes de texto ya no pueden costar más de 0,06 euros + IVA. Tras la eliminación de las tarifas de itinerancia para móviles en 2017, el límite para las llamadas internacionales en Europa aporta un beneficio claro e inmediato para consumidores y empresas.

La puesta en marcha de un programa para ayudar a los poderes públicos locales a instalar puntos de acceso wifi gratuito generó más beneficios tangibles. La iniciativa WiFi4EU tiene como objetivo ayudar a hasta 8 000 comunidades de toda la UE a mejorar su conectividad. Los poderes públicos locales tienen a su disposición subvenciones de la Unión Europea de 15 000 euros para financiar la instalación de los puntos de acceso. Se publicaron dos convocatorias de solicitudes que permitieron a más de 5 000 comunidades beneficiarse del programa y añadirse así a las 2 800 que ya recibían ayuda en 2018. Cada comunidad cuenta con 18 meses para invertir los fondos en el equipo necesario para crear sus puntos de acceso wifi públicos.

La conectividad en las zonas rurales también recibió un impulso a lo largo del año. Tan solo el 53 % de las personas que viven en zonas remotas y rurales tienen acceso rápido a internet, mientras que la cifra correspondiente a la UE en su conjunto es del 82 %. Cerrar esta brecha digital es una prioridad esencial. La Red de Oficinas de Competencia de Banda Ancha creció considerablemente en 2019 y cuenta ya con 116 oficinas nacionales y regionales que están ayudando a coordinar los esfuerzos para ampliar la cobertura de banda ancha a los rincones más remotos de la UE. Una cobertura de banda ancha mejor y más rápida mejorará el acceso a la educación, la salud, los servicios públicos y las empresas, facilitará la creación de empleo y la inversión y ofrecerá apoyo a las comunidades en estos ámbitos.

La expansión de la red se produjo a raíz del compromiso que asumieron los Estados miembros en abril de colaborar para aprovechar el potencial de las tecnologías digitales con el objetivo de hacer frente a los importantes y urgentes retos económicos, sociales, climáticos y medioambientales a los que se enfrenta la economía rural en su conjunto, incluidos los sectores alimentario y agrícola de la UE.

En el período previo a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo, se llevó a cabo una campaña de sensibilización sobre la violencia en línea contra la mujer, #DigitalRespect4Her, que contó con testimonios de parlamentarias, expertas y periodistas que llamaron la atención sobre los problemas específicos a los que se enfrentan las mujeres en las redes sociales y en otros espacios en línea.

La digitalización también está contribuyendo a apuntalar el trabajo más general de derribo de barreras dentro del mercado único de la UE, con la creación del intercambio electrónico de información sobre seguridad social como ejemplo tangible. Este proyecto ayuda a los institutos de seguridad social de toda la UE y de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza a intercambiar información sobre los casos de ciudadanos que se desplazan entre países para vivir o trabajar. Entró en funcionamiento en enero de 2019 y, actualmente, 31 países están implantando el sistema. Al acabar el año habían ya intercambiado información sobre más de 175 000 casos. El sistema está concebido para ayudar a los ciudadanos a acceder a su información de manera más efectiva y que se calculen sus prestaciones de seguridad social con mayor rapidez y precisión, así como para ayudar a los institutos de seguridad social a luchar más eficazmente contra el fraude.

Asimismo, la recaudación del IVA de los vendedores en línea mejorará gracias a nuevas normas acordadas en marzo que permitirán a las empresas en línea registrarse una única vez a efectos del IVA, en lugar de hacerlo en cada uno de los Estados miembros en los que operan. Esto reducirá considerablemente los costes en términos de tiempo y dinero para las compañías más pequeñas que operan en línea de forma transfronteriza. Las nuevas normas ayudarán también a las autoridades tributarias nacionales a recaudar más fácilmente el IVA de las empresas de fuera de la UE que venden bienes a consumidores de la UE a través de mercados en línea, contribuyendo a la recuperación de los 5 000 millones de euros en ingresos tributarios que se dejan de ingresar anualmente en el sector.

Protección de los derechos en la era digital

Se adoptaron otras iniciativas concebidas para proteger los derechos de los consumidores y las empresas en línea, entre ellas nuevas normas sobre los contratos para el suministro de contenidos y la prestación de servicios digitales y la venta de bienes, que contribuyen a que hacer negocios en línea sea más claro y simple. Un conjunto de normas único en toda la UE ayudará a las empresas a entender sus obligaciones, mientras que los consumidores se beneficiarán de la existencia de vías de recurso claras cuando los contenidos, servicios y recursos digitales, incluidos los productos con un elemento digital (por ejemplo, los frigoríficos inteligentes), sean defectuosos.

Asimismo, se acordaron nuevas normas de la UE para actualizar y adaptar al mundo digital la compleja normativa en materia de derechos de autor. Los servicios de emisión de música en continuo, las plataformas de vídeo a la carta, los agregadores de noticias y las plataformas de contenidos cargados por los usuarios se han convertido en las principales vías de acceso a los trabajos creativos y los artículos de prensa. Las nuevas normas garantizan una remuneración más justa para los creadores, más derechos para los usuarios y una responsabilidad más clara para las plataformas. El objetivo es mejorar el acceso transfronterizo al material en línea protegido por derechos de autor, establecer nuevos derechos y responsabilidades para las plataformas en línea que alberguen trabajos protegidos por derechos de autor, animar a la prensa y al periodismo en línea a mejorar la remuneración de los periodistas y facilitar la utilización del material protegido por derechos de autor con fines educativos y de investigación.

Europa siguió actuando con decisión a la hora de hacer frente a las prácticas comerciales desleales en la economía digital. En marzo, se impuso a Google una multa de 1 490 millones de euros por imponer restricciones contractuales contrarias a la competencia a sitios web de terceros, lo cual impidió a competidores publicar sus anuncios de búsqueda en dichos sitios web o les disuadió de ello. En junio, se incoó un procedimiento de investigación formal sobre las prácticas de Broadcom, un nuevo líder global en componentes de dispositivos de comunicación por cable como módems o descodificadores de televisión, con el fin de determinar si excluyó a competidores ilegalmente. En octubre, la Comisión impuso medidas provisionales a Broadcom a fin de garantizar que no se ocasionasen perjuicios graves e irreparables para la competencia durante su investigación sobre la pertinencia de determinadas prácticas de exclusión presuntas por parte de la empresa. Se multó a Qualcomm con 242 millones de euros en julio por vender los juegos de chips que conectan teléfonos inteligentes y tabletas a redes celulares por un precio inferior al de coste con la intención de eliminar a su principal rival en este segmento del mercado. También se inició una investigación sobre la manera en que Amazon utiliza datos de otros comerciantes para vender productos en sus sitios web.

Desde julio, empezaron a aplicarse nuevas normas sobre las relaciones entre plataformas en línea y empresas que crearon un marco armonizado para que existan un mínimo de transparencia y derechos de recurso. Estas normas protegen a las empresas que dependen de las plataformas en línea para llegar a los consumidores al tiempo que protegen el potencial innovador de las plataformas; además, van acompañadas del Observatorio de la Economía de las Plataformas en Línea.

Hacer que las redes sean más seguras

Se adoptaron también nuevas normas de la UE sobre la ciberseguridad de las redes en su conjunto. Entre estas figuran recomendaciones sobre la seguridad de las redes 5G de próxima generación, de las que se espera que hagan posible una mayor expansión en el número y la gama de productos y servicios digitales gracias a su elevada capacidad de rendimiento y que generen ingresos por valor de 225 000 millones de euros de aquí a 2025. Entre marzo y junio, los Estados miembros llevaron a cabo una amplia evaluación de riesgos de sus infraestructuras de redes 5G y endurecieron sus normas para aumentar la seguridad de sus redes públicas.

El Reglamento sobre la Ciberseguridad entró en vigor en junio y fijó el rumbo futuro de la política de ciberseguridad de la UE, que incluye el inicio de trabajos de cara al desarrollo de un nuevo marco europeo de certificación de la ciberseguridad para los productos, servicios y procesos digitales y un papel reforzado para la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad. Además de desempeñar un papel clave en la creación y el mantenimiento del marco de certificación, la Agencia tiene el mandato de aumentar la cooperación operativa en la UE, lo cual implica ayudar a aquellos Estados miembros que lo soliciten a gestionar los incidentes de ciberseguridad y a apoyar la coordinación de la UE en caso de ciberataques y crisis transfronterizos a gran escala.

Ese mismo mes, siete Estados miembros (Bélgica, Alemania, España, Italia, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos) se comprometieron a acelerar el desarrollo de redes cuánticas ultraseguras para incrementar las capacidades europeas en materia de tecnologías cuánticas y de ciberseguridad y garantizar la seguridad y la protección de las redes del futuro. Sus ambiciosas propuestas exigen una nueva infraestructura de comunicaciones cuánticas que permita la transmisión y el almacenamiento ultraseguros de información y datos y que conecte los activos de comunicación de toda la UE. Integraría las tecnologías y sistemas cuánticos en las infraestructuras de comunicación convencionales y constaría de dos elementos: un componente terrestre que utilice las redes de comunicación de fibra existentes que conectan emplazamientos estratégicos a nivel nacional y transfronterizo, y un componente espacial para cubrir las largas distancias a través de Europa y otros continentes.

La utilización de esta red para infraestructuras y sistemas de encriptado esenciales contribuirá a proteger de la piratería las redes energéticas inteligentes, el control del tráfico aéreo, los bancos, las instalaciones sanitarias y otras muchas cosas. También permitirá a los centros de datos almacenar e intercambiar información de manera segura y preservar la privacidad a largo plazo de los datos de las administraciones.

En mayo, el Consejo creó un marco que permite a la UE imponer medidas restrictivas selectivas de disuasión y respuesta a los ciberataques que constituyan una amenaza externa para la UE o sus Estados miembros. Entre estos ciberataques se incluye a los dirigidos contra países no pertenecientes a la UE u organizaciones internacionales cuando se estime que las medidas restrictivas son necesarias para alcanzar los objetivos de la política exterior y de seguridad común.

Prepararse para las tecnologías del futuro

Inteligencia artificial

También de cara al futuro, Europa desea sacar el máximo partido a las numerosas mejoras potenciales que podría aportar la inteligencia artificial (IA) y, en estos últimos años, ha invertido cuantiosamente en la mejora de sus capacidades en materia de IA. Sin embargo, habida cuenta del contexto de preocupación en torno al desarrollo de la IA, un grupo de expertos de alto nivel empezó a elaborar, en 2019, directrices para el desarrollo ético de la tecnología a fin de garantizar que esta no sea perjudicial para la sociedad, sino que siga estando a su servicio. Las directrices éticas para una IA fiable fueron elaboradas por expertos de toda la UE, y se espera que formen parte de las futuras propuestas para una IA centrada en el ser humano previstas para principios de 2020. Tratan de cuestiones tan diversas como el modo de evitar la discriminación en el desarrollo de los sistemas de IA o el de garantizar que estos sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Superordenadores

El volumen de datos necesario para sostener el desarrollo de la IA requiere una gran cantidad de capacidad informática, y Europa ha ido históricamente rezagada con respecto al resto del mundo en ese ámbito. En junio, se seleccionaron ocho emplazamientos en todo el continente para albergar los nuevos superordenadores europeos, con la ayuda de 840 millones de euros en financiación de la UE y de los Estados miembros. Los emplazamientos en Sofía (Bulgaria), Ostrava (Chequia), Barcelona (España), Bolonia (Italia), Bissen (Luxemburgo), Minho (Portugal), Maribor (Eslovenia) y Kajaani (Finlandia) albergarán superordenadores que podrían multiplicar la capacidad de supercomputación de Europa por cuatro o por cinco, con el objetivo de convertirla en líder mundial en este ámbito. Estos superordenadores podrían utilizarse para ayudar a desarrollar medicinas personalizadas, mejorar el diseño de medicamentos y materiales, y desarrollar nuevas técnicas de bioingeniería, así como para la previsión meteorológica y la modelización del cambio climático.

Perspectivas: culminación del mercado único digital

Un mercado único digital completo ayudaría a la UE a mantener su posición de líder mundial en la economía digital. Desde que se puso en marcha la estrategia en 2015, se han presentado treinta propuestas legislativas diferentes, de las cuales veintiocho habían sido acordadas a finales de 2019, cinco más que a finales del año anterior. Se espera que las dos propuestas restantes —una relativa a la privacidad en línea y la otra al Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales de Coordinación— sean acordadas en 2020. La Comisión Europea dio también prioridad a una serie de cuestiones digitales; así, por ejemplo, se basó en las directrices éticas a fin de proponer legislación para un planteamiento europeo coordinado respecto de las implicaciones humanas y éticas de la IA y adoptó una nueva norma sobre servicios digitales con el objeto de actualizar las disposiciones en materia de responsabilidad y seguridad para plataformas, servicios y productos digitales.

Una Europa neutra desde el punto de vista climático de aquí a 2050

El cambio climático y la degradación del medio ambiente representan una amenaza existencial para Europa y para el mundo. Con el fin de superar este reto, Europa necesita un nuevo modelo de crecimiento que transforme la Unión Europea en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, en la que el crecimiento económico no dependa del uso de recursos y en la que no se desatienda a ningún ciudadano o región.

En 2018, la Comisión presentó su enfoque para llegar de aquí a 2050 a una UE neutra desde el punto de vista climático, sobre la base de siete pilares: un aumento de la eficiencia energética, un aumento de la utilización de energías renovables, un sistema de movilidad limpio y conectado, una industria competitiva en el marco de una economía circular, unas infraestructuras de alto nivel conectadas, el fomento de la bioeconomía y de los sumideros naturales de carbono, y la captura y el almacenamiento de carbono. A raíz de un amplio debate con las partes interesadas, y a la luz de la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo presentada por la presidenta Von der Leyen, estos objetivos fueron aprobados por el Consejo Europeo de diciembre de 2019.

La UE ya posee un sólido historial de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero manteniendo al mismo tiempo el crecimiento económico: en 2018, las emisiones fueron un 23 % inferiores a las de 1990, mientras que la economía creció un 61 % durante ese mismo período. Sin embargo, tenemos que hacer más. Teniendo en cuenta su amplia experiencia, la UE está mostrando el camino para la creación de una economía respetuosa con el medioambiente e inclusiva con la presentación en diciembre del Pacto Verde Europeo, que constituye la política emblemática de la Comisión Von der Leyen. El fundamento del Pacto Verde es un compromiso para hacer de Europa el primer continente neutro desde el punto de vista climático de aquí a 2050.

El Pacto supone un salto cualitativo hacia adelante para hacer realidad estos objetivos, y redefine el compromiso de la Comisión de abordar los retos en materia climática y medioambiental y establece la vía para actuar en los próximos meses y años. Para más información, véase la sección «La Unión Europea en 2019: un año de cambios».

Para subrayar el compromiso de la UE, la primera ley europea en el ámbito del clima consagrará en la legislación el objetivo de neutralidad de aquí a 2050. Aún más importante es el hecho de que el Pacto Verde establece la vía para una transición justa y equitativa desde el punto de vista social. Está diseñado de tal forma que no se deje atrás a ningún ciudadano o región en la gran transformación que se avecina.

La Unión Europea es la primera gran economía que convierte sus compromisos contraídos en el Acuerdo de París en legislación vinculante y ya ha superado su objetivo de reducir las emisiones en un 20 % a más tardar en 2020. Si todas las medidas acordadas se aplican plenamente, la UE rebasará su objetivo de reducir las emisiones un 40 % en 2030 a más tardar. Sin embargo, se necesitan unos objetivos incluso más ambiciosos, y el Pacto Verde aumentará este objetivo hasta como mínimo el 50 % (e incluso hasta el 55 %) respecto de los niveles de 1990.

La UE ya ha empezado a modernizar y transformar su economía. En 2019, la acción en materia climática siguió en todos los frentes: desde el logro de unos vehículos y un aire más limpios hasta la inversión en soluciones tecnológicas, pasando por la adopción de medidas encaminadas a proteger nuestros bosques y capacitar a los ciudadanos para realizar la parte que les corresponde a nivel individual.

De conformidad con las nuevas normas de gobernanza de la Unión de la Energía, por primera vez los Estados miembros elaboraron proyectos de planes nacionales integrados en materia de energía y clima. Una evaluación realizada por la Comisión de estos proyectos de planes y publicada en junio ha mostrado la necesidad de que los planes finales que los Estados miembros debían presentar al final del año fuesen más ambiciosos con el fin de poder alcanzar los objetivos de la UE en materia climática.

Colaboración a nivel internacional en la lucha contra el cambio climático

Teniendo en cuenta que las emisiones de la UE solo representan el 9 % aproximadamente del total de emisiones mundiales, es evidente que Europa no puede abordar el problema del cambio climático sola, y que todos los países han de colaborar para encontrar una solución. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático celebrada en Nueva York en septiembre ofreció a la UE la oportunidad de debatir con sus socios la forma de mostrar más ambición y acelerar las acciones para aplicar el Acuerdo de París. La Comisión se preparó para la Cumbre de las Naciones Unidas adoptando una Comunicación que reafirmaba el compromiso de la UE de reforzar las ambiciones en materia climática.

En diciembre, los negociadores de la UE asistieron a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP 25) que se celebró en Madrid. El éxito de algunos acuerdos relativos a la segunda revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia y la creación de un Plan de acción en materia de género han proporcionado cierto optimismo.

A pesar de los esfuerzos de la delegación de la UE para alcanzar un consenso sobre la cuestión de los mercados internacionales de emisión de carbono, la COP25 no ha llegado a los ambiciosos resultados que el mundo necesita y que muchos deseaban. Sin embargo, ello refuerza la necesidad de Europa de que Europa asuma el liderazgo con el Pacto Verde y colabore con sus socios internacionales. En 2020 se manifestarán mayores ambiciones en materia de clima a nivel mundial: para la COP26, que se celebrará en Glasgow en noviembre, las partes deberán actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional y presentar estrategias a largo plazo de conformidad con los objetivos del Acuerdo de París. La UE está preparada para ello.

El 1 de enero de 2019, se inició la eliminación progresiva a escala mundial de los hidrofluorocarburos, gases perjudiciales que contribuyen al calentamiento climático y utilizados habitualmente en los equipos de refrigeración y aire acondicionado. Se espera que esta acción, liderada por la UE, realice una contribución significativa al logro de objetivo del Acuerdo de París de mantener la subida de la temperatura a nivel mundial claramente por debajo de los 2 °C.

A lo largo del año, la UE continuó sus esfuerzos de apertura y cooperación a nivel internacional sobre cuestiones climáticas. En junio, la Comisión, Canadá y China organizaron conjuntamente una importante reunión internacional sobre el clima en Bruselas; este tercer encuentro ministerial sobre acción climática reunió a representantes de alto nivel procedentes de más de treinta países, entre los que estaban incluidos ministros del G-20.

La UE mantiene su firme compromiso de apoyar la acción por el clima en los países en desarrollo. Junto con sus Estados miembros, la UE sigue siendo el principal proveedor de financiación pública en favor de la acción por clima, habiendo proporcionado 21 700 millones de euros a países en desarrollo en 2018, frente a los 20 400 millones de euros proporcionados en 2017.

Culminación de una Unión de la Energía moderna y ambiciosa

Lanzada en 2015, la Estrategia de la Unión de la Energía pretende ofrecer a los hogares y empresas europeos una energía segura, sostenible, competitiva y asequible. El Cuarto Informe sobre el estado de la Unión de la Energía ha mostrado que la Comisión ha alcanzado plenamente los objetivos de su estrategia. Entre los principales logros cabe citar la realización en mayo del paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos», compuesto por ocho instrumentos legislativos. Dicho paquete transformará radicalmente el sistema energético de Europa, haciéndolo más favorable al clima y poniéndolo al servicio de los consumidores y de la economía y la competitividad de Europa.

El paquete legislativo incluye nuevos y ambiciosos objetivos para 2030: un aumento de la eficiencia energética de como mínimo el 32,5 % y una proporción de las energías renovables en la utilización de energía de al menos el 32 %. El paquete reforma ampliamente los mercados de la electricidad para contribuir a integrar las energías renovables en la red y garantiza que todos puedan participar en la transición energética capacitando a los consumidores y comunidades para generar su propia electricidad. Esencialmente, las nuevas disposiciones pondrán fin a las subvenciones a las instalaciones más contaminantes.

La UE también ha adoptado una nueva serie de etiquetas energéticas más claras y simples que ayudarán a los consumidores a ahorrar energía (el equivalente del consumo energético anual de Dinamarca) y dinero (150 euros anuales por término medio por hogar) de aquí a 2030. Además, en octubre la Comisión adoptó nuevas medidas para hacer más sostenibles los electrodomésticos tales como frigoríficos, lavadoras, lavavajillas y televisores. Por primera vez, esto incluye exigencias de reparabilidad y capacidad de reciclaje, que contribuirán a la economía circular.

En noviembre, la Comisión presentó los primeros resultados de una iniciativa emprendida en 2018 para ayudar a diez regiones de la UE y a dos Estados miembros en proceso de transición industrial a instaurar unas economías resilientes y de baja emisión de carbono. A tal efecto se emprendieron doce proyectos piloto para superar obstáculos específicos, cada uno de los cuales recibió una subvención de la UE de 300 000 euros. La Comisión también continuó sus esfuerzos de apoyo a las regiones carboníferas en transición con el fin de fomentar una «transición justa» en la que no se deje atrás a ninguna región.

En febrero, veintiséis islas europeas emprendieron su transición hacia una energía limpia. Sus programas serán publicados para mediados de 2020. 

Seguridad y solidaridad energéticas

La seguridad del abastecimiento energético para los consumidores de la UE es un elemento esencial de la Unión de la Energía. En el ámbito de estos esfuerzos, se alcanzó un acuerdo para garantizar que todos los gasoductos cuyo destino u origen sea un país no perteneciente a la UE cumplan la legislación energética de la UE.

A fin de reforzar la seguridad del abastecimiento en los Estados bálticos, la Comisión y Estonia, Letonia, Lituania y Polonia firmaron una hoja de ruta para la sincronización de los mercados de la electricidad de los Estados bálticos con la red continental europea a través de Polonia. La UE concedió una subvención de 323 millones de euros en apoyo de este proyecto.

La UE siguió invirtiendo en infraestructuras energéticas seguras y sostenibles a través del Mecanismo «Conectar Europa», que incluye 800 millones de euros para infraestructuras energéticas prioritarias y 750 millones de euros para proyectos con importantes beneficios transfronterizos. Otros 214,9 millones de euros se concedieron al proyecto de infraestructura gasística báltica que conectará Polonia y Dinamarca con Noruega.

Abordar las cuestiones de ciberseguridad en el sector energético se ha convertido en una importante prioridad, ya que todos los europeos dependen de la disponibilidad de energía. Para abordar las posibles amenazas, la UE adoptó una Recomendación que proporciona orientación sobre la forma de abordar retos de ciberseguridad específicos.

La UE siguió trabajando sobre aplicaciones seguras e innovadoras de la ciencia y la tecnología nucleares para objetivos distintos de la producción de energía nuclear. A lo largo de 2019 prosiguió la cooperación con países no pertenecientes a la UE con el fin de garantizar un nivel máximo de seguridad nuclear.

Descarbonización de la economía

El sistema de comercio de los derechos de emisión de la UE siguió dando resultados positivos, ­habiendo disminuido las emisiones de las instalaciones en 2018 un 4,1 % respecto de las de 2017.

Con el fin de abordar el actual excedente de derechos en el sistema, en enero empezó a funcionar una reserva de estabilidad del mercado, que mejorará la resiliencia del sistema frente a perturbaciones importantes ajustando la oferta de derechos comercializables. La UE aumentó los incentivos para que las empresas redujesen sus emisiones al transferir 400 millones de derechos del sistema a la reserva entre septiembre de 2019 y agosto de 2020, aumentando así el precio de las emisiones y la rentabilidad de las tecnologías limpias. Los precios más elevados observados en el mercado del carbono europeo en 2018 llevaron a unos ingresos récord para los Estados miembros (de aproximadamente 14 000 millones de euros, lo que representa más del doble del importe correspondiente a 2017).

En diciembre, la UE y Suiza completaron el proceso que les permite conectar sus sistemas de comercio de derechos de emisión. A partir de 2020, los derechos de ambos sistemas pueden utilizarse para compensar las emisiones producidas en uno u otro sistema. Este acuerdo de conexión es el primero de su categoría y demuestra que tales sistemas pueden sentar las bases para unos mercados internacionales de carbono más amplios. Anteriormente durante el año, la supresión de las barreras reglamentarias había permitido a Islandia, Liechtenstein y Noruega participar plenamente en la plataforma de la UE de comercio de derechos de emisión.

Con el fin de acelerar los progresos a nivel internacional en la creación de un marco internacional robusto para los mercados de emisiones de carbono, la Comisión organizó varias conferencias encaminadas a encontrar posibles soluciones a los obstáculos que se plantean a la hora de establecer sistemas internacionales de comercio de los derechos de emisión que sean fiables.

Transporte limpio y sostenible

Una transición más rápida a un transporte limpio y sostenible es esencial para mejorar el nivel sanitario y el nivel de vida de los europeos, para contribuir a los objetivos climáticos de la UE y para fomentar la competitividad de la industria. En marzo, la Comisión presentó una hoja de ruta con acciones encaminadas a garantizar una transición más rápida hacia vehículos limpios. Entre los principales logros de 2019 en el marco de la agenda de la UE para una movilidad limpia, segura y conectada cabe citar la aprobación de los primeros objetivos de emisión de CO2 a escala de la UE para los camiones, de nuevas normas de emisión de CO2 para turismos y furgonetas, y de nuevas normas para alentar a las autoridades públicas a utilizar medios de transporte favorables al medio ambiente.

A raíz del escándalo del Dieselgate, la UE ha endurecido significativamente las normas para garantizar unos procedimientos de prueba más independientes y fiables de los vehículos. En enero, entraron en vigor el procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial y las nuevas normas de emisiones en condiciones reales de conducción. En septiembre, las mediciones de NOx (óxidos de nitrógeno) realizadas aplicando las nuevas normas de emisiones en condiciones reales de conducción se hicieron obligatorias para todos los nuevos automóviles vendidos en Europa.

También se realizaron progresos en la reducción de las emisiones del transporte marítimo con la adopción de una propuesta de revisión del sistema de la UE de control, notificación y verificación de las emisiones de CO2 de los buques, así como con la publicación por primera vez estos datos. Ello representa un importante paso para que el transporte marítimo internacional contribuya de forma equitativa a las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.

Baterías

Las baterías desempeñan un papel fundamental para la transición hacia energías limpias y para la electromovilidad. La Comisión está trabajando con los Estados miembros y la industria para crear en Europa un ecosistema de baterías competitivo, sostenible e innovador. Este es el principal objetivo de la Alianza Europea de Baterías, iniciativa de la industria en la que participan aproximadamente 260 organizaciones industriales y de innovación y que evalúa actualmente el potencial de los proyectos transfronterizos. En abril, la Comisión informó sobre los progresos en la aplicación del Plan de acción estratégico de la Comisión para las baterías. En junio, la Comisión lanzó una nueva Plataforma Europea de Tecnología e Innovación en el Sector de las Baterías con el fin de fomentar el apoyo a la investigación y la innovación. En 2019, la UE también puso a disposición de proyectos en el sector de las baterías 132 millones de euros en el marco del programa Horizonte 2020.

Hacia una economía circular

Aunque transformar la manera en que producimos y utilizamos la energía es esencial para abordar el reto del cambio climático, ello solo constituye una parte de la solución. La economía circular ya se ha convertido en un elemento central de la estrategia industrial y económica de la UE y respalda la acción de la UE destinada a prevenir la producción de residuos, mejorar el diseño y aumentar las tasas de reciclaje. Las cincuenta y cuatro medidas en el marco del Plan de acción de la UE para la economía circular ya se han aplicado o están en proceso de aplicación, sentando las bases para su evolución posterior.

Abordar el problema de los plásticos ha sido una importante prioridad, ya que la forma en que se producen, se utilizan y desechan con frecuencia daña al medio ambiente y no permite cosechar los beneficios económicos de un enfoque más «circular». Los millones de toneladas de residuos de plástico que acaban en los océanos cada año son una de las señales más visibles y alarmantes de este problema.

En julio entraron en vigor nuevas normas de la UE para abordar el vertido al mar de residuos procedentes de los diez artículos que con mayor frecuencia contaminan las playas europeas, tales como los siguientes productos de plástico de un solo uso: platos, cubiertos, pajitas, palitos de globos y bastoncillos de algodón, que estarán prohibidos de aquí a 2021. Los Estados miembros acordaron el objetivo de llegar a recoger en 2029 el 90 % de las botellas de plástico, las cuales deberán contener como mínimo el 25 % de material reciclado de aquí a 2025 y el 30 % de aquí a 2030. Esta acción forma parte de la primera estrategia sobre los plásticos a escala de la UE emprendida en 2018 con el objetivo de que la totalidad de los envases de plástico comercializados en la UE sean reutilizables o reciclables de aquí a 2030.

Aunque la tasa de reciclaje de los envases de plástico en Europa casi se ha duplicado desde 2005, todavía afecta a menos del 30 % de los 25 millones de toneladas de residuos de plástico producidos en Europa cada año. En el marco de los esfuerzos encaminados a seguir impulsando el reciclaje y la reutilización del plástico, en octubre más de 170 entidades públicas y privadas de la industria del plástico se comprometieron a utilizar en sus nuevos productos 10 millones de toneladas de plástico reciclado de aquí a 2025. Se trata de una iniciativa de la Alianza para la Gestión Circular del Plástico, que celebró su primera reunión en el mes de febrero.

Tras evaluar los riesgos para la salud y el medio ambiente, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas concluyó en enero que estaría justificado restringir la adición intencionada de microplásticos en los productos de la UE.

Financiación de la acción por el clima y las nuevas tecnologías

En 2019, el Plan de inversiones para Europa ayudó a más ciudadanos europeos a obtener su energía a partir de fuentes renovables, situando en 7,4 millones el número total de hogares subvencionados por el Plan. El nuevo Fondo de Innovación es un instrumento esencial para cumplir los compromisos asumidos por la UE en lo referente a la economía en el Acuerdo de París y para respaldar el objetivo estratégico de la Comisión de una Europa neutra desde el punto de vista climático de aquí a 2050. En febrero, la Comisión anunció inversiones por valor superior a 10 000 millones de euros en tecnologías de baja emisión de carbono en varios sectores, con el fin de fomentar su competitividad internacional a través del Fondo. Se obtendrán ingresos de la venta en subasta de 450 millones de derechos del sistema de comercio de derechos de emisión de la UE entre 2020 y 2030. Las iniciativas financiadas en el marco del programa Horizonte 2020 también contribuyen considerablemente a la introducción de las nuevas tecnologías en el mercado.

Los fondos públicos no serán suficientes para luchar contra el cambio climático, de ahí que la UE se esfuerce por crear condiciones propicias para que los inversores conozcan y aprovechen las oportunidades de inversiones favorables al medio ambiente en todo el mundo. En octubre, conjuntamente con las autoridades competentes de Argentina, Canadá, Chile, China, la India, Kenia y Marruecos, la UE puso en marcha la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles.

En junio, la Comisión publicó nuevas directrices sobre la notificación por parte de las empresas de información relacionada con el clima en el marco de su Plan de Acción en materia de Finanzas Sostenibles. Estas directrices proporcionan a aproximadamente 6 000 empresas cotizadas, bancos y compañías de seguros de la UE recomendaciones prácticas sobre la forma de informar con mayor precisión en lo relativo al impacto que sus actividades tienen en el clima y al impacto que el cambio climático tiene sobre su actividad.

Protección del medio ambiente

En abril, la Comisión publicó la segunda revisión de la aplicación de la normativa medioambiental, englobada en su iniciativa de 2016 para aplicar mejor la política europea y las normas fijadas de común acuerdo en materia de medio ambiente en todos los Estados miembros de la UE. Ello no es solo esencial para un medio ambiente sostenible, sino que también abre nuevas oportunidades para un crecimiento económico sostenible y para la innovación y el empleo. La plena aplicación de dicha legislación podría ahorrar a la economía de la UE unos 55 000 millones de euros al año en gastos sanitarios y costes directos para el medio ambiente. Este conjunto de medidas incluye una comunicación general y veintiocho informes específicos que hacen balance de la aplicación de la legislación medioambiental de la UE y de las oportunidades de mejora en cada Estado miembro.

La evaluación intermedia de la estrategia de la UE en favor de los bosques y el sector forestal concluyó que se habían alcanzado progresos significativos hacia los objetivos para 2020. Desde su adopción, la estrategia ha facilitado la coordinación de todas las políticas de la UE relacionadas con los bosques y el sector forestal, fomentando un enfoque coherente en las políticas tanto nacionales como internacionales. En julio, la Comisión estableció un nuevo marco de acción para proteger y restaurar los bosques del planeta, que albergan el 80 % de la biodiversidad terrestre, contribuyen a la subsistencia de aproximadamente la cuarta parte de la población mundial y son esenciales para combatir el cambio climático.

La UE lidera la cooperación internacional en aras de unos océanos más seguros, más limpios y gestionados de forma más sostenible en Europa y en todo el mundo. En marzo, publicó un informe conjunto en el que hacía balance de la acción de la UE en materia de gobernanza internacional de los océanos. Hasta la fecha, se han aplicado con éxito cincuenta medidas concretas, de las que destacan las relacionadas con la lucha contra la pesca ilegal y con legislación encaminada a combatir la contaminación marina.

Celebración de los veinticinco años del Espacio Económico Europeo

Tras la celebración del 25.o aniversario del mercado único de la Unión Europea en 2018, el año siguiente estuvo marcado por otro hito importante: los veinticinco años desde la creación del EEE. El Acuerdo EEE, que se firmó en 1992 y entró en vigor en 1994, amplía a Islandia, Liechtenstein y Noruega las cuatro libertades del mercado único y sus políticas conexas. Las personas, los bienes, los servicios y los capitales pueden circular ahora en los treinta y un países del EEE casi tan libremente como dentro de un mismo país. Los ciudadanos pueden estudiar, vivir, comprar, trabajar y jubilarse en cualquiera de los países del EEE, y se han eliminado cientos de barreras técnicas, jurídicas y burocráticas al libre comercio y a la libre circulación. Como consecuencia de ello, las empresas han podido expandir sus actividades y la competencia ha permitido bajar los precios y proporcionar a los consumidores una oferta más variada.

Mejorar el funcionamiento del mercado único para las personas y las empresas

La UE trabaja continuamente para reforzar y profundizar el mercado único a fin de que pueda responder a nuevos desafíos y aportar beneficios a sus ciudadanos y empresas.

Como parte de estos esfuerzos, la UE aprobó en junio nuevas normas para garantizar un mejor cumplimiento de la legislación del mercado único en materia de productos no alimenticios. Estas normas, aplicables a partir de 2021, permitirán reforzar la vigilancia por parte de las autoridades nacionales y los funcionarios de aduanas y mejorarán los controles de los productos en el mercado de la Unión. Asimismo, intensificarán la cooperación entre las autoridades y facilitarán una actuación rápida contra los productos ilegales.

La UE adoptó asimismo un nuevo Reglamento que refuerza la aplicación del principio de reconocimiento mutuo para los productos que no están cubiertos por la legislación de la UE. Esto ofrecerá a las empresas nuevas oportunidades de expansión a través de las fronteras de la Unión. A partir de abril de 2020, las empresas podrán obtener rápidamente información más útil sobre las normas técnicas nacionales aplicables en otro Estado miembro y utilizar procedimientos simplificados para demostrar que su producto cumple los requisitos nacionales pertinentes.

Además, la nueva norma sobre facturación electrónica, que entró en vigor en abril, ayudará a las autoridades públicas a tramitar con celeridad los pagos de todas las empresas de manera automática.

Una base industrial fuerte e innovadora

Las industrias europeas son líderes mundiales en muchos ámbitos, pero tienen que adaptarse a nuevos desafíos, como la rápida evolución de las tecnologías, el cambio climático o un contexto geopolítico mundial en constante transformación. Con el fin de articular un nuevo enfoque para la industria europea, la Comisión organizó la Mesa Redonda Industrial de Alto Nivel «Industria 2030» y publicó en junio sus recomendaciones, en las que señaló que la industria europea debe construir su ventaja competitiva a través de tecnologías punteras y de vanguardia, el respeto del medio ambiente y la biodiversidad, la inversión en las personas y las alianzas europeas y globales inteligentes.

Europa debe aprovechar, por tanto, sus puntos fuertes y sus activos para desarrollar su base industrial. La inteligencia artificial, las baterías y la ciberseguridad son algunos de los muchos ámbitos estratégicos y orientados hacia el futuro en los que una mayor ventaja competitiva de Europa puede generar crecimiento. Con el fin de determinar los ámbitos de importancia estratégica, la Comisión estableció el Foro Estratégico de Estados miembros y representantes de la industria. En el informe de dicho Foro, publicado en noviembre, se señalaron seis ámbitos prioritarios y se presentaron recomendaciones para la futura acción política y las inversiones transnacionales coordinadas.

Las industrias fuertes también deben adaptarse e innovar constantemente. El informe de 2019 sobre el cuadro europeo de indicadores de la innovación pone de manifiesto que la UE sigue progresando, con resultados positivos en materia de innovación en veinticuatro Estados miembros. Suecia siguió siendo líder en innovación en la UE, seguida de Finlandia, Dinamarca y los Países Bajos, mientras que Lituania, Grecia, Letonia, Malta, el Reino Unido, Estonia y los Países Bajos fueron los países donde la innovación progresó más rápidamente. Cabe señalar que el rendimiento de la UE en materia de innovación superó por primera vez al de los Estados Unidos y se sitúa bastante por delante de Brasil, la India, Rusia y Sudáfrica.

Garantizar condiciones de competencia equitativas en el mercado único

La política de competencia de la UE tiene por objeto apoyar el crecimiento, la inversión y la creación de empleo, así como proteger a los consumidores y a las empresas que respetan la ley frente al comportamiento empresarial ilegal y contrario a la competencia. Las empresas pueden competir entre sí para ofrecer precios más bajos y una mayor variedad de productos innovadores, lo que beneficia a los consumidores y hace que la economía europea sea más fuerte, más competitiva y más atractiva para los inversores.

En 2019, la Comisión adoptó 362 decisiones sobre concentraciones, 10 decisiones antimonopolio, 5 decisiones relativas a cárteles y 248 decisiones relativas a las ayudas estatales. En total, impuso multas por valor de más de 4 000 millones de euros a las empresas que infringieron las normas de competencia de la UE y ordenó a los Estados miembros que recuperasen de los beneficiarios al menos 65 millones de euros de ayudas ilegales e incompatibles.

La Comisión recurre al control de las concentraciones de empresas para asegurarse de que el mercado único desarrolla todo su potencial evitando los riesgos para la competencia. La mayoría de las operaciones de concentración que se presentan a la Comisión se autorizan directamente. Hasta la fecha solo se han prohibido diez, tres de ellas en 2019. Se trata de la adquisición de Alstom por Siemens en el sector ferroviario y de la adquisición de Aurubis Rolled Products y Schwermetall por Wieland, ambas en febrero, así como de la empresa en participación entre los gigantes del acero Tata Steel y ThyssenKrupp en el mes de junio. En estos casos, las empresas no propusieron soluciones para proteger a los consumidores y las empresas de los posibles riesgos. En otros casos destacados, como Praxair/Linde y GSK/Pfizer, las partes en la concentración ofrecieron soluciones adecuadas, por lo que la Comisión pudo autorizar las operaciones.

La Comisión también actúa contra las empresas que pretenden obtener una ventaja competitiva desleal. En enero, impuso una multa de 570 millones de euros a Mastercard por aplicar restricciones al uso transfronterizo de tarjetas de pago. En mayo, AB InBev, la mayor cervecera del mundo, fue sancionada con una multa de 200 millones de euros por abusar de su posición dominante en el mercado belga de la cerveza. La Comisión impuso sanciones a otras empresas por restringir las ventas transfronterizas de productos promocionales de algunos de los clubes de fútbol más conocidos de Europa, así como de productos de la empresa Sanrio con personajes de Hello Kitty. En los casos que afectaban a algunos de los principales estudios cinematográficos de Hollywood, estos se comprometieron a eliminar las restricciones que impedían la competencia transfronteriza entre las cadenas de televisión de pago y ofrecieron compromisos a los que la Comisión dio carácter vinculante en marzo.

La Comisión siguió desmantelando cárteles e imponiendo multas elevadas a las empresas involucradas. En marzo, sancionó a tres empresas que suministraban cinturones de seguridad y otros equipos de seguridad a los fabricantes de automóviles en Europa con multas por un importe de 368 millones de euros, y, dos meses más tarde, cinco grandes bancos (Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan y MUFG) aceptaron una multa de más de 1 000 millones de euros por haber participado en un cártel en el mercado de divisas al contado.

Además, la Comisión vela por que el apoyo de los Estados miembros a las empresas no favorezca injustamente a algunas empresas en detrimento de otras. Así, en abril adoptó una decisión en materia de ayuda estatal que obligaba a las autoridades del Reino Unido a recuperar las ventajas fiscales selectivas que habían concedido a empresas multinacionales en forma de exenciones a las disposiciones destinadas a luchar contra la elusión del impuesto de sociedades.

La política de competencia también puede contribuir al desarrollo de una política industrial moderna en la UE, como demuestran los 3 200 millones de euros de ayuda pública ofrecidos por siete Estados miembros y aprobados por la Comisión para un proyecto importante de interés común europeo (PIICE) en el ámbito de la investigación y la innovación en la producción de baterías. Se trata de la segunda gran inversión aprobada para un PIICE después de la que se autorizó en diciembre de 2018 por un importe de 1 700 millones de euros para un proyecto de microelectrónica en el que participaban Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido.

Eliminación de los obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios

La Unión Europea trabajó por reforzar las normas en sectores específicos a fin de facilitar a las empresas la venta transfronteriza de sus bienes y servicios y mejorar la seguridad de los productos en el mercado de la UE.

Mejorar las normas en los sectores químico y farmacéutico

En junio, la Comisión también publicó una revisión de la legislación de la UE sobre sustancias químicas en la que se constataba que la armonización y las normas comunes han reforzado el mercado único de sustancias químicas y han aumentado su eficiencia, ofreciendo al mismo tiempo los niveles de protección de la salud humana y el medio ambiente más altos del mundo. La UE adoptó asimismo un conjunto de medidas para proteger a los trabajadores y los consumidores contra las sustancias químicas nocivas, entre las que se encuentran veintinueve decisiones de autorización en el marco de REACH que establecen las condiciones para el uso de determinadas sustancias de este tipo, una denegación de autorización y una restricción relativa al amplificador de fibra óptica dopada con tulio, una sustancia que provoca problemas respiratorios cuando se utiliza en aerosoles. Además, la Directiva relativa a los agentes carcinógenos o mutágenos fue actualizada con la inclusión de cinco sustancias en la lista de sustancias químicas cancerígenas reconocidas en el lugar de trabajo, lo que eleva a veintisiete el número de estas sustancias cubiertas por la Directiva.

La UE adoptó también nuevas normas para mejorar las condiciones de competencia en el sector farmacéutico. De este modo, se facilita a las empresas de la UE la exportación de medicamentos genéricos y biosimilares a terceros países en los que la protección de la propiedad intelectual haya expirado o nunca haya existido, al tiempo que se preservan los derechos que ya existen en la UE para fomentar la innovación y la investigación.

Un mercado único de contratación pública

La UE posee el mayor mercado abierto de contratación pública del mundo, cuyo valor se calcula en 2 billones de euros al año. Dada la naturaleza cada vez más global de la contratación pública, la Unión está adoptando un enfoque estratégico para garantizar que todos los licitadores, nacionales y extranjeros, cumplan las normas de la UE. Con este fin, la Comisión publicó en julio directrices relativas a la participación de licitadores extranjeros en el mercado de la UE.

Mejores servicios financieros

Como parte de los esfuerzos para crear una Unión de los Mercados de Capitales más profunda y más integrada en Europa, la UE adoptó un Reglamento revisado sobre pagos transfronterizos con el fin de garantizar que las comisiones por los pagos transfronterizos en euros dentro de la UE estén en consonancia con las comisiones por los pagos nacionales correspondientes efectuados en la moneda del Estado miembro en el que está establecido el proveedor de servicios de pago del usuario del servicio de pago. Esto permite a los consumidores y a las empresas de los países no pertenecientes a la zona del euro realizar transacciones transfronterizas en euros a bajo coste, como en la zona del euro. Así, por ejemplo, el precio de una transacción dentro de la UE que se realice en euros entre Bulgaria y Finlandia no debería superar 1 euro, aproximadamente, frente a una cantidad variable entre 15 y 24 euros que costaba anteriormente. El Reglamento establece que las comisiones por conversión de divisas han de ser transparentes y comparables en un cajero automático o en un punto de venta, lo que permitirá a los consumidores ahorrar dinero en los costes de conversión cuando viajen o compren en el extranjero. Además, la UE intensificó sus esfuerzos para apoyar el desarrollo y la disponibilidad de los pagos transfronterizos instantáneos.

Garantizar un sistema fiscal justo

La política fiscal de la UE tiene por objeto apoyar la competitividad de la UE y estimular la inversión, el crecimiento y el espíritu empresarial en su mercado único. La simplificación de los sistemas fiscales debería facilitar la actividad transfronteriza de las empresas y el trabajo de los ciudadanos a través de las fronteras. Además, la UE apoya una fiscalidad equitativa y socialmente justa, en particular luchando contra las prácticas fiscales abusivas a escala internacional y de la UE, y reduciendo la competencia fiscal desleal dentro y fuera del mercado único.

Con el fin de luchar contra el fraude fiscal y facilitar la cooperación administrativa en lo que respecta a la recaudación a escala nacional y de la UE, la Comisión puso en marcha en el mes de mayo la herramienta de análisis de las redes de transacciones, que ofrece a la red de expertos de lucha contra el fraude de la UE un acceso rápido y fácil a la información sobre las transacciones transfronterizas, lo que permitirá actuar con celeridad y de forma coordinada en caso de que se detecte un posible fraude en materia de IVA. En septiembre tuvo lugar la primera reunión de la Cumbre Europea de Administraciones Tributarias, una red de cooperación que reúne a los responsables de las administraciones fiscales de los Estados miembros y la Comisión.

Para luchar contra el fraude en materia de IVA en el sector de los automóviles nuevos y de segunda mano, la Comisión adoptó en julio medidas de ejecución para el intercambio automatizado de información aduanera y de matriculación de vehículos entre las autoridades nacionales. En marzo se adoptó la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, una herramienta común que permite a los Estados miembros combatir los riesgos externos de prácticas fiscales abusivas y competencia fiscal desleal. En septiembre, la Comisión publicó las evaluaciones de dos Directivas, relativas a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y a la fiscalidad de la energía, respectivamente.

Hacia una movilidad laboral justa

La UE trabaja para reforzar la movilidad laboral estableciendo normas claras y justas, facilitando la cooperación entre los Estados miembros y combatiendo las causas de las prácticas abusivas. A tal fin, en julio se creó la Autoridad Laboral Europea, que inició sus actividades en octubre. Su función es contribuir a garantizar el cumplimiento de las normas sobre movilidad laboral en todos los Estados miembros. Para ello, facilitará a los ciudadanos y las empresas información sobre sus derechos y obligaciones cuando vivan, trabajen o ejerzan una actividad en otro país, reforzará la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros y ofrecerá mediación para encontrar soluciones en caso de litigio transfronterizo. La autoridad tendrá su sede en Bratislava y se espera que alcance su plena capacidad operativa en 2024, a más tardar.

Avances en favor de una movilidad segura, limpia y conectada

La movilidad desempeña un papel importante en la conexión e integración del mercado único. La UE trabaja para modernizar los sistemas de transporte europeos con el fin de que los ciudadanos puedan beneficiarse de un tráfico más seguro, de vehículos menos contaminantes y de mejores soluciones tecnológicas, apoyando al mismo tiempo la competitividad de la industria del transporte.

En marzo, el Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre el Reglamento general de seguridad revisado, cuyo objetivo es introducir nuevas tecnologías de seguridad obligatorias en todos los vehículos que se vendan, matriculen o pongan en servicio a partir de 2022. Con ello se pretende mejorar la protección de los ciudadanos de la UE, contribuir a reducir el número de accidentes en las carreteras y perfeccionar el marco jurídico para la homologación de los vehículos automatizados y conectados. En febrero, la Comisión también elaboró unas directrices sobre la homologación de vehículos automatizados y, en junio, puso en marcha una plataforma de la UE para coordinar los ensayos con vehículos automatizados y conectados.

A principios de año, la UE también adoptó medidas destinadas a evaluar la seguridad de las infraestructuras de las carreteras principales, ayudar a orientar mejor las inversiones y preparar el terreno para la conducción autónoma en el conjunto de la UE. La Comisión adoptó asimismo nuevas normas armonizadas sobre el tráfico de drones para hacer frente a su proliferación en Europa.

Se adoptaron además diversas medidas para reducir la carga administrativa en el sector del transporte. En junio, la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea presentó la primera autorización europea de vehículos, válida en varios países del continente. También se alcanzó un acuerdo con respecto a la propuesta sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías, que permitirá evitar los millones de horas dedicadas anteriormente a la gestión de los documentos en papel.

Con el fin de mejorar la interoperabilidad de los sistemas de transporte, la Comisión adoptó en mayo un conjunto de medidas relativas a la interoperabilidad ferroviaria, la accesibilidad a los trenes y el ruido ferroviario. La entrada en vigor de la Directiva sobre los sistemas de telepeaje permitirá mejorar la interoperabilidad de los peajes electrónicos, simplificar los procedimientos administrativos y reducir el fraude.

La profundización de la Unión Económica y Monetaria

Una Unión Económica y Monetaria (UEM) más profunda es una prioridad para la UE, ya que reforzaría su estabilidad económica, su resiliencia y su potencial de crecimiento.

En junio, los Estados miembros de la zona del euro dieron un paso más hacia la consecución de este objetivo al acordar las principales características de un instrumento presupuestario para la zona. Se conoce como «instrumento presupuestario de convergencia y competitividad» y tiene por objeto apoyar las reformas estructurales y la inversión con el fin de impulsar el crecimiento y aumentar la resiliencia económica de las economías de la zona del euro, así como su capacidad de recuperación tras las perturbaciones. En octubre se fijaron algunos aspectos del funcionamiento concreto del instrumento. El acuerdo sobre su tamaño se tomará en el contexto de los debates sobre el próximo presupuesto a largo plazo de la UE.

Los Estados miembros de la zona del euro también acordaron permitir que el Mecanismo Europeo de Estabilidad proporcione un mecanismo de protección financiera que solo se activaría como seguro de última instancia en caso de resolución bancaria. Adoptaría la forma de una línea de crédito o garantías al Fondo Único de Resolución, de modo que los contribuyentes no tengan que pagar por la resolución de los bancos en graves dificultades. La utilización del mecanismo de protección se reembolsaría en último término a través de las aportaciones del sector bancario europeo.

La Unión Europea ha avanzado mucho en la profundización de la UEM desde la crisis financiera de 2008. En junio, una comunicación de la Comisión hizo balance de la evolución que ha experimentado la UE desde que el Informe de los cinco presidentes, de 2015, expuso por primera vez la visión de una UEM más profunda. Según dicha comunicación, se ha avanzado especialmente en el marco de gobernanza económica y en la aplicación de las normas presupuestarias, que han mejorado y hacen mayor hincapié en las prioridades sociales, como proporcionar más oportunidades a los interlocutores sociales a todos los niveles para debatirlas. Además, el Consejo Fiscal Europeo, creado en 2015, se ha convertido en un elemento fundamental del marco presupuestario de la UE, mediante las evaluaciones y el asesoramiento independientes a la Comisión.

También se han establecido firmemente los elementos clave de una Unión Bancaria y de una Unión de los Mercados de Capitales (UMC), como el paquete bancario para reforzar la resiliencia y la resolubilidad de los bancos de la UE, así como una propuesta de Sistema Europeo de Garantía de Depósitos. La Comisión ha presentado todas las propuestas legislativas recogidas en el Plan de Acción para la UMC y su revisión intermedia orientadas a poner en marcha los pilares fundamentales de la UMC. La Comisión ha propuesto seis medidas legislativas que introducen nuevas normas a escala de la UE relativas a los productos, las etiquetas y los pasaportes, y cinco medidas legislativas que facilitan unas normas más sencillas, claras y proporcionadas para los empresarios, las empresas y las entidades financieras (véase el capítulo 1).

Asimismo, ha propuesto dos medidas legislativas que velan por una supervisión más integrada y más eficaz de los mercados de capitales, algo fundamental para la UMC y necesario para lograr una mayor integración financiera y una mayor distribución de riesgos en el sector privado. La Comisión también ha adoptado tres propuestas legislativas para que el sector financiero pueda asumir una función de liderazgo hacia una economía circular, neutra desde el punto de vista del clima, más eficiente en el uso de los recursos y más resiliente al cambio climático.

El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo político sobre casi todas estas propuestas; sin embargo, aún queda mucho por hacer. El informe de junio de la Comisión instaba a seguir mejorando la transparencia y la eficacia del marco de coordinación de las políticas de la UE, así como su dimensión social. También podrían introducirse cambios institucionales para reforzar la responsabilidad democrática en la UE y la toma de decisiones económicas en la zona del euro, y para incorporar el Mecanismo Europeo de Estabilidad al marco jurídico de la UE. Sería beneficioso asimismo contar con mecanismos para estabilizar la zona del euro en caso de perturbaciones, e incluir una función de estabilización de la inversión y un sistema común de reaseguro del desempleo.

La culminación de la Unión Bancaria

El sistema bancario y el mercado de capitales de la UE son elementos vitales de su UEM: conjuntamente, promueven un sistema financiero de la UE más integrado y estable, y aumentan la resiliencia de la UEM frente a las perturbaciones puesto que facilitan el reparto de riesgos en el sector privado a nivel transfronterizo, al mismo tiempo que reducen la necesidad de compartir los riesgos públicos. Se continuó trabajando en ambos proyectos durante todo el año.

En particular, se lograron importantes avances en la reducción de los riesgos de la Unión Bancaria. La adopción, en abril, del paquete bancario fue un hito importante en el refuerzo del sector bancario de la UE. Dicho paquete establece un conjunto completo de reformas que mejorarán aún más la resiliencia y la resolubilidad de los bancos, así como la propuesta de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos. También fija una serie de importantes normas internacionales y tiene por objeto contribuir a completar el programa normativo derivado de la crisis.

La Comisión ha estado colaborando con los Estados miembros concernidos para abordar el elevado nivel de préstamos dudosos, en particular a través del Semestre Europeo, y proponer soluciones globales para hacer frente a los préstamos morosos, de conformidad con las normas sobre ayudas estatales. Los supervisores y los bancos de los Estados miembros también han realizado progresos considerables desde la crisis en la reducción de sus niveles de deuda, la mejora de la calidad de sus carteras de préstamos y el incremento de la liquidez.

El último informe de situación de la Comisión puso de manifiesto que, para todos los bancos de la UE, la ratio de préstamos dudosos siguió disminuyendo y aproximándose a los niveles anteriores a la crisis: en el tercer trimestre de 2018 era del 3,3 %. En 2019, el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron nuevas normas para aplicar requisitos de capital a los bancos con préstamos dudosos en sus balances. El objetivo de la reforma es garantizar que los bancos constituyan reservas de recursos propios suficientes cuando haya nuevos préstamos dudosos y establecer incentivos adecuados para evitar la acumulación de estos préstamos.

Un paso futuro importante en la Unión Bancaria y en la profundización de la UEM consistirá en avanzar hacia un sistema común de garantía de depósitos para la zona del euro.

El papel internacional del euro

Los esfuerzos de la UE por promover el uso del euro a nivel internacional están estrechamente vinculados a la profundización de la UEM. Un sector financiero y una UEM más profundos y fuertes harían del euro una moneda internacional más atractiva, y un euro más importante a escala mundial reforzaría el sistema financiero europeo. La zona del euro también está creciendo dentro de la UE, ya que Croacia y Bulgaria han decidido iniciar los preparativos para entrar en el Mecanismo europeo de tipos de cambio (MTC II), que constituye un primer paso hacia la adhesión a la zona del euro.

Una mayor utilización internacional del euro también implicaría muchos beneficios para las empresas, los consumidores y las administraciones europeos como, por ejemplo, unos costes de negociación más bajos, unos tipos de interés también más bajos, un mejor acceso a la financiación, una mayor autonomía jurídica y un sistema financiero más resiliente que sería menos vulnerable a las perturbaciones del tipo de cambio.

En 2019, la Comisión Europea consultó ampliamente a representantes de los mercados de divisas y de los sectores de la energía, las materias primas, la agricultura y el transporte. Estas consultas confirmaron que existe un amplio apoyo para una mayor utilización del euro a escala internacional y que se trata de la única moneda internacional que supone una alternativa viable al dólar estadounidense. Las respuestas a las consultas también coincidieron en que existía potencial para denominar más transacciones en euros, en particular en los mercados de productos energéticos y de gas natural, y la Comisión acordó trabajar en los obstáculos que se detectaron.

La UE también hizo progresos en relación con las medidas de apoyo a la utilización del euro, incluidas las modificaciones normativas que permitan aumentar la resiliencia y la liquidez de las infraestructuras de los mercados financieros, mejorar la fiabilidad de los índices de referencia de tipos de interés y promover el uso de los pagos instantáneos.

Equidad de oportunidades y competencia leal

Una UEM profunda y equitativa radica en la equidad de oportunidades y en una competencia leal. Con el fin de mejorar la primera, la UE adoptó en junio la Directiva relativa a la reestructuración y la segunda oportunidad, que permite rescatar a las empresas viables que se hallen en dificultades y conceder una segunda oportunidad a los empresarios honrados que estén en situación de quiebra.

La nueva Directiva ayudará a las empresas viables con dificultades financieras a acceder a los marcos de reestructuración preventiva en una fase temprana, de modo que puedan evitar la insolvencia, continuar su actividad y preservar los puestos de trabajo.

Con arreglo a las nuevas normas, la UE da una segunda oportunidad a los empresarios que gocen de buena reputación y que se encuentren en situación de quiebra mediante la liquidación total de su deuda tras un plazo máximo de tres años, con exenciones justificadas a fin de evitar abusos.

Las normas también aumentarán la eficiencia de los procedimientos de insolvencia, reestructuración y condonación puesto que reducirán los costes y duración de los mismos, que en muchos Estados miembros resultan excesivos.

Dichas normas contribuirán a suprimir importantes obstáculos al desarrollo de los mercados de capitales al ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores transfronterizos y a las empresas que operen en toda la UE.

La UE vela siempre por garantizar la equidad de la competencia en el sector bancario y 2019 no fue una excepción. Aunque el sector se ha recuperado en gran medida desde la crisis, quedan aún bolsas de vulnerabilidad: los bancos de algunos Estados miembros siguen soportando una elevada proporción de préstamos dudosos. La Comisión siguió desempeñando su papel a la hora de ayudarlos a reestructurarse y abordar las limitaciones temporales de liquidez y los problemas estructurales, sin falsear indebidamente la competencia. Por ejemplo, los bancos eslovenos completaron el proceso de reestructuración iniciado en 2012 y 2013. Eslovenia privatizó el 75 % de NLB y el 100 % de Abanka, dos antiguos prestamistas en crisis. Los bancos italianos adoptaron nuevas medidas para reducir la cantidad de préstamos dudosos. La aplicación de un mecanismo de garantía fue decisiva a este respecto para permitir que los bancos se desprendieran de préstamos dudosos en condiciones de mercado. También en Italia, la Comisión aprobó ayudas para cubrir las necesidades temporales de liquidez de hasta 3 000 millones de euros para Carige, un banco regional de tamaño medio en el noroeste del país.

Mayor equidad social en la Unión Económica y Monetaria

El pilar europeo de derechos sociales se ha convertido en una parte fundamental del Semestre Europeo, el ciclo anual de coordinación de las políticas económicas y sociales de la UE. Con la ayuda del pilar se han promovido numerosas medidas de política social en relación con la conciliación de la vida profesional y la vida privada, unas condiciones laborales transparentes y previsibles y una movilidad transfronteriza justa. Dicho pilar consagra un conjunto de veinte principios de política social con vocación de futuro que los Estados miembros han acordado.

Un nuevo comienzo para promover la conciliación de la vida ­familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores

La Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional se adoptó en junio y fomenta un reparto más equitativo de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. Establece los requisitos mínimos para los Estados miembros y concede a cada progenitor el derecho a un mínimo de cuatro meses de permiso parental, de los cuales dos no pueden transferirse de un progenitor a otro y deben remunerarse a un nivel adecuado establecido por los Estados miembros. La Directiva introduce asimismo un derecho a un permiso de paternidad de al menos diez días después del nacimiento de un hijo, remunerado por lo menos al mismo nivel que la baja por enfermedad. La nueva norma también otorga a los cuidadores en situación de empleo el derecho a disfrutar de un permiso de cinco días al año para el cuidado de familiares. Además, todos los progenitores en situación de empleo que tengan niños de hasta ocho años de edad tienen derecho a solicitar fórmulas de trabajo flexible (horario reducido, horario flexible y flexibilidad en el lugar de trabajo). Estas nuevas normas tienen por objeto aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y mejorar la igualdad entre hombres y mujeres.

Nuevos derechos para más trabajadores

La Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles también se adoptó en junio. Su objetivo es ampliar y modernizar las obligaciones existentes para informar a cada trabajador, incluidos aquellos con formas de empleo no convencionales, de sus condiciones de trabajo. La Directiva también introduce una serie de nuevos derechos mínimos, por ejemplo un límite a la duración de los períodos de prueba al inicio de una relación laboral. Los Estados miembros tienen hasta mediados de 2022 para transponer las nuevas normas a su ordenamiento jurídico.

Mejora del acceso a la protección social para todos los trabajadores

Los Estados miembros se han comprometido a garantizar que todos los trabajadores tengan acceso efectivo a la protección social con independencia de su situación laboral. El Consejo adoptó en noviembre una recomendación para ayudarlos a colmar las lagunas que atañen a los trabajadores atípicos y a los trabajadores por cuenta propia, así como para abordar los desafíos derivados del ritmo trepidante del lugar de trabajo digitalizado.

Defensa de las normas multilaterales

La política comercial debe ser eficaz y transparente, y debe estar basada en valores. Los elementos fundamentales de la Estrategia «Comercio para todos» de 2015 siguieron guiando el enfoque adoptado en 2019: la apertura, combinada con unas normas de elevado nivel, sigue siendo la manera más apropiada de lograr que la globalización funcione.

En 2019 siguieron aumentando los desafíos a que se enfrenta el sistema comercial multilateral basado en normas respaldado por la OMC. El auge del nacionalismo y del proteccionismo supuso un incremento de las actuaciones unilaterales, así como la amenaza de un sistema comercial mundial basado en la fuerza y no en la equidad. La UE, basándose en sus iniciativas de 2018, presentó a la OMC propuestas para mejorar la transparencia y dar una respuesta más eficiente a las preocupaciones de los Estados miembros sobre algunas prácticas comerciales concretas.

La UE cooperó con los principales socios comerciales para reforzar las normas sobre subvenciones y transferencias forzosas de tecnología. Asimismo, presentó propuestas para desbloquear los nombramientos pendientes en el Órgano de Apelación, con el fin de defender el sistema de solución de diferencias de la OMC. El Órgano dejó de tener cuórum, ya que el mandato de dos de los tres últimos miembros había expirado en diciembre, lo que había dejado al Órgano en la imposibilidad de entender en las apelaciones de las diferencias. La reacción de la Comisión Europea fue proponer la modificación del Reglamento de la UE por el que se hacen cumplir las normas comerciales, de forma que, si los socios comerciales obstaculizan la resolución efectiva de la solución de diferencias, la UE pueda actuar con determinación para proteger sus intereses. De conformidad con las actuales normas de la OMC, la UE también llegó a un acuerdo provisional de arbitraje con Canadá y Noruega para mantener un sistema vinculante de solución de diferencias y el derecho de apelación en las diferencias que se den entre ellos en el caso de que el Órgano de Apelación dejase de funcionar.

Una Europa que protege

Cuando las intervenciones diplomáticas fracasan, la UE no duda en utilizar el mecanismo de solución de diferencias de la OMC para hacer valer sus derechos y para que sus empresas, trabajadores y agricultores aprovechen plenamente las ventajas que tiene ser miembro de la OMC. En 2019, la UE incoó procedimientos contra Turquía en relación con los productos farmacéuticos, contra la India en relación con el trato de productos de las tecnologías de la información y la comunicación, contra los Estados Unidos en relación con sus derechos compensatorios y sus medidas antidumping sobre las aceitunas procedentes de España, y contra Colombia en relación con sus medidas antidumping sobre las patatas fritas congeladas procedentes de Bélgica, Alemania y los Países Bajos.

La UE también hizo uso de sus acuerdos bilaterales para la solución de diferencias e inició procedimientos contra Corea del Sur para defender las normas laborales fundamentales, contra Ucrania en relación con la prohibición de exportar madera y contra la Unión Aduanera del África Meridional por las restricciones impuestas a las importaciones de aves de corral.

En consonancia con las normas de la OMC y la legislación de la UE, la UE abrió quince nuevas investigaciones e impuso siete nuevas medidas de defensa comercial en relación con importaciones objeto de dumping y subvencionadas. Entre ellas se encuentran las relacionadas con las bicicletas eléctricas procedentes de China y con el biodiésel procedente de Argentina y de Indonesia. La UE también inició seis nuevas investigaciones de reconsideración y renovó dieciséis medidas existentes por otros cinco años.

En 2019, la UE impuso medidas de salvaguardia definitivas a las importaciones de veintiséis categorías de productos de acero para hacer frente al posible desvío comercial hacia la UE de acero procedente de otros países a causa de los aranceles adicionales en los Estados Unidos. A finales del verano revisó dichas medidas para adaptarlas a la situación más reciente.

La UE también salió en defensa de sus industrias cuando países no pertenecientes a la UE iniciaron investigaciones de defensa comercial contra sus exportaciones. Entre estos casos cabe citar la investigación de salvaguardia de Turquía en relación con las importaciones de neumáticos, la investigación antidumping de la India con respecto a las importaciones de papel estucado y las medidas de Colombia sobre las importaciones de patatas fritas congeladas.

En marzo, la OMC confirmó que en 2020 se concedería a la UE derechos de retorsión en la diferencia comercial con los Estados Unidos sobre las subvenciones de Boeing, la empresa fabricante de aviones. Los Estados Unidos no habían dado cumplimiento a sentencias anteriores sobre las subvenciones ilegales que habían concedido a esta empresa, lo que había causado un perjuicio significativo a Airbus, su competidor europeo. En octubre, en una diferencia comercial paralela, la OMC concedió a los Estados Unidos derechos de retorsión en el asunto Airbus. Los Estados Unidos impusieron nuevos aranceles a una serie de productos procedentes de los Estados miembros. La UE mantiene su compromiso de alcanzar con los Estados Unidos una solución negociada y equilibrada para estas diferencias.

La Comisión acabó de adaptar sus procedimientos de defensa comercial a la versión modernizada de la legislación antidumping y antisubvenciones, que había entrado en vigor en 2018 y 2017. De la misma manera, colmó el vacío existente de forma que, a partir del otoño de 2019, fuese posible aplicar medidas de defensa comercial a mercancías (por ejemplo, gasoductos submarinos) importadas a la plataforma continental o a la zona económica exclusiva de los Estados miembros. La Comisión intensificó su lucha contra la elusión de las medidas de defensa comercial e inició las correspondientes investigaciones en relación con las exportaciones chinas de acero resistente a la corrosión, persulfatos y artículos de cerámica para el servicio de mesa; se impusieron medidas sobre estos últimos.

En abril entró en vigor un nuevo Reglamento por el que se establecía por primera vez un marco de control de las inversiones extranjeras directas en toda la Unión. Este Reglamento permitirá que, a partir de octubre de 2020, los Estados miembros y la Comisión detecten y remedien problemas de seguridad relacionados con inversiones concretas procedentes del exterior de la UE.

Los derechos de propiedad intelectual son importantes para el crecimiento económico y cruciales para que la UE pueda estimular la innovación y mantener la competitividad a nivel mundial. La UE intensificó sus esfuerzos por proteger y hacer cumplir estos derechos a nivel internacional, por ejemplo mediante la realización de programas de cooperación con China, Asia sudoriental y América Latina, así como mediante la puesta en marcha de un nuevo proyecto de asistencia para África. También celebró conversaciones con países prioritarios, por ejemplo China, Tailandia, Turquía y Ucrania. Como parte de sus trabajos sobre la lista de vigilancia contra la falsificación y la piratería, la Comisión reforzó la cooperación con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, y mantuvo conversaciones periódicas con las empresas de la UE.

El aumento del proteccionismo se tradujo en un incremento del número de obstáculos a los que tienen que enfrentarse estas empresas en el comercio internacional. En el informe anual sobre los obstáculos al comercio y la inversión se puso de manifiesto que la estrategia de acceso al mercado de la UE resultaba eficaz para hacerles frente.

A lo largo del año, la UE continuó las conversaciones a tres bandas con Japón y los Estados Unidos sobre cuestiones clave del comercio mundial, entre otras cómo conseguir condiciones de competencia equitativas para los comerciantes mediante el desarrollo de nuevas normas multilaterales sobre subvenciones industriales y transferencia forzosa de tecnología.

La UE es miembro fundador de la Alianza para el Comercio sin Tortura, creada en 2017, y como tal siguió adoptando una postura clara sobre las mercancías utilizadas para aplicar la pena de muerte o infligir tortura. A raíz del compromiso asumido por la Alianza en 2018 de impulsar una resolución de las Naciones Unidas sobre esta cuestión, en junio la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución con el objetivo de abolir el comercio de instrumentos utilizados para la tortura.

Una política comercial orientada al futuro

Los acuerdos comerciales de la UE no solo tienen por objeto abrir nuevos mercados, sino también garantizar que el comercio funcione para todos. Estos acuerdos defienden las normas de la UE en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria y derechos de los consumidores; ayudan, pues, a los países socios a cumplir sus obligaciones internacionales. Por ejemplo, la UE lanzó programas de desarrollo de capacidades y de sensibilización por valor por valor de 9 millones de euros para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a desafíos laborales y medioambientales a lo largo de las cadenas de suministro responsables tanto en Asia como en América Latina.

La UE desempeñó un papel destacado en los debates de las Naciones Unidas sobre la reforma de la manera en que los inversores pueden resolver sus diferencias con los países. En enero presentó a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional una propuesta de creación de un tribunal multilateral para solucionar este tipo de diferencias, lo que constituye una innovación importante en la gobernanza mundial.

En septiembre, la Comisión Europea ejerció como anfitriona de una conferencia de alto nivel celebrada en Bruselas sobre el empoderamiento de la mujer mediante el comercio.

Un proceso de negociación transparente e inclusivo

La transparencia y el compromiso con la población siguieron siendo ingredientes esenciales de la política comercial de la UE para garantizar un proceso democrático, la confianza de los ciudadanos y la rendición de cuentas. Todo esto debe darse antes, durante y después de las negociaciones, así como cuando se apliquen los acuerdos.

La Comisión Europea siguió publicando informes sobre las rondas de negociación, documentos de posición y propuestas de texto de los acuerdos comerciales que estaba negociando. También publicó su tercer informe general anual de evaluación de la aplicación de los acuerdos comerciales de la UE. Gracias a ellos, las partes interesadas, la sociedad civil y las demás instituciones de la UE pudieron controlar el modo en que la UE aplica los acuerdos, al tiempo que les permitió aprender para las negociaciones comerciales presentes y futuras.

En 2019, el Grupo de Expertos sobre Acuerdos Comerciales se reunió en seis ocasiones para debatir cuestiones como el comercio electrónico, la reforma de la OMC y la aplicación de los acuerdos comerciales. Este grupo consta de veintiocho organizaciones que representan a empresas, sindicatos, consumidores y organismos medioambientales; su objetivo es fomentar el diálogo y recabar opiniones de una amplia gama de partes interesadas.

El acuerdo comercial UE-Mercosur

En junio, la UE llegó a un acuerdo político con el Mercosur sobre un acuerdo comercial de amplio alcance que incluía a Argentina, Brasil, el Paraguay y el Uruguay.

El nuevo acuerdo forma parte de un acuerdo de asociación más amplio entre los dos bloques, sentará las bases para unas estrechas relaciones políticas y económicas entre ellos y creará un mercado de 780 millones de personas. La UE es el más importante socio del Mercosur en comercio e inversión y la primera en celebrar un acuerdo comercial de amplio alcance con el bloque latinoamericano.

Cuando entre en vigor, el acuerdo reducirá los aranceles, aumentará las oportunidades de negocio, ampliará las posibilidades de elección de los consumidores, reducirá la burocracia, impulsará el crecimiento y la competitividad, fomentará valores compartidos —como el desarrollo sostenible— y creará puestos de trabajo. También fomentará un alto nivel en las normas laborales y medioambientales. Además, la UE y el Mercosur se comprometieron a aplicar de forma efectiva el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

Acuerdo de Asociación Económica con Japón

El 1 de febrero de 2019 entró en vigor el Acuerdo entre la UE y Japón relativo a una asociación económica, que se había firmado en julio de 2018; se creó así una zona de libre comercio con más de 570 millones de personas. El acuerdo elimina la casi totalidad de los 1 000 millones de euros anuales que las empresas de la UE que exportaban a Japón pagaban en derechos de importación japoneses, así como toda una serie de viejos obstáculos reglamentarios.

El acuerdo aumenta las exportaciones de la UE, crea nuevas oportunidades para las empresas europeas, por ejemplo al facilitarles el acceso a la contratación pública japonesa, ofrece a los consumidores más posibilidades de elección y contribuye a los esfuerzos conjuntos de las dos partes por conformar las normas del comercio mundial. Es el primer acuerdo comercial de la UE que incluye un compromiso específico de dar cumplimiento al Acuerdo de París. A lo largo del año, la UE siguió negociando con Japón en cuanto a normas de protección de las inversiones y la solución de diferencias.

Asia y Australasia

El 30 de junio, la UE y Vietnam marcaron un hito en sus relaciones mediante la firma de sendos acuerdos de libre comercio y de protección de las inversiones. Estos acuerdos son los más ambiciosos que la UE haya negociado jamás con una economía emergente. El acuerdo de libre comercio está a la espera de su ratificación y podría entrar en vigor a mediados de 2020, mientras que el 21 de noviembre entró en vigor el acuerdo de libre comercio UE-Singapur.

Los acuerdos con estos dos países refuerzan aún más la presencia de la UE en esta parte del mundo. También se celebraron tres rondas de negociaciones de un acuerdo comercial con Indonesia. Asimismo tuvieron lugar tres rondas de conversaciones en las negociaciones de acuerdos comerciales con Australia y cuatro con Nueva Zelanda.

Estados Unidos

En cuanto a los Estados Unidos, las actividades siguieron centrándose en desarrollar una agenda comercial positiva, hacer frente a cuestiones de interés común y evitar diferencias comerciales. La base para ello fue la declaración conjunta en 2018 de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos; en ella se creó un grupo de trabajo ejecutivo para facilitar el comercio y desarrollar una agenda positiva para el comercio transatlántico.

En 2019, el grupo se centró en cuestiones reglamentarias. En abril, el Consejo otorgó mandato a la Comisión para negociar con los Estados Unidos sobre aranceles industriales y la evaluación de la conformidad.

En julio, la Comisión publicó un informe sobre los avances logrados en la aplicación de la declaración conjunta en el que se veían resultados positivos, especialmente en sectores como la energía, las semillas de soja, los productos farmacéuticos, la ciberseguridad y los productos sanitarios. En 2019, las importaciones en la UE de gas natural licuado procedente de los Estados Unidos alcanzaron el mayor volumen de todos los tiempos, con lo que la Unión diversificó el suministro de energía y lo hizo más seguro. Los trabajos también se centraron en la evaluación de la conformidad, normas para las tecnologías nuevas y emergentes y en seguir avanzando en sectores específicos. Mientras se sigue trabajando, ambas partes acordaron no introducir nuevos aranceles en sus intercambios comerciales.

En julio, la UE acordó aumentar la cuota de los Estados Unidos en las importaciones de carne de vacuno sin hormonas. A cambio, los Estados Unidos aceptaron no volver a iniciar actuaciones contra la UE en una investigación con arreglo a la sección 301 sobre medidas de la UE relativas a la carne y los productos cárnicos. También entró en vigor el acuerdo de reconocimiento mutuo de las inspecciones de los lugares de fabricación de medicamentos de uso humano.

China

En abril, la cumbre UE-China dio lugar a varios compromisos conjuntos. China acordó desmantelar una serie de obstáculos comerciales y se comprometió a celebrar un acuerdo para proteger las indicaciones geográficas (los nombres de los productos alimenticios y bebidas tradicionales europeos), así como a completar en 2020 negociaciones de amplio alcance sobre las inversiones.

En noviembre, después de nueve años, concluyeron las negociaciones sobre protección de las indicaciones geográficas. Cuando este acuerdo entre en vigor, proporcionará un alto nivel de protección a doscientos nombres y a otros ciento setenta y cinco en el plazo de cuatro años más. China es el segundo mayor mercado de productos agroalimentarios para la UE y representa un mercado cada vez mayor para los productos que tienen una indicación geográfica específica.

La UE y China celebraron seis rondas de conversaciones sobre un acuerdo de inversión y siguieron trabajando sobre la reforma de la OMC.

Vecindad meridional y oriental

Se modificó el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos para incluir en él a la población del Sáhara Occidental, allanando así el camino para reanudar las conversaciones sobre una profundización del acuerdo comercial entre la UE y Marruecos. En mayo se suspendieron las negociaciones sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo con Túnez debido a la situación política del país.

La UE mantuvo debates bilaterales sobre comercio e inversión con algunos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. A principios de 2019 entraron en vigor las mejoras negociadas con Jordania sobre el régimen de normas de origen con el fin de prestar apoyo al empleo de refugiados sirios.

En cuanto a las zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo con Georgia, Moldavia y Ucrania, la UE se centró en su realización. También llegó a un acuerdo con Ucrania para limitar sus exportaciones de aves de corral a la UE. El 6 de julio, la UE rubricó un Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzadas con Kirguistán que incluye importantes capítulos sobre comercio.

América Latina

En 2019, la cooperación con México continuó con el fin de proceder a la firma y celebración del Acuerdo Global modernizado. La UE y Chile celebraron tres rondas de negociaciones para actualizar el acuerdo comercial de 2002. El objetivo es lograr un acuerdo ambicioso, equilibrado y progresivo mediante el que se liberalicen aún más el comercio y la inversión, se fomenten los valores de la UE y se aborden temas como el comercio y las cuestiones de género. Las disposiciones relativas a este último aspecto reforzarán la comprensión de las limitaciones y oportunidades que experimentan las mujeres en el comercio internacional y ayudarán a compartir las mejores prácticas con el fin de facilitar su participación.

En junio, en el marco de la aplicación de los acuerdos comerciales, el Comité de Asociación Unión Europea-Centroamérica celebró su quinta reunión; en octubre se reunió el comité de comercio en el que participan la UE, Colombia, el Ecuador y el Perú.

Países de África, el Caribe y el Pacífico

Los acuerdos de asociación económica son acuerdos comerciales y de desarrollo entre la UE y países y regiones de África, el Caribe y el Pacífico. En la actualidad, hay acuerdos vigentes provisionalmente con treinta y uno de ellos. Estos acuerdos pueden considerarse elementos constitutivos de una futura zona de libre comercio entre continente y continente, uno de los objetivos a largo plazo de la nueva alianza entre África y Europa para la inversión y el empleo sostenibles, que también apoya los esfuerzos de África para crear una zona de libre comercio continental. En febrero, las Comoras se sumaron al Acuerdo de África Oriental y Meridional, y, en octubre, la UE inició conversaciones con los cinco países que están aplicando el acuerdo actual para ampliarlo más allá de las reducciones arancelarias con el fin de eliminar otros obstáculos al comercio y a la inversión y de crear oportunidades. La UE también participó en debates sobre comercio e inversión como parte de las negociaciones en curso sobre un acuerdo marco para sustituir al Acuerdo de Cotonú.

Refuerzo del Estado de Derecho

El Estado de Derecho es uno de los valores comunes en los que se fundamenta la Unión Europea; defenderlo es una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros y las instituciones de la UE.

El respeto del Estado de Derecho es esencial para el funcionamiento de la UE en todos los ámbitos, que abarcan desde el mercado interior hasta la cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. Defender el Estado de Derecho también significa garantizar que los jueces nacionales, que son también jueces de la UE, puedan desempeñar su papel a la hora de abordar cuestiones relativas a la aplicación del Derecho de la UE.

En abril, la Comisión puso en marcha un ejercicio de evaluación de los instrumentos disponibles para supervisar, evaluar y proteger el Estado de Derecho en la Unión. Volvió a examinar la experiencia de los últimos años e hizo un llamamiento en favor de un debate europeo más amplio sobre cómo podría reforzarse en mayor medida. La experiencia ha puesto de manifiesto la necesidad de una mejor promoción del Estado de Derecho, la prevención temprana de los riesgos o las infracciones y una respuesta eficaz cuando se produzcan.

En julio, la Comisión adoptó una segunda Comunicación en la que presentaba sus propias propuestas en los tres ámbitos de la promoción, la prevención y la respuesta.

Con respecto al primer ámbito (promoción), la Comisión reforzará su comunicación sobre el Estado de Derecho ante el público en general, intensificará la cooperación con el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales, y proporcionará financiación a las partes interesadas, incluida la sociedad civil, que promuevan una cultura común del Estado de Derecho.

Por lo que se refiere a la segunda área (prevención), la Comisión establecerá un ciclo de revisión anual del Estado de Derecho para supervisar la situación en todos los Estados miembros. Para apoyar este proceso, elaborará un informe anual sobre el Estado de Derecho, desarrollará en mayor medida el cuadro de indicadores de la justicia en la UE y reforzará el diálogo con otras instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas.

En el tercer ámbito (respuesta), la Comisión aplicará un enfoque estratégico a los procedimientos de infracción, sobre la base de la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Comisión también ha instado a la rápida adopción de la propuesta presentada en el contexto del marco financiero plurianual para la protección del presupuesto de la UE en caso de que las deficiencias generalizadas del Estado de Derecho planteen un riesgo para los intereses financieros de la UE.

La Comisión puso en marcha varios procedimientos de infracción relacionados con el Estado de Derecho. El 24 de junio y el 5 de noviembre de 2019, el Tribunal de Justicia dictó sentencias firmes en los procedimientos de infracción incoados por la Comisión contra Polonia, confirmando que la legislación polaca relativa a la reducción de la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo y de los jueces ordinarios vulnera la legislación de la UE en materia de independencia judicial. Además, el 10 de octubre de 2019, la Comisión decidió llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento de infracción relativo al nuevo régimen disciplinario de los jueces, ya que este régimen socava la independencia judicial al no ofrecer las garantías necesarias para proteger a los jueces polacos frente al control político.

En el contexto del Semestre Europeo y sobre la base de una propuesta de la Comisión, el Consejo formuló recomendaciones específicas por país sobre el funcionamiento del sistema judicial dirigidas a Croacia, Italia, Chipre, Hungría, Malta, Portugal y Eslovaquia.

Protección de los derechos y lucha contra la discriminación

Promoción de los derechos de las personas con discapacidad

El Acta Europea de Accesibilidad se adoptó en abril y garantiza que determinados productos y servicios, como los teléfonos móviles, los ordenadores, los libros electrónicos, el comercio electrónico, los sitios web de transporte y los servicios bancarios para consumidores, sean accesibles para las personas con discapacidad.

En mayo, la Comisión lanzó una campaña de sensibilización denominada «Cómo ayuda la UE a luchar contra la discriminación en el trabajo», en la que se informa a los ciudadanos y a las empresas sobre sus derechos y obligaciones.

Protección de las personas que denuncien irregularidades

En octubre, se adoptaron normas a escala de la UE para garantizar un elevado nivel de protección de las personas que denuncien infracciones de la legislación de la UE. La Directiva abarca una amplia gama de ámbitos clave, como la contratación pública; la seguridad de los productos, de los alimentos y del transporte; la protección del medio ambiente; la salud pública; y la seguridad nuclear. Las nuevas normas establecen canales que permiten dar parte confidencialmente tanto en el seno de las organizaciones privadas y públicas como en el de las autoridades públicas, y protegerán a los empleados contra el despido y otras formas de represalia.

Lucha contra la desinformación, los delitos motivados por el odio y la incitación al odio

En enero, la cuarta evaluación del Código de conducta de la UE para la lucha contra la incitación ilegal al odio en internet, firmado en 2016 con importantes empresas de tecnologías de la información (TI), mostró que la iniciativa sigue arrojando resultados positivos. Las empresas de TI revisan el 89 % de los contenidos denunciados en un plazo de 24 horas y lo eliminan en el 72 % de los casos, frente a los porcentajes del 40 % y del 28 %, respectivamente, que se registraban cuando el código comenzó a aplicarse por primera vez en 2016. La evaluación también puso de manifiesto los ámbitos en los que las empresas necesitan mejorar los comentarios que dirigen a los usuarios.

Antes de las elecciones europeas, la Comisión publicó informes mensuales de Facebook, Google y Twitter que mostraban algunos avances por lo que se refiere al control de la colocación de anuncios, la transparencia de la publicidad política, el cierre de cuentas falsas y los sistemas de marcado para los ordenadores zombis automatizados. No obstante, los firmantes deben intensificar sus esfuerzos, en particular con vistas a desarrollar instrumentos para aumentar la transparencia y la fiabilidad de los sitios web que alojan anuncios.

Aumento de la protección de los datos personales

Durante el primer año tras la puesta en marcha del Reglamento general de protección de datos (RGPD), la prioridad de la Comisión fue garantizar su correcta aplicación. En un informe aprobado en julio, la Comisión llegó a la conclusión de que la mayoría de los Estados miembros había establecido el marco jurídico necesario y tiene previsto supervisar su conformidad con el RGPD y limitar la fragmentación del marco de protección de datos.

Las empresas están desarrollando una cultura de cumplimiento, al tiempo que los ciudadanos son más conscientes de la importancia de la protección de datos y de sus derechos, que ejercen cada vez más. Al mismo tiempo, a nivel internacional va ganando terreno una convergencia hacia un alto nivel de protección de datos.

Un ejemplo de los beneficios de esta convergencia mundial es el acuerdo de adecuación mutua entre la UE y Japón que entró en vigor en febrero, creando la mayor zona mundial de flujos de datos seguros y libres. Los europeos se beneficiarán de unas estrictas normas de privacidad cuando sus datos se transfieran a Japón, y las empresas de la UE disfrutarán de un acceso privilegiado al mercado japonés.

La Comisión también está supervisando la transposición de la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal en el Derecho nacional de los Estados miembros y, como consecuencia de ello, ha iniciado varios procedimientos de infracción contra los Estados miembros.

Igualdad

La nueva Directiva sobre el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, adoptada en junio, fomentará el reparto equitativo de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. Véase el capítulo 5 para más información.

La Comisión prosiguió su campaña de concienciación sobre los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). El último informe anual sobre la promoción de la igualdad de las personas LGBTI, publicado en marzo, ofrece una visión general del conjunto de medidas de la Comisión para luchar contra la discriminación.

La Comisión avanzó en la preparación del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos después de 2020. Este marco es esencial para el desarrollo de instrumentos y estructuras de la UE y nacionales destinados a promover la integración de los gitanos.

Ciudadanía de la Unión Europea

En enero, la Comisión publicó un informe sobre los regímenes de «pasaportes dorados», instaurados por algunos Estados miembros. Estos regímenes de ciudadanía y residencia para inversores permiten a una persona obtener la nacionalidad o el permiso de residencia de un Estado miembro mediante una inversión y sin demostrar un vínculo real con dicho Estado miembro. Esto afecta a la ciudadanía de la UE. En general, los Estados miembros hacen que este vínculo sea una condición para obtener la nacionalidad y, sobre esta base, han aceptado que la ciudadanía de la UE sea adquirida automáticamente por cualquier persona que se convierta en nacional de un Estado miembro.

El informe de la Comisión identificó los riesgos que los regímenes de ciudadanía y residencia para los inversores plantean a la UE, concretamente en términos de seguridad, blanqueo de capitales, evasión fiscal y corrupción, y expresó su preocupación por el hecho de que las medidas adoptadas por los Estados miembros no siempre son suficientes para mitigar tales riesgos. La Comisión creó un grupo de expertos de los Estados miembros para examinar los riesgos derivados de estos regímenes y abordar las cuestiones de transparencia y buena gobernanza, y seguirá supervisando la conformidad de estos regímenes con la legislación de la UE. Véase el capítulo 8 para más información.

Como parte de los esfuerzos generales para proteger las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, la Comisión apoyó a los Estados miembros en el establecimiento y la organización de reuniones de una red de cooperación europea en materia de elecciones. Esta red reúne a representantes de las autoridades de los Estados miembros responsables en materia electoral y permite intercambios prácticos sobre cuestiones relacionadas con unas elecciones libres y justas, como la protección de datos, la ciberseguridad, la transparencia y la sensibilización. Seguirá analizando los riesgos potenciales, identificando soluciones y contribuyendo a crear sistemas electorales y democráticos más resilientes en toda la UE.

En junio, como parte de sus acciones destinadas a facilitar el ejercicio del derecho a circular y residir libremente en el territorio de la Unión, la UE adoptó un Reglamento sobre la seguridad de los documentos de identidad y de residencia. Esta nueva reglamentación define unas normas mínimas comunes para las tarjetas de identidad de los ciudadanos de la UE y las tarjetas de residencia de los miembros de su familia no pertenecientes a la UE, así como un contenido mínimo para los documentos de residencia de los ciudadanos de la UE. Esto hará que estos documentos sean más seguros y fiables, y aumentará la confianza y la aceptación, lo que permitirá a los ciudadanos viajar más fácilmente por toda la UE, reduciendo los obstáculos al ejercicio del derecho a la libre circulación y colmando las lagunas que los terroristas y otros delincuentes podrían intentar aprovechar.

Con vistas a reforzar el derecho de los ciudadanos de la UE a la protección consular en países no pertenecientes a la UE en los que no esté representado su propio Estado miembro, se han adoptado nuevas normas para crear un moderno documento provisional de viaje de la UE. Estas normas garantizarán que los ciudadanos de la UE reciban rápidamente de cualquier Estado miembro este documento seguro y ampliamente aceptado, lo que les permitirá regresar a sus hogares sanos y salvos.

Protección de los consumidores

En julio, para aumentar la sensibilización con respecto a la protección contra las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, como la limitación indebida de sus derechos legales o los cambios unilaterales, la Comisión publicó unas directrices sobre la aplicación de la Directiva sobre cláusulas contractuales abusivas.

En noviembre, la Directiva relativa a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE se adoptó en el marco del nuevo acuerdo para los consumidores propuesto por la Comisión en abril de 2018. Dicha Directiva adapta los derechos de los consumidores a las nuevas tecnologías, introduciendo importantes nuevos requisitos en línea. Cabe citar, en particular, la prohibición de la publicidad encubierta en los resultados de las búsquedas y las reseñas de consumidores «falsas»; la prohibición de informar sobre la identidad de la contraparte en las plataformas en línea (consumidor privado o minorista profesional); o la prohibición de proporcionar información sobre los parámetros utilizados en la clasificación y la personalización de los precios mediante una toma de decisiones automatizada.

Las nuevas normas también establecen multas disuasorias para las «violaciones generalizadas» de los derechos de los consumidores que son objeto de acciones coordinadas en el marco del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores. El Parlamento y el Consejo siguen negociando una propuesta separada de sistema europeo de recurso colectivo cuando un grupo de consumidores haya sufrido un perjuicio.

Tras sus negociaciones con la Comisión y las autoridades nacionales de protección de los consumidores, la plataforma Airbnb hizo lo necesario para garantizar que sus prácticas y condiciones de venta cumplan plenamente las normas de la UE en materia de protección de los consumidores. Por ejemplo, el precio final y si una vivienda es ofrecida por un particular o por un profesional son datos que aparecen ahora claramente reflejados en las páginas de resultados.

A raíz de un llamamiento de la Comisión y de las autoridades de consumo de la UE, cinco líderes del sector —Avis, Europcar, Enterprise, Hertz y Sixt— han cambiado el modo en que presentan los precios de alquiler de vehículos, haciéndolos totalmente transparentes para los consumidores.

A raíz del escándalo de Cambridge Analytica y tras un largo diálogo con la Comisión y las autoridades de consumo de la UE, Facebook modificó sus condiciones de servicio. Ahora explican con mayor claridad cómo la empresa utiliza los datos de sus usuarios para desarrollar actividades de elaboración de perfiles y realizar una publicidad selectiva, como fuente de ingresos, y reconocen la responsabilidad de la empresa en caso de negligencia.

La UE facilita las compras en línea al permitir a los consumidores tomar decisiones con conocimiento de causa y comprar con seguridad. La campaña de sensibilización #YourEURight se puso en marcha en 2019 para recordar a los consumidores que tienen derechos importantes cuando realizan una compra en cualquier tienda en línea que venda productos a los consumidores europeos. 

Se adoptaron nuevas normas para abordar mejor la calidad dual de los bienes de consumo. Paralelamente, la Comisión trabajó para aclarar en qué casos la venta de productos de calidad dual (productos vendidos en toda Europa en envases idénticos o similares pero con una composición diferente) constituye una práctica comercial ilegal, desarrollando una metodología común y publicando en junio de 2019 los resultados de una campaña paneuropea de ensayos en que se habían comparado varios productos alimenticios procedentes de distintos Estados miembros. Esta campaña puso de manifiesto que, si bien casi un tercio de los productos alimenticios analizados tenía una presentación idéntica o similar, pero diferente composición, no era posible definir ningún patrón geográfico específico. Los resultados no llegan a una conclusión sobre si las diferencias afectan a la calidad o si están vinculadas a una práctica engañosa en casos específicos.

Tras la adopción de directrices para ayudar a las autoridades nacionales a aplicar la legislación de la UE en materia de consumo y alimentos en relación con los productos alimenticios de calidad dual, la Comisión destinó más de 4,5 millones de euros a limitar la calidad dual y reforzar las organizaciones de consumidores. Además, la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario entró en vigor en abril.

En junio, la Comisión publicó el informe final del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que formula recomendaciones sobre prácticas comerciales leales y eficientes y en materia de transparencia. El informe también pone de manifiesto problemas relacionados con las restricciones territoriales de suministro que impiden a los minoristas abastecerse donde lo deseen. La Comisión también puso en marcha un proyecto para sensibilizar en mayor medida a los consumidores sobre la distribución del dinero a lo largo de la cadena de suministro de alimentos.

Justicia civil

Igualmente en junio, el Consejo adoptó una revisión del Reglamento Bruselas II bis, que mejora las normas jurídicas que protegen a los menores en los litigios transfronterizos sobre responsabilidad parental, como los relativos a la custodia, el derecho de visita y la sustracción de menores. Con las nuevas normas, la cooperación judicial será más rápida y eficaz a la hora de garantizar que prevalezca el interés superior del menor.

Derecho de sociedades

En junio también se adoptaron nuevas normas de la UE para facilitar que los empresarios registren sus empresas en línea y a través de las fronteras, creen nuevas sucursales o presenten documentos a un registro mercantil. Un conjunto complementario de normas de la UE en materia de Derecho de sociedades adoptado en noviembre facilita las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas de empresas, garantizando al mismo tiempo una mejor protección de los derechos de los trabajadores, los accionistas minoritarios y los acreedores. Las nuevas normas generan seguridad jurídica, ahorran dinero, reducen la carga administrativa y confieren las facultades necesarias para impedir cualquier abuso.

Las nuevas normas adoptadas en noviembre sobre la gobernanza de las empresas de servicios de inversión y la remuneración de sus directivos tratan de ser proporcionadas al tamaño, los riesgos y las actividades de dichas empresas, garantizando al mismo tiempo una supervisión adecuada de todas las grandes entidades que puedan plantear un riesgo sistémico. En mayo se actualizaron las normas relativas a la gobernanza de los bancos y la remuneración de sus directivos. En particular, dichas normas reforzaron las competencias de las autoridades para destituir a los miembros del órgano de dirección de un banco si existe alguna sospecha de su participación en el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Lucha contra el terrorismo y el blanqueo de capitales

En 2019, la Comisión reforzó su apoyo financiero, operativo y político a los Estados miembros para contribuir a acelerar la implantación de la Unión de la Seguridad. A finales de año, dieciséis de las veintidós iniciativas legislativas de la Unión de la Seguridad habían entrado en vigor. La UE ha liderado la lucha contra los contenidos terroristas en línea con una propuesta de Reglamento que obliga a las plataformas de internet a retirar contenidos terroristas en el plazo de una hora desde la recepción de una orden de retirada. El Parlamento Europeo y el Consejo han hecho progresos importantes con respecto a la propuesta de la Comisión, y los trabajos continuarán en el primer trimestre de 2020.

Paralelamente, la Comisión, los ministros de Interior de los Estados miembros y los representantes del sector privado aprobaron un protocolo de crisis de la UE relativo a la respuesta que debe darse a la propagación viral de contenidos extremistas violentos o terroristas en internet como parte de la respuesta global al «Christchurch Call for Action» (Llamamiento de Christchurch). Se siguieron aplicando medidas en el marco del Plan de acción de 2017 para la protección de los espacios públicos, en particular frente a las amenazas terroristas.

La UE prosiguió sus esfuerzos de vital importancia por privar a los terroristas de los medios necesarios para cometer sus actos, a través de normas actualizadas sobre comercialización y acceso a las sustancias químicas utilizadas por los terroristas —como los componentes de explosivos caseros—, así como de nuevas medidas contra la financiación del terrorismo. La UE siguió cooperando a escala internacional, en particular mediante el intercambio de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) con Australia y los Estados Unidos, los esfuerzos destinados a ultimar un nuevo proyecto de acuerdo con Canadá y la firma del Marco de las Naciones Unidas sobre cooperación antiterrorista.

A finales de año, la Comisión propuso entablar negociaciones con Japón sobre el intercambio de datos PNR, y negociaciones con Nueva Zelanda sobre el intercambio de datos personales con fines policiales con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol). La Comisión también refrendó acuerdos bilaterales con las autoridades de Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo [esta designación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo], Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia para la aplicación del Plan de acción conjunto contra el terrorismo en los Balcanes Occidentales.

La UE adoptó una serie de medidas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En 2019, reforzó la función supervisora de la Autoridad Bancaria Europea. Se introducirán normas uniformes a escala de la UE para facultar a las autoridades de los Estados miembros para acceder a registros nacionales centralizados de cuentas bancarias o sistemas de recuperación de datos y mejorar la cooperación entre las autoridades. Además, cuatro informes de la Comisión subrayaron la necesidad de aplicar plena y correctamente las Directivas cuarta y quinta contra el blanqueo de capitales. En diciembre, el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre las prioridades estratégicas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo. El texto es ambicioso en lo que se refiere a la necesidad de normas más detalladas y la asignación de determinadas tareas a los organismos de la UE.

Intensificación de la lucha contra la delincuencia

El Consejo autorizó a la Comisión a negociar, en nombre de la UE, un acuerdo con los Estados Unidos sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas en materia penal, y a participar en la negociación de un segundo protocolo adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia.

En 2019, la Comisión trabajó en la creación de la Fiscalía Europea, que debería estar operativa a finales de 2020. El Parlamento y el Consejo designaron a Laura Codruţa Kövesi como primera fiscal general europea.

La UE actuó para prevenir el tráfico ilegal de bienes culturales. El Reglamento sobre la introducción e importación de dichos bienes en la UE, adoptado en abril, tiene por objeto poner fin al tráfico ilícito, que a menudo apoya el terrorismo y otras actividades delictivas.

Un sistema europeo más fuerte para hacer frente a los desastres naturales

La tendencia en Europa hacia catástrofes naturales cada vez más frecuentes y, a menudo, simultáneas dificultó que los Estados miembros se ayudaran mutuamente para hacerles frente; por esta razón, la UE creó rescEU, que refuerza el Mecanismo de Protección Civil de la Unión existente. En 2019, la Comisión siguió trabajando en la puesta en funcionamiento de rescEU. La flota de transición rescEU demostró ser crucial para luchar contra los incendios forestales en Grecia en agosto de 2019.

La Agenda Europea de Migración

En septiembre de 2017, los Estados miembros asumieron el mayor compromiso colectivo en materia de reasentamiento jamás visto hasta la fecha, prometiendo reasentar a más de 50 000 personas necesitadas de protección internacional. La aplicación de este compromiso avanzó a lo largo de 2019 y la Comisión siguió ayudando a los Estados miembros a cumplir sus promesas. Ante las enormes necesidades mundiales de reasentamiento subsistentes, es fundamental un esfuerzo sostenido por parte de Europa. En diciembre, 43 800 personas habían sido reasentadas en el marco del programa, más del 87 % del total al que se habían comprometido los Estados miembros.

Gestión de las fronteras

En diciembre, entraron en vigor nuevas normas que refuerzan el modo en que la UE gestiona sus fronteras exteriores y permitirán a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas crear un cuerpo permanente con 10 000 agentes operativos.

Los miembros del cuerpo permanente contarán con competencias ejecutivas y con su propio equipo para intervenir siempre que sea necesario a lo largo de las fronteras exteriores de la UE, así como en países no pertenecientes a la UE que estén dispuestos a aceptar a equipos de la Guardia de Fronteras y Costas en su territorio. Los Estados miembros (y los terceros países afectados) conservan en todo momento su soberanía y la responsabilidad de las operaciones llevadas a cabo en sus fronteras y de sus procedimientos de retorno. Se nombrarán cuarenta agentes responsables en materia de derechos fundamentales para garantizar que los miembros del cuerpo permanente respeten los derechos de los nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores (de manera regular o irregular) o que sean objeto de operaciones de retorno.

La Comisión negoció satisfactoriamente con cinco países de los Balcanes Occidentales sendos acuerdos sobre el estatuto que permiten el despliegue de equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. El acuerdo con Albania entró en vigor el 1 de mayo de 2019 y, tres semanas después, tuvo lugar el despliegue operativo de los equipos. La Comisión y la Presidencia finlandesa del Consejo firmaron un acuerdo sobre el estatuto con Montenegro el 7 de octubre y con Serbia el 19 de noviembre. Aún están por ultimarse acuerdos similares con Bosnia y Herzegovina y con Macedonia del Norte.

Sistemas de información sobre seguridad, migración y gestión de fronteras

En junio entraron en vigor nuevas disposiciones legales europeas que permiten el intercambio de datos y la comunicación de información entre diversos sistemas de información que respaldan el espacio de libertad, seguridad y justicia sin controles en las fronteras interiores. Una vez que esta plataforma interconectada esté en funcionamiento (previsto en 2023), las autoridades competentes en materia de fronteras, migración y visados, así como las judiciales y policiales, podrán cotejar en una sola pantalla los datos de identidad en todos los sistemas de información de la UE pertinentes y señalar inmediatamente a cualquier persona que trate de usar identidades múltiples.

Prosiguieron los trabajos relativos a la implementación del Sistema de Entradas y Salidas y del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV). El primero sustituirá al actual método de sellado manual de los pasaportes por un registro electrónico de los datos de identidad y de los documentos de viaje, así como de los lugares y fechas de entrada y salida. El sistema contribuirá a garantizar que los nacionales de terceros países no permanezcan más tiempo del autorizado, mejorará la calidad y la eficiencia de los controles en las fronteras exteriores y ayudará a los Estados miembros a hacer frente al creciente número de viajeros. El SEIAV también garantizará que las autoridades nacionales dispongan de más información para determinar si las personas que viajan a la UE sin necesidad de visado pueden suponer un riesgo de seguridad o de inmigración irregular antes de que lleguen a las fronteras exteriores. En caso necesario, podría denegarse su autorización de viaje.

Gestión de la migración y salvamento de vidas en el mar

Las operaciones conjuntas y las misiones navales de la UE ayudaron a rescatar a más de 760 000 personas en el mar y contribuyeron a que los Estados miembros acogieran nuevas llegadas procedentes del Mediterráneo.

En consonancia con el Plan de acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes, aprobado en 2015, en agosto entró en vigor la revisión del Reglamento sobre la red europea de funcionarios de enlace de inmigración. Se asegurará así una mejor cooperación y coordinación entre los funcionarios de enlace de inmigración que los Estados miembros, la Comisión y las agencias de la UE despliegan en terceros países para reaccionar con más eficacia y prevenir y combatir la inmigración irregular y la delincuencia transfronteriza que lleva aparejada.

La Comisión siguió contribuyendo a la labor destinada a prevenir que los potenciales migrantes emprendan viajes migratorios irregulares hacia la UE y arriesguen sus vidas poniéndolas en manos de los traficantes. Financió ocho campañas de información y sensibilización, dirigidas directamente a las comunidades de potenciales migrantes irregulares en terceros países, así como a los miembros de su respectiva diáspora en Europa, que gozan de su confianza, proporcionando información objetiva que permita a los migrantes tomar decisiones con conocimiento de causa. La Comisión también aumentó su financiación de las asociaciones operativas comunes, que incluyen equipos conjuntos de investigación, hasta los 22,5 millones de euros. El punto de mira de estas asociaciones entre los Estados miembros y las autoridades policiales de terceros países son los traficantes de migrantes que operan en el oeste y el norte de África.

Acuerdos temporales

Los desembarcos acaecidos en el Mediterráneo central mostraron claramente que es preciso hallar soluciones europeas comunes basadas en la solidaridad, la responsabilidad y el respeto de los derechos fundamentales. La Comisión apoyó activamente la celebración de acuerdos temporales entre los Estados miembros que facilitaran el desembarco tras las operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo, a la espera de un acuerdo sobre un sistema sostenible a largo plazo en el marco de la reforma del sistema europeo de asilo. Con el apoyo de las agencias de la UE y a petición de los Estados miembros, la Comisión también se encargó de coordinar la reubicación voluntaria a lo largo de 2019, a raíz de la cual fueron reubicadas 1 608 personas.

Retorno y readmisión

El Parlamento Europeo y el Consejo siguieron negociando en torno a la propuesta de la Comisión de 2018 para reforzar la Directiva sobre retorno. Los cambios en las normas comunes de la UE a ese respecto incluyen la simplificación de los retornos de las personas a las que se deniegue el asilo durante los procedimientos fronterizos, la introducción de procedimientos más claros y rápidos para dictar decisiones de retorno, y la obligación de que se dicte una decisión de retorno inmediatamente después de que se tome la decisión de poner fin a una estancia legal.

La capacidad de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para prestar asistencia en los retornos se reforzó en diciembre mediante la entrada en vigor en la UE de un nuevo Reglamento. Este confiere a la Agencia un papel más proactivo a la hora de asistir a los Estados miembros en función de sus necesidades y amplía el ámbito de posible asistencia a todas las fases del procedimiento de retorno.

La Unión Europea ha firmado veintitrés instrumentos de readmisión con terceros países. En 2019 prosiguieron las negociaciones en curso con otros seis países con vistas a la celebración de acuerdos o el establecimiento de marcos de cooperación más amplios en materia de migración.

Protección de las personas que lo necesiten

Reforma del sistema de asilo

A pesar de los intensos esfuerzos realizados por las presidencias rumana y finlandesa del Consejo, los Estados miembros no consiguieron llegar a un consenso, y las propuestas de reforma de la política de asilo de la UE siguen paralizadas. Inmediatamente después de asumir sus funciones en diciembre, el vicepresidente Margaritis Schinas y la comisaria Ylva Johansson iniciaron una serie de visitas de consulta a los gobiernos de los Estados miembros, con ocasión de las cuales viajaron a Dinamarca, Alemania, Grecia, Francia, Italia y Hungría. Ambos mantuvieron también por separado un debate estructurado con el Parlamento Europeo. La consulta es un aspecto importante del compromiso de la presidenta Von der Leyen con la búsqueda de una solución que permita avanzar en el ámbito de la migración, y ayudará a configurar el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que se propondrá en 2020.

Puntos críticos y apoyo a Grecia, Chipre, Malta, Italia y España

Desde 2015, la Comisión ha aportado apoyo financiero por valor de 2 200 millones de euros para ayudar a las autoridades griegas, a las organizaciones internacionales y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a gestionar la migración. Esta ayuda se proporcionó a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), el Fondo de Seguridad Interior (FSI) y el Instrumento de Ayuda de Emergencia. Además, la Comisión siguió prestando apoyo estructural a las autoridades griegas mediante una presencia permanente en las islas del mar Egeo.

Desde septiembre de 2019, la Comisión ha tenido una presencia permanente en Chipre para ayudar a las autoridades nacionales a gestionar con eficiencia la migración. La financiación de la UE al país desde 2014 ha alcanzado los 103,5 millones de euros. Entre 2014 y finales de 2019, la ayuda de la UE a Malta ascendió a un total de 112,85 millones de euros, concedidos a través del FAMI y el FSI.

Por lo que se refiere a Italia, con los 59,4 millones de euros asignados en 2019 la ayuda de emergencia se elevó a un total de 285,2 millones de euros. Esta cantidad viene a añadirse a los 737,4 millones de euros en concepto de ayuda de la UE concedidos a Italia en el marco de sus programas nacionales para el FAMI y el FSI entre 2014 y 2020.

La Comisión siguió apoyando a España, país al que ha concedido más de 52 millones de euros en ayuda de emergencia desde 2018 para prestar apoyo a los migrantes, crear centros locales de registro y preacogida y desplegar efectivos adicionales de la Guardia Civil.

Los migrantes que llegaron a los puntos críticos en Grecia e Italia, así como a los centros de registro de la costa meridional española, continuaron siendo debidamente registrados e identificados y se les tomaron las huellas dactilares.

Apoyo financiero para la gestión eficiente de la migración

La UE apoya los esfuerzos nacionales para mejorar la gestión de las fronteras y la migración canalizando una financiación significativa a través de los programas de acción nacionales administrados por los Estados miembros. En 2019, aportó 467 millones de euros en el marco del FAMI, 442,7 millones de euros en el marco del FSI-Fronteras y Visados y 92,7 millones de euros en el marco del FSI-Policía.

La Declaración UE-Turquía

La Declaración UE-Turquía siguió ofreciendo alternativas a las rutas peligrosas y salvando vidas en el mar Egeo. El número de migrantes irregulares de Turquía a Grecia que llegaron por vía marítima en 2019 (alrededor de 60 000) fue considerablemente inferior a los anteriores a la Declaración (antes de octubre de 2015). Los Estados miembros han abierto vías legales, seguras y organizadas para que los refugiados sirios en Turquía puedan venir a Europa, reasentando a unos 25 700 de ellos (hasta finales de 2019). En 2019, se produjeron 3 854 retornos voluntarios desde Grecia a terceros países en el marco del programa de retorno voluntario asistido y reintegración, de los cuales 3 260 a partir del territorio continental y 594 a partir de las islas. Desde 2016, 17 900 migrantes han regresado voluntariamente a su país, tanto desde las islas griegas como desde el territorio continental, con el apoyo del programa.

Al mismo tiempo, la UE ha continuado apoyando a Turquía en sus esfuerzos por acoger a los refugiados con 6 000 millones de euros para el período 2016-2019 a través de su Mecanismo para los refugiados en Turquía.

Al término de 2019, se había asignado a actividades el presupuesto total. De los 4 700 millones de euros que habían sido objeto de un contrato, se habían pagado 3 200 millones. Más de 1,7 millones de refugiados siguen recibiendo una ayuda económica mensual a través de la Red de Seguridad Social de Emergencia para permitirles satisfacer sus necesidades básicas, y más de 500 000 menores refugiados tienen acceso a la educación.

Promoción de vías seguras, ordenadas y legales de entrada a Europa

Política de visados

La UE siguió actualizando y racionalizando su política de visados para los nacionales de terceros países que viajan al espacio Schengen. A partir de febrero de 2020, el Código de visados revisado reducirá la burocracia y facilitará los procedimientos de visado para los viajeros fiables cuya estancia sea de corta duración, preservando al mismo tiempo la seguridad. El Código revisado establece un nuevo mecanismo que impone condiciones más estrictas para la tramitación de los visados cuando un país socio no coopere suficientemente en la readmisión de sus propios nacionales que se encuentren en situación irregular en la UE. En el caso de determinadas categorías de viajeros, los Estados miembros podrán dilatar los plazos para la tramitación de visados, reducir el período de validez de los visados expedidos y aumentar el importe de las tasas de visado, así como modular la exención de tales tasas.

Facilitación y suspensión de visados

En junio, finalizaron las negociaciones entre la UE y Bielorrusia en torno a los acuerdos de facilitación de visados y readmisión, y estos fueron rubricados por los negociadores principales. Ambas partes están trabajando ahora para ultimar sus procedimientos internos con el fin de posibilitar la firma y celebración de los acuerdos. Los dos acuerdos se firmarán y entrarán en vigor simultáneamente.

El mecanismo de suspensión de visados se reforzó en 2017 para permitir una respuesta rápida en caso de urgencia. En junio de 2019, la Comisión recibió, en el marco del mecanismo, una notificación de los Países Bajos relativa a Albania. Tras examinar detenidamente su contenido y basándose en la información y los datos pertinentes disponibles, la Comisión consideró que no concurrían las circunstancias necesarias para poner en marcha el mecanismo y se comprometió a supervisar la situación.

Reciprocidad en materia de visados

Hoy en día, los nacionales de alrededor de sesenta países de todo el mundo pueden viajar a la UE sin necesidad de visado. Por su parte, los ciudadanos de la UE deben poder viajar a esos países en las mismas condiciones. Este principio de reciprocidad es esencial en nuestra política común de visados. Se registraron avances con respecto a los Estados Unidos cuando, en septiembre, su Administración anunció que Polonia reunía las condiciones para acogerse a su programa de exención de visado. Si bien los Estados Unidos siguieron exigiendo visados a los nacionales de Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía, ese avance explica por qué la Comisión opta por un enfoque de paciente diplomacia con la Administración estadounidense.

Los Estados Unidos han manifestado su disposición a admitir a estos Estados miembros en el programa de exención de visado una vez que cumplan los requisitos establecidos en la legislación estadounidense, por ejemplo en relación con la cooperación en materia de seguridad y la reducción del porcentaje de denegación de visado.

Pasaportes y visados dorados

En enero, la Comisión presentó un informe exhaustivo sobre los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores instituidos por varios Estados miembros. Estos regímenes, comúnmente conocidos como «pasaportes dorados» y «visados dorados», respectivamente, permiten a una persona obtener una nueva nacionalidad o un permiso de residencia exclusivamente sobre la base de una inversión. En lo que respecta a los países que disfrutan de acceso sin visado a la UE, el informe de la Comisión subrayaba que dichos países debían llevar a cabo controles de seguridad y antecedentes de los candidatos a dichos regímenes de ciudadanía para inversores con el máximo rigor posible. La Comisión realiza el oportuno seguimiento de esta situación en el marco del mecanismo de suspensión de visados. Por lo que se refiere a los países candidatos y candidatos potenciales, los regímenes de ciudadanía también son objeto de seguimiento en el contexto del proceso de adhesión a la UE. Véase también el capítulo 7.

Fomento de la migración basada en las necesidades

En 2019, la UE intensificó la cooperación bilateral con los países de origen y de tránsito y con las organizaciones internacionales con objeto de combatir las causas profundas de la migración irregular y los desplazamientos forzosos, mejorar la gestión de las fronteras y respaldar los retornos voluntarios y la movilidad humana. Asimismo, colaboró con la Unión Africana y las Naciones Unidas a través de su grupo de trabajo conjunto.

La Comisión siguió trabajando en el desarrollo de vías de migración legal, con el fin de contribuir a traer a la UE a personas con las cualificaciones y aptitudes que el mercado de trabajo necesita. En primavera, la Comisión llevó a cabo una evaluación general de las normas de la UE en materia de migración legal. Los resultados de este «control de adecuación» confirmaron la importancia de una política eficaz de migración legal, como elemento central de una política europea global de migración.

A lo largo del año, la Comisión siguió cooperando con los Estados miembros en el desarrollo de proyectos piloto de migración laboral con países socios fundamentales, empezando por los países africanos. A tal fin, la Comisión ha concedido apoyo financiero, en particular en el marco del Fondo Fiduciario de Emergencia para África.

Integración

La política de integración es una responsabilidad nacional. No obstante, en 2019, la Comisión siguió apoyando los esfuerzos de los Estados miembros, las autoridades locales y regionales, las ONG y otros agentes a través de la coordinación de las actuaciones, el intercambio de prácticas, la supervisión y la financiación. Estas medidas se pusieron en marcha para fomentar la integración de los nacionales de terceros países a los que se ha concedido el estatuto de refugiado. En 2019, la Comisión financió ocho grandes redes transnacionales de ciudades y regiones, que agrupan a más de cuarenta ciudades europeas y diez regiones, con la finalidad de cooperar en cuestiones de integración. En el contexto de la Red Europea de Integración, la Comisión respaldó varias actividades de aprendizaje mutuo dirigidas a las autoridades nacionales, incluido un programa innovador de apoyo entre los Estados miembros para establecer una política o un programa específicos de integración o perfeccionarlos.

Los países vecinos de la Unión Europea

La vecindad oriental

En 2019, la UE siguió apoyando y promoviendo la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en el marco de la política europea de vecindad, así como desarrollando asociaciones sólidas con los países vecinos del este y del sur.

En mayo, se celebraron en Bruselas, en una reunión ministerial y en una conferencia de alto nivel, los diez años de la Asociación Oriental. Se registraron progresos en las reformas en todos los ámbitos de los veinte resultados concretos para 2020, en particular la economía, el sector digital, el transporte, la conectividad, la energía y la movilidad, mientras que siguen existiendo retos en los ámbitos de la gobernanza y el desarrollo institucional. Tras una amplia consulta celebrada en 2019 sobre el futuro de la Asociación, los objetivos políticos a largo plazo deben presentarse antes de la cumbre de la Asociación Oriental, que tendrá lugar en el primer semestre de 2020.

Relaciones con Ucrania

En la cumbre celebrada en Kiev en julio, la UE y Ucrania emitieron una declaración conjunta, y la UE reiteró su compromiso con la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. La UE también confirmó su apoyo a la aplicación de los acuerdos de Minsk y al trabajo del cuarteto de Normandía, el Grupo de contacto tripartito sobre Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), con el fin de alcanzar una solución pacífica y duradera del conflicto. La Comisión y el Gobierno ucraniano firmaron cuatro programas por un valor de 109 millones de euros procedentes del paquete anual de ayuda de la Comisión al país para 2019. Esos programas se focalizarán en la descentralización, la lucha contra la corrupción, el apoyo a la sociedad civil y la cooperación técnica sobre las reformas clave y la aplicación del Acuerdo de Asociación y su zona de libre comercio de alcance amplio y profundo.

Rusia

La UE continuó aplicando con Rusia un planteamiento de doble vía, que siguió constituyendo un desafío estratégico: sanciones en respuesta a las violaciones de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania por parte de Rusia, así como un compromiso selectivo, cuando resultó necesario, sobre cuestiones de interés para la UE, como los intercambios culturales y juveniles y la cooperación educativa entre la UE y Rusia.

La vecindad meridional

La asistencia financiera y técnica de la UE en 2019 contribuyó a hacer frente a los principales problemas de la región: los conflictos en Siria, Libia y entre Israel y Palestina (esta designación no debe ser interpretada como reconocimiento de un Estado Palestino y se produce sin perjuicio de las posturas individuales de los diferentes Estados miembros al respecto); la persistente presión migratoria; la gobernanza deficiente; y un entorno empresarial frágil. En junio se dio un nuevo impulso a las relaciones UE-Marruecos con una declaración política conjunta destinada a desarrollar una asociación de prosperidad compartida. El Plan de Inversiones Exteriores ha sido fundamental para financiar el sector privado e impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo en los países vecinos meridionales y en África.

Los Balcanes Occidentales y el proceso de ampliación

En 2019, las instituciones de la UE siguieron apoyando las perspectivas de adhesión a la UE de los Balcanes Occidentales, en consonancia con la Estrategia sobre los Balcanes Occidentales y el Programa de Prioridades de Sofía, que tienen por objeto intensificar la transformación política, económica y social de la región. La UE también siguió respaldando la cooperación para liberar todo el potencial económico y social de la región y superar el legado del pasado. Por ejemplo, el Acuerdo Regional sobre Itinerancia de los Balcanes Occidentales entró en vigor en julio, lo que hizo que las tarifas de itinerancia se redujeran considerablemente en la región y que hará que en 2021 se hayan suprimido completamente. La entrada en vigor en febrero del histórico Acuerdo de Prespa entre Grecia y Macedonia del Norte supuso un avance decisivo en la región.

La primera reunión ministerial UE-Balcanes Occidentales sobre empleo y asuntos sociales tuvo lugar el 12 de junio en Luxemburgo. Los ministros del Trío de Presidencias del Consejo (Rumanía, Finlandia y Croacia), junto con la Comisión, se reunieron con sus homólogos de los Balcanes Occidentales para debatir una serie de cuestiones de empleo y política social. Esa reunión, prevista con carácter anual, tiene por objeto intercambiar puntos de vista sobre los desafíos que plantean las reformas sociales y de empleo a favor de todos los ciudadanos de la región.

En octubre, el Consejo Europeo analizó las recomendaciones de la Comisión relativas a la apertura de las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte y decidió retomar la cuestión de la ampliación antes de la cumbre UE-Balcanes Occidentales que se celebrará en mayo de 2020 en Zagreb.

Turquía

Las relaciones entre la UE y Turquía siguieron viéndose afectadas por la crítica situación del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la independencia del poder judicial en Turquía, así como por las crecientes tensiones en el Mediterráneo oriental. La UE ha seguido prestando asistencia a los refugiados en el marco del Mecanismo para los refugiados en Turquía, que gestiona 6 000 millones de euros destinados a ayudar a más de 4 millones de refugiados acogidos en el país.

Las relaciones entre África y Europa

La UE ha emprendido una asociación sin precedentes con África para establecer una auténtica relación política entre iguales. La Asociación UE-África abarca una variedad de ámbitos, como el desarrollo, la paz y la seguridad, la migración, el clima, la energía, la agricultura, el comercio, la inversión y el empleo sostenibles, la innovación, la educación, la juventud, la democracia y los derechos humanos.

En 2019 se avanzó en la implementación de la alianza entre África y Europa de 2018 para la inversión y el empleo sostenibles. La UE ya ha aportado 3 700 millones de euros al Plan de Inversiones Exteriores, que se espera movilice 37 100 millones de euros de inversiones en los países vecinos de la UE y en el África subsahariana. El compromiso de dedicar entre 300 y 350 millones de euros al año entre 2018 y 2020 para reforzar el entorno empresarial y el clima de inversión también va por buen camino, pues solo en 2018 la UE invirtió 718 millones de euros.

Por lo que se refiere a la movilidad, el compromiso de la UE de apoyar a 35 000 estudiantes y personal de aquí a 2020 sigue su curso, y a finales de 2019 los beneficiarios ascendían a unos 25 000. En cuanto a la integración económica y el comercio, la UE apoyará la zona de libre comercio continental africana con 62 500 millones de euros hasta 2020. Por último, la labor de los cuatro grupos de trabajo creados con expertos europeos y africanos en los ámbitos de la agricultura, la economía digital, la energía y el transporte ha dado sus frutos.

América del Norte y América Latina

La UE ha seguido trabajando con uno de sus socios principales, los Estados Unidos. Ejemplos de esta cooperación son los Balcanes Occidentales y Ucrania, la energía, la lucha contra el terrorismo y la ciberseguridad. La asociación reforzada de la UE con la OTAN pone de manifiesto la interconexión cada vez mayor del espacio de seguridad transatlántico.

La UE unió sus fuerzas con Canadá para defender el multilateralismo y el orden mundial basado en reglas, en particular un sistema de comercio internacional libre y justo. En la cumbre de Montreal, celebrada en julio, ambas partes se comprometieron a aplicar plenamente el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Canadá.

En abril, la Comisión y la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión publicaron una comunicación conjunta en la que se establecía una visión de una asociación más sólida y moderna con América Latina y el Caribe centrada en el comercio, la inversión y la cooperación sectorial. En 2019, la UE siguió liderando el apoyo al acuerdo de paz en Colombia, consolidó la nueva fase de sus relaciones con Cuba en el segundo Consejo conjunto UE-Cuba a nivel ministerial en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación y creó el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela para ayudar a superar la crisis en ese país. En octubre, la Conferencia Internacional de Solidaridad sobre la Crisis de los Refugiados y Emigrantes Venezolanos reunió a los países de la región, la UE, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para intentar mejorar la coordinación de la paz y la respuesta humanitaria.

Asia y el Pacífico

La UE y los cinco países de Asia Central (Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) mantienen una relación duradera basada en fuertes intereses mutuos. En mayo, la UE presentó su visión de una asociación más estrecha con esos países, centrada en la resiliencia, la prosperidad y una cooperación intensificada.

Japón

El Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón de 2018, aplicado con carácter provisional desde febrero de 2019, y el Acuerdo de Asociación Económica, en vigor desde entonces, empezaron a dar sus frutos en 2019. En abril se celebró en Bruselas la 26.a cumbre UE-Japón. El 7 de septiembre, el presidente Juncker y el primer ministro Abe firmaron una asociación sobre conectividad sostenible e infraestructuras de calidad. Es la primera asociación de este tipo y pone de manifiesto la importancia estratégica de esta relación, que ambas partes se han comprometido a intensificar.

China

En marzo, con el telón de fondo del aumento cada vez más intenso del poder económico y de la influencia política de China, la Comisión Europea y la alta representante revisaron en una comunicación conjunta las relaciones UE-China y las oportunidades y retos correspondientes. Establecieron diez acciones concretas que fueron debatidas posteriormente por los dirigentes en el Consejo Europeo el 21 de marzo.

En la cumbre de abril, la UE y China se comprometieron a profundizar la asociación estratégica y a adoptar en la próxima cumbre un nuevo programa de cooperación más allá de 2020. Ambas partes acordaron identificar corredores ferroviarios comunes entre la UE y Asia y están trabajando en el desarrollo local de los países de tránsito. Ambos están más comprometidos con la seguridad asiática, desde la cooperación militar con la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental hasta el apoyo a la desnuclearización de la península de Corea.

Seguir un planteamiento más estratégico con Asia en 2019 formaba parte del objetivo de la UE de adoptar un enfoque coherente con respecto a la conectividad de China hacia el oeste. La estrategia de conectividad de la UE promueve una política que incluye proyectos de infraestructura que crearán oportunidades económicas justas y fomentarán una conectividad sostenible.

Oriente Próximo

Irán

En 2019, la UE siguió apoyando el acuerdo nuclear con Irán y su aplicación plena y efectiva en todos sus aspectos. La UE lamenta que los Estados Unidos se retiraran del Plan de acción integral conjunto y que volvieran a imponer sanciones, y manifestó estar profundamente preocupada por el hecho de que Irán haya reanudado unas actividades incompatibles con sus compromisos en el marco de ese acuerdo. En consonancia con las conclusiones del Consejo de 4 de febrero de 2019, la UE sigue un planteamiento global con Irán para hacer frente a todas las cuestiones preocupantes y equilibrar un talante crítico con un diálogo constructivo de alto nivel, en particular a través del diálogo político dirigido por la UE con Irán sobre cuestiones regionales.

Israel, Palestina y el proceso de paz en Oriente Próximo

La UE siguió defendiendo y promoviendo el principio de una solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina basada en los parámetros internacionales acordados. La UE también proporcionó una ayuda financiera de casi 350 millones de euros a los palestinos, gran parte de la cual se destinaba a construir los cimientos del futuro Estado palestino.

Siria

En la Conferencia de Bruselas III sobre Siria, celebrada en marzo, la UE prometió 560 millones de euros en 2020 para apoyar las actividades humanitarias, de resiliencia y de desarrollo en el país, así como en Jordania y el Líbano.

Libia

En 2019, el compromiso de la UE se centró en apoyar los esfuerzos internacionales y regionales por encontrar una solución sostenible a la crisis política en Libia y promover su desarrollo económico.

Seguridad y defensa

Los Estados miembros ahora pueden proteger mejor a los ciudadanos, invertir en la cooperación en materia de defensa, gastar de forma más eficiente y comprometerse con sus socios y vecinos aún más que antes.

En 2019, la UE prosiguió sus esfuerzos para luchar contra las amenazas híbridas. La alta representante y la Comisión informaron sobre la aplicación del marco común de 2016 de lucha contra las amenazas híbridas y de la comunicación conjunta de 2018 sobre el aumento de la resiliencia y el desarrollo de las capacidades para hacerles frente.

La UE ha reforzado aún más los tres grupos especiales sobre comunicación estratégica (Este, Balcanes Occidentales y Sur). También se registraron avances en la lucha contra la desinformación desde fuentes externas e internas. El Plan de acción de 2018 contra la desinformación guio esta labor, centrándose en la detección y el análisis de las actividades de desinformación, apoyando la cooperación entre los Estados miembros mediante el establecimiento de un sistema de alerta rápida, trabajando con las plataformas de redes sociales en el marco del Código de buenas prácticas de 2018 y mejorando las actividades de sensibilización. La UE también cooperó con socios internacionales en este ámbito, como el G-7 y la OTAN. Véase también el capítulo 7.

En 2019, el Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas se dotó de más miembros, de un programa de trabajo aprobado y de un presupuesto de trabajo. El centro siguió prestando apoyo en ámbitos clave como la formación y los ejercicios.

En ese año se hizo un balance de los avances realizados por los Estados miembros hacia el cumplimiento de sus compromisos en el marco de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP). La UE observó que los Estados miembros participantes aumentaron sus presupuestos de defensa y la inversión conjunta en defensa; los presupuestos de defensa agregados aumentaron en un 3,3 % en 2018 y en un 4,6 % en 2019. Los Estados miembros participantes utilizan cada vez más instrumentos de la UE en la planificación de la defensa nacional, como el Plan de Desarrollo de Capacidades revisado y la revisión anual coordinada de la defensa, que sirvieron de base para el programa de trabajo del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa.

Ayuda al desarrollo y ayuda humanitaria

Ayuda al desarrollo

La UE siguió siendo uno de los principales impulsores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En septiembre, se reunió en Nueva York con líderes mundiales en la primera cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas e informó sobre la situación en el informe de síntesis conjunto.

«Las desigualdades» fue el tema de las Jornadas Europeas del Desarrollo de 2019, y la Comisión publicó un documento de trabajo de sus servicios sobre ese tema. Además, la UE ayudó a luchar contra la violencia de género en el marco de la iniciativa Spotlight en colaboración con las Naciones Unidas y nuevos países socios, con objeto de proseguir esa labor esencial sobre programas regionales, en particular la puesta en marcha de una consulta en el Pacífico en relación con el diseño del programa de 50 millones de euros para la región.

La UE siguió desarrollando su asociación con África. La alianza entre África y Europa para la inversión y el empleo sostenibles registró progresos significativos y ha movilizado hasta ahora más de 40 000 millones de euros en inversiones en el marco del Plan Europeo de Inversiones Exteriores.

Respuesta a las crisis humanitarias y a las emergencias

En 2019, el presupuesto de ayuda humanitaria de la UE (1 600 millones de euros) asistió a millones de personas en todo el mundo. La mayor parte se destinó a los refugiados y a los desplazados internos como consecuencia de los conflictos de Siria y Yemen. Más del 10 % del presupuesto se destinó a «crisis olvidadas», como la situación de los refugiados regionales en Burundi, el conflicto en Ucrania y los problemas humanitarios en Colombia.

La UE asignó un 10 % de su presupuesto de ayuda humanitaria a prestar una educación segura y de calidad a los niños en situaciones de emergencia. También fue uno de los principales donantes en la respuesta al ébola.

En 2019, la UE activó en diecisiete ocasiones su Mecanismo de Protección Civil para hacer frente a catástrofes repentinas en Albania, África, Asia y América Latina. Cuando el ciclón Idai afectó a Mozambique en 2019, se enviaron ocho equipos de especialistas en protección civil con depuradoras de agua, tiendas de campaña, kits de higiene y alimentos.

Derechos humanos y democracia

La UE siguió profundamente comprometida con el fomento y la defensa de los derechos humanos y la democracia en todo el mundo: desde acciones conjuntas con las Naciones Unidas, como la campaña emblemática UE-Unicef #TheRealChallenge para conmemorar el 30.o aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, hasta las nuevas directrices de la UE para combatir la tortura a escala mundial. La UE participó activamente en el 7.o Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, envió numerosas misiones de observación electoral y, en octubre, adoptó nuevas conclusiones sobre la democracia.

Apoyo de la UE al multilateralismo, la gobernanza mundial y el sistema basado en reglas

Relaciones UE-Naciones Unidas

En un momento en que se cuestiona el sistema de las Naciones Unidas, la UE ha reforzado su compromiso con el multilateralismo y con la organización internacional. La UE es el mayor contribuyente a las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y al presupuesto de la organización. Ha respaldado las conversaciones de paz auspiciadas por las Naciones Unidas en relación con Siria y Libia, y ha establecido iniciativas tales como la cooperación trilateral entre la UE, las Naciones Unidas y la Unión Africana. El período de sesiones anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas puso de manifiesto la intensidad de ese apoyo.

Una asociación UE-OTAN más fuerte

La cooperación UE-OTAN forma parte integrante del trabajo de la UE para reforzar la seguridad y la defensa europeas. Publicado en junio, el cuarto informe de situación relativo a la aplicación del conjunto común de propuestas aprobadas por la OTAN y la UE en 2016 y 2017 puso de relieve una serie de resultados concretos en todos los ámbitos de cooperación, y en particular en los ámbitos clave del refuerzo del diálogo político, la movilidad militar, la lucha contra las amenazas híbridas, los ejercicios paralelos y coordinados y las capacidades de defensa.

La UE en el G-7 y el G-20

La Unión Europea es miembro del G-7 y del G-20. En esos foros, lucha por preservar el orden internacional basado en reglas, que se encuentra actualmente bajo una gran presión en lo relativo al comercio, la seguridad, el cambio climático y los derechos humanos. Como en años anteriores, a lo largo de 2019 la UE siguió siendo una firme defensora de la cooperación internacional. En la cumbre del G-20 celebrada en Osaka (Japón), la coordinación entre los líderes europeos fue decisiva para llegar a una declaración final que preservara compromisos anteriores en relación con la aplicación del Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible e impulsara los ambiciosos avances en la reforma de la Organización Mundial del Comercio y en la búsqueda de una solución global para la fiscalidad digital. En agosto, los dirigentes del G-7 acordaron en Biarritz (Francia) una declaración que se ocupa de una serie de problemas de política exterior, como la situación en Irán, Ucrania, Libia y Hong Kong. En consonancia con sus prioridades de cooperación con África, la UE también refrendó nuevas iniciativas del G-7 destinadas a mejorar las condiciones para la contratación pública, promover la digitalización, aumentar el acceso a la financiación por parte de las empresarias en África, reforzar la cooperación en el Sahel, luchar contra las pandemias y apoyar a las mujeres víctimas de violencia sexual en zonas en conflicto.

El Parlamento Europeo

En el último período de sesiones antes de las elecciones de mayo, el Parlamento saliente adoptó legislación por la que se prohíben los artículos de plástico de un solo uso y se garantiza una mejor protección de las fronteras exteriores de la UE. El Parlamento abogó por un objetivo ambicioso de reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para los turismos y furgonetas nuevos de aquí a 2030. Acordó nuevas normas sobre derechos de autor, dio su aprobación al acuerdo comercial de la UE con Japón y apoyó los planes para mejorar la calidad del agua potable. También actualizó su Reglamento interno.

La nueva legislatura comenzó el 2 de julio tras las elecciones al Parlamento del 23 al 26 de mayo. El porcentaje de participación (50,7 %) fue el más elevado desde 1994 y superó al de 2014 (42,6 %).

El 16 de octubre, el Parlamento adoptó su lista de «asuntos pendientes», que es esencial para proseguir las negociaciones informales entre las instituciones de la UE sobre proyectos de normas de la UE que no pudieron finalizarse antes del fin del mandato del Parlamento. El 22 de octubre, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, hizo una declaración ante los diputados al Parlamento sobre las principales acciones y logros de la Comisión en los últimos cinco años.

El Consejo Europeo

En marzo, el Consejo Europeo debatió cuestiones económicas, el cambio climático, la desinformación y las relaciones exteriores. La reunión de los veintisiete Estados miembros que debatieron el Brexit se centró en la ampliación del artículo 50 hasta el 12 de abril o el 22 de mayo, dependiendo de si el acuerdo de retirada sería ratificado por el Reino Unido durante la semana siguiente a la reunión. Posteriormente, en abril, los veintisiete dirigentes de la UE acordaron prorrogar el artículo 50 hasta el 31 de octubre de 2019.

Los dirigentes de la UE se reunieron de manera informal en Sibiu (Rumanía), el 9 de mayo, a fin de reflexionar sobre la Agenda Estratégica para 2019-2024. Puede encontrarse más información sobre estos debates en la sección «El futuro de Europa».

En una cena informal en una fecha posterior de ese mes, los miembros del Consejo tomaron nota de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo e iniciaron el proceso de nombramiento de los nuevos altos cargos de las instituciones de la UE.

En junio, los dirigentes prosiguieron los debates sobre los nombramientos de alto nivel de la UE, el marco financiero plurianual, el cambio climático, la desinformación y las amenazas híbridas, la ampliación, el Semestre Europeo y las relaciones exteriores. También adoptaron la Agenda Estratégica.

Los dirigentes de la UE se reunieron de nuevo el mes siguiente a fin de debatir y acordar los nombramientos de alto nivel en las instituciones de la UE.

En octubre, los dirigentes debatieron el futuro presupuesto de la UE (2021-2027) y el seguimiento de la Agenda Estratégica, así como el cambio climático, la ampliación de la UE, Turquía y el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines. El Consejo Europeo se reunió en su composición del artículo 50 a fin de debatir los últimos acontecimientos en relación con el Brexit. A finales de octubre, los dirigentes de la Europa de los Veintisiete (todos los Estados miembros, excepto el Reino Unido) acordaron prorrogar el artículo 50 hasta el 31 de enero de 2020.

Posteriormente, los dirigentes se reunieron en diciembre para debatir sobre el cambio climático y volvieron a examinar el presupuesto a largo plazo de la UE.

El Consejo de la Unión Europea

Rumanía y Finlandia ejercieron la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Durante el primer semestre del año, Rumanía se centró en temas como la migración y la seguridad, el marco financiero plurianual, la economía y Europa como actor mundial. Durante la segunda mitad del año, Finlandia se centró en la acción por el clima y la seguridad, así como en el refuerzo de los valores comunes, incluido el Estado de Derecho, para hacer que la UE sea más competitiva y socialmente inclusiva.

El Comité Económico y Social Europeo y el Comité Europeo de las Regiones

El Comité Económico y Social Europeo respaldó la campaña del Parlamento «Esta vez voto» con una serie de actividades. Entre ellas cabe destacar el acto de febrero La sociedad civil por la rEUnaissance, con la participación del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y la activista en favor del clima Greta Thunberg.

El tema de los Días de la Sociedad Civil de 2019 fue la «democracia sostenible», con la corrupción y las noticias falsas como las principales amenazas para la democracia europea. En noviembre, el Comité celebró una conferencia sobre el Estado de Derecho en la que se pedía un diálogo estructurado entre los gobiernos y la sociedad civil para invertir el retroceso en el Estado de Derecho en la UE.

En marzo presentó «Sibiu y más allá», su visión de futuro en la que Europa se convertiría en líder mundial en desarrollo sostenible. En una serie de dictámenes orientados al futuro, ofreció ideas sobre cómo alcanzar la sostenibilidad, una transición justa hacia una economía digital y una fiscalidad justa.

En la octava Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, celebrada en Bucarest en marzo, el Comité Europeo de las Regiones aprobó una declaración sobre el tema «Construir la UE desde la base con sus regiones y ciudades», alegando que las decisiones y políticas de la UE deben anclarse localmente a fin de que la UE recupere la confianza de los ciudadanos y cuente con los recursos adecuados. Abogó firmemente por la subsidiariedad activa, subrayando la importancia de implicar a las autoridades nacionales, regionales y locales en cada fase del proceso de toma de decisiones de la UE. El Comité celebró su 25.o aniversario con una ceremonia durante el período parcial de sesiones de diciembre.

En el ámbito de la mejora de la legislación, el Comité organizó una red de centros regionales (RegHub) para evaluar la aplicación de la legislación de la Unión a nivel local y regional. Incluye veinte regiones que informan sobre la aplicación de las políticas. En 2019 se organizaron tres evaluaciones: sobre contratación pública, calidad del aire y asistencia sanitaria transfronteriza.

A lo largo del año, ambos Comités organizaron actividades para promover su idea conjunta de un mecanismo permanente de consultas y diálogos estructurados con los ciudadanos, así como su participación en la Conferencia sobre el futuro de Europa prevista.

Véase asimismo la sección titulada «El futuro de Europa».

Conclusión del programa «Legislar mejor»

Trabajar para simplificar la legislación

El Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación

En 2016 y 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea acordaron dos declaraciones conjuntas sobre las prioridades legislativas de la UE. Destacaron 89 iniciativas que requerían un tratamiento prioritario en el proceso legislativo. Esto supuso un compromiso común de las tres instituciones para garantizar un avance importante y, en la medida de lo posible, antes de las elecciones europeas de mayo.

En el primer semestre de 2018, la Comisión había adoptado todas las iniciativas anunciadas en las declaraciones conjuntas y, cuando se celebraron las elecciones europeas, 61 de las 89 iniciativas de la declaración conjunta habían sido acordadas políticamente o adoptadas formalmente por el Parlamento y el Consejo. Al final del año, 22 seguían pendientes.

En 2019, la Comisión Europea concluyó con éxito las negociaciones con el Parlamento y el Consejo sobre criterios no vinculantes para la elección entre actos de ejecución y actos delegados. En muchos casos, esta elección complica las negociaciones legislativas, y los criterios deben ayudar al proceso. Estas negociaciones culminaron con la celebración del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, publicado en julio. Además, el colegislador aceptó la adaptación de 68 actos existentes al Tratado de Lisboa modificando el procedimiento de reglamentación utilizado. Esto se lleva a cabo mediante un procedimiento de control para verificar el modo en que la Comisión ejerce sus competencias de ejecución sobre los actos delegados y los actos de ejecución de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Control de la aplicación del Derecho de la UE

En el informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE publicado en julio se explica cómo la Comisión controló e hizo aplicar el Derecho de la UE en 2018.

Por ejemplo, la Comisión actuó con firmeza a la hora de hacer cumplir las normas en los ámbitos del medio ambiente, la movilidad y el transporte, así como el mercado interior, la industria, el espíritu empresarial y las pequeñas y medianas empresas. Apoyó a las autoridades nacionales y regionales en la aplicación de normas destinadas a lograr un aire y un agua limpios. Asimismo, adoptó medidas contra los Estados miembros que no habían cumplido sus compromisos o implementado las normas de la UE relativas a los registros de nombres de los pasajeros, a la lucha contra el terrorismo y a la lucha contra el blanqueo de capitales. Además, la Comisión utilizó sus competencias de ejecución cuando algunos Estados miembros no avanzaron lo suficiente para mejorar el acceso a sitios web y otras aplicaciones para dispositivos móviles para personas con discapacidad. Si la legislación de la UE no se aplica adecuadamente, los ciudadanos y las empresas no podrán hacer valer sus derechos o disfrutar de los beneficios previstos por dichas leyes.

Legislar mejor en el centro de la toma de decisiones de la UE

La Comisión se ha comprometido a actuar solo cuando la UE aporta un valor añadido y proporciona beneficios a las personas y las empresas, al tiempo que evita costes innecesarios. Lo hace sobre la base de las mejores pruebas disponibles en relación con los impactos significativos desde el punto de vista económico, social, medioambiental y de otro tipo. Antes de revisar la legislación vigente de la UE, la evalúa para comprender lo que funciona y lo que no funciona, contribuyendo así a mejorar el rendimiento de la legislación.

Como parte de su Programa de Mejora de la Legislación, la Comisión está prestando más atención a las opiniones de los ciudadanos y las partes interesadas para dar respuesta a sus necesidades. Desde 2015, la Comisión ha organizado más de 400 consultas públicas que han contado con la participación de millones de europeos. El número de contribuciones recibidas desde entonces se ha cuadruplicado con creces.

El nuevo portal «Díganos lo que piensa», un sistema de «ventanilla única» para que los europeos puedan contribuir a la formulación de políticas de la UE, fue visitado casi 900 000 veces en 2018 y superó el millón de visitas en 2019. En abril, la Comisión publicó un informe a fin de hacer balance de las medidas introducidas en el marco de la Comisión Juncker para ofrecer mejores resultados a los ciudadanos y las empresas de la UE a través de una formulación de políticas más abierta, transparente y basada en datos. Los resultados del balance fueron claros: la mejora de la legislación ha permitido perfeccionar la forma en que se elabora la política de la UE y debe seguir estando en el centro de sus métodos de trabajo para el futuro, y al tiempo seguir mejorando sus herramientas, en particular la divulgación y la información de los ciudadanos y las partes interesadas, el análisis de impacto y la calidad de las evaluaciones.

Transparencia y rendición de cuentas

El Registro Común de Transparencia

El contacto con las partes interesadas y la sociedad civil forma parte del trabajo de las instituciones de la UE. Al mismo tiempo, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza de los ciudadanos europeos en la legitimidad de los procesos políticos, legislativos y administrativos de la Unión.

La transparencia de la representación de intereses es especialmente importante para que los ciudadanos puedan seguir las actividades de quienes intentan influir en el proceso legislativo de la UE. Esta es la razón por la que en 2016 la Comisión presentó una propuesta de nuevo acuerdo interinstitucional sobre un Registro de Transparencia obligatorio para el Parlamento, la Comisión y, por primera vez, el Consejo de la Unión Europea. Actualmente se están llevando a cabo negociaciones sobre esta propuesta.

En el registro figuran cerca de 12 000 entidades. Están vinculadas por un código de conducta que establece las normas éticas que deben observar los representantes cuando interactúen con las instituciones de la UE.

Un nuevo código de conducta para los miembros de la Comisión

En 2018, la Comisión adoptó un nuevo código de conducta para los comisarios, que establece unas normas más estrictas y un código deontológico más riguroso e introduce una mayor transparencia en una serie de ámbitos. Desde febrero de 2018, cada dos meses la Comisión publica información sobre los gastos de viaje de los comisarios en sus respectivos sitios web.

En junio de 2019, la Comisión publicó el primer informe anual sobre la aplicación del código de conducta. Confirmó que, desde la adopción del código actualizado, la Comisión ha alcanzado un nivel de transparencia aún mayor en lo que respecta al comportamiento de sus miembros.

Además, con arreglo al nuevo código, se creó un Comité Independiente de Ética reforzado compuesto por tres miembros externos de alto nivel, cuya función es asesorar sobre todas las cuestiones éticas.

A principios de año, la Comisión publicó unas directrices éticas para los comisarios participantes en las elecciones al Parlamento Europeo. Esto se produjo después de que el nuevo código les permitiera participar en las campañas electorales sin tener que pedir excedencia, como ocurría anteriormente.

La Comisión también puso en práctica una nueva disposición del código, que dispone que se publicarán decisiones sobre las actividades después del mandato de los miembros de la Comisión y sobre los dictámenes correspondientes del Comité Independiente de Ética. En octubre apareció la primera publicación, y siguieron otras antes de acabar el año.

Acceso a los documentos

En julio, la Comisión adoptó su informe sobre el acceso a los documentos. El informe muestra que el número de solicitudes iniciales de acceso a los documentos presentadas en virtud de las normas pertinentes relativas al acceso del público a los documentos aumentó casi un 9,5 % (de 6 716 solicitudes en 2017 a 7 257 en 2018), y el número de solicitudes confirmatorias, un 4,4 % (de 288 en 2017 a 318 en 2018).

La Comisión sigue siendo la institución de la UE que gestiona el mayor número de solicitudes de acceso, con una tendencia al alza constante desde 2016. Los ciudadanos de la UE y otros solicitantes están haciendo un uso activo de este derecho de acceso a los documentos.

En 2018, la Comisión divulgó total o parcialmente los documentos solicitados en más del 80 % de los casos, y se concedió un acceso más amplio —o incluso pleno— en casi el 41 % de los 288 casos examinados en la fase de confirmación.

Paralelamente, la Comisión siguió publicando de forma proactiva grandes cantidades de documentación e información en sus páginas web y en sus distintos registros públicos, que abarcan todos los ámbitos de actividad de la UE. Los datos no solo confirman la apertura de la Comisión, sino también la importancia del derecho de acceso a los documentos como parte de la política general de transparencia de la institución.

Control del presupuesto de la UE

Se ha establecido un marco de control y un marco de rendimiento para ofrecer garantías razonables de que los fondos de la UE se pagan de conformidad con las normas pertinentes y de que se toman medidas con el fin de prevenir, detectar y corregir errores, centrándose más en la obtención de resultados.

En marzo, tras la recomendación favorable del Consejo, el Parlamento dio su aprobación definitiva a la forma en que la Comisión había ejecutado el presupuesto de la UE en 2017. A través del procedimiento anual de aprobación, el Parlamento y el Consejo pueden responsabilizar políticamente a la Comisión de la ejecución del presupuesto y garantizar que la gestión del dinero de los contribuyentes está bajo control democrático.

En julio, la Comisión presentó su paquete Información financiera y contable integrada, que reúne toda la información disponible sobre la ejecución, el rendimiento, los resultados, la buena gestión financiera y la protección del presupuesto de la UE. Estos informes demostraron que el presupuesto había dado unos resultados en consonancia con las prioridades de la Comisión y había sido ejecutado correctamente.

La Comisión siguió trabajando en la creación de la Fiscalía Europea, que perseguirá la delincuencia transfronteriza que afecta al presupuesto de la UE, incluido el fraude, el blanqueo de dinero y la corrupción, en los veintidós Estados miembros participantes. Se espera que la Fiscalía esté operativa a finales de 2020.

En octubre, por duodécimo año consecutivo, el Tribunal de Cuentas Europeo dio el visto bueno a las cuentas anuales de la UE, al considerar que eran exactas y veraces. El Tribunal confirmó su opinión con reservas (que no desfavorable) sobre la regularidad de los gastos. El nivel global de error estimado (el 2,6 %) fue ligeramente superior al de 2017 (0,2 puntos porcentuales), pero muy inferior al de años anteriores. Para casi la mitad del gasto de la UE, la tasa de error ni siquiera alcanzó el nivel que el Tribunal considera importante. No se detectaron errores en la parte de ingresos del presupuesto ni en los gastos administrativos.

Parlamentos nacionales

En julio, la Comisión adoptó el informe anual de 2018 sobre sus relaciones con los Parlamentos nacionales y sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El informe ofrece una imagen completa de las relaciones intensas y fructíferas de los parlamentos nacionales con la Comisión y otras instituciones de la UE. Los parlamentos nacionales presentaron 569 dictámenes, un número similar al de 2017. Esto demuestra que la mayoría de ellos colaboran activamente con la Comisión en sus iniciativas y en una amplia gama de temas.

Solo en 37 «dictámenes motivados» se expresa preocupación por el modo en que las propuestas de la Comisión respetan el principio de subsidiariedad, lo que significa que las políticas europeas se deciden y aplican al nivel más adecuado, ya sea europeo, nacional o regional. El Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y «Hacer menos pero de forma más eficiente», creado en 2018 por el presidente Juncker y presidido por el vicepresidente primero Timmermans, estudió la forma de mejorar la participación de los parlamentos nacionales, así como de los entes locales y regionales, en la preparación y el seguimiento de la legislación y las políticas de la UE. Las medidas adoptadas por la Comisión a tal fin incluyen dar respuestas agregadas si un número significativo de parlamentos nacionales expresa preocupaciones en materia de subsidiariedad, presentando así en un documento público la imagen completa de todas estas preocupaciones planteadas y la posición de la Comisión sobre ellos.

Las visitas que los miembros de la Comisión hicieron a los Parlamentos nacionales o que las delegaciones de los Parlamentos nacionales presentaron a la Comisión (55 visitas en 2019, y 915 durante todo el mandato de la Comisión Juncker) reforzaron el diálogo entre las partes.

El Defensor del Pueblo Europeo

Las investigaciones del Defensor del Pueblo Europeo sobre una supuesta mala administración en las instituciones y órganos de la Unión Europea abarcaron diversos temas, como la transparencia del proceso de toma de decisiones, el fenómeno de las «puertas giratorias», las actividades posteriores al mandato de los antiguos comisarios, el acceso a los documentos, los derechos fundamentales, las cuestiones éticas, los contratos, las subvenciones o los asuntos particulares. Por término medio, la Comisión acepta las tres cuartas partes de las propuestas del Defensor del Pueblo (propuestas de solución, sugerencias de mejora y recomendaciones) y en aproximadamente el 95 % de las investigaciones no se detecta mala administración.

En junio, el Defensor del Pueblo Europeo concedió su segundo Premio Europeo a la Buena Administración a las iniciativas de la Comisión para reducir la contaminación de plásticos y promover la sensibilización. El premio tiene por objeto reconocer las iniciativas, proyectos y otros tipos de trabajo de los distintos departamentos de las instituciones de la UE que tienen un impacto visible y directamente positivo en la vida de las personas en Europa y fuera de ella.

En octubre, la Comisión adoptó también un dictamen sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento por el que se establecen el estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo Europeo (su estatuto revisado).

En diciembre, el Parlamento volvió a elegir a Emily O’Reilly, defensora del pueblo europea. Su segundo mandato durará cinco años.