Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva

Partes

En el asunto C-97/91,

Oleificio Borelli SpA, sociedad italiana, con domicilio social en Pontedassio, Imperia, representada por la Sra. Maria Luisa Sarni Florino, Abogado de Génova, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Ernst Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Eugenio De March, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Giuseppe Marchesini, Abogado ante la Corte di Cassazione de Italia, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Roberto Hayder, representante de su Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto, con carácter principal, la anulación de la Decisión de la Comisión, comunicada mediante nota nº 69915 de 21 de diciembre de 1990, por la cual notificó a Oleificio Borelli SpA que no podía estimar su solicitud de contribución del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, sección "Orientación", ejercicio de 1990, con arreglo al Reglamento (CEE) nº 355/77 del Consejo, de 15 de febrero de 1977, relativo a una acción común para la mejora de las condiciones de transformación y de comercialización de los productos agrícolas (DO L 51, p. 1; EE 03/11, p. 239), así como la anulación de todos los actos de procedimiento que culminaron en dicha Decisión y, con carácter subsidiario, que se condene a la Comisión y/o a la región de Liguria a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la demandante,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente de Sala; M. Zuleeg, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida y D.A.O. Edward, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Darmon;

Secretario: Sr. Triantafyllou, administrador;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 14 de mayo de 1992;

oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 9 de junio de 1992;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

1 Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de marzo de 1991, Oleificio Borelli (en lo sucesivo, "demandante") solicitó, con arreglo al párrafo segundo del artículo 173, al artículo 178 y al párrafo segundo del artículo 215 del Tratado CEE, con carácter principal, la anulación de la Decisión de la Comisión, notificada mediante nota nº 69915 de 21 de diciembre de 1990, por la que esta Institución le comunicó que no podía estimar su solicitud de contribución del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (en lo sucesivo, "FEOGA"), sección "Orientación", ejercicio de 1990, formulada con arreglo al Reglamento (CEE) nº 355/77 del Consejo, de 15 de febrero de 1977, relativo a una acción común para la mejora de las condiciones de transformación y de comercialización de los productos agrícolas (DO L 51, p. 1; EE 03/11, p. 239), así como la anulación de todos los actos de procedimiento que culminaron en dicha Decisión y, con carácter subsidiario, que se condene a la Comisión y/o a la región de Liguria a la indemnización de los daños y perjuicios que le fueron causados.

2 Según los autos, el 16 de diciembre de 1988, la demandante presentó a la Comisión, a través del Gobierno italiano, una solicitud para obtener, sobre la base del Reglamento nº 355/77, la contribución del FEOGA, sección "Orientación", para la construcción de una fábrica de aceite en Pontedassio (Imperia). Esta solicitud, que en dicha ocasión consiguió el dictamen favorable de la región de Liguria, no pudo disfrutar de la contribución del FEOGA en 1989 debido a que, durante este ejercicio, la cantidad de solicitudes fue muy superior a los medios financieros disponibles y que, habida cuenta de los criterios de selección aplicables, no se la pudo considerar prioritaria. Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento nº 355/77, la Administración italiana trasladó la solicitud de contribución de la demandante al ejercicio de 1990.

3 Mediante escrito de 19 de enero de 1990, las autoridades italianas informaron a la Comisión acerca del dictamen negativo nº 109 que emitió el Consejo regional de Liguria el 18 de enero de 1990 en relación de la misma solicitud de contribución formulada por la demandante.

4 Mediante nota nº 69915 de la Dirección General de Agricultura de 21 de diciembre de 1990 (en lo sucesivo, "Decisión impugnada"), la Comisión informó a la demandante de que no podía admitirse su proyecto en el procedimiento para la concesión de la contribución ya que, habida cuenta del mencionado dictamen negativo, no se cumplían los requisitos que para ello establece el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento nº 355/77.

5 Mediante auto de 25 de febrero de 1992, el Tribunal de Justicia se declaró incompetente para conocer del recurso, en su parte dirigido contra la región de Liguria y que pretende la anulación de los actos de procedimiento nacionales que culminaron en la Decisión de la Comisión.

6 Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

En cuanto a las pretensiones de anulación

7 La demandante alega que la Decisión impugnada es contraria a Derecho debido a que también lo es el dictamen negativo de la región de Liguria, sobre cuya base se adoptó dicha Decisión. Considera que dicho dictamen se emitió en infracción del artículo 9 del Reglamento nº 355/77, en la medida en que la región de Liguria procedió a una valoración equivocada de los contratos de abastecimiento celebrados con los productores, que adjuntó a la solicitud. Además, dicho dictamen incurre en desviación de poder por cuanto, según la demandante, los términos de su motivación difieren de las razones que dieron lugar a su adopción.

8 La demandante considera que si el ser contrario a Derecho el dictamen del Consejo regional de Liguria no tuviera influencia alguna sobre la validez de la Decisión impugnada, quedaría ella misma privada de toda protección jurisdiccional, habida cuenta de que el dictamen es un acto preparatorio contra el que no cabe recurso en Derecho italiano.

9 Debe recordarse que, en el marco de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 173 del Tratado, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre la conformidad a Derecho de un acto adoptado por una autoridad nacional.

10 Esta afirmación no puede verse afectada por la circunstancia de que el acto de que se trata se integre en el marco de un proceso de decisión comunitaria, ya que resulta claramente de la distribución de competencias realizada en el ámbito considerado, entre las autoridades nacionales y las Instituciones comunitarias que el acto adoptado por la autoridad nacional vincula a la Institución comunitaria decisoria y determina, por consiguiente, los términos de la decisión comunitaria que se haya de tomar.

11 Este es el caso cuando la autoridad nacional competente emite un dictamen negativo sobre una solicitud de contribución FEOGA. En efecto, según el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento nº 355/77, un proyecto sólo puede beneficiarse de la contribución del FEOGA si ha sido objeto de un dictamen favorable del Estado en cuyo territorio deba ejecutarse y, por consiguiente, en caso de dictamen negativo, la Comisión no puede ni proseguir el procedimiento de examen del proyecto, según las normas establecidas por este mismo Reglamento ni, a fortiori, controlar la conformidad a Derecho del dictamen emitido de este modo.

12 En estas circunstancias, los aspectos contrarios a Derecho en que, en su caso, haya podido incurrir dicho dictamen no pueden en ningún caso afectar a la validez de la Decisión por la que la Comisión deniega la contribución solicitada.

13 Corresponde por tanto a los organismos jurisdiccionales nacionales decidir, recurriendo si es preciso a la remisión prejudicial al Tribunal de Justicia, sobre la conformidad a Derecho del acto nacional de que se trate, en las mismas condiciones de control que las aplicables a todo acto definitivo que, adoptado por la misma autoridad nacional, pueda ser lesivo para terceros y, por consiguiente, declarar la admisibilidad del recurso interpuesto con tal objeto, aunque las normas de procedimiento internas no lo prevean en semejante caso.

14 En efecto, como ha declarado el Tribunal de Justicia, especialmente en las sentencias de 15 de mayo de 1986, Johnston (222/84, Rec. p. 1651), apartado 18, y de 15 de octubre de 1987, Heylens (222/86, Rec. p. 4097), apartado 14, la exigencia de un control jurisdiccional de cualquier decisión de una autoridad nacional constituye un principio general de Derecho comunitario que deriva de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y que está consagrada en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

15 Ahora bien, habida cuenta de que el dictamen del Estado miembro en cuyo territorio deba ejecutarse el proyecto se integra en un procedimiento que culmina en la adopción de una Decisión comunitaria, este Estado miembro está obligado a cumplir la exigencia del control jurisdiccional antes mencionado.

16 Por último, en su réplica, la demandante alega como un medio nuevo la infracción y aplicación errónea de lo dispuesto en el artículo 13 en relación con el artículo 21 del Reglamento nº 355/77, basado en hechos de los que afirma que tuvo noticia durante el presente procedimiento.

17 A este respecto, alega que, al interponer el recurso, ignoraba el hecho de que el dictamen negativo de 18 de enero de 1990 fue emitido, no una vez concluido en examen de la solicitud de contribución, sino con ocasión del traslado del proyecto al ejercicio de 1990. Ahora bien, según la demandante, ninguna norma del Reglamento nº 355/77 prevé que haya de emitirse en esta fase del procedimiento un nuevo dictamen sobre la solicitud de contribución. Por consiguiente, la Comisión no debería haber tenido en cuenta el dictamen emitido en 1990 como presupuesto para seguir el procedimiento a que se refiere el artículo 21 de este mismo Reglamento.

18 Debe señalarse que, contrariamente a lo que sostiene la demandante, el dictamen negativo se refiere a la solicitud de contribución y no al traslado del proyecto al ejercicio de 1990. En estas circunstancias, el motivo que alega la demandante que se basa, no en un elemento nuevo surgido durante el procedimiento, sino en la interpretación errónea de los artículos 13 y 21 del Reglamento nº 355/77, debería haberse alegado en la demanda, de conformidad con la letra c) del apartado 1 del artículo 38 del Reglamento de Procedimiento. Por lo tanto, no puede reputarse un motivo nuevo a efectos del apartado 2 del artículo 42 del Reglamento de Procedimiento.

19 Por consiguiente, debe desestimarse este motivo y, por lo tanto, las pretensiones de anulación en su conjunto.

Pretensiones de responsabilidad extracontractual

20 Procede recordar que el artículo 178 en relación con el 215 del Tratado tan sólo concede competencia al Tribunal de Justicia para la indemnización de los daños y perjuicios causados por las Instituciones comunitarias o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, no cabe duda de que, en el caso de autos, el perjuicio alegado es consecuencia de un acto adoptado por las autoridades nacionales.

21 Por consiguiente, procede desestimar las pretensiones de declaración de responsabilidad de la Comunidad y, por consiguiente, de la totalidad del recurso.

Decisión sobre las costas

Costas

22 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la demandante.