Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva

Partes

En el asunto 25/88,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Tribunal de grande instance de Bobigny, destinada a obtener, en el procedimiento penal seguido ante dicho órgano jurisdiccional

contra

Esther Renée Wurmser, viuda de Bouchara, y la sociedad Norlaine,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. O. Due, Presidente; R. Joliet, T.F. O' Higgins y F. Grévisse, Presidentes de Sala; Sir Gordon Slynn, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida y G.C. Rodríguez Iglesias, Jueces,

Abogado General: Sr. W. Van Gerven

Secretario: Sr. H.A. Ruehl, administrador principal

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de la Sra. Esther Renée Wurmser, viuda de Bouchara, inculpada en el procedimiento principal, y los responsables civiles, por el Sr. J.P. Sulzer, Abogado de París;

- en nombre de la República Francesa, en la fase escrita, por la Sra. E. Belliard, Subdirectora de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agente, asistida por el Sr. M. Giacomini, Secretario de Asuntos Exteriores de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agente suplente, y en la fase oral, por el Sr. M. Giacomini, en calidad de Agente, asistido por los Sres. Tibilan y Dobking, funcionarios del Ministerio de Hacienda (Servicio de lucha contra el fraude) y del Ministerio de Justicia;

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. W.R. Wainwright, Consejero Jurídico, en calidad de Agente,

habiendo considerado el informe para la vista y celebrada ésta el 22 de noviembre de 1988,

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de diciembre de 1988,

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

1 Mediante resolución de 29 de octubre de 1987, recibida en el Tribunal de Justicia el 25 de enero de 1988, el Tribunal de grande instance de Bobigny planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado, con objeto de que se examine la compatibilidad con el Derecho comunitario de una disposición legal francesa que exige al importador que compruebe, so pena de incurrir en responsabilidad penal, la conformidad del producto importado con las disposiciones vigentes.

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco del procedimiento penal incoado contra los responsables de la sociedad anónima Norlaine, acusados de un delito de fraude por haber puesto o dejado poner en venta productos textiles con indicaciones falsas referentes a su composición, delito tipificado en la Ley de 1 de agosto de 1905 sobre fraudes y falsificaciones en materia de productos o de servicios, modificada por la Ley nº 83-660, de 21 de julio de 1983, sobre seguridad de los consumidores (JORF, p. 2262).

3 De los autos se deduce que en 1984 la sociedad Norlaine, central de compras de los comercios explotados con la denominación de "Bouchara", importó tejidos entregados por fabricantes italianos y alemanes y acompañados de facturas que indicaban la composición de los productos. La citada sociedad revendió dichos tejidos a sus clientes, reproduciendo en sus facturas las indicaciones de los proveedores extranjeros, que se incluyeron posteriormente en los tejidos vendidos a los consumidores por los comercios "Bouchara".

4 Tras mandar analizar las muestras tomadas en una de las referidas tiendas, el Servicio del consumo y la represión del fraude comprobó que la composición de los tejidos no correspondía a la que se había indicado. El Ministère public inició un procedimiento penal ante el Tribunal de grande instance de Bobigny, basándose, en particular, en el apartado 4 del artículo 11 de la citada Ley, a tenor del cual:

"Desde la primera comercialización, los productos deberán responder a las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud de las persoas, lealtad en las transacciones comerciales y protección de los consumidores.

"El responsable de la primera comercialización de un producto está obligado, por consiguiente, a comprobar si este último es conforme con las disposiciones vigentes."

5 Al haber alegado los procesados que la referida disposición era incompatible con el artículo 30 del Tratado CEE, el Tribunal de grande instance suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

"1) ¿Son compatibles con las disposiciones del artículo 30 del Tratado de Roma, que prohíbe las restricciones cuantitativas a la importación y las medidas de efecto equivalente, las disposiciones del apartado 4 del artículo 11 de la Ley de 1 de agosto de 1905, modificada, sobre fraudes y falsificaciones en materia de productos y de servicios?

"2) En caso de respuesta negativa a esta primera cuestión, ¿constituye la normativa francesa una excepción a las disposiciones del artículo 30 del Tratado de Roma, justificada por el artículo 36 del mismo Tratado?"

6 Para una más amplia exposición del contexto jurídico y de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia al estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

7 Mediante sus cuestiones, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber básicamente si la aplicación a productos importados de otro Estado miembro de una disposición que exige al responsable de la primera comercialización a nivel nacional de un producto que compruebe, so pena de incurrir en responsabilidad penal, la conformidad del producto con las disposiciones vigentes en dicho mercado y referentes a la seguridad y la salud de las personas, a la lealtad en las transacciones comerciales y a la protección de los consumidores, es compatible con los artículos 30 y 36 del Tratado CEE.

8 A tenor del artículo 30 del Tratado, "quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente". Conforme a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia (véase, en primer lugar, la sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville, 8/74, Rec. 1974, p. 837), constituye una medida de efecto equivalente toda medida que pueda obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario.

9 Ha de admitirse que una norma que exige al responsable de la primera comercialización a nivel nacional de un producto que compruebe la conformidad de este último con las disposiciones vigentes en dicho mercado, podría incitar a un operador, que además de distribuir productos de fabricación nacional importa productos similares, a preferir los productos nacionales, cuya comprobación no le incumbe a él, sino al fabricante. Procede, pues, examinar si la aplicación de tal norma a productos importados de otro Estado miembro, puede justificarse, sin embargo, al amparo de los artículos 30 y 36 del Tratado.

10 Ha de afirmarse en primer lugar a este respecto que, entre los intereses generales a que se refiere expresamente la disposición nacional controvertida en el procedimiento principal, sólo la protección de la seguridad y de la salud de las personas se recogen en el artículo 36. Por el contrario, la lealtad en las transacciones comerciales y la protección de los consumidores figuran entre las exigencias imperativas que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, en primer lugar, la sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe, "Cassis de Dijon", 120/78, Rec. 1979, p. 649), pueden justificar una medida que pueda obstaculizar el comercio intracomunitario, a condición, no obstante, de que dicha medida sea aplicable indistintamente a los productos nacionales y a los importados.

11 Una disposición que impone una obligación de comprobación al responsable de la primera comercialización tanto por lo que respecta a los productos de fabricación nacional como a los importados, es en principio aplicable indistintamente a esas dos categorías de productos. Por tanto, puede justificarse al mismo tiempo en virtud del artículo 36 y al amparo del artículo 30 del Tratado tal como fue interpretado por el Tribunal de Justicia en la citada jurisprudencia.

12 No obstante, la justificación, a tenor de las citadas disposiciones del Tratado, de una medida unilateral que obstaculiza el comercio intracomunitario, presupone que el sector controvertido no está sujeto a una normativa comunitaria. Ha de señalarse a este respecto que no existen a nivel comunitario normas generales relativas a la comprobación de la conformidad de los productos con las disposiciones vigentes en el mercado de que se trata. Aun cuando existen directivas de armonización en materia de publicidad engañosa y de denominaciones de determinados productos, sus disposiciones no regulan la cuestión controvertida en el procedimiento principal. De ello se deduce que en el estado actual del Derecho comunitario dicha cuestión sigue estando sometida al Derecho nacional, dentro de los límites establecidos en los artículos 30 y 36 del Tratado.

13 Para que una norma nacional que puede tener un efecto restrictivo sobre las importaciones pueda justificarse en virtud del artículo 36 del Tratado o por las mencionadas exigencias imperativas, debe, sin embargo, ser necesaria a efectos de una protección eficaz del interés general que se pretende garantizar y dicho objetivo no debe poder alcanzarse mediante medidas menos restrictivas de los intercambios comunitarios. Procede, pues, examinar si una disposición nacional como la considerada en el procedimiento principal responde al principio de proporcionalidad así expresado.

14 Como medida menos restrictiva de los intercambios, los inculpados en el procedimiento principal y la Comisión aluden a la posibilidad de invocar la responsabilidad penal del fabricante extranjero ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de importación del mismo modo que la de un fabricante nacional.

15 Ha de señalarse a este respecto que, aunque el Derecho penal del Estado miembro de importación prevea tal posibilidad, su aplicación supone que la exportación hacia dicho Estado la realice el propio fabricante y no un operador económico independiente. Por otra parte, el Derecho comunitario, en su estado actual, no implica ninguna obligación de ejecutar una condena penal pronunciada por los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro. En tales circunstancias, la posibilidad de hacer penalmente responsable a un fabricante extranjero que no haya procedido a la misma comprobación que le corresponde a un fabricante nacional, no puede bastar para alcanzar el objetivo que persigue una disposición como la impugnada en el procedimiento principal.

16 Aunque en principio una obligación impuesta al responsable de la primera puesta a la venta de un producto en el mercado nacional, de comprobar la conformidad de dicho producto con las disposiciones vigentes en dicho mercado, puede pues justificarse, en el estado actual del Derecho comunitario, por razones vinculadas a la seguridad y la salud de las personas, la lealtad en las transacciones comerciales y la protección de los consumidores, la aplicación de tal obligación respecto a los productos fabricados en otro Estado miembro debe tener en cuenta, conforme al principio de proporcionalidad, por una parte, la importancia del interés general en juego y, por otra, los medios de prueba de que dispone normalmente un importador.

17 Si se trata concretamente de la comprobación de la información sobre la composición de un producto facilitada a los consumidores al ponerse a la venta el producto, no puede exigirse, por regla general, que el importador realice una comprobación mediante el análisis del producto. En efecto, tal obligación impondría al importador una carga considerablemente más pesada que a un fabricante nacional, que es dueño de la composición del producto y sería en muchos casos desproporcionada con respecto al objetivo perseguido, habida cuenta de la existencia de otras posibilidades de comprobación igualmente fiables y menos onerosas.

18 Como ha declarado el Tribunal de Justicia, en particular en su sentencia de 17 de diciembre de 1981 (Biologische Produkten, 272/80, Rec. 1981, p. 3277), si bien no está prohibido que un Estado miembro exija la aprobación previa de determinados productos, aunque dichos productos ya hayan sido aprobados en otro Estado miembro, las autoridades del Estado importador no están facultados, sin embargo, para exigir innecesariamente análisis técnicos o químicos o pruebas de laboratorio, cuando los referidos análisis y pruebas hayan sido efectuados ya en otro Estado miembro y sus resultados estén a disposición de las citadas autoridades. Esta norma constituye una expresión específica del principio más general de la confianza recíproca entre las autoridades de los Estados miembros y deberá, pues, aplicarse asimismo cuando la comprobación corresponda al propio importador. De ello resulta que este último deberá poder librarse de su responsabilidad presentando un certificado relativo a la composición del producto expedido por las autoridades del Estado miembro de producción o por un laboratorio reconocido a tal efecto por las citadas autoridades.

19 Respecto a los productos para los cuales la legislación del Estado miembro productor no exige la presentación de certificados oficiales relativos a la composición del producto, el importador debe asimismo poder confiar en otras certificaciones que ofrezcan un grado de garantía análogo. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si, habida cuenta del conjunto de circunstancias que concurren, las certificaciones presentadas por el importador bastan para probar que este último ha cumplido su obligación de comprobación.

20 Procede, pues, responder a las cuestiones prejudiciales que, en el estado actual del Derecho comunitario, una disposición que exige al responsable de la primera comercialización a nivel nacional de un producto que compruebe, so pena de incurrir en responsabilidad penal, la conformidad del producto con las disposiciones vigentes en dicho mercado y relativas a la seguridad y la salud de las personas, la lealtad en las transacciones comerciales y la protección de los consumidores, es compatible con los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, a condición de que su aplicación a los productos fabricados en otro Estado miembro no incluya exigencias que sobrepasen lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido, habida cuenta, por una parte, de la importancia del interés general en juego y, por otra, de los medios de prueba de que dispone normalmente un importador. Por lo que se refiere concretamente a la comprobación de la información sobre la composición de un producto, facilitada a los consumidores al ponerse en venta dicho producto, el importador debe poder confiar en los certificados expedidos por las autoridades del Estado miembro de producción o por un laboratorio reconocido al efecto por las citadas autoridades, o, si la legislación de dicho Estado no exige la presentación de tales certificados, en otras certificaciones que ofrezcan un grado de garantía análogo.

Decisión sobre las costas

Costas

21 Los gastos efectuados por el Gobierno francés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Tribunal de grande instance de Bobigny, mediante resolución de 29 de octubre de 1987, decide declarar que:

En el estado actual del Derecho comunitario, una disposición que exige al responsable de la primera comercialización a nivel nacional de un producto que compruebe, so pena de incurrir en responsabilidad penal, la conformidad del producto con las disposiciones vigentes en dicho mercado y relativas a la seguridad y la salud de las personas, la lealtad en las transacciones comerciales y la protección de los consumidores, es compatible con los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, a condición de que su aplicación a los productos fabricados en otro Estado miembro no incluya exigencias que sobrepasen lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido, habida cuenta, por una parte, de la importancia del interés general en juego y, por otra, de los medios de prueba de que dispone normalmente un importador. Por lo que se refiere concretamente a la comprobación de la información sobre la composición de un producto, facilitada a los consumidores al ponerse en venta dicho producto, el importador debe poder confiar en los certificados expedidos por las autoridades del Estado miembro de producción o por un laboratorio reconocido al efecto por las citadas autoridades, o, si la legislación de dicho Estado no exige la presentación de tales certificados, en otras certificaciones que ofrezcan un grado de garantía análogo.