Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva

Partes

En los asuntos acumulados T-59/91 y T-79/91,

Franz Eppe, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, representado por Me G.Vandersanden, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. G. Valsesia, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, asistido por el Me D. Waelbroeck, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. R. Hayder, representante del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto, por una parte, la anulación de la decisión de la Comisión de 17 de octubre de 1990, en cuanto dicha decisión modifica el organigrama de la DG VI y, al mismo tiempo, destina de oficio al demandante al nuevo puesto de consejero en el FEOGA, y, por otra parte, la anulación de la decisión de la Comisión de publicar, el 20 de diciembre de 1990, el anuncio de vacante nº COM/164/90, relativo al puesto de jefe de la unidad VI.BI.4, así como de las decisiones por las que se desestimó la candidatura del demandante a dicho puesto y se nombró a otro candidato,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta),

integrado por los Sres.: K. Lenaerts, Presidente; H. Kirschner y D. Barrington, Jueces;

Secretario: Sr. P. van Ypersele de Strihou, Letrado;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 4 de junio de 1992;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Antecedentes de hecho del recurso

1 El demandante fue desde 1988 jefe de la unidad VI.BI.4 (Asuntos comunes a varios productos) dentro de la Dirección General de Agricultura de la Comisión (en lo sucesivo, "DG VI") y ejerció estas funciones con el grado A 4.

2 Desde el principio del año 1990, el demandante manifestó su descontento respecto a su situación y se presentó candidato en varias ocasiones a otros puestos de jefe de unidad o de consejero cuyas vacantes habían sido publicadas en los niveles A 5, A 4 y A 3, precisando que, en caso de que su candidatura fuera estimada, deseaba que se considerara la posibilidad de su promoción al grado A 3.

3 El 9 de enero de 1990, mantuvo una entrevista con su Director General para indicarle su insatisfacción general en la unidad que estaba a su cargo y para solicitarle que le fueran asignadas otras funciones más adecuadas a su experiencia y a sus conocimientos.

4 El 12 de febrero de 1990, el demandante confirmó el contenido de esta entrevista en una nota a su Director General, en la que explicaba las dificultades por las que pasaba su unidad. Concluía lo siguiente:

"Tras detenida reflexión, habida cuenta de todas estas circunstancias, llego a la conclusión de que me es imposible asumir las responsabilidades que conlleva el puesto de jefe de la unidad VI.BI.4. Le ruego por tanto que estudie, en el marco de la reorganización en curso, las posibilidades de confiarme responsabilidades análogas en otro de los servicios en el que podrían ser mejor aprovechadas mis experiencias y conocimientos adquiridos a lo largo de más de veinte años en la DG VI (mercados, estructuras, condiciones de competencia), de los cuales más de diez años en el grado A 4."

5 A raíz de esta nota, el demandante mantuvo una entrevista con su Director General, el 14 de marzo de 1990, en el curso de la cual manifestó su conformidad de principio para ser trasladado a un puesto de consejero que sería eventualmente creado, aun siendo consciente de que su Director General no podía prometerle nada en cuanto al nivel (grado A 4 o A 3) con el que este nuevo puesto -si llegaba a ser creado- sería cubierto.

6 Tres meses más tarde, el 21 de junio de 1990, el demandante envió por conducto jerárquico a su Director General una nota en la que le informaba de la revocación de su conformidad de principio para un "traslado al FEOGA", a menos que ese traslado implicara su "promoción al grado A 3". Añadía que el hecho de no ser promovido podría dar lugar a una "interpretación según la cual, en sustancia, [sus] superiores jerárquicos no habían quedado satisfechos de [sus] aptitudes de dirección demostradas en la unidad VI.BI.4, razón por la cual desearían ese cambio". En efecto, el traslado de otro jefe de unidad de la DG VI a un puesto de consejero, ocurrido en la misma época, había sido considerado en general como una medida disciplinaria, como lo demostraban diferentes artículos de prensa. Pues bien, a causa de la inexistencia en esa época de su informe de calificación para el período 1987/1989, informe que le fue notificado con considerable retraso, el demandante se consideraba imposibilitado para desmentir los rumores que establecían un paralelismo entre su traslado y el del otro jefe de unidad. Su promoción al grado A 3 constituiría, según él, el desmentido más apropiado frente a esos rumores.

7 En una nota de 25 de junio de 1990 dirigida a los Directores Generales adjuntos, directores y jefes de unidad, el Director General de la DG VI expuso los motivos y los objetivos que justificaban una reorganización de la Dirección General así como el procedimiento proyectado para llevarla a cabo. El anexo I de esta nota proponía, en su punto 4, la creación de una función de "consejero" en la Dirección VI.G "FEOGA", justificada como sigue:

"La interpretación y la aplicación coherente de los Reglamentos cada vez más complejos y numerosos que deben tenerse en cuenta en el marco de las actividades propias de las cinco unidades encargadas de los aspectos presupuestarios, financieros y monetarios relacionados con la financiación de las organizaciones comunes de mercado y de las acciones en favor del mundo rural exigen un esfuerzo cualitativo y cuantitativo muy importante. Esta tarea debe poder ser confiada a un consejero directamente relacionado con el Director que tiene a su cargo la Dirección VI.G."

8 El 6 de agosto de 1990, el demandante se quejó a su Director General de la propuesta hecha por este último al Director General de Personal y de Administración, en el mes de julio, de modificar el organigrama de la DG VI, en cuanto que dicha propuesta preveía para él un "cambio de destino, a saber, en el futuro un puesto de consejero en la Dirección VI.G". Recordaba las dudas que este traslado podría suscitar sobre su integridad y su honor. Añadía que si este traslado se produjera sin consultar al Comité Consultivo de Nombramientos (en lo sucesivo, "CCN"), quedaría excluida para él toda posibilidad de promoción al grado A 3.

9 El 18 de septiembre de 1990 el demandante solicitó al Secretario General de la Comisión que no modificara desde ese momento el organigrama en lo que a él le afectaba, a fin de evitar toda analogía con el traslado de otro jefe de unidad "cuyo carácter disciplinario estaba públicamente más allá de toda duda".

10 El 15 de octubre de 1990 el Secretario General le respondió:

"Comprendo muy bien la importancia de una diferenciación entre el puesto de consejero en el FEOGA y el traslado del jefe de la unidad [...] a un puesto de consejero. He sugerido al Sr. Legras que diferencie ambos casos."

11 El 17 de octubre de 1990, la Comisión aprobó el nuevo organigrama de la DG VI.

12 Mediante nota de 6 de noviembre de 1990, el Director General de la DG VI confirmó al demandante su nombramiento en calidad de consejero en la DG VI.G. FEOGA, con efecto a más tardar a 1 de diciembre de 1990. Conforme al deseo ya expresado por el Secretario General, esta nota precisaba que este nombramiento "es parte integrante de la reorganización prevista en [la] nota [...] de 25 de junio de 1990, cuya aplicación no implica ningún juicio sobre la manera en que ha desempeñado usted la función de jefe de la unidad VI.BI.4. Obedece, por el contrario, simplemente al legítimo deseo de que el primer análisis y la coordinación jurídica de todos los muy numerosos actos que rigen el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola sean desempeñados por un jurista experimentado y cualificado".

13 El 9 de noviembre de 1990, el Director General de Personal y de Administración confirmó a su vez al demandante que, en el marco de la modificación del organigrama de la DG VI, la Comisión había decidido, el 17 de octubre de 1990, crear un puesto de consejero relacionado con el Director de la DG VI.G. FEOGA y destinarle a ese puesto con efectos a 1 de noviembre de 1990.

14 El mismo día, el demandante solicitó a su Director General que suspendiera su nuevo destino porque éste le colocaba en una situación incómoda, ya que algunos creían que había sido promovido al grado A 3, cuando no lo había sido, y porque otros podían creer, sobre todo desde el exterior, que se trataba de una sanción disciplinaria. Añadía que tan sólo una promoción al grado A 3 podía desvanecer toda ambigueedad.

15 El 27 de noviembre de 1990, el Director General de la DG VI respondió al demandante que sus preocupaciones no le parecían "en absoluto fundadas" y que su nuevo destino había tenido lugar a raíz de su propia solicitud.

16 Mientras tanto, el demandante había presentado, el 17 de noviembre de 1990, una reclamación contra la decisión de la Comisión de 17 de octubre de 1990. El demandante alegaba, en particular, que la Comisión no había respetado en lo que a él se refería el principio, formulado en la nota del Director General de 25 de junio de 1990 relativa al procedimiento de reorganización, según el cual debía recurrirse a funcionarios voluntarios.

17 El 21 de mayo de 1991, es decir, después de transcurrir el plazo de cuatro meses previsto en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, "Estatuto"), pero durante el plazo de recurso previsto en el apartado 3 del artículo 91 del Estatuto, la Comisión denegó la reclamación del demandante, indicando en particular que el nombramiento del demandante no se había producido con infracción del procedimiento definido en la nota de 25 de junio de 1990, "habida cuenta del hecho de que dicho procedimiento solamente estaba previsto para la movilidad del personal que no tuviera la condición de jefe de unidad".

18 En estas circunstancias, el demandante interpuso el 5 de agosto de 1991 un recurso que fue registrado con el numero T-59/91.

19 Considerando que había sido trasladado en contra de su voluntad y con la finalidad de "salvar su honor", el demandante presentó, el 14 de enero de 1991, su candidatura a su antiguo puesto de jefe de la unidad VI.BI.4, cuya vacante había sido publicada mediante el anuncio nº COM/164/90, publicado el 20 de diciembre de 1990. Otros siete candidatos se presentaron para este puesto.

20 Mediante nota de 14 de febrero de 1991, el secretario del CCN informó al demandante que "el CCN examinó en su reunión de 7 de febrero de 1991 el nivel de provisión del puesto así como las cualificaciones requeridas para el titular de la función; examinó después todas las candidaturas y oyó al Director General de Agricultura. Al final de sus trabajos, el CCN llegó a la conclusión:

- en lo que atañe al nivel del puesto de jefe de unidad DG VI.BI.4 'Política de calidad y otros asuntos relativos a varios productos' , este puesto debería ser cubierto al nivel A 5/4;

- en lo que atañe al examen de las candidaturas presentadas y tras examen de las mismas, en esta ocasión no procede tomar en consideración la candidatura de usted".

21 El 25 de febrero de 1991, el demandante formuló una nueva reclamación dirigida, en primer lugar, contra la decisión de la Comisión de publicar el anuncio de vacante nº COM/164/90; en segundo lugar, contra el nombramiento del Sr. V. para dicho puesto y, en tercer lugar, contra la desestimación de su propia candidatura para el puesto.

22 Mediante decisión de 7 de marzo de 1991, el Sr. V. fue nombrado para el puesto de jefe de la unidad VI.BI.4.

23 El 11 de marzo de 1991, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, "AFPN") informó al demandante de que no había estimado su candidatura para ese puesto.

24 El 15 de abril de 1991, el demandante dirigió una carta a su Director General, en la que criticaba de nuevo el procedimiento seguido respecto a él y denunciaba el hecho de que las tareas o las actividades que le corresponderían todavía no habían sido determinadas. Una copia de esta carta fue presentada por el demandante con ocasión de la reunión del "grupo interservicios" de 5 de junio de 1991 para que fuera incorporada al expediente de su última reclamación.

25 El 9 de agosto de 1991, es decir, después de transcurrir el plazo de cuatro meses previsto en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, pero durante el plazo de recurso previsto por el apartado 3 del artículo 91 del Estatuto, la Comisión denegó la segunda reclamación del demandante.

26 En estas circunstancias, el demandante interpuso, el 7 de noviembre de 1991, un segundo recurso, que fue registrado con el número T-79/91.

27 Mediante auto de 15 de mayo de 1992, el Presidente de la Sala Quinta acordó acumular los asuntos T-59/91 y T-79/91 a efectos de la fase oral y de la sentencia.

28 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) decidió iniciar la fase oral del procedimiento sin previo recibimiento a prueba.

29 La vista se celebró el 4 de junio de 1992. Se oyeron los informes orales de los representantes de las partes, así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

Pretensiones de las partes

30 En su primer recurso (asunto T-59/91), la parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Acuerde la admisión del presente recurso y lo declare fundado.

- En consecuencia, anule la decisión de la Comisión de 17 de octubre de 1990 en cuanto modifica el organigrama de la DG VI y al mismo tiempo destina de oficio al demandante al nuevo puesto de consejero en el FEOGA, tal como fue notificada al demandante mediante cartas de 6 y 9 de noviembre de 1990.

- Condene en costas a la parte demandada.

En su segundo recurso (asunto T-79/91), la parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Acuerde la admisión del presente recurso y lo declare fundado.

- En consecuencia, anule la decisión de la Comisión de publicar el anuncio de vacante nº COM/164/90 para el puesto de jefe de la unidad VI.BI.4, publicado el 20 de diciembre de 1990.

- Anule la decisión de 7 de marzo de 1991 por la que se nombró al Sr. F.V. para dicho puesto.

- Anule la desestimación de la candidatura del demandante para ese mismo puesto.

- Condene en costas a la parte demandada.

La Comisión solicita en ambos asuntos al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso por infundado.

- Condene en costas a la parte demandante.

Sobre el fondo

31 En apoyo de su primer recurso, el demandante alega siete motivos. El primer motivo se basa en la inobservancia del procedimiento de reorganización, tal como fue definido por la nota del Director General de 25 de junio de 1990, en cuanto, en particular, la Comisión violó el principio de voluntariado. El segundo motivo se funda en la infracción del apartado 1 del artículo 7 del Estatuto, en cuanto que la decisión de traslado impugnada no fue adoptada únicamente en interés del servicio y respetando la equivalencia de los puestos. El tercer motivo se apoya en la existencia de desviación de poder, en cuanto que la referencia hecha por la Comisión a la actuación de reorganización para motivar su decisión encubre otros fines. El cuarto motivo reposa en la violación del deber de asistencia, en cuanto que la Comisión omitió completamente la consideración del interés personal del afectado. El quinto motivo se basa en la violación del principio de protección de la confianza legítima, en cuanto que la Comisión no respetó sus compromisos implícitos de dejar de estimar la candidatura del demandante para el puesto de consejero en el FEOGA si su traslado no iba acompañado de una promoción al grado A 3. El sexto motivo se funda en la violación del principio de no discriminación, en cuanto que otro puesto directivo de nueva creación fue provisto con base en el principio del voluntariado, a diferencia del puesto del demandante. El último motivo descansa en la infracción del artículo 25 del Estatuto en cuanto que la decisión impugnada no está suficiente ni correctamente motivada.

32 En apoyo de su segundo recurso, el demandante aduce las consecuencias de la ilegalidad de su traslado, alegada en el primer recurso, e invoca la existencia, por una parte, de un error manifiesto de apreciación en lo que atañe a la desestimación de su candidatura a su antiguo puesto y, por otra parte, una infracción del apartado 2 del artículo 25 del Estatuto en lo que respecta a la motivación de esa desestimación.

Respecto al primer recurso

Sobre la inobservancia del procedimiento de reorganización

33 El demandante expone que la carta de 6 de noviembre de 1990, por la que se le notificó su traslado, precisaba que "el nombramiento para la función antes reseñada es parte integrante de la actuación de reorganización que fue objeto de mi nota VI/00666 de 25.6.1990". En el marco del procedimiento definido por esta nota, la decisión impugnada sólo podría explicarse por el hecho de que, al no haber tenido éxito la primera etapa voluntaria del procedimiento de reorganización, el Director General se vio constreñido al traslado de oficio del demandante, previsto en el Título III, punto 5, de su nota de 25 de junio de 1990. Este último punto prevé en efecto que, en caso de que ninguna candidatura pudiera ser estimada, el Director General -únicamente en interés del servicio- se vería obligado a proponer el traslado del funcionario que designara, llegado el momento, después de haber recabado el dictamen del "grupo de selección".

34 Según el demandante, se desprende claramente de los hechos del presente asunto que el procedimiento de reorganización no fue respetado ni siquiera iniciado en lo que a él respecta, dado que fue trasladado de oficio contra su voluntad.

35 El demandante mantiene que, en la respuesta a su reclamación, la Comisión no podía alegar que el procedimiento de reorganización, descrito en el punto III de la nota de 25 de junio de 1990, no fuera aplicable al demandante a causa de su condición de jefe de unidad. En efecto, resalta el demandante, el anexo I de dicha nota, que recoge las modificaciones del organigrama, menciona expresamente la creación de un puesto de "consejero" en la DG VI.G "FEOGA", puesto al que la jerarquía le destinaba.

36 Reconoce el demandante que, en el marco del procedimiento de reorganización, se procedió a dos categorías de transferencias de puestos de trabajo (punto II.3 de dicha nota): por una parte, "las transferencias que son consecuencia de las modificaciones introducidas en el organigrama y de la transferencia de competencia", modificaciones recogidas en el anexo I de dicha nota, que prevé en su punto 4 la creación de un puesto de consejero en la DG VI.G. FEOGA; por otra parte, "las transferencias que corresponden a la reorganización propiamente dicha", modificaciones recogidas en el anexo II de la misma nota. Pero considera que el punto III de la misma nota, titulado "El procedimiento proyectado para las transferencias", contempla todas las transferencias, a falta de especificación alguna. Considera que, por tanto, debió seguirse este procedimiento, aunque su destino al puesto de consejero en la DG VI.G. FEOGA tuviera lugar a consecuencia de las modificaciones del organigrama. Nada permite a la Comisión afirmar que este procedimiento sólo era aplicable a la "reorganización propiamente dicha", a saber, la segunda categoría de transferencias.

37 La Comisión replica que el Director General ejerce con autonomía las facultades descentralizadas de la AFPN tan sólo para el traslado interno de funcionarios que no sean jefes de unidad. Respecto a estos últimos, el nuevo destino está subordinado a la conformidad de tres miembros de la Comisión, a saber, el Comisario encargado del sector de que se trate, el Comisario encargado del Personal y de la Administración, así como el Presidente de la Comisión. Por tanto, el Director General no tenía competencia alguna para determinar por sí mismo el procedimiento para el nuevo destino de los jefes de unidad. Así pues, la afirmación según la cual el procedimiento previsto en el punto III de la nota de 25 de junio de 1990 sólo afecta de hecho a las medidas de "reorganización propiamente dicha" (anexo II de la nota) se revela lógica, ya que el Director General por sí solo no podía decidir ningún procedimiento relativo al nuevo destino de los jefes de unidad.

38 El Tribunal de Primera Instancia considera que en el presente asunto no pudo haber violación del procedimiento de reorganización, tal como había sido definido en la nota del Director General de Agricultura de 25 de junio de 1990, en particular en cuanto preveía la prioridad del principio de voluntariado, porque en cualquier caso ésta no era aplicable al demandante. En efecto, este procedimiento fue definido por el Director General de la DG VI. Ahora bien, respecto a los jefes de unidad como el demandante, las facultades de la AFPN no fueron delegadas en el Director General, sino en el miembro competente de la Comisión, en el miembro de la Comisión encargado del Personal y de la Administración y en el Presidente de la Comisión, como resulta de la comunicación publicada en el nº 597 del Courrier du Personnel, relativa a "la descentralización en el ejercicio de determinadas facultades en materia de gestión de personal (AFPN)", cuyo contenido no es discutido por las partes, según manifestaron éstas en la vista. Dado que el Director General no podía definir un procedimiento que limitara la facultad de apreciación de los tres miembros de la Comisión que ejercían respecto al demandante las facultades de la AFPN, el procedimiento de reorganización no podía aplicarse al demandante.

39 Por tanto, la decisión impugnada no puede constituir una violación del procedimiento de reorganización.

40 Como sea que el demandante manifestó en la vista que su recurso se fundaba únicamente, en lo que atañe al procedimiento preceptivo, en la inobservancia del procedimiento de reorganización, y que no alegaba la violación de un procedimiento distinto del citado, como el establecido en el artículo 29 del Estatuto, debe desestimarse el motivo.

Sobre la infracción del apartado 1 del artículo 7 del Estatuto

41 El demandante mantiene que la decisión impugnada se funda en el apartado 1 del artículo 7 del Estatuto y que en consecuencia la misma debió ser adoptada únicamente en interés del servicio y respetando la correspondencia entre puesto de trabajo y grado.

42 Recuerda, en lo que atañe a su nuevo puesto de trabajo, las razones alegadas por la Comisión para justificar la creación del puesto de consejero en la Dirección VI.G. Dando pruebas de su buena voluntad, el demandante, tan pronto como llegó a la Dirección VI.G., insistió en la necesidad de que se precisaran sus funciones. A pesar de la petición formal que formuló al respecto en enero de 1991, sus tareas y actividades propias sólo fueron determinadas mediante notas de 17 de mayo y 12 de junio de 1991, es decir, más de seis meses después de su cambio de destino.

43 De ello deduce el demandante que el puesto de consejero en el FEOGA no puede en absoluto ser considerado como equivalente al puesto de jefe de la unidad VI.BI.4 que había ocupado anteriormente, cuya importancia se pone en evidencia por las funciones atribuidas a dicha unidad. Por tanto, los requisitos del apartado 1 del artículo 7 del Estatuto, con los que se permite un traslado forzoso, no fueron satisfechos en el presente caso. Según el demandante, la medida de reorganización lesiona sus derechos estatutarios no sólo porque acarrea una disminución de sus atribuciones, sino, además, porque sus atribuciones residuales, habida cuenta de su naturaleza, de su importancia y de su amplitud, son muy inferiores a las que corresponden a su grado y puesto de trabajo. Esta decisión debe, por consiguiente, ser anulada (sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 1983, List/Comisión, 263/81, Rec. p. 103).

44 La Comisión opone que no sólo "la apreciación de la aptitud de un funcionario para una función determinada es competencia de la administración" (auto del Tribunal de Justicia de 28 de marzo de 1974, Kuester/Parlamento, 23/74 R, Rec. p. 331, apartado 11), sino que las dudas manifestadas por el demandante en cuanto a la equivalencia de sus nuevas funciones con las que anteriormente ejerció se revelan sin fundamento.

45 Recuerda la Comisión que, para que una medida lesione el derecho que reconocen a todo funcionario los artículos 5 y 7 del Estatuto a que le sean atribuidas funciones propias, en su conjunto, del puesto de trabajo que corresponde a su grado en la jerarquía, no basta que esa medida comprenda un cambio, incluso una disminución cualquiera de sus atribuciones, sino que es preciso que esas nuevas funciones, en su conjunto, en cuanto a su naturaleza, su importancia y su amplitud, estén manifiestamente por debajo de las que corresponden a su grado y puesto de trabajo.

46 La Comisión destaca que, en el presente caso, como lo demuestran las precisiones facilitadas por el Director General y las instrucciones internas difundidas por su Director, las nuevas tareas que fueron confiadas al demandante parecen adecuadas a su grado, sea cual fuere la importancia de la unidad VI.BI.4 que el demandante dirigió anteriormente. Por tanto, el demandante no ha demostrado ningún error de apreciación por parte de la Institución.

47 La Comisión concluye que el nombramiento del demandante en calidad de consejero es resultado de un mero acto de asignación de nuevo destino que tuvo lugar en el marco de una medida de reorganización de los servicios adoptada por la administración en ejercicio de su potestad de apreciación (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1983, Nebe/Comisión, 176/82, Rec. p. 2475, y de 4 de julio de 1989, Kerzman/Tribunal de Cuentas, 198/87, Rec. p. 2085).

48 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que el apartado 1 del artículo 7 del Estatuto prevé que la AFPN destinará a cada funcionario a un puesto de su categoría, que corresponda a su grado, mediante nombramiento o traslado, tomando en cuenta únicamente el interés del servicio y sin consideración de la nacionalidad (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1983, antes citada, 176/82, apartado 17).

49 En el presente caso, el demandante mantiene en sustancia que las nuevas funciones que le fueron confiadas a raíz de su traslado no son adecuadas al puesto de trabajo que corresponde al grado que ocupa en la jerarquía y que, por esta sola razón, su traslado no es conforme al interés del servicio. A este respecto, debe recordarse que la regla de correspondencia entre grado y puesto de trabajo implica, en caso de modificación de las funciones del funcionario, no una comparación entre las funciones actuales y las anteriores, sino entre sus funciones actuales y su grado en la jerarquía (sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de marzo de 1988, Hecq/Comisión, 19/87, Rec. p. 1681, apartado 7). En el presente caso, las nuevas funciones atribuidas al demandante corresponden perfectamente a su grado, como lo demuestra en especial la justificación de la creación de este puesto de trabajo en el organigrama, contenida en la nota del Director General de la DG VI, de 25 de junio de 1990 (véase el apartado 7 supra).

50 Por lo demás, si puede acaso lamentarse que el demandante haya tenido que esperar varios meses para obtener mayores precisiones en cuanto al contenido concreto de sus nuevas funciones, debe observarse, no obstante, que la misma naturaleza de las funciones atribuidas al demandante -a saber, una función de consejero del Director encargado de la coordinación jurídica de los trabajos de varias unidades- se opone a que su contenido fuera determinado a priori con suma precisión y ofrece al interesado la posibilidad de definir sus contornos a partir de la experiencia adquirida en su nueva función y de las necesidades del servicio.

51 Se sigue de ello que las nuevas funciones del demandante, si bien difieren de las que había ejercido anteriormente, se ajustan al puesto de trabajo correspondiente a su grado. Por tanto, ha de estimarse que la decisión impugnada no fue adoptada infringiendo el apartado 1 del artículo 7 del Estatuto.

52 En consecuencia, no puede acogerse este motivo.

Sobre la existencia de desviación de poder

53 El demandante no discute la utilidad de una política bien llevada en materia de movilidad del personal. No obstante, mantiene que en el presente caso esta política fue aplicada con un fin ajeno al interés general y que, además, se desvía tanto del espíritu como de la letra y de la finalidad de la actuación de reorganización.

54 Mantiene el demandante que la Comisión no puede fundar su decisión en su pretendida petición de traslado, ya que en el momento oportuno revocó su conformidad de principio por razones concretas y serias, independientes de su voluntad, a saber, los numerosos rumores sobre los motivos por los que proyectaba su traslado. En efecto, este traslado habría sido asociado erróneamente al de otro jefe de unidad, cuyo traslado a un puesto de consejero fue sin duda alguna de carácter disciplinario, como demuestran diferentes artículos de prensa.

55 Además, el demandante añade que el origen de su petición estaba en la falta de personal cualificado dentro de su unidad, resultado del traslado del mejor experto en aduanas de esta unidad a otra. Ahora bien, se remedió esta falta de personal cualificado en el curso del año 1990, de manera que la unidad pudiera desempeñar en el momento oportuno las tareas que eran propias de la misma con entera satisfacción de la jerarquía. El demandante destaca que este cambio inesperado se debió en amplia medida a sus esfuerzos personales. Por estas razones igualmente revocó su petición de traslado.

56 La Comisión opone que el demandante no ha aportado en el orden fáctico indicios objetivos, pertinentes y concordantes que demuestren que la decisión impugnada fue adoptada para alcanzar fines distintos de los alegados (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de junio de 1991, Cargill/Comisión, C-248/89, Rec. p. I-2987, apartado 26) y que, lejos de haber ejercido sus facultades con una finalidad distinta de aquélla para la cual le fueron atribuidas, la AFPN decidió el nuevo destino del demandante únicamente en interés del servicio y en el marco de la reorganización de sus servicios, sin exceder de la amplia facultad de apreciación de que disponen las Instituciones en esta materia.

57 El Tribunal del Primera Instancia observa que se desprende de una jurisprudencia reiterada que, cuando una decisión no ha sido juzgada contraria al interés del servicio, debe excluirse la desviación de poder (sentencia de 14 de julio de 1983, antes citada, 176/82, apartado 25).

58 Por lo demás, hay que señalar que el demandante no ha proporcionado elemento alguno que pueda demostrar que la decisión impugnada fue adoptada para alcanzar finalidades distintas de las invocadas en apoyo de dicha decisión.

59 De ello sigue que este motivo debe ser desestimado.

Sobre la violación del derecho de asistencia

60 El demandante alega que el deber de asistencia implica en particular que, cuando se pronuncia sobre la situación de un funcionario, la administración debe tomar en consideración el conjunto de elementos que pueden determinar su decisión y que, al hacerlo, la administración debe tener en cuenta no sólo el interés del servicio, sino también el del funcionario afectado (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de marzo de 1990, Hecq/Comisión, asuntos acumulados C-116/88 y C-149/88, Rec. p. I-599, apartado 15).

61 Mantiene el demandante que en el presente caso la administración no tuvo en absoluto en cuenta su interés personal, pues los actos impugnados lesionan gravemente sus intereses, en cuanto que fueron adoptados sin atender a las reservas que el demandante había formulado. En efecto, la Comisión no llegó a discernir entre las diferentes preocupaciones del demandante, limitándose a interpretar su inicial petición de traslado como dirigida a obtener un traslado lo más rápidamente posible, siendo así que, si informó a sus superiores jerárquicos de los problemas existentes dentro de su unidad, fue con el afán de una buena ejecución de las tareas que le habían sido confiadas en la unidad VI.BI.4. El demandante repite que su eventual traslado, en determinado momento, le pareció una solución posible para los problemas de su unidad, pero que unos seis meses después, a pesar de su inicial pesimismo, compartido por sus superiores jerárquicos, él mismo consiguió resolver la mayor parte de esos problemas.

62 El demandante añade que, a raíz de sucesos ajenos a su voluntad, tuvo que solicitar la asistencia de sus superiores jerárquicos. Estos sucesos le habían colocado, en efecto, en una situación en la que un traslado habría afectado a su reputación, a su honor y, por ello, a la evolución futura de su carrera. A este respecto, añade que la carta de su Director General, de 6 de noviembre de 1990, en cuanto indica el carácter no disciplinario de la medida y la apreciación real dada por la Comisión a sus muy numerosas cualidades, no pudo restablecer su buena reputación, en particular a los ojos de los medios administrativos y profesionales externos a los servicios de la Comisión.

63 La Comisión objeta que se desprende de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que las exigencias del deber de asistencia no pueden impedir a la AFPN adoptar las medidas que considere necesarias en interés del servicio (sentencia de 16 de diciembre de 1987, Delauche/Comisión, 111/86, Rec. p. 5345) y que, "para valorar tanto el interés del servicio como los intereses de los agentes, la AFPN ostenta una amplia facultad de apreciación, debiéndose limitar el control [...] al problema de si ésta se ha mantenido dentro de límites no condenables, sin haber ejercido sus facultades de manera manifiestamente errónea" (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 1990, Moritz/Comisión, T-20/89, Rec. p. II-769).

64 En el presente caso, según la Comisión, la atención prestada por la AFPN a la situación del interesado y las múltiples garantías que se le dieron a lo largo del procedimiento de destino demuestran que la AFPN no faltó al deber de asistencia que le incumbía. Todos los elementos que pueden determinar su decisión, incluidas las reservas formuladas por el demandante, fueron debidamente valorados. A juicio de la Comisión, la carta del Director General al demandante, de 6 de noviembre de 1990, señalaba suficientemente el carácter "no disciplinario" de la medida y la apreciación real dada por la Comisión a las muy numerosas cualidades del demandante, cualidades que justifican el destino de éste a su nueva función de consejero, en la cual todas ellas son necesarias.

65 La Comisión concluye que, de aceptar la tesis del demandante íntegramente, la administración sólo habría podido o bien renunciar a destinarle a sus nuevas funciones o bien promoverle al grado superior, lo que limitaría de manera difícilmente aceptable la libertad de las Instituciones en la organización de sus servicios.

66 El Tribunal de Primera Instancia observa que se desprende de una reiterada jurisprudencia que el deber de asistencia de la administración para con sus agentes refleja el equilibrio de derechos y obligaciones recíprocos que el Estatuto creó en las relaciones entre la autoridad pública y los agentes del servicio público y que las exigencias del deber de asistencia no pueden impedir a la AFPN adoptar las medidas que considere necesarias en interés del servicio (sentencia de 16 de diciembre de 1987, Delauche/Comisión, antes citada), ya que "la provisión de cada puesto de trabajo debe fundarse en primer lugar en el interés del servicio" (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 1990, antes citada, T-20/89).

67 En el presente caso, la Comisión satisfizo las exigencias que le impone el deber de asistencia al indicar claramente al demandante, mediante la carta del Secretario General de 15 de octubre de 1990 y la del Director General de 6 de noviembre de 1990, que la decisión que le afectaba no implicaba ningún juicio acerca de la forma en que cumplió la función de jefe de la unidad VI.BI.4 y que obedece por el contrario al deseo legítimo de confiar a un "jurista experimentado y cualificado" el primer análisis y la coordinación jurídica de los muy numerosos actos que rigen el FEOGA. De este modo, la Comisión proporcionó al demandante un documento escrito que le permitía, en la medida de lo posible, desmentir los eventuales rumores que le afectaban. De esta forma, la Comisión ejercitó su amplia facultad de apreciación dentro de límites no censurables para evaluar las exigencias del interés del servicio, por una parte, y del interés del demandante, por otra parte.

68 Se sigue de ello que debe ser desestimado este motivo.

Sobre la violación del principio de confianza legítima

69 El demandante mantiene que la Comisión no respetó su compromiso implícito de no considerarle candidato al puesto de consejero en el FEOGA salvo si fuera promovido al grado A 3, y de esta forma violó el principio de protección de la confianza legítima. La falta de respuesta a las notas que había dirigido a sus superiores jerárquicos para exponer los motivos de revocación de su conformidad de principio en cuanto a su traslado le permitía confiar en que dicho traslado no tendría lugar en el marco de la reorganización, a menos que lo decidiera el Director General al término de una correcta aplicación del procedimiento de reorganización y, por tanto, respetando en particular el principio de voluntariado.

70 Añade que el anexo a la nota de 25 de junio de 1990, en cuanto que no cita nombre alguno, había reforzado la confianza legítima que podía tener en que su traslado sólo se tomaría en consideración respetando el procedimiento de reorganización o de acuerdo con el principio de voluntariado.

71 Destaca el demandante finalmente que, visto el desarrollo de su carrera hasta la actualidad, podía esperar legítimamente ser promovido al grado A 3 en un futuro próximo. Ahora bien, en el actual estado de cosas, esta esperanza se ha reducido.

72 La Comisión objeta que no puede hablarse de ruptura de un compromiso por parte de la Administración y que el interesado no puede pues alegar garantías precisas dadas por ésta. Por lo demás, la Comisión no entiende por qué razones el nuevo destino del demandante es de tal naturaleza que afecte a las posibilidades de evolución ulterior de su carrera. Está previsto un procedimiento específico de "promoción" al grado A 3 para los funcionarios titulares de una función de dirección intermedia como el demandante.

73 La Comisión concluye que el fundamento real del recurso interpuesto por el demandante parece ser el acceso al grado A 3.

74 El Tribunal de Primera Instancia observa que el expediente no revela indicio alguno de un compromiso implícito de la Comisión de dejar de considerar al demandante como candidato al puesto de consejero FEOGA, a menos que fuera promovido al grado A 3, ni tampoco de aplicarle, sin tener obligación de ello, el procedimiento de reorganización en cuanto que éste concede la prioridad al traslado voluntario. Además, el demandante no puede inferir del silencio de la administración una renuncia de ésta a proceder a su traslado al puesto de consejero FEOGA, porque el Estatuto, en particular el apartado 3 del artículo 90, se funda en el principio de que la falta de respuesta de la administración equivale a decisión denegatoria presunta. El silencio de la Comisión no puede pues constituir indicio de conformidad de la administración. Por otra parte, hay que señalar que la carta del Secretario General de 15 de octubre de 1990, que respondía a la carta del demandante de 18 de septiembre de 1990, demuestra explícitamente que la Comisión no contrajo en ningún momento el menor compromiso al respecto puesto que indica: "Comprendo muy bien la importancia de una diferenciación entre el puesto de consejero en el FEOGA y el traslado del jefe de la unidad VI.E.4 a un puesto de consejero. He sugerido al Sr. Legras que diferencie los dos casos".

75 Por lo demás, el hecho de que el anexo a la nota de 25 de junio de 1990 no cite nombre alguno tampoco es adecuado para demostrar la existencia de un compromiso implícito de la Comisión, porque lo propio de un proyecto de organigrama es no citar ningún nombre.

76 En estas circunstancias, hay que excluir la violación del principio de confianza legítima.

77 Se sigue de ello que no se puede acoger este motivo.

Sobre la violación del principio de no discriminación

78 El demandante señala que el segundo puesto de dirección creado con ocasión de la modificación del organigrama de la DG VI, a saber, el de jefe de la nueva unidad VI.4 ("promoción de productos agrícolas"), no fue objeto de provisión uno actu, sino de provisión con arreglo al principio de voluntariado (anuncio de vacante y candidaturas según el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto). Pues bien, el candidato ulteriormente elegido para este puesto según este procedimiento es un funcionario de grado A 4 que, como el demandante, había ejercido antes de este nuevo destino otras funciones en el seno de la misma DG VI. Deduce que la flagrante diferencia de trato de situaciones también comparables es inaceptable y no fue objeto de motivación específica alguna que pudiera justificarla.

79 La Comisión destaca que, al actuar de esa forma, respetó el artículo 7 del Estatuto y que el demandante no puede invocar el hecho de que la Comisión aplicara otro procedimiento para proveer otro puesto de trabajo correspondiente al grado A 4, desde el momento en que el procedimiento seguido respecto al demandante era legal.

80 El Tribunal de Primera Instancia observa que, desde el momento en que el procedimiento seguido respecto al demandante no está viciado por ilegalidad alguna, el demandante no puede pretender que el hecho de que otro funcionario haya sido afectado por una medida idéntica en aplicación de un procedimiento diferente constituya una discriminación.

81 Por tanto, no se puede acoger el motivo.

Sobre la violación de la obligación de motivación

82 El demandante mantiene que se ha infringido el párrafo segundo del artículo 25 del Estatuto, en cuanto que toda decisión lesiva no sólo debe estar motivada, sino además motivada de forma veraz.

83 Alega el demandante que la Comisión no puede basarse en la amplia facultad de apreciación de que disponen las Instituciones en la organización de sus servicios para intentar eludir la obligación de motivación. En efecto, la decisión de la Comisión de 17 de octubre de 1990 tiene como resultado su traslado contra su voluntad, a consecuencia de la modificación del organigrama de la DG VI, que creó una función de consejero del Director de la DG VI. Por ello, esta decisión constituye un acto lesivo, del que el demandante impugna la falta de motivación veraz en cuanto que la decisión invoca, como justificación, la reorganización, siendo así que no se respetó el procedimiento de reorganización.

84 Por lo demás, el demandante expone que si, para tratar de encontrar una motivación, se hace referencia a las cartas de 6 y 9 de noviembre de 1990, con las que se le notificó la decisión lesiva, debe observarse una divergencia de motivación. En efecto, la primera se limitaba a indicar que su nombramiento para la función de consejero formaba parte integrante de la reorganización que fue objeto de la nota VI/00666 de 25 de junio de 1990. Por el contrario, la segunda enmarca su nuevo destino en la modificación del organigrama de la Dirección General de Agricultura. De esta forma, la Comisión decidió, el 17 de octubre de 1990, a raíz de dicha modificación, crear una función de consejero en el FEOGA y destinarle a ella.

85 Ahora bien, según el demandante, si efectivamente su traslado formaba parte de la reorganización, la decisión que le comunicaba su traslado habría debido contener los motivos que le permitieran comprobar si se había respetado el procedimiento de reorganización, tal como había sido descrito en la nota de 25 de junio de 1990, que contenía, entre otros, el principio de voluntariado.

86 Añade el demandante en la réplica que, con ocasión de la entrevista con su Director General el 14 de marzo de 1990, quedó aclarado que éste no podía prometerle nada en cuanto al nivel, A 4 o A 3, en el que sería provisto el puesto de consejero en el FEOGA. Esto indicaba muy claramente que, cuando el demandante fue propuesto para este nuevo puesto de trabajo, estaba claro que la cuestión de su eventual promoción al grado A 3 sería examinada y resuelta según el procedimiento habitual, es decir, previa presentación de una candidatura consecutiva a un anuncio de vacante de puesto de trabajo de niveles A 5, A 4 y A 3, con arreglo a las modalidades fijadas por la decisión de la Comisión de 19 de julio de 1988 relativa a la provisión de los puestos de trabajo de dirección intermedia. Este procedimiento habría permitido al CCN emitir un dictamen sobre el nivel en el que el puesto de trabajo debía ser provisto. En el presente caso, el demandante quedó privado de esta consulta al CCN, que habría podido llevar a su promoción al grado A 3, que legítimamente podía esperar en un futuro próximo visto el desarrollo de su carrera.

87 La Comisión recuerda, en primer lugar, que resulta de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que una medida de reorganización interna, que no es de naturaleza tal que pueda lesionar la posición estatutaria de los interesados o el respeto del principio de correspondencia entre grado y puesto de trabajo, no está sujeta a la obligación de motivación (véase, en especial, la sentencia de 17 de mayo de 1984, Albertini y Montagnani/Comisión, 338/82, Rec. p. 2123).

88 La Comisión añade que, incluso suponiendo que una medida de organización interna como la aquí debatida hubiera exigido una motivación cualquiera, el demandante estaba en condiciones de "comprender el alcance de la medida adoptada" respecto a él, gracias a los numerosos contactos y a la correspondencia intercambiada con sus superiores en este asunto. Ahora bien, se desprende de una jurisprudencia muy asentada que una decisión está suficientemente motivada desde el momento en que el acto impugnado se ha producido en un contexto conocido por el interesado, que le permite comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1981, Arning/Comisión, 125/80, Rec. p. 2539; de 1 de junio de 1983, Seton /Comisión, asuntos acumulados 36/81, 37/81 y 218/81, Rec. p. 1789, y de 7 de marzo de 1990, antes citada, asuntos acumulados C-116/88 y C-149/88).

89 A este respecto, la Comisión niega que la motivación contenida en las cartas de 6 y 9 de noviembre de 1990 sea contradictoria. La Comisión recuerda, por una parte, que la primera intentaba en particular responder a las preocupaciones expresadas por el demandante con el fin de evitar cualquier confusión con la situación de otro jefe de unidad. Por esta razón, dicha nota precisaba que el nombramiento del demandante formaba parte integrante de la reorganización que fue objeto de la nota de 25 de junio de 1990, sin que se mencionara el procedimiento descrito en el punto III de esta nota. La Comisión señala, por otra parte, que la segunda carta coloca el nuevo destino del demandante "en el marco de la modificación del organigrama de la Dirección General de Agricultura". Ahora bien, la reorganización prevista de la DG VI, de la que era una expresión la "reordenación " de los recursos, implicaba manifiestamente una "modificación del organigrama" de la Dirección General. La creación de la nueva función de consejero y el destino del demandante a ésta por la Comisión, en virtud del artículo 7 del Estatuto, presuponían la previa modificación del organigrama. La Comisión no ve por tanto de qué forma la motivación contenida en estas dos cartas es contradictoria.

90 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que de una jurisprudencia reiterada se desprende que una decisión está suficientemente motivada cuando el acto impugnado se ha producido en un contexto conocido por el funcionario afectado, que le permite comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1981, 125/80; de 1 de junio de 1983, asuntos acumulados 36/81, 37/81 y 218/81, y de 7 de marzo de 1990, asuntos acumulados C-116/88 y C-149/88, antes citadas).

91 En el presente caso, se desprende de las diferentes notas cruzadas entre las partes en el curso del año 1990 que el demandante comprendió perfectamente el alcance de la medida adoptada respecto a él.

92 No obstante, es oportuno preguntarse, por una parte, si las cartas de 6 y 9 de noviembre de 1990 son divergentes en lo relativo al fundamento de la medida, habida cuenta de que la primera indicaba que esta medida formaba parte integrante de la actuación general de reorganización prevista en la nota de 25 de junio de 1990, mientras que la segunda sitúa esta medida en el marco de la modificación del organigrama, y, por otra parte, si esta contradicción fue de naturaleza tal que podía inducir al demandante a error sobre el procedimiento que debía seguirse respecto a él.

93 Para responder a estas cuestiones, debe recordarse que el procedimiento de reorganización no era aplicable al demandante, contrariamente a lo que tal vez podía hacer creer la carta de 6 de noviembre de 1990. Ahora bien, esta eventual falta de precisión fue corregida por la Comisión, por una parte en su carta de 9 de noviembre de 1990 y, por otra parte, en su respuesta a la reclamación del demandante, en la cual la Comisión indicó claramente que "dicho procedimiento estaba previsto solamente para la movilidad del personal que no tuviera la condición de jefe de unidad".

94 Además, para apreciar el alcance de las diferentes notas cruzadas entre las partes, es preciso tener en cuenta la finalidad de cada una de ellas. Al respecto, hay que observar que la nota de 6 de noviembre de 1990 tenía la finalidad, en la medida en que se refería a la actuación general de reorganización, de distinguir la situación del demandante de la de otro jefe de unidad, respecto al que se seguía un procedimiento disciplinario.

95 Se sigue de ello que la eventual imprecisión contenida en la carta de 6 de noviembre de 1990 fue corregida durante el procedimiento administrativo, por lo que debe excluirse la infracción del párrafo segundo del artículo 25 del Estatuto.

96 Por lo demás, el Tribunal observa que la invocación, en el momento de la réplica y al amparo del motivo relativo a la infracción del artículo 25, del perjuicio que habría sufrido el demandante por no aplicársele el procedimiento definido en la decisión de la Comisión de 19 de julio de 1988 constituye un motivo nuevo, que no puede ser admitido con arreglo al apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento (véase, además, el apartado 40 supra).

97 En consecuencia, debe desestimarse este motivo.

98 Resulta de cuanto antecede que debe desestimarse el primer recurso.

Respecto al segundo recurso

99 El segundo recurso tiene un triple objeto, a saber, la anulación del anuncio de vacante nº COM/164/90, la desestimación de la candidatura del demandante y el nombramiento del Sr. V. para el puesto declarado vacante.

Sobre la ilegalidad del anuncio de vacante nº COM/164/90

100 El demandante sostiene que, dado que ha demostrado la ilegalidad de su traslado de oficio en el marco de su primer recurso, la Comisión no estaba legitimada para considerar que su puesto de jefe de la unidad VI.BI.4 estaba vacante ni, por tanto, para publicar el anuncio de vacante nº COM/164/90.

101 La Comisión opone que ha demostrado en el marco del primer recurso que el destino del demandante a nuevas funciones era plenamente legítimo. Deduce de ello que, en consecuencia, era indispensable en el terreno de la organización seguir un procedimiento que permitiera reemplazar al demandante. En este contexto fue publicado el anuncio de vacante nº COM/164/90 (jefe de la unidad VI.BI.4).

102 El Tribunal de Primera Instancia observa que el único motivo aducido por el demandante para demostrar la ilegalidad del anuncio de vacante nº COM/164/90 es la ilegalidad de la decisión adoptada por la Comisión el 17 de octubre de 1990 respecto al demandante.

103 Dado que el recurso interpuesto contra esta decisión debe ser desestimado, hay que desestimar igualmente el segundo recurso en lo que atañe a su primer objeto.

Sobre la ilegalidad de la desestimación de la candidatura del demandante para su antiguo puesto de trabajo

104 El demandante expone, en su réplica, que la aportación por la Comisión -en anexo a su contestación a la demanda- del dictamen nº 10/91 del CCN, para demostrar que este órgano no sólo examinó el escrito de candidatura de cada interesado en aplicación de la letra a) del apartado 1 del artículo 29 del Estatuto, sino igualmente el expediente personal de cada uno de ellos, revela en realidad que las aptitudes y cualidades del demandante para ocupar su antiguo puesto no pudieron ser examinadas por el CCN en su reunión de 7 de febrero de 1991. En efecto, el elemento esencial que permite dicha apreciación debía haber sido el informe de calificación del demandante para el período que va del 1 de julio de 1987 al 30 de junio de 1989. Ahora bien, el demandante afirma, sin que la Comisión lo niegue, que los miembros del CCN no pudieron tener conocimiento de dicho informe en su deliberación de 7 de febrero de 1991, puesto que dicho informe no fue adoptado con carácter definitivo hasta el 22 de enero de 1991, sin darle la redacción final hasta el 8 de febrero de 1991 como muy pronto. Dado que la Comisión no pudo apreciar todas sus aptitudes y cualidades para ocupar el puesto que fue suyo anteriormente, la misma desestimó, erróneamente y sin motivación, su candidatura. Esta flagrante diferencia de trato del demandante en relación con los demás candidatos es inaceptable y constituye una discriminación.

105 Además, el demandante no comprende por qué el haber ocupado anteriormente el puesto que debía proveerse, que había abandonado en contra de su voluntad, podría impedirle presentar su candidatura a dicho puesto.

106 La Comisión observa que el demandante no discute que la AFPN dispone de una amplia facultad de apreciación en lo que atañe al examen de las candidaturas a un puesto vacante. La Comisión resalta que el dictamen enviado al demandante por la secretaría del CCN no indica en absoluto que su candidatura no se hubiera tomado en consideración, sino antes bien que el CCN "examinó todas las candidaturas", y que "oyó al Sr. Legras, Director General de Agricultura", y que, "como resultado de sus trabajos", estimó "en lo que respecta al examen de las candidaturas presentadas y una vez examinadas, que su candidatura no debería ser tomada en consideración en esta ocasión". Este dictamen indica además muy claramente que "el Comité examinó el escrito de candidatura de cada candidato".

107 La Comisión discute, por lo demás, el fundamento del argumento según el cual el hecho de que el demandante hubiera ya ocupado ese puesto en el pasado a satisfacción de sus superiores sea un elemento adecuado para demostrar la existencia de un error manifiesto por parte de la Institución al nombrar a un candidato diferente del antiguo titular del puesto. Añade la Comisión que, al contrario, no puede sorprender que sea excluido un candidato que precisamente había sido destinado recientemente, en interés del servicio, a una función diferente dentro de la Dirección General.

108 La Comisión reconoce, es cierto, que el proyecto de informe de calificación no fue presentado al interesado hasta el 3 de agosto de 1990, pero señala que los sucesivos retrasos que se acumularon a partir de dicha fecha fueron también debidos al hecho de que el demandante impugnó ese informe.

109 Añade la Comisión que se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que no es preciso que todos los candidatos se encuentren en el momento de la decisión de nombramiento exactamente en la misma fase en lo que se refiere al estado de sus informes de calificación y que la AFPN no debe aplazar su decisión si el informe más reciente de uno u otro candidato no es aún definitivo a consecuencia de una reclamación ante los calificadores de alzada o el comité paritario (sentencia de 27 de enero de 1983, antes citada, 263/81). Además, dado que el informe del demandante no podía añadir nada a las excelentes apreciaciones de los informes precedentes, la inexistencia del último informe no impidió que el examen de los méritos se efectuara en las condiciones exigidas y no pudo ser perjudicial para él (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 1978, De Roubaix/Comisión, 25/77, Rec. p. 1081). Por esta razón, la Comisión considera que el CCN disponía de suficientes elementos de apreciación en el expediente del demandante.

110 En lo que se refiere al supuesto vicio de motivación de la decisión adoptada, la Comisión afirma que las circunstancias en las que esta decisión fue adoptada y comunicada al interesado fueron, en cualquier caso, adecuadas para informarle claramente de las razones y fundamentos de la misma (sentencia de 28 de mayo de 1980, Kuhner/Comisión, asuntos acumulados 33/79 y 75/79, Rec. p. 1677).

111 El Tribunal de Primera Instancia considera que, a pesar de que el demandante presentó su reclamación contra la desestimación de su candidatura y el nombramiento del Sr. V. antes de que se produjeran estas decisiones, procede acordar la admisión del recurso. En efecto, el demandante, mediante su carta de 15 de abril de 1991, completó su reclamación inicial y, en estas circunstancias, el carácter prematuro de la reclamación inicial de 25 de febrero de 1991 no impidió que el procedimiento administrativo previo alcanzara su objetivo, es decir, hacer posible una solución amigable de la controversia, como la Comisión reconoció en la vista.

112 En cuanto al fondo, el Tribunal de Primera Instancia recuerda, con carácter preliminar, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha reconocido a las Instituciones de la Comunidad una amplia facultad de apreciación en la organización de sus servicios en función de las tareas que les están confiadas y en el destino, con vistas a éstas, del personal que está a su disposición (sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de marzo de 1988, antes citada, 19/87, apartado 6).

113 En el presente caso, ha de observarse que, en el momento en que el CCN procedió al examen comparativo de los méritos de los diferentes candidatos al puesto que se debía proveer, este órgano no disponía del último informe de calificación del demandante. Por tanto, cabe preguntarse si la inexistencia de dicho informe pudo perjudicar al demandante y si, en estas circunstancias y habida cuenta de los otros elementos del expediente del demandante, la AFPN pudo desestimar razonablemente su candidatura a su antiguo puesto.

114 A este respecto, debe resaltarse que el CCN y la AFPN disponían de varios elementos para apreciar la candidatura del demandante y llevar a cabo un examen comparativo de sus méritos con los de los otros candidatos: en primer lugar, la excelencia de los precedentes informes de calificación del demandante, a los cuales poco podía agregar su último informe; en segundo lugar, el hecho de que el demandante había manifestado en repetidas ocasiones su deseo de dejar dicho puesto cuando lo ocupaba, por una parte, al presentar su candidatura en varias ocasiones a otros puestos de trabajo declarados vacantes y, por otra parte, al solicitar un nuevo destino a su Director General el 9 de enero de 1990; en tercer lugar, el hecho de que, en su curriculum vitae que acompañaba a su escrito de candidatura, el demandante había indicado: "me presento candidato al puesto COM/164/90 con vistas a obtener con ocasión de su provisión mi promoción al grado A 3", declaración que por sí sola podía justificar la desestimación de la candidatura del demandante por el CCN y por la AFPN, puesto que el CCN había, en un primer momento, decidido que el puesto de trabajo objeto de la candidatura del demandante debía ser provisto al nivel A 5/A 4; en cuarto y último lugar, el hecho de que el demandante era el precedente titular del puesto que debía proveerse y que la AFPN le había trasladado, contra su voluntad, a otro servicio de una manera que el Tribunal ha considerado conforme al interés del servicio.

115 Resulta de lo que precede que el CCN y la AFPN disponían de suficientes elementos para poder desestimar razonablemente la candidatura del demandante a su último puesto y que la inexistencia de su último informe de calificación, cuando el CCN procedió al examen comparativo de sus méritos, no pudo perjudicarle.

116 Se sigue de ello que el recurso debe ser desestimado en cuanto se dirige contra la desestimación de la candidatura del demandante a su antiguo puesto.

Sobre el nombramiento del Sr. V.

117 El demandante considera que las irregularidades cometidas en el procedimiento que llevó al nombramiento de su sucesor en el puesto de jefe de la unidad VI.BI.4 deben producir la anulación de dicho nombramiento.

118 La Comisión manifiesta que, dado que eligió a uno de los tres candidatos de los que el CCN había estimado la candidatura, ello no puede afectar a la legalidad de la decisión que adoptó en el marco de su facultad de apreciación, a falta de todo inicio de prueba sobre la existencia de un error manifiesto por su parte, tanto menos cuanto que el demandante no ha intentado en ningún momento poner en duda las aptitudes del Sr. V.

119 El Tribunal observa que, al no haberse demostrado ninguna irregularidad en el procedimiento que llevó al nombramiento impugnado, el recurso debe ser desestimado en cuanto se dirige contra ese nombramiento.

120 Resulta de cuanto precede que debe desestimarse igualmente el segundo recurso.

Decisión sobre las costas

Costas

121 A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Sin embargo, según el artículo 88 de dicho Reglamento, las Instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido en los recursos de los agentes de las Comunidades.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

1) Desestimar los recursos.

2) Cada parte cargará con sus propias costas.