1.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 431/33


Recurso de casación interpuesto el 16 de septiembre de 2014 por Rhys Morgan contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 8 de julio de 2014 en el asunto F-26/13, Morgan/OAMI

(Asunto T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Rhys Morgan (Alicante) (representante: H. Tettenborn, abogado)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones

El recurrente solicita al Tribunal General que:

Anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 8 de julio de 2014 en el asunto F-26/13.

Anule el informe de evaluación del recurrente correspondiente al período comprendido entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de septiembre de 2011.

Condene a la OAMI a pagar al recurrente una indemnización adecuada, la cual se deja a discreción del Tribunal General —no inferior a 500 euros—, por los daños morales e inmateriales sufridos por el recurrente como consecuencia del referido informe de evaluación.

Condene a la OAMI a cargar con las costas del procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública y ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, el recurrente invoca cinco motivos.

1.

Primer motivo, basado en que el Tribunal de la Función Pública incurrió en error al no declarar que una evaluación general ha de basarse en el rendimiento del funcionario durante el período de evaluación considerado en su totalidad.

2.

Segundo motivo, basado en que el Tribunal de la Función Pública incurrió en error al no reconocer la gravedad de las infracciones procesales en que incurrió la OAMI.

3.

Tercer motivo, basado en que el Tribunal de la Función Pública incurrió en error al apreciar el motivo basado en la infracción del principio de protección de la confianza legítima.

4.

Cuarto motivo, basado en que el Tribunal de la Función Pública incurrió en error al apreciar el motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato.

5.

Quinto motivo, basado en que el Tribunal de la Función Pública no apreció adecuadamente, ni tan siquiera examinó, las pruebas relativas a la alegación de desviación de poder.