Conclusiones del abogado general

Conclusiones del abogado general

I. Introducción

1. En los presentes asuntos acumulados, primeramente determinados interlocutores sociales negociaron acuerdos colectivos con el fin de establecer un régimen de previsión social complementaria para, en particular, sufragar gastos sanitarios, y en tales acuerdos designaron una entidad aseguradora única sin recurrir a un procedimiento de licitación. Posteriormente, en el marco de un procedimiento de extensión, los poderes públicos declararon obligatoria la afiliación a tales regímenes para la totalidad de los trabajadores y de los empresarios del sector en cuestión.

2. La principal cuestión jurídica planteada por dichos asuntos es si la jurisprudencia relativa a la interpretación del artículo 56 TFUE así como al principio de igualdad de trato y a la obligación de transparencia que de ellos se deriva, que el Tribunal de Justicia ha desarrollado concretamente en el ámbito de las concesiones de servicios, puede aplicarse mutatis mutandis al procedimiento de extensión antes descrito.

3. Las presentes peticiones de decisión prejudicial, formuladas por el Conseil d’État (Francia), traen causa de sendos recursos por los que, por un lado, la Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) (en lo sucesivo, «UNIS»), en el asunto C‑25/14 y, por otro, Beaudout Père et Fils SARL (en lo sucesivo, «Beaudout»), en el asunto C‑26/14, solicitan la anulación de dos órdenes del ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé destinadas a llevar a cabo tal extensión de los acuerdos colectivos. Dichas peticiones de decisión prejudicial plantean la cuestión de si una posible obligación de transparencia derivada del artículo 56 TFUE se aplica a una decisión de extensión por parte de los poderes públicos, por la que se atribuye un derecho exclusivo (2) a un operador económico. De este modo, los presentes asuntos se alinean con el asunto AG2R Prévoyance, (3) en la medida en que implican apreciar el mismo régimen, a saber, el régimen objeto del asunto C‑26/14, a la luz de las libertades fundamentales y, en particular, de la libre prestación de servicios, y no de las normas relativas a la competencia del Derecho de la Unión.

II. Marco jurídico francés

4. En Francia, los gastos de asistencia sanitaria derivados de una enfermedad o de un accidente soportados por los trabajadores están parcialmente cubiertos por el régimen básico de la seguridad social. La parte de los gastos que corre por cuenta del asegurado puede ser parcialmente reembolsada a través de un seguro sanitario complementario.

5. Las disposiciones pertinentes del Derecho francés están contenidas en el code de la sécurité sociale y en el code du travail.

6. En virtud del artículo L. 911‑1 del code de la sécurité sociale, las garantías colectivas de las que disfrutan los trabajadores por cuenta ajena podrán determinarse, en particular, mediante convenios o acuerdos colectivos cuyas estipulaciones sólo vincularán, en principio, a los miembros de las organizaciones empresariales y sindicales que los hayan negociado y celebrado. No obstante, el artículo L. 911‑3 de dicho code prevé que tales acuerdos puedan extenderse por orden ministerial.

7. A tenor del artículo L. 912‑1 del code de la sécurité sociale, en su versión vigente entre el 24 de junio de 2006 y el 25 de diciembre de 2013, «cuando los acuerdos profesionales o interprofesionales mencionados en el artículo L. 911‑1 prevean la mutualización de los riesgos cuya cobertura organicen con uno o varios de los organismos indicados en el artículo 1 de la Ley nº 89‑1009 [...] o con una o varias de las entidades señaladas en el artículo L. 370‑1 del code des assurances, a los que se adhieren entonces obligatoriamente las empresas pertenecientes al ámbito de aplicación de dichos acuerdos, éstos incluirán una cláusula que determine en qué condiciones y con qué periodicidad podrán examinarse nuevamente las modalidades de organización de la mutualización de riesgos. La periodicidad del nuevo examen no podrá exceder de cinco años». (4)

8. El procedimiento de extensión de un convenio o de un acuerdo se regula en el code du travail, concretamente en sus artículos L. 2261‑15, L. 2261‑19, L. 2261‑24, L. 2261‑25, L. 2261‑27 y D. 2261‑3. Según estas disposiciones, los convenios sectoriales y los acuerdos profesionales o interprofesionales suscritos por un comité paritario, al igual que todos sus apéndices y anexos podrán, en determinadas circunstancias, ser objeto de extensión, mediante una orden del ministerio competente, al objeto de declararlos obligatorios para todos los trabajadores y los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo de que se trate. La comisión nacional para la negociación colectiva deberá haber sido previamente consultada y haber emitido un dictamen motivado favorable. En caso de oposición motivada de, al menos, dos organizaciones empresariales o de dos organizaciones sindicales representadas en dicha comisión, el ministro podrá consultar de nuevo a ésta de manera detallada y, a continuación, decidir la extensión a la vista del nuevo dictamen.

9. El artículo L. 2261‑25 del code du travail establece:

«Previo dictamen motivado de la comisión nacional para la negociación colectiva, el Ministro de Trabajo podrá excluir de la extensión aquellas cláusulas contrarias a la ley.

También podrá excluir aquellas cláusulas que puedan ser apartadas del convenio o del acuerdo sin que se modifique la estructura de éste, pero que no respondan a la situación del sector o de los sectores en el ámbito de aplicación considerado.

[...]»

10. El artículo D. 2261‑3 del code du travail prevé:

«La adopción de una orden de extensión o de ampliación vendrá precedida de la publicación de un anuncio en el Journal officiel de la République française . Dicho anuncio invitará a las organizaciones y a las personas interesadas a formular sus observaciones e indicará el lugar en el que se ha depositado el convenio o el acuerdo y el servicio ante el que se presentarán las observaciones.

Las organizaciones y las personas interesadas dispondrán de un plazo de quince días desde la fecha de publicación del anuncio para presentar sus observaciones.»

11. El artículo 1 de la Ley nº 89‑1009, de 31 de diciembre de 1989, por la que se refuerzan las garantías ofrecidas a las personas aseguradas contra determinados riesgos, (5) tiene el siguiente tenor:

«Las disposiciones del presente título se aplicarán a las operaciones que tienen por objeto la prevención y la cobertura del riesgo de fallecimiento, de los riesgos que afectan a la integridad física de la persona o derivados de la maternidad, o de los riesgos de incapacidad laboral o de invalidez, o del riesgo de desempleo. Sólo estarán autorizados para efectuar las operaciones de cobertura contempladas en la primera frase los siguientes organismos:

a) empresas que se rigen por el code des assurances;

b) entidades a las que resulte de aplicación el título III del libro VII del code de la sécurité sociale;

c) entidades a las que resulte de aplicación la sección 4 del capítulo II del título II del libro VII del code rural;

d) mutuas a las que resulte de aplicación el code de la mutualité.»

III. Hechos, litigios principales, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

12. Por lo que respecta al asunto C‑25/14, el convenio colectivo nacional del sector inmobiliario se celebró el 9 de septiembre de 1988. Mediante su apéndice nº 48, de 23 de noviembre de 2010, y sus apéndices n os  49 y 50, de 17 de mayo de 2011, se introdujo en dicho convenio un régimen obligatorio de previsión social que cubre los riesgos de muerte, incapacidad laboral e invalidez, así como un régimen obligatorio de reembolso de los gastos de asistencia sanitaria. El artículo 17 de dicho apéndice nº 48 designa, por un período de tres años, a la Institution de prévoyance du groupe Mornay como única entidad aseguradora de las garantías de ambos regímenes.

13. Mediante orden de 13 de julio de 2011, el ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé declaró dichos apéndices n os  48 a 50 obligatorios para todos los trabajadores y empresarios del sector en cuestión.

14. Por lo que respecta al asunto C‑26/14, el convenio colectivo nacional de panadería-pastelería (empresas artesanales) se celebró el 19 de marzo de 1976. Mediante su apéndice nº 83, de 24 de abril de 2006, se estableció un régimen de reembolso complementario de los gastos de asistencia sanitaria en favor de los trabajadores de dicho sector, sobre la base de una mutualización de los riesgos cubiertos y de la adhesión obligatoria de los empresarios. Mediante el mismo apéndice se designó a la entidad de previsión social AG2R Prévoyance (en lo sucesivo, «AG2R») como única entidad gestora del régimen. En el artículo 6 del apéndice nº 100, de 27 de mayo de 2011, se designó de nuevo a AG2R, por un período de cinco años, como entidad aseguradora de las garantías de este régimen.

15. Mediante orden de 23 de diciembre de 2011 del ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, el apéndice nº 100 se declaró obligatorio para la totalidad de los trabajadores y empresarios del sector de que se trata.

16. Mediante sendos recursos interpuestos, respectivamente, el 23 de septiembre de 2011 y el 24 de febrero de 2012 ante el Conseil d’État, UNIS y Beaudout solicitaron la anulación de las órdenes ministeriales de extensión de 13 de julio de 2011 y de 23 de diciembre de 2011.

17. UNIS y Beaudout invocaron, entre otros motivos, que la designación de las entidades aseguradoras de los regímenes de protección social complementaria en cuestión se había efectuado incumpliendo la obligación de transparencia que se deriva del artículo 56 TFUE, tal como éste es interpretado por el Tribunal de Justicia. A este respecto, UNIS y Beaudout invocaron, en particular, la sentencia Sporting Exchange, (6) en la que el Tribunal de Justicia declaró que dicha obligación de transparencia constituye un requisito previo obligatorio del derecho de un Estado miembro a adjudicar a un operador el derecho exclusivo a ejercer una actividad económica, cualquiera que sea la forma de selección de dicho operador.

18. Según el órgano jurisdiccional remitente, aunque la Institution de prévoyance du groupe Mornay y AG2R carecen de ánimo de lucro y actúan sobre la base del principio de solidaridad, deben considerarse empresas que ejercen una actividad económica que han sido elegidas por los interlocutores sociales de entre otras empresas con las que compiten en el mercado de los servicios de previsión social que ofrecen.

19. El órgano jurisdiccional remitente considera que la respuesta a los motivos basados en el incumplimiento de la obligación de transparencia depende de si el respeto de dicha obligación es una condición previa obligatoria para una extensión como las controvertidas en los litigios principales y que tal cuestión es decisiva para resolver los litigios de que conoce.

20. Al albergar dudas sobre la interpretación del artículo 56 TFUE, el Conseil d’État decidió, mediante sendas resoluciones de 30 de diciembre de 2013, suspender los dos procedimientos principales y plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial formulada en términos idénticos en ambos asuntos:

«¿Constituye el cumplimiento de la obligación de transparencia derivada del artículo 56 [TFUE] un requisito previo obligatorio para la extensión, por parte de un Estado miembro, a todas las empresas de un sector, de un convenio colectivo que confía a un único operador, elegido por los interlocutores sociales, la gestión de un régimen de previsión social complementaria obligatorio establecido en favor de los trabajadores?»

21. Han presentado observaciones escritas UNIS, Beaudout, el Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) y otros (en lo sucesivo, «SNRT»), la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, la Fédération générale agroalimentaire FGA-CFDT y otros, los Gobiernos francés y belga así como la Comisión Europea, y todos ellos estuvieron representados en la vista celebrada el 22 de enero de 2015.

IV. Análisis

A. Observaciones preliminares

22. De entrada señalo que la cuestión planteada por el Conseil d’État versa sobre el procedimiento por el que un Estado miembro extiende un acuerdo colectivo, que incluye la designación de una entidad aseguradora única, a todas las empresas de un sector, y no sobre la selección de tal operador por parte de los interlocutores sociales. No obstante, me parece evidente que, en el análisis de la conformidad de las decisiones controvertidas con las disposiciones relativas a la libre prestación de servicios, no puede obviarse el procedimiento seguido por los interlocutores sociales, que es condición previa de tales decisiones pues, en el marco de una decisión de extensión, el ministro competente no puede elegir una entidad de previsión social diferente de la designada por los interlocutores sociales.

23. Algunas de las partes que presentaron observaciones escritas subrayaron la importancia de la libertad contractual y del derecho de negociación colectiva. Es cierto que el derecho de negociación colectiva está reconocido tanto por las disposiciones de los diferentes instrumentos internacionales en los que los Estados miembros han participado o a los que se han adherido como por las de los instrumentos elaborados por dichos Estados miembros a nivel comunitario o en el marco de la Unión, como el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la que el artículo 6 TUE confiere el mismo valor jurídico que el reconocido a los Tratados. (7)

24. El ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva debe conciliarse no obstante con las exigencias derivadas de las libertades protegidas por el Tratado FUE y con el principio de proporcionalidad. (8)

25. De este modo, las cláusulas de los convenios colectivos no están excluidas del ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de personas. Los derechos derivados de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales deben sopesarse en relación con los objetivos perseguidos por la política social. (9)

26. Como segundo aspecto preliminar, es preciso señalar que la legislación francesa ha sido modificada después de registrarse las presentes peticiones de decisión prejudicial.

27. En efecto, mediante Decisión de 13 de junio de 2013, (10) el Conseil constitutionnel francés, resolviendo un recurso de inconstitucionalidad de las disposiciones de una Ley denominada «Ley relativa a la protección del empleo», (11) declaró inconstitucionales los párrafos primero y segundo del artículo L. 912‑1 del code de la sécurité sociale, relativos a la afiliación obligatoria, por parte de las empresas comprendidas en el ámbito de aplicación de determinados acuerdos, a un régimen de reembolso complementario de los gastos de asistencia sanitaria gestionado por una entidad designada.

28. Según la Decisión del Conseil constitutionnel, la declaración de inconstitucionalidad de dicho artículo L. 912‑1 surtía efecto a partir de la publicación de dicha Decisión, es decir, el 16 de junio de 2013, si bien no era aplicable a los contratos basados en el mismo que estuviesen en vigor en el momento de dicha publicación.

29. El artículo L. 912‑1 del code de la sécurité sociale fue posteriormente modificado por la Ley nº 2013‑1203, de 23 de diciembre de 2013, (12) de forma que actualmente prevé que los acuerdos profesionales puedan organizar la cobertura de los riesgos de que se trate recomendando a una o a varias entidades autorizadas para intervenir como entidades aseguradoras. A tenor de dicho artículo L. 912‑1, apartado 1, «esta recomendación debe ir precedida de un procedimiento de licitación de los organismos o instituciones de que se trata en condiciones de transparencia, de imparcialidad y de igualdad de trato entre los candidatos y según las modalidades previstas por decreto». (13)

30. Sin embargo, las presentes peticiones de decisión prejudicial deben ser analizadas a la luz de la legislación aplicable con anterioridad a tal modificación.

31. Comenzaré mi análisis comprobando la pertinencia del artículo 56 TFUE en los litigios principales. En segundo lugar, con el fin de apreciar si, en el presente asunto, deben respetarse las exigencias de transparencia que, según jurisprudencia consolidada, se derivan del artículo 56 TFUE, procede examinar si la gestión de dichos regímenes controvertidos en los litigios principales presenta un interés transfronterizo cierto y considerar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los contratos de concesión de servicios. Finalizaré mi análisis examinando si la interpretación del artículo 56 TFUE, desarrollada esencialmente por la jurisprudencia relativa a los contratos de concesión de servicios y referida a la obligación de transparencia, es extrapolable a las circunstancias que caracterizan los litigios principales. Por último me pronunciaré sobre la solicitud de limitación temporal de los efectos de la sentencia que dicte el Tribunal de Justicia.

B. Sobre la aplicabilidad del artículo 56 TFUE en el presente caso

32. En primer lugar, es preciso determinar si los litigios principales están efectivamente comprendidos en el ámbito de la libre prestación de servicios. Durante la vista, SNRT y la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française alegaron que sólo las entidades que han obtenido una autorización del Estado francés y que están establecidas en Francia pueden operar en el ámbito de la protección social. (14)

33. A este respecto, me parece útil recordar que los regímenes de previsión social de que se trata en los litigios principales pueden ser gestionados, además de por entidades de previsión social, por empresas que se rigen por el code des assurances.

34. Desde que finalizó el plazo de trasposición de la Directiva 92/49, (15) Directiva de tercera generación en el ámbito de los seguros distintos del seguro de vida, el acceso a la actividad del seguro y el ejercicio de la misma están supeditados a la obtención de una autorización administrativa única expedida por las autoridades del Estado miembro donde la empresa de seguros tiene su domicilio social. Dicha autorización permite a la empresa ejercer sus actividades en todo el territorio de la Unión, ya sea con arreglo al régimen de libertad de establecimiento o al de la libre prestación de servicios. Es preciso señalar que, conforme al artículo L. 362‑2 del code des assurances, toda compañía de seguros comunitaria establecida en un Estado miembro distinto de la República Francesa podrá cubrir o asumir en el territorio francés, en libre prestación de servicios desde dicho establecimiento, riesgos o compromisos según las autorizaciones que le hayan sido concedidas por las autoridades de supervisión de su Estado de origen.

35. Los regímenes de previsión social de que se trata en los litigios principales son complementarios a la seguridad social, de manera que no forman parte del régimen legal de la seguridad social. Sin embargo, procede añadir que de la sentencia Comisión/Bélgica se desprende que, aunque la Directiva 92/49 no afecta, en principio, a los seguros comprendidos en un régimen legal de seguridad social, sí es aplicable a los seguros comprendidos en un régimen legal de seguridad social practicados por empresas de seguros que operen por cuenta propia. (16)

36. De este modo, teniendo en cuenta la citada Directiva, la legislación nacional y dicha sentencia Comisión/Bélgica, considero que las compañías de seguros establecidas en otros Estados miembros y que hayan obtenido una autorización en dichos Estados miembros deben poder ofrecer sus servicios en Francia, con arreglo al régimen de la libre prestación de servicios por lo que respecta a la gestión de un régimen complementario de gastos de asistencia sanitaria como los controvertidos en los litigios principales.

37. Sin embargo, cabe añadir que, aun cuando no fuera posible la prestación transfronteriza de dichos servicios, la cuestión de las implicaciones de la obligación de transparencia en la selección de la entidad aseguradora seguiría siendo pertinente respecto de la libertad de establecimiento.

38. Por último me permito señalar que, al referirse al artículo 56 TFUE, el órgano jurisdiccional remitente parte de la premisa de que la concesión de derechos exclusivos como los controvertidos en los litigios principales constituye una restricción a la libre prestación de servicios y que tal restricción puede estar justificada. No profundizaré en este aspecto, pues la cuestión prejudicial no versa sobre la apreciación de la existencia de dicha restricción ni sobre su justificación, y éstas tampoco se han cuestionado.

39. Antes de examinar con más detalle la interpretación del artículo 56 TFUE efectuada por el Tribunal de Justicia a propósito de los límites de la obligación de transparencia así como la cuestión de si tal interpretación puede extrapolarse a las circunstancias que caracterizan los litigios principales, procede analizar si la actividad de que se trata en tales litigios presenta un interés transfronterizo, lo cual, por lo demás, constituye un requisito previo para la aplicación de la obligación de transparencia, tal como ha sido desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

C. Sobre el interés transfronterizo cierto de la gestión de un régimen de previsión social complementaria como los controvertidos en los litigios principales

40. De entrada señalo que, en sus peticiones de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente no se refiere al concepto de «interés transfronterizo cierto». Según afirmaron UNIS y Beaudout en la vista, la cuestión de dicho interés tampoco fue expresamente debatida ante tal órgano jurisdiccional. Sin embargo, la falta de constataciones previas, por parte del órgano jurisdiccional remitente, sobre la existencia de un interés transfronterizo cierto no implica la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial si, pese a ello, el Tribunal de Justicia considera, a la vista de los elementos que obran en autos, que puede proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente. No obstante, la respuesta que proporcione el Tribunal de Justicia estará supeditada a que el órgano jurisdiccional remitente pueda constatar, sobre la base de una valoración detallada de todos los elementos pertinentes relativos al litigio principal, la existencia de un interés transfronterizo cierto en dicho litigio. (17)

41. Considero que la cuestión prejudicial ha sido formulada partiendo de la premisa de que la gestión de los regímenes controvertidos en los litigios principales presenta un interés transfronterizo cierto. Por ello creo que tal cuestión debe examinarse.

42. Las partes que han presentado observaciones escritas disienten en la cuestión de si la actividad de gestión de un régimen de previsión social complementaria, como los controvertidos en los litigios principales, presenta un interés transfronterizo cierto.

43. Según Beaudout y la Comisión, la gestión de tales regímenes presenta un interés transfronterizo. La Comisión afirma que una empresa de otro Estado miembro puede ofrecer dicho servicio sin especiales dificultades. Por otra parte, Beaudout se refiere, en el asunto C‑26/14, al valor del contrato de gestión en cuestión, que estima en 70 millones de euros. (18)

44. En cambio, las demás partes que presentaron observaciones escritas, excepto el Gobierno francés, sostienen que este tipo de contrato no puede interesar a un operador económico establecido en otro Estado miembro. Entre los múltiples motivos aducidos al respecto figuran las características económicas de los mercados de seguros (19) así como las relaciones estrechas que deben mantenerse con la administración de la seguridad social y con los empresarios y los trabajadores afectados. Por otro lado, los vínculos que la entidad de previsión social elegida debe mantener con los interlocutores sociales ―que garantizan su supervisión de manera paritaria― son tales que ningún organismo establecido en otro Estado miembro puede suplantar a dicha entidad.

45. La existencia de un interés transfronterizo se ha examinado tanto en la jurisprudencia relativa a los contratos públicos que, por su cuantía, no están sujetos a los procedimientos previstos por las directivas aplicables en la materia, como en la jurisprudencia relativa a los contratos de concesión de servicios.

46. De este modo, en la sentencia SECAP y Santorso, (20) el Tribunal de Justicia declaró que la existencia del interés transfronterizo de un contrato determinado debe apreciarse respecto de sus propias características. Por ejemplo, un contrato de obras podría presentar dicho interés transfronterizo en virtud de su valor estimado, en relación con su tecnicidad o por estar ubicadas las obras en un lugar que pueda atraer el interés de operadores extranjeros. Criterios objetivos que indican la existencia de un interés transfronterizo cierto podrían ser, concretamente, el valor relativamente elevado del contrato en cuestión conjugado con el lugar de ejecución de las obras. También podría descartarse la existencia de dicho interés en el caso, por ejemplo, de escasa trascendencia económica del contrato en causa.

47. De la sentencia Belgacom (21) se deduce que un interés transfronterizo cierto puede resultar, en particular, de la trascendencia económica del convenio cuya celebración se proyecta, del lugar de su ejecución o de características técnicas y que corresponde al tribunal remitente llevar a cabo una valoración detallada de todos los elementos pertinentes al respecto.

48. Para que exista un interés transfronterizo cierto no es preciso que un operador económico manifieste efectivamente su interés. Así sucede especialmente cuando el litigio versa sobre la falta de transparencia que ha envuelto el convenio de que se trate. En efecto, en tal caso, los operadores económicos establecidos en otros Estados miembros no tienen la posibilidad real de manifestar su interés en obtener esa concesión. (22)

49. Por lo que respecta a la importancia económica de las actividades en cuestión, de las observaciones del Gobierno francés se desprende que el régimen del convenio colectivo nacional de panadería‑pastelería (empresas artesanales) cubre a 117 476 trabajadores del sector. (23) En cuanto al convenio colectivo nacional del sector inmobiliario, garantiza a los 142 800 trabajadores del sector prestaciones más amplias que el convenio colectivo nacional de panadería-pastelería (empresas artesanales). Por tanto, no me parece que la importancia económica de la gestión de estos regímenes pueda calificarse de menor.

50. Es cierto que determinadas características del ámbito de la previsión social complementaria pueden llevar a la conclusión de que se trata de un mercado fundamentalmente nacional. (24)

51. Sin embargo, no me parece descartable que la gestión de un régimen de previsión social complementaria como los controvertidos en los litigios principales presente un interés transfronterizo cierto, habida cuenta, en particular, de la importancia económica de dichos regímenes. La necesidad de una presencia local y los problemas lingüísticos no son en ningún caso obstáculos infranqueables para las empresas establecidas en otros Estados miembros, al menos, en los Estados miembros vecinos. (25)

52. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente llevar a cabo una valoración detallada de todos los elementos pertinentes del contrato de que se trata para comprobar la existencia de un interés transfronterizo cierto. (26)

53. Suponiendo que sí existe un interés transfronterizo cierto, procede, a fin de proporcionar al órgano jurisdiccional remitente elementos útiles para la resolución de los litigios de que conoce, examinar la obligación de transparencia tal como ha sido desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y su aplicabilidad al caso de autos.

D. Sobre la obligación de transparencia en virtud de la jurisprudencia relativa a los contratos de concesión de servicios

54. La sentencia Sporting Exchange, a la que se refieren tanto el órgano jurisdiccional remitente como las partes que presentaron observaciones escritas, se alinea con las sentencias del Tribunal de Justicia relativas a los contratos de concesión de servicios. En la sentencia Sporting Exchange, que no versaba sobre una concesión de servicios, el Tribunal de Justicia extendió su jurisprudencia relativa a los contratos de concesión de servicios a la adjudicación de un derecho exclusivo, al considerar que la obligación de transparencia era un requisito previo obligatorio del derecho de un Estado miembro a adjudicar a un operador el derecho exclusivo a ejercer una actividad económica, cualquiera que sea la forma de selección de dicho operador. (27) Por tanto, para delimitar mejor el alcance de dicha obligación jurisprudencial de transparencia, es preciso analizar la jurisprudencia relativa a los contratos de concesión de servicios.

55. Los contratos de concesión de servicios no se rigen actualmente por ninguna de las Directivas mediante las que el legislador de la Unión ha regulado el ámbito de los contratos públicos. (28) Sin embargo, las autoridades públicas que celebran tales contratos están obligadas a respetar las normas fundamentales del Tratado FUE en general, en particular el artículo 56 TFUE y, en especial, los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la nacionalidad, así como la obligación de transparencia que de ellos se deriva. (29)

56. En primer lugar señalo que la obligación de transparencia, tal como ha sido desarrollada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las concesiones de servicios, es una obligación que incumbe a las autoridades públicas de los Estados miembros que celebran un contrato de concesión de servicios. (30) Dicha obligación de transparencia se aplica en caso de que la concesión de servicios en cuestión pueda interesar a una empresa establecida en un Estado miembro distinto de aquel donde se ha adjudicado la concesión. (31)

57. Por lo que respecta a los objetivos de la obligación de transparencia, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el artículo 56 TFUE y los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de nacionalidad, así como la obligación de transparencia que de ellos se deriva, persiguen finalidades idénticas a aquellas a las que se refiere la Directiva 92/50/CEE, (32) sobre los contratos públicos de servicios, relativas, en particular, a la libre circulación de servicios y a la licitación no falseada en los Estados miembros. (33) Por tanto, para examinar los objetivos de la obligación de transparencia, puede resultar útil, por analogía, examinar los objetivos de dicha Directiva.

58. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el objetivo de dicha Directiva es excluir a la vez el riesgo de que se dé preferencia a los licitadores o candidatos nacionales en cualquier adjudicación de contratos efectuada por los poderes adjudicadores y la posibilidad de que una entidad financiada o controlada por el Estado, los entes territoriales y otros organismos de Derecho público se deje guiar por consideraciones que no sean económicas. (34) La obligación de transparencia persigue objetivos idénticos, en particular, en el ámbito de las concesiones de servicios o de los derechos exclusivos.

59. De este modo, la obligación de transparencia permite que la autoridad pública concedente se asegure de que los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la nacionalidad son respetados. Corresponde a la autoridad pública concedente apreciar, bajo el control de los tribunales competentes, la adecuación de las modalidades de licitación a las particularidades de cada concesión de servicios públicos. (35)

60. Sin implicar necesariamente la obligación de convocar una licitación, la citada obligación de transparencia exige que la autoridad concedente garantice, en beneficio de todo concesionario potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia la concesión de servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación. (36)

61. De las sentencias Parking Brixen y Comisión/Italia se desprende que la ausencia absoluta de licitación en el caso de la adjudicación de una concesión de servicios como las controvertidas en los litigios de que traen causa dichas sentencias no se ajustaba a los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y, en particular, violaba el principio general de transparencia, así como la obligación de garantizar un grado de publicidad adecuado. (37)

62. En la referida sentencia Sporting Exchange, el Tribunal de Justicia consideró, en relación con la expedición de una licencia única en el ámbito de los juegos de azar, que el hecho de que esa expedición no equivaliera a un contrato de concesión de servicios no podía justificar, por sí sólo, que las exigencias que se derivan del artículo 56 TFUE, en particular, el principio de igualdad de trato y la obligación de transparencia, se violaran al conceder una autorización administrativa como la del litigio principal. Según el Tribunal de Justicia, la obligación de transparencia se aplica en un régimen de licencia otorgada a un operador único por las autoridades de un Estado miembro en ejercicio de facultades de policía, ya que los efectos de tal licencia respecto a empresas establecidas en otros Estados miembros y que puedan estar interesadas en el ejercicio de esta actividad son los mismos que los de un contrato de concesión de servicios. (38)

63. Esta interpretación referente a los derechos exclusivos fue confirmada en la sentencia Belgacom, relativa a una concesión de servicios. El Tribunal de Justicia declaró que un operador económico de un Estado miembro puede invocar ante los tribunales de ese Estado miembro el incumplimiento de la obligación de transparencia que se deriva del artículo 56 TFUE, que se hubiera cometido con ocasión de la celebración de un convenio en virtud del cual uno o varios organismos públicos de ese Estado miembro hubieran adjudicado a un operador económico del mismo Estado miembro una concesión de servicios que tiene un interés transfronterizo cierto, o concedido a un operador económico el derecho exclusivo a desarrollar una actividad económica que presenta tal interés. (39)

64. En la sentencia AG2R Prévoyance, el Tribunal de Justicia declaró que en tanto en cuanto se considere a AG2R como una empresa que ejerce una actividad económica, la decisión de los poderes públicos de hacer obligatoria la afiliación a un régimen de reembolso complementario de gastos de asistencia sanitaria para la totalidad de empresas de un sector, sin ninguna posibilidad de exención, implica necesariamente la concesión a dicho organismo del derecho exclusivo de percibir y de gestionar las cotizaciones abonadas por los empresarios y los trabajadores de dicho sector en el marco de este régimen. (40)

65. De ello se deriva que los efectos del tal derecho exclusivo con respecto a las empresas establecidas en otros Estados miembros y que pueden estar interesadas en ejercer esa actividad pueden asimilarse a los de un contrato de concesión de servicios. Por tanto, procede continuar con el examen de las demás condiciones de aplicación de la obligación de transparencia.

E. Sobre la aplicabilidad de la obligación de transparencia al procedimiento de extensión

66. Según UNIS, Beaudout, el Gobierno francés y la Comisión, de la sentencia Sporting Exchange (41) se desprende que la obligación de transparencia que se deriva del artículo 56 TFUE debe respetarse cuando se concede un derecho exclusivo a un operador económico a través del procedimiento de extensión de un acuerdo colectivo.

67. Las demás partes que presentaron observaciones escritas sostienen que la interpretación del artículo 56 TFUE adoptada en dicha sentencia Sporting Exchange no puede extrapolarse a las circunstancias de los litigios principales y, en consecuencia, que no es aplicable la obligación de transparencia. En primer lugar, dichas partes afirman que, a diferencia de las circunstancias contempladas en la citada sentencia o en el contexto de los contratos públicos y de las concesiones de servicios, la elección de una entidad aseguradora no resulta de una decisión de una autoridad pública, sino de un acuerdo entre los interlocutores sociales actuando en el marco de negociaciones colectivas. El ministro competente para extender un acuerdo colectivo que designa a una entidad aseguradora no interviene en la elección de tal entidad y, en el marco del procedimiento de extensión, carece de facultades respecto de esa elección.

68. Me permito recordar que la obligación de transparencia, tal como ha sido desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las concesiones de servicios, es una obligación que incumbe a las autoridades públicas de los Estados miembros que celebran un contrato de concesión de servicios (42) y que dicha obligación no exige necesariamente la convocatoria de una licitación. La transparencia exige que una empresa situada en el territorio de un Estado miembro que no sea el del destinatario de la prestación pueda tener acceso a la información adecuada sobre dicha concesión antes de que sea adjudicada , de forma que, de haberlo deseado, habría estado en condiciones de manifestar su interés en obtener la citada concesión. (43)

69. Tal como ya he mencionado en el punto 22 de las presentes conclusiones, la cuestión planteada por el Conseil d’État versa sobre el procedimiento mediante el que un Estado miembro extiende un acuerdo colectivo al conjunto de empresas de un sector. Ello implica necesariamente la concesión de un derecho exclusivo a la entidad elegida por los interlocutores sociales.

70. Parece conforme con la jurisprudencia antes citada interpretar el artículo 56 TFUE en el sentido de que se opone a que las autoridades públicas del Estado miembro concedan un derecho exclusivo a un operador económico elegido en el marco de un procedimiento totalmente opaco, cualquiera que sea el modo de selección de ese operador.

71. Cuando la selección de dicho operador la realiza alguien distinto de la autoridad pública que concede el derecho exclusivo en cuestión y cuando dicha autoridad pública queda vinculada por esa elección del operador, realizada al término de un procedimiento que no ha tramitado la citada autoridad, tal procedimiento de selección previo debe respetar la obligación de transparencia. De lo contrario no concurrirían los requisitos derivados del artículo 56 TFUE, ya que las empresas situadas en los demás Estados miembros no estarían en condiciones de manifestar su interés antes de que tuviera lugar la elección de la entidad gestora. En tal caso, el hecho de que el procedimiento de extensión del convenio colectivo en el seno del ministerio sea transparente, tal como afirma el Gobierno francés, no puede justificar la opacidad del procedimiento de selección de la entidad de previsión social.

72. Ello no significa que la obligación de transparencia, como tal, recaiga en los interlocutores sociales, que siempre pueden ejercer su derecho de negociación colectiva, (44) sino que sólo implica que en dicho procedimiento previo debe alcanzarse un nivel mínimo de transparencia si a continuación el acuerdo colectivo negociado debe ser extendido por los poderes públicos a la totalidad del sector.

73. Es preciso asimismo subrayar que la objetividad de la elección de la entidad aseguradora no basta, por sí sola, para garantizar el respeto de las exigencias derivadas del artículo 56 TFUE. Un procedimiento de selección opaco, aun siendo objetivo, no permite a las empresas interesadas acceder a la información adecuada ni tener la posibilidad de manifestar su interés antes de que tenga lugar tal elección. La exigencia de un nivel mínimo de transparencia permite a las empresas interesadas conocer los criterios de selección y evaluar la objetividad de los mismos, así como la imparcialidad de la elección.

74. Me permito recordar que la legislación francesa en la materia ha sido recientemente modificada para introducir un procedimiento de licitación, tramitado por los interlocutores sociales, en la fase de la selección de dicha entidad aseguradora. Por tanto, parece que también es posible una solución más transparente por lo que respecta al procedimiento de selección previo y, a contrario , que para la protección de los intereses generales en juego no es necesaria una limitación de la transparencia del procedimiento de selección.

F. ¿Se ha respetado la obligación de transparencia en el presente caso?

75. Según las observaciones escritas del Gobierno francés, para poder extender un convenio sectorial o un acuerdo profesional o interprofesional o, incluso, uno de sus apéndices es indispensable, con arreglo al artículo L. 2261‑19 del code du travail, que haya sido negociado y concluido en el marco de una comisión paritaria. Tal comisión estará compuesta por los interlocutores sociales del sector profesional en cuestión, es decir, por las organizaciones empresariales y sindicales representativas en el ámbito de aplicación del acuerdo colectivo de que se trate.

76. En el marco de dicha fase de negociación colectiva, una entidad aseguradora podría presentar su candidatura a los interlocutores sociales del sector profesional de que se trate, al objeto de obtener la adjudicación de la gestión del régimen de previsión social complementaria del sector. A este respecto, dicho Gobierno subraya la accesibilidad en Internet de los acuerdos colectivos y la posibilidad de que las empresas interesadas se informen fácilmente sobre los períodos de renegociación aplicables a la gestión de los regímenes de previsión social complementarios.

77. A mi juicio, puede que esta práctica nacional evite, en cierta medida, la materialización de los riesgos que pretende evitar la obligación de transparencia y que permita, en particular, que las empresas interesadas tengan acceso a la información necesaria y manifiesten su interés antes de que tenga lugar la elección de la entidad. No obstante, albergo serias dudas sobre si ello es así.

78. A este respecto también debe determinarse si la obligación de transparencia implica que las exigencias de transparencia se garanticen en la legislación o si basta con que la transparencia fáctica se garantice efectivamente, aun a falta de normativa expresa, mediante un cierto nivel de información y de publicación de datos, tal como el Gobierno francés sostiene en el caso de autos.

79. No me parece que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exija garantías normativas de transparencia cuando por otros medios se garantiza un grado suficiente de transparencia.

80. Procede añadir que, a mi juicio, la cuestión debatida durante la vista, relativa a los efectos del control que los interlocutores sociales pueden ejercer sobre la entidad aseguradora que elijan, carece de pertinencia para una eventual justificación de la opacidad del procedimiento de selección. En efecto, según una jurisprudencia anterior, (45) un estrecho control ejercido por un Estado miembro sobre el operador elegido podría, en determinadas circunstancias, justificar la falta de transparencia en la fase de selección. Sin embargo, cabe señalar que tal solución es válida en caso de un control que los poderes públicos pueden ejercer directamente sobre el operador elegido, mientras que, en los litigios principales, son los interlocutores sociales quienes pueden, en cierta medida, (46) controlar a las entidades aseguradoras. Por tanto, en el caso de autos el Estado miembro no las controla ni directamente ni a través de los interlocutores sociales.

81. En consecuencia, habida cuenta de todos los elementos anteriores, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si, en un contexto como el de los litigios principales, el procedimiento de selección de las entidades aseguradoras de los regímenes de previsión social de que se trata fue suficientemente transparente, desde el punto de vista de la libre prestación de servicios, para justificar las extensiones efectuadas por las órdenes ministeriales en cuestión.

G. Sobre la solicitud de limitación temporal de los efectos de la sentencia

82. En sus observaciones escritas, el Gobierno francés pidió la limitación temporal de los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia, si éste considera que los procedimientos controvertidos en los litigios principales no son conformes con la obligación de transparencia, teniendo en cuenta el riesgo de consecuencias graves para la salud de los beneficiarios de los regímenes extendidos por las órdenes ministeriales (47) y la buena fe de los círculos interesados. En la vista, Beaudout solicitó que se rechazase tal petición, mientras que la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française solicitó la modulación temporal de la sentencia.

83. Sólo con carácter excepcional puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico de la Unión, limitar la posibilidad de que los interesados invoquen una disposición por él interpretada con el fin de cuestionar relaciones jurídicas establecidas de buena fe. Para poder decidir dicha limitación, es necesario que concurran dos criterios esenciales, a saber, la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves. (48)

84. Considero que las razones aducidas por el Gobierno francés no reúnen tales criterios. La anulación de las órdenes ministeriales no conlleva necesariamente la extinción de las diversas relaciones contractuales que en el caso de autos existen en el ámbito de los seguros. Los efectos de tal anulación son inciertos, tanto respecto de los empresarios como de los asegurados, al menos desde el punto de vista del Derecho civil, de manera que será el Derecho nacional el que deba determinar los efectos concretos de la sentencia que pronuncie el Tribunal de Justicia.

V. Conclusión

85. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) lo siguiente:

«El respeto de la obligación de transparencia que se deriva del artículo 56 TFUE es un requisito previo obligatorio para la extensión, por un Estado miembro, al conjunto de empresas de un sector, de un acuerdo colectivo por el que se confía a un único operador, elegido por los interlocutores sociales, la gestión de un régimen de previsión social complementaria obligatorio establecido en favor de los trabajadores. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si, en un contexto como el de los litigios principales, el procedimiento de selección de las entidades aseguradoras de los regímenes de previsión social en cuestión fue suficientemente transparente, desde el punto de vista de la libre prestación de servicios, para justificar las extensiones de que se trata.»

(1) .

(2)  – Sin embargo, es preciso señalar que el derecho exclusivo controvertido en los litigios principales no es un derecho exclusivo «natural» o tradicional, en el sentido de la jurisprudencia clásica relativa, por ejemplo, al mercado de los servicios de telecomunicaciones (véase, en particular, la sentencia British Telecommunications, C‑302/94, EU:C:1996:485, apartado 27).

(3)  – C‑437/09, EU:C:2011:112. En dicho asunto, el Tribunal de Justicia ya tuvo ocasión de apreciar, por una parte, la conformidad con los artículos 101 TFUE y 102 TFUE de un mecanismo de afiliación obligatoria a un régimen gestionado por una entidad única, sin ninguna posibilidad de exención para las empresas del sector de actividad en cuestión y, por otra, un posible abuso de posición dominante. Paralelamente a ese asunto AG2R Prévoyance, el tribunal d’instance de Dax (Francia) formuló al Tribunal de Justicia tres peticiones de decisión prejudicial relativas a la conformidad de ese mismo mecanismo de afiliación, previsto en el convenio colectivo nacional de panadería-pastelería (empresas artesanales), con el artículo 102 TFUE (asuntos C‑97/10, C‑98/10 y C‑99/10). Tras pronunciarse dicha sentencia AG2R Prévoyance, el tribunal d’instance de Dax comunicó al Tribunal de Justicia que no deseaba mantener sus peticiones de decisión prejudicial. Mediante auto de 8 de junio de 2011, el Presidente del Tribunal de Justicia ordenó el archivo de tales asuntos.

(4)  – Los artículos L. 911‑1, L. 911‑3 y L. 912‑1 del code de la sécurité sociale tenían inicialmente por objeto trasponer en el Derecho nacional francés, en particular, la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) (DO L 228, p. 1) [véase la Ley nº 94‑678, de 8 de agosto de 1994, sobre protección social complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y de adaptación del Derecho interno a las Directivas nº 92/49 y nº 92/96, de 18 de junio y de 10 de noviembre de 1992, del Consejo de las Comunidades Europeas (JORF de 10 de agosto de 1994, p. 11655)]. Fueron modificados mediante Decreto nº 2006‑344, de 23 de marzo de 2006 (JORF de 24 de marzo de 2006, p. 4456), que entró en vigor el 24 de junio de 2006.

(5)  – JORF de 2 de enero de 1990, p. 13.

(6)  – C‑203/08, EU:C:2010:307.

(7)  – Véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Alemania (C‑271/08, EU:C:2010:426), apartado 37.

(8)  – Sentencia Comisión/Alemania (C‑271/08, EU:C:2010:426), apartados 42 a 44 y jurisprudencia citada.

(9)  – Sentencia International Transport Workers’ Federation y Finnish Seamen’s Union (C‑438/05, EU:C:2007:772), apartados 54 y 79.

(10)  – Decisión nº 2013‑672 DC, de 13 de junio de 2013.

(11)  – Dicha Ley fue promulgada después de dictarse la citada Decisión, el 14 de junio de 2013 (JORF de 16 de junio de 2013, p. 9958). Según la referida Decisión, el Conseil constitutionnel puede apreciar la constitucionalidad de una Ley ya promulgada con motivo del examen de las disposiciones legislativas que la modifican, la complementan o afectan a su ámbito. Las disposiciones impugnadas de la Ley relativa a la protección del empleo complementan a las del artículo L. 912‑1 del code de la sécurité sociale.

(12)  – JORF de 24 de diciembre de 2013, p. 21034.

(13)  – El subrayado es mío. Las modalidades de dicho procedimiento de licitación fueron establecidas mediante el Decreto nº 2015‑13, de 8 de enero de 2015, relativo al procedimiento de licitación de las entidades en el marco de la recomendación prevista por el artículo L. 912‑1 del code de la sécurité sociale (JORF de 10 de enero de 2015, p. 450). El citado Decreto tiene por objeto definir el procedimiento aplicable, en particular, para garantizar la transparencia del mismo.

(14)  – SNRT se refiere al artículo L. 931‑4 del code de la sécurité sociale, sobre la autorización administrativa exigida a las entidades de previsión social.

(15)  – Esta Directiva fue posteriormente derogada por la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio («Solvencia II») (DO L 335, p. 1).

(16)  – C‑206/98, EU:C:2000:256, apartado 44. La citada sentencia Comisión/Bélgica versaba sobre los seguros obligatorios de accidentes de trabajo comprendidos en el régimen legal de la seguridad social belga.

(17)  – Sentencias Serrantoni y Consorzio stabile edili (C‑376/08, EU:C:2009:808), apartado 25, así como Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» y otros (C‑113/13, EU:C:2014:2440), apartado 48.

(18)  – Por otro lado, Beaudout afirmó en la vista que ya existían en Francia tanto sectores en los que empresas extranjeras habían manifestado su interés por gestionar dicho régimen como empresas que habían seleccionado una entidad aseguradora extranjera para gestionar sus regímenes de reembolso complementario de gastos de asistencia sanitaria. UNIS no abordó la cuestión del interés transfronterizo en sus observaciones escritas, pero en la vista afirmó que tal interés existía. Además, según UNIS, las entidades francesas ya ofrecen sus servicios en otros Estados miembros.

(19)  – La Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française se refiere a una Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, relativa a una investigación sectorial con arreglo al artículo 17 del Reglamento (CE) nº 1/2003 sobre seguros de empresas (informe final) [COM(2007) 556 final; disponible en la siguiente dirección de Internet: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0556 & from=EN]. Según este informe, los mercados primarios de seguros tienden a ser de ámbito nacional, con excepción de los grandes clientes y de los grandes riesgos. Las razones aducidas por la Comisión incluyen la diversidad de legislaciones nacionales sobre la contratación en general, los seguros y la responsabilidad, la necesidad de cierta presencia local y los problemas lingüísticos. No obstante, es preciso subrayar que la investigación de la Comisión se realizó «con vistas, en definitiva, a detectar cualquier práctica o distorsión restrictiva de la competencia que pudiera caer en el ámbito de los artículos 81 u 82 del Tratado», lo que presupone la existencia de un mercado transfronterizo en el sector en cuestión. En consecuencia, las conclusiones de la Comisión respecto de la situación actual de los mercados de seguros no pueden ser determinantes para apreciar la existencia de un interés transfronterizo.

(20)  – C‑147/06 y C‑148/06, EU:C:2008:277, apartados 24 y 31.

(21)  – C‑221/12, EU:C:2013:736, apartados 29 y 30.

(22)  – Sentencia Belgacom (C‑221/12, EU:C:2013:736), apartado 31. No obstante, la simple indicación, por la Comisión en el marco de un procedimiento por incumplimiento, de que ha recibido una queja en relación con el contrato controvertido no puede bastar para demostrar que dicho contrato presenta un interés transfronterizo cierto y acreditar, en consecuencia, la existencia de un incumplimiento (sentencia Comisión/Irlanda, C‑507/03, EU:C:2007:676, apartado 34).

(23)  – Tal como se ha indicado en el punto 43 de las presentes conclusiones, Beaudout estima en 70 millones de euros el valor del contrato de gestión de que se trata.

(24)  – No es menos cierto que, aun suponiendo que el mercado actual fuera fundamentalmente nacional, ello no sería necesariamente un indicio de falta de interés transfronterizo. Según el informe final de un grupo de expertos formado por la Comisión, las diferencias entre las legislaciones nacionales sobre contratación obstaculizan la prestación transfronteriza de productos de seguros, al implicar un aumento de los costes, una inseguridad jurídica y dificultades para que los consumidores y las empresas se aseguren en otros Estados miembros de la Unión [véase el comunicado de prensa de 27 de febrero de 2014 relativo al informe final (Final Report of the Commission Expert Group on European Insurance Contract Law), dicho informe está disponible en inglés en la siguiente dirección de Internet: http://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert_groups/insurance/final_report_en.pdf]. Por tanto, del reducido número de entidades aseguradoras extranjeras presentes en un mercado concreto no puede deducirse que tales entidades extranjeras no quieran introducirse en él.

(25)  – También recuerdo que, aunque no se trate de seguros que formen parte de la seguridad social, las disposiciones del Derecho de la Unión relativas al seguro directo distinto del seguro de vida pueden, en su caso, ser aplicables a los seguros comprendidos en un régimen legal de seguridad social practicados por empresas de seguros que operen por cuenta propia (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Bélgica, C‑206/98, EU:C:2000:256, apartado 44).

(26)  – Sentencias SECAP y Santorso (C‑147/06 y C‑148/06, EU:C:2008:277), apartado 34, así como Serrantoni y Consorzio stabile edili (C‑376/08, EU:C:2009:808), apartado 25.

(27)  – C‑203/08, EU:C:2010:307, apartado 47.

(28)  – La Comunicación interpretativa de la Comisión sobre las concesiones en el Derecho comunitario, de 29 de abril de 2000 (DO C 121, p. 2) aclara el marco jurídico relativo a los contratos de concesión de servicios. Cabe añadir que, el 26 de febrero de 2014, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94, p. 1), cuyo plazo de trasposición finaliza el 18 de abril de 2016.

(29)  – Sentencias Telaustria y Telefonadress (C‑324/98, EU:C:2000:669), apartados 60 y 61; Parking Brixen (C‑458/03, EU:C:2005:605), apartado 46; Wall (C‑91/08, EU:C:2010:182), apartado 33, así como Sporting Exchange (C‑203/08, EU:C:2010:307), apartado 39.

(30)  – Sentencias Telaustria y Telefonadress (C‑324/98, EU:C:2000:669), apartado 62; Parking Brixen (C‑458/03, EU:C:2005:605), apartados 49 y 50, y Wall (C‑91/08, EU:C:2010:182), apartado 36.

(31)  – Sentencias Coname (C‑231/03, EU:C:2005:487), apartado 17; Wall (C‑91/08, EU:C:2010:182), apartado 34, y Sporting Exchange (C‑203/08, EU:C:2010:307), apartado 40.

(32)  – Directiva del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1).

(33)  – Sentencia Wall (C‑91/08, EU:C:2010:182), apartado 48.

(34)  – Sentencias Mannesmann Anlagenbau Austria y otros (C‑44/96, EU:C:1998:4), apartado 33; BFI Holding (C‑360/96, EU:C:1998:525), apartados 42 y 43, así como University of Cambridge (C‑380/98, EU:C:2000:529), apartado 17.

(35)  – Sentencia Parking Brixen (C‑458/03, EU:C:2005:605), apartados 49 y 50.

(36)  – Sentencias Telaustria y Telefonadress (C‑324/98, EU:C:2000:669), apartado 62; Parking Brixen (C‑458/03, EU:C:2005:605), apartado 49; Comisión/Italia (C‑260/04, EU:C:2007:508), apartado 24; Wall (C‑91/08, EU:C:2010:182), apartado 36, así como Sporting Exchange (C‑203/08, EU:C:2010:307), apartado 41.

(37)  – Sentencias Parking Brixen (C‑458/03, EU:C:2005:605), apartado 50, y Comisión/Italia (C‑260/04, EU:C:2007:508), apartado 25.

(38)  – Sentencia Sporting Exchange (C‑203/08, EU:C:2010:307), apartados 46 y 47.

(39)  – Véase, en este sentido, la sentencia Belgacom (C‑221/12, EU:C:2013:736), apartado 34 (la cursiva es mía).

(40)  – C‑437/09, EU:C:2011:112, apartado 66.

(41) – C‑203/08, EU:C:2010:307.

(42)  – Sentencias Telaustria y Telefonadress (C‑324/98, EU:C:2000:669), apartado 62; Parking Brixen (C‑458/03, EU:C:2005:605), apartados 49 y 50, así como Wall (C‑91/08, EU:C:2010:182), apartado 36.

(43)  – Sentencias Coname (C‑231/03, EU:C:2005:487), apartado 21; Coditel Brabant (C‑324/07, EU:C:2008:621), apartado 25, y Sporting Exchange (C‑203/08, EU:C:2010:307), apartado 41 (La cursiva es mía).

(44)  – En el sentido, en particular, del artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(45)  – De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las restricciones a la libertad fundamental, consagrada en el artículo 56 TFUE, derivadas específicamente de los procedimientos de concesión y renovación de una licencia en favor de un operador único pueden considerarse justificadas si el Estado miembro de que se trata decide otorgar o renovar la licencia a un operador público cuya gestión esté sometida a la vigilancia directa del Estado o a un operador privado sobre cuyas actividades los poderes públicos puedan ejercer un estrecho control (sentencia Sporting Exchange, C‑203/08, EU:C:2010:307, apartado 59).

(46)  – Es preciso señalar que las partes que participaron en la vista disienten ampliamente en la cuestión de si los sindicatos que no han suscrito un acuerdo colectivo pueden, tras la extensión, formar parte de la comisión paritaria y, por tanto, ejercer un control sobre la entidad aseguradora.

(47)  – Entre los motivos aducidos en apoyo de la petición figura, en particular, que la anulación de las órdenes ministeriales de extensión, que sería la consecuencia probable, a nivel nacional, de tal sentencia del Tribunal de Justicia, pondría fin al principio de mutualización en el que se basan dichos regímenes y cuestionaría su equilibrio financiero y las garantías que establecen. Por otra parte, en lo que se refiere al convenio colectivo nacional del sector inmobiliario, la entrada en vigor del régimen en cuestión estaba supeditada a la publicación de la orden ministerial de extensión a todas las empresas, incluidas las empresas adheridas.

(48)  – Sentencia Balazs y Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C‑401/13 y C‑432/13, EU:C:2015:26), apartado 50 y jurisprudencia citada.