Bélgica-Bruselas: SMART 2013/N004 — Capacidad europea en materia de conocimiento de la situación

El estudio «Capacidad europea en materia de conocimiento de la situación» tiene como objetivo proporcionar a la Comisión Europea la información necesaria para evaluar la viabilidad de la creación de una Federación europea para el control de la censura cibernética y los derechos humanos. Como tal, las tareas del estudio abordarán la definición del marco de gobernanza y la infraestructura de sistemas que deberían gobernar y prestar apoyo a las operaciones de una posible federación. Con el fin de traducir la realidad a una cartografía de censura cibernética, la federación estaría anclada en una plataforma dinámica, controlada desde un cuadro de mandos, en la que la red federada de socios con capacidades de control de la censura y de Internet añadirá una serie de conjuntos de datos claramente definidos (incluidos los datos abiertos y los grandes datos) relacionados con la localización y la intensidad de la censura cibernética y la vigilancia en países no democráticos o países en donde los derechos humanos corren mayor peligro. La recopilación de datos tendrá 2 vías; la primera abordará las restricciones o interrupciones en el acceso, el tráfico, el contenido y la infraestructura de Internet y las TIC, seguida de una segunda vía de datos contextuales de naturaleza política, social, jurídica, normativa, relativa a las políticas, los medios de comunicación o los derechos humanos, relacionados o no con Internet. La información fiable y casi en tiempo real integrada en el cuadro de mandos se presentará de una forma comprensible y en distintas capas: visualizaciones interactivas a través de mapas activos; alarmas; informes temáticos instantáneos e informes geográficos instantáneos. Se prevé que este tipo de capacidades mejoren las habilidades relativas a la alerta precoz, la toma de decisiones y la formulación de políticas de los responsables políticos de la Unión Europea y refuercen el nivel de conocimiento de la situación de las partes interesadas, tales como activistas digitales o defensores de los derechos humanos.

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